Decisión nº PJ064201400123 de Juzgado Superior Quinto del Trabajo de Zulia, de 21 de Octubre de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia

Maracaibo, veintiuno de octubre de dos mil catorce

204º y 155º

Asunto: VP01-R-2014-000360

Asunto Principal: VP01-L-2014-001171

DEMANDANTE: N.E.V.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 15.56.914 y con domicilio en el Municipio Autónomo de Maracaibo, estado Zulia.-

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: F.C.D.D. y G.G.A.L., abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 14.624 y 36.803, respectivamente.-

DEMANDADA: Pastelitos Pipo Cuatricentenario, C.A., sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Quinto del estado Zulia, en fecha 2 de mayo del año 2010, bajo el número 05, tomo 138-A del Registro de Comercio.

APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: A.S. y D.O., abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 46.694 y 46.562, respectivamente.-

PARTE CODEMANDADA (Persona Natural): O.A.B.B., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 12.868.541 y con domicilio en el Municipio San Francisco, estado Zulia.-

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE CODEMANDADA (Persona Natural): A.S. y D.O., abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 46.694 y 46.562, respectivamente.-

Motivo: Homologación de Acuerdo Transaccional

Ascendió ante esta Alzada las actuaciones del expediente contentivo del juicio seguido por el ciudadano N.V. contra la sociedad mercantil Pastelitos Cuatricentenario C.A. y en contra del ciudadano O.B. en virtud del recurso ordinario de apelación, interpuesto por la parte actora recurrente el ciudadano N.E.V., en contra de la decisión de fecha catorce (14) de agosto del año 2014, dictada por el Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, la cual fue decidida en los siguientes términos: “…CONSIDERA DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO…”

Siendo las cosas así, la causa correspondió a este Tribunal de Alzada en virtud de la distribución, siendo recibida por esta Superioridad en fecha veintinueve (29) de septiembre del año 2014, fijándose en la misma fecha, el día para la celebración de la audiencia de apelación; pautándose de esta manera la celebración de la audiencia de apelación para el día seis (06) de octubre del año 2014, el día fijado se dio inicio a la audiencia de apelación con la comparecencia de la parte actora recurrente y la parte demandada, la Jueza instó a las partes a un posible acuerdo, en donde las partes por medio de sus apoderados judiciales acuerdan iniciar negociaciones destinadas al alcance de un posible arreglo, por lo que suspendió la causa por un lapso de 05 días, vencido el lapso de suspensión acordado entre las partes, en el día quince (15) de octubre del año 2014 se presentó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Maracaibo, transacción mediante la cual la parte demandada realiza pago a favor del ciudadano N.V., y de la cual se desprende lo siguiente:

“…Yo, N.E.V.G., ya identificado, a todo evento decido acogerme a lo establecido en el en la (sic) LOTTT y en la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para dar por terminado el procedimiento incoado, recibiendo voluntariamente la cantidad equivalente a las Prestaciones Sociales, vacaciones y bono vacacional del año 2013 adeudado, así como una parte correspondiente al bono de alimentación no reclamado pero que consideramos necesario incluir para evitar cualquier litigio, por lo quebajo (sic) el supuesto y en aras de resguardar mis propios intereses y dada la actitud asumida por mí, lo que ponen en riesgo un pronunciamiento judicial positivo a mis pretensiones que desmejore lo que “LA PATRONAL” demandada me ofrece, ya que dicha suma es justa y satisfactoria a lo que en derecho me pudiera corresponder y en razón de buscar una salida conciliatoria para dar por terminado definitivamente el litigio, acepto la cantidad de SESENTA MIL BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 60.000,00), cantidad de dinero esta que incluye todos los conceptos que me corresponden Prestaciones Sociales y demás conceptos laborales, incluyendo como lo afirme una diferencia por bono alimentario; ahora bien dicha cantidad de dinero será cancelada en dos partes del modo siguiente: la primera parte, la cantidad de TREINTA MIL BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 30.000,00) el día de hoy 15 de Octubre de 2014 y los restantes TREINTA MIL BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 30.000,00)

el día 20 de Noviembre de 2014. Así pues, dicha cantidad de dinero ofrecida satisface todas mis pretensiones, por lo cual dicha cantidad constituye e incluye los conceptos de Prestaciones Sociales conforme al art. 142 LOTTT, Indemnización por Despido conforme al art 92 ejusdem, Vacaciones Fraccionadas, Bono vacacional fraccionado, Utilidades Fraccionadas, y cualquier otra cantidad originada o que se pudiera originar del contrato de trabajo durante toda la relación laboral. De esta manera reconozco que nada más me corresponde, ni nada más tengo que reclamar ala (sic) “LA PATRONAL”, por ninguno de los conceptos antes especificados, ni por ningún otro concepto de carácter laboral que se haya generado durante el tiempo de la relación indicada u con ocasión al objeto de litigio. Asimismo, “EL TRABAJADOR”, ya identificado, declara en nombre propio que asume la responsabilidad de la cancelación de cualesquier gasto, costo y costas judiciales; por lo que autoriza a la empresa que sobre la cantidad ofrecida realice un apartado de DIEZ MIL BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 10.000,00) para la cancelación de sus abogados, los cuales serán cancelados los primeros CINCO MIL BOLIVARES CON (00/100 CENTIMOS (Bs. 5.000,00) el día de hoy y los restantes CINCO MIL BOLIVARESCON (sic) 00/100 CENTIMOS (Bs. 5.000,00) el día 20 de Noviembre de 2014. Así también, “EL TRABAJADOR”, declara que se encuentran comprendidos dentro de la presente Transacción cualquier derecho o beneficio que hubiere podido corresponderle por cualquier acción, derecho o beneficio que hubiese podido derivarse de la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y demás leyes relacionadas, y cualquier otro concepto que me hubiere correspondido durante la relación de trabajo habida, por cuanto me han sido pagadas en esta oportunidad…”

En este orden de ideas, corresponde a éste Tribunal verificar los términos del mencionado acuerdo realizado por las partes, comprobando el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo (1997) y de los artículos 10 y 11 del Reglamento de dicha Ley, con el objeto de otorgarle la eficacia correspondiente. Así se establece.

En este marco de argumentaciones legales, se señala que en los artículos 86 al 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (Gaceta Oficial número 5.453 del 24 de marzo del 2000, con enmienda número 1 publicada en Gaceta Extraordinaria número 5.908 de fecha 19/02/2009), se consagran los principios rectores en materia del trabajo, siendo estos Principios: la Intangibilidad, Progresividad, Primacía de la Realidad de los Hechos sobre las Formas o Apariencias, la IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS AL TRABAJO y el principio pro operario (aplicación de la norma más favorable al trabajador).

De tal manera que, y en base a estos principios constitucionales, las disposiciones laborales se encuentran encuadradas dentro de los derechos de rango social, por lo que corresponde al Estado, el deber de velar por su cumplimiento, como garante y tutor de los derechos humanos fundamentales, procurando en todo momento que exista la equidad, en virtud que en los conflictos del trabajo, existen dos posiciones desiguales (empleador-trabajador), por lo que se constituyen la Legislación Laboral, en normas de orden público, con base al Principio Constitucional de la Irrenunciabilidad de los Derechos del Trabajador y concibiéndose a la relación laboral, como un estricto hecho social, objeto de una irrefutable protección o tutela del Estado.

Frente a esta situación real, en el presente asunto es preciso señalar que la transacción, en el Texto Constitucional, se sometió a rigurosos requisitos con el propósito de garantizar la irrenunciabilidad a los derechos laborales.

A partir de esta configuración conceptual, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ajustándose al criterio de la doctrina y jurisprudencia francesa, confirió validez a la transacción sólo al término de la relación laboral y, en efecto, ésta sólo puede perfeccionarse al concluir la relación de trabajo. Asimismo, y con la misma finalidad, asignó a la transacción solemnidades y requisitos que delegó en la ley especial correspondiente. Existiendo hoy en día un cambio, ya que el Constituyente, la legislación y la jurisprudencia venezolana anteriormente reconocían plena validez a la transacción realizada antes y durante la vigencia de la relación de trabajo.

Para algunos es una tesis rígida y restrictiva mientras para otros estudiosos del derecho, como el Maestro Mario de la Cueva, “se debe diferenciar el patrimonio humano del obrero, del otro patrimonio: el económico del empleador que, en toda transacción, define los alcances de los derechos que se cede al trabajador”.

En esa línea argumental, si bien la Constitución restringe la validez de las transacciones o resoluciones convencionales del proceso, sólo con la finalidad de proteger el débil jurídico, en este caso, el trabajador, para que éste tenga el alcance de analizar si le conviene o no ceder sus derechos a cambio de que la otra parte igualmente ceda concesiones de manera reciprocas, no es menos cierto que tales contratos bilaterales “Transacciones”, DEBEN concurrir con ciertos requisitos; abordemos entonces con la siguiente pregunta: ¿QUÉ ES LA TRANSACCIÓN LABORAL?

Dentro del derecho civil, la transacción es un contrato accesorio, resolutorio, consensual y bilateral. En el Derecho del Trabajo es, también, un contrato. Un acto bilateral mediante el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, dan por terminado un litigio pendiente o acuerdan prevenir un conflicto eventual.

Para Mario de la Cueva, la transacción laboral es absolutamente diferente al contrato contenido en el Derecho Civil. En efecto, para el tratadista mexicano, los patrimonios que en la relación de trabajo entran en juego, son totalmente distintos al ámbito del derecho privado. Uno es el patrimonio humano del trabajador (su energía humana) y el otro es un patrimonio económico (el del patrono) teñido de un interés metálico o de papel, grotescamente monetarizado.

Como bien lo expresara G.S., “la energía humana es un fluido que sale de cada hombre y de cada mujer en busca de una satisfacción que ambos necesitan para vivir, mientras que el otro patrimonio, el del patrono, nada tiene que ver con el ser físico y espiritual del empleador”.

Para de la Cueva, esa diferenciación constituye la última ratio de “la irrenunciabilidad de los derechos laborales” y, por ello, el gran maestro mexicano está en desacuerdo con la transacción como forma de dar por terminados los litigios laborales. En verdad, el contrato de transacción plantea un grave y serio conflicto con “la irrenunciabilidad de los derechos laborales”.

La jurisprudencia venezolana, vacila al momento de determinar los linderos legítimos entre la renuncia y la transacción. Ésta, ciertamente, equivale a una dejación de derechos. “Recíprocas concesiones” no quiere decir otra cosa que ceder derechos. Cede el empleador y cede el trabajador para ponerle fin a un conflicto o para evitar un litigio futuro, y esas flaquezas para apurar resultados, por parte del obrero, no tiene otro nombre que entrega y desistimiento de algunos derechos reales o presuntos.

Eminentes laboralistas, europeos y americanos, resienten la transacción laboral y no le asignan validez alguna. La niegan de pleno derecho. Para ellos, es nula y no produce efecto jurídico alguno. Para ellos, la transacción violenta la letra y el espíritu de la normativa laboral porque en el fondo de ella misma admite la irrenunciabilidad. Se considera, en consecuencia, que la admisión de la transacción en el Derecho Laboral hace recaer en el trabajador una cápitis diminutio; una situación de inferioridad jurídica que ¡vaya contrasentido! es lo que la irrenunciabilidad se propone evitar. En efecto, el trabajador se enfrenta con un patrono, cuya resistencia en los litigios es mayor que la suya y cuya posición es absolutamente preponderante frente a él.

Una vez señalado lo referente a lo entendido como transacción, cabe preguntarse ¿Qué es homologación?

En primer término, nos referimos a la aprobación del funcionario público competente, esa aprobación u homologación es la confirmación que otorga el funcionario público competente a los actos de las partes con la finalidad de darles firmeza y, eventualmente, el carácter de cosa juzgada.

A los efectos, es preciso puntualizar que señala la legislación venezolana al respecto, según el Reglamento de nuestra Ley Orgánica del Trabajo, ese funcionario competente puede ser un Juez o un Inspector del Trabajo. Uno u otro pueden homologar o rechazar la transacción que les fuere presentada. En el caso del Inspector del Trabajo -señala la norma- se puede dar a las partes un lapso para que subsanen los errores en el contrato antes de impartir la homologación. También podría considerarse que el órgano jurisdiccional puede hacer uso de la misma facultad que se concede al funcionario administrativo. Así se establece.-

Asimismo, debe existir en el documento, los requisitos para la validez de la transacción; que se especifiquen de manera inequívoca en el texto del documento que la contiene, los derechos que corresponden al trabajador para que éste pueda apreciar las ventajas o desventajas que ésta produce. Así se establece.-

Así las cosas, establece la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social «Dr. G.C.» honrando el pensamiento unificador del Dr. G.C.. Fundada por el Dr. Osvaldino Rojas Lugo. Presidente Internacional: Dr. Á.G.R.M.. Referido a La transacción laboral en Venezuela, que para que exista una transacción es necesario que concurran los requisitos, los cuales son seis (6):

1. - La transacción sólo es posible al término de la relación de trabajo: Esta tesis enarbolada por la doctrina y la jurisprudencia francesa, descansa sobre el falso argumento de que concluida la relación de trabajo, los actores de esa relación han recobrado a plenitud su independencia y ha cesado la subordinación y la inferioridad del trabajador respecto del patrono.

   Nuestra Sala de Casación Social agrega que, en verdad, “en ese momento ya no existe el peligro de que se modifiquen las condiciones mínimas de trabajo establecidas por el legislador y que, además, como parte económicamente débil, el trabajador es el mas interesado en poner término a un proceso judicial largo y costoso”. (Sentencia 397 del 6 de mayo de 2004).

   Se puede concluir, que con relación al cumplimiento del primer requisito examinado en el acuerdo suscrito por las partes del caso examinado, se cumple en virtud, que la relación laboral había culminado e fecha 30 de agosto del año 2012. Así se establece.

2. - La transacción debe contener una relación circunstanciada de los hechos que la motiven.

   Este requisito ha sido, también, desarrollado por la Sala de Casación Social con base a los siguientes argumentos: “… la transacción se basa en recíprocas concesiones, no basta por ello que se la exprese de manera genérica… sino que es necesario que esa transacción sea circunstanciada, es decir, que especifiquen de manera inequívoca los hechos que la motivan, para que el trabajador pueda apreciar las ventajas y desventajas que ella le produce y valorar, de esa forma, que los beneficios obtenidos justifican el sacrificio de algunas de las prestaciones que ha dejado de recibir”. (Sentencia 397 del 6 de mayo de 2004).

   Se puede concluir, que revisado como fue de manera detallada el convenio suscrito entre las partes, en el mismo contiene los hechos que la motivan. Así se establece.

3. - La transacción debe contener, igualmente, una relación circunstanciada de los derechos en ella comprendidos. De la misma manera como se circunstancian los hechos, deben discriminarse los derechos para que el trabajador evalúe y valore cuáles de esos derechos deja de lado.

   A este respecto se puede concluir, que revisado como fue de manera detallada el convenio suscrito entre las partes, en el mismo, se observa la relación circunstanciada de los derechos Así se establece.

4. - La transacción debe versar sobre derechos litigiosos o discutidos. Es el Reglamento de la Ley Orgánica de la Ley del Trabajo, en su artículo 9, el instrumento legal que establece el no reconocimiento de la transacción cuando ella verse sobre “derechos litigiosos o discutidos”. Este es el ya anunciado sofisma de los derechos indefinidos, aquellos que están por ser o no ser declarados jurisdiccional o administrativamente como válidos y ciertos.

   Con relación al cuarto (4to) de los requisitos, se puede concluir, que revisado como fue de manera detallada el convenio suscrito entre las partes, en el mismo, se observa el acuerdo del pago sobre los conceptos reclamados. Así se establece.

5. - La transacción debe hacerse constar por escrito. Este es un requisito formal, de absoluta solemnidad, que tiene por objeto fundar con prueba documental lo que las partes han convenido. En conclusión este requisito se cumple en el presente convenio. Así se establece.

6. - La transacción debe estar debidamente homologada por el Juez o el Inspector del Trabajo competente para que tenga efectos de cosa juzgada. La homologación, como ya lo advertimos anteriormente, es la confirmación que da el Juez o el Inspector del Trabajo al contrato de transacción, para asegurar su firmeza, su certeza jurídica y el carácter de cosa juzgada de dicho acto. Es, igualmente, un requisito de solemnidad.

   En este orden de ideas, este Tribunal de Alzada, de una revisión de las actas que conforman el presente asunto, al haber verificado los términos del mencionado acuerdo de las partes, y del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y artículos 10 y 11 del Reglamento de dicha Ley, con el objeto de otorgarle la eficacia correspondiente, HOMOLOGA el acuerdo transaccional. Así se decide.

   DECISIÓN

   Por lo expuesto, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, éste Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia por autoridad de la Ley, declara: 1°) HOMOLOGA el acuerdo transaccional celebrado entre el accionante N.E.V.G. y la sociedad mercantil PASTELITOS PIPO CUATRICENTENARIO, C.A. y el ciudadano O.B., en virtud del acuerdo transaccional celebrado ante éste JUZGADO SUPERIOR como medio de autocomposición procesal. 2º ORDENA la remisión del expediente al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dejándose establecido que no se archivara el expediente hasta tanto no se cumpla con el cumplimiento total de la transacción, una vez cumplido el mismo se ordenara el archivo del expediente. 3° NO HAY CONDENATORIA en costas procesales.-

   Publíquese, Regístrese y déjese copia certificada por Secretaria.-

   En Maracaibo, a los veintiún (21) días del mes de octubre del año dos mil catorce (2014). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.-

   LA JUEZ SUPERIOR

   T.V.S.

   M.N.

   EL SECRETARIO

   En la misma fecha, se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las 10:18, a.m. minutos de la tarde bajo el No. PJ064201400123.-

   M.N.

   EL SECRETARIO