Decisión nº S-N de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 9 de Agosto de 2010

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón

Coro, 9 de Agosto de 2010

200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2010-002742

ASUNTO : IP01-P-2010-002742

AUTO DECRETANDO MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL

DE LA AUDIENCIA ORAL

En el día de hoy, 5 de agosto de 2010, siendo las 6:30 p.m, oportunidad fijada por este Tribunal Primero de Control a cargo de la Abg. E.M., para atender Audiencia Oral, relacionada con la Causa Nº IP01-P-2010-002742, instruida contra el ciudadano H.R.T. por la presunta comisión del delito de USURPACION DE IDENTIDAD previsto y sancionado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación y Extrajerìa en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO; en virtud de solicitud presentada por la Fiscal Primero del Ministerio Público. Se anuncia la presencia del ciudadano Juez y se deja constancia que se encuentran presentes la Fiscal Primero del Ministerio Público el imputado H.R.T. quien designa en este acto como sus defensores de confianza a los Abogados K.O. y H.S.O. a quienes se les tomó el respectiva juramento de ley, jurando éstos cumplir bien y fielmente los deberes inherentes al cargo designado. Seguidamente el ciudadano Juez advierte sobre la naturaleza, importancia y significado del acto. Seguidamente se le concedió la palabra al Representación Fiscal quien ratificó la solicitud presentada por ante el Tribunal en el cual coloca a disposición de este Tribunal al ciudadano H.R.T., explica como sucedieron los hechos en tiempo modo y lugar y solicita la aplicación de una Medida de Coerción Personal, que garantice las resultas del proceso en el presente caso, consistente en la Medida de Presentación cada treinta (30) días y la obligación de presentar constancia dentro de treinta (30) días siguientes de la tramitación realizada por ante el SAIME de la regularización de su situación, para el ciudadano antes señalado por la presunta comisión del delito de USURPACION DE IDENTIDAD previsto y sancionado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación y Extrajerìa en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. Solicitó así mismo se decrete la aplicación del procedimiento ordinario. Es todo. Seguidamente el ciudadano Juez interroga al imputado sobre su identificación de la siguiente manera: NOMBRE Y APELLIDO: H.R.T. colombiano, edad 40 años, portador de la cédula de identidad Nro 10.692.810, de oficio comerciante, domiciliado: Calle Porto carrero al lado de cristalería Sabino a media cuadra del Tribunal casa sin numero, coro Estado Falcón teléfono 0426-3683970. Acto Seguido el ciudadano Juez explicó al imputado los hechos que se le imputan, advirtiéndole que podía abstenerse de declarar sin que su silencio lo perjudique, y que la audiencia continuará aunque no declare y en caso de consentirlo a no hacerlo bajo juramento, libre de apremio y coacción, imponiéndole del Precepto Constitucional consagrado en el Ordinal 5to del Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y explicándole que su declaración es un medio defensa y por consiguiente tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las imputaciones hechas por la parte fiscal. Manifestando el imputado a viva voz que: NO DESEA DECLARAR. Seguidamente se le concedió la palabra a la Defensa Privada: quien expuso sus alegatos de defensa y de igual manera manifiesta que se reserva el derecho de solicitar la práctica de diligencias tendientes a esclarecer los hechos. Solicitó igualmente se le expida copia simple de las actuaciones que conforman el presente asunto.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Ahora bien analizado como han sido los argumentos expuestos por las partes, durante la audiencia de presentación, este Tribunal pasa a resolver con fundamento en las siguientes consideraciones:

En lo que respecta a la detención del imputado, observa esta instancia del estudio de las actuaciones, específicamente del acta policial donde consta la aprehensión del imputado H.R.T.; que la misma se hizo ajustada a derecho, pues su detención se practicó bajo uno de los supuesto de flagrancia previstos en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, pues conforme se observó del análisis de la referida actuación policial, se pudo corroborar que efectivamente la detención del referido imputado practicada el día 03 de agosto de 2010, por funcionarios de la Comisaría J.C.F., de la Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcón, quienes realizando labores de patrullaje avistaron al imputado en el sector comercial de la población de Churuguara, quien frente a la actitud nerviosa que mostró por la presencia policial se le requirió su documento de identificación, presentando una cédula de identidad venezolana presuntamente falsa, por lo que al no poder explicar como la obtuvo una vez hecho el requerimiento policial, se procedió a su detención.

Siendo ello así, estima este juzgador, que en el presente caso al haberse verificado como se explicó ut supra un delito flagrante, la detención del imputado H.R.T., plenamente identificado en autos, fue practicada de manera legítima y ajustada a los parámetros que dispone el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 248 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.

En lo que respecta a la medida de coerción personal a imponer; este tribunal observa que en el presente caso luego de hecho el correspondiente estudio a las presentes actuaciones, se encuentra debidamente acreditada la existencia de:

Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; tal y como lo es el delito de Usurpación de Identidad, previsto y sancionado en el artículo 47 Ley Orgánica de Identificación, cometido en perjuicio del Estado Venezolano, cuya materialidad se verifica de los elementos de convicción obtenidos de las diligencias preliminares de investigación, como a continuación se pasan a describir en el análisis del supuesto siguiente.

Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; los cuales se obtienes del análisis de las siguientes actas de investigación tales como la son:

- Acta Policial S/N°, de fecha 03-08-2010, suscrita por el Distinguido R.V., adscrito a la Comisaria “J.C.F.”, de Polifalcón, en la que se expresa: “Aproximadamente a las 03:00 horas, de la tarde del día de hoy, martes 03 de Agosto del año en curso(…)específicamente por el sector Comercial de dicha población, avistamos un vehículo marca Chevrolet, modelo Corsa, Color Rojo, Placas FBC27K, el cual iba abordado por un ciudadano(…)al observar la presencia de la Comisión Policial, adoptó una actitud nerviosa y esquiva, razón por la cual(…)nos acercamos hasta el mismo(…)el cual al solicitarle sus datos filiatorios quedó identificado como: R.T.H.(…)al momento de solicitarle al ciudadano antes descrito si portaba algún tipo de documentación, dicha persona nos muestra una cédula de identidad laminada elaborada en la República Bolivariana de Venezuela, a nombre de R.T.H., V-27.176.758, FN: 12-06-70, fecha de expedición: 29-05-2009(…) en vista de que el ciudadano no explicó como obtuvo la prenombrada cédula de identidad a las 03:10 horas de la tarde, de este mismo día(…)impone al ciudadano(…) de sus derechos que le asisten como imputado, informándole que quedaría a disposición de la Fiscalía Primera del Ministerio Público, por estar incurso presuntamente en uno de los delitos tipificados y sancionados en el Código Penal Venezolano(…). (Folio 02 y Vto. de las actuaciones preliminares).

- Acta de fecha 03-08-2010, suscrita por el Funcionario DISTINGUIDO V.R., adscrito a la Comisaría J.C.F., Zona Policial N° 04, de la Policía del Estado Falcón, mediante la cual se le impone de sus derechos como Imputado al ciudadano R.T.H.. (Folio 3 de las actuaciones preliminares).

- Acta de Registro de Cadena de C. deE.F., suscrita por el funcionario B.R., de fecha 03-08-2010, adscrito a la Comisaría J.C.F., Zona Policial N° 04, de la Policía del Estado Falcón, donde se colecto “una cédula de identidad laminada elaborada en la República Bolivariana de Venezuela a nombre de R.T.H., V-27.176.758. FN: 12-06-70, fecha de expedición: 29-05-09. (Folio 04 y su Vto. de las actuaciones preliminares).

Elementos estos de convicción, de los cuales estima este Juzgador, se extraen motivo racionales, coherentes y suficientes para estimar la presunta participación del imputado H.R.T., en la comisión del delito de Uso de Actos Falsos, previsto y sancionado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación, habida consideración de las actuaciones preliminares se pudo determinar que efectivamente el imputado de autos el día 03 de agosto de 2010, en momentos en que le fue requerida la identificación por la autoridad policial, presentó una cédula de identidad presumiblemente falsa, lo precisamente produjo su detención flagrante como ut supra fuera explicado.

En este sentido debe precisarse que la presente causa se encuentra en las actuaciones preliminares de su primera fase, esto es, la preparatoria; por lo que, si bien no existe una exhaustividad en los elementos de convicción presentados a la presente audiencia, ello indudablemente obedece al estado primigenio del presente proceso, sin embargo ello no es óbice, para que el titular de la acción penal, e incluso el tribunal cuando así lo estime conforme a la ley y bajo las circunstancias particulares del caso, solicite y se dicten medida de coerción personal, que permita garantizar las resultas del presente proceso.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ha referido a la posibilidad de imponer Medida de Coerción Personal desde la fase preparatoria, a los fines de asegurar las finalidades del proceso, señalando:

... El Código Orgánico Procesal Penal en su título I regula las fases del proceso penal entre las cuales se encuentra la fase preparatoria, cuya finalidad no es más que practicar las diligencias necesarias tendentes a determinar si existen razones para proponer la acusación contra una persona y pedir su enjuiciamiento o sobreseimiento, según el caso.

En dicha fase, la medida más importante que se puede decretar, entre otras, es la privación preventiva judicial de libertad del imputado si se verifica la existencia de los requisitos concurrentes que para tal fin, establece el Código Orgánico Procesal Penal...

(Sent. Nro. 673 del 07/04/2003, )

Asimismo es importante destacar, que si bien es cierto, sólo será en la fase de juicio oral y público, luego de efectuada la practica de todas y cada una de las pruebas, y dado el correspondiente contradictorio, el momento estelar donde se podrá establecer con certeza la existencia de responsabilidad del imputado; no obstante hasta el presente estado procesal, está demostrado a los solos efectos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, la existencia de elementos de convicción suficientes para estimar la participación del imputado en la comisión del hecho delictivo que le fue atribuido, hace procedente el decreto de cualquiera de las medidas de coerción personal. Situación esta que en ningún momento comporta pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del imputado de autos, pues los elementos valorados por esta instancia, se ciñen estrictamente a establecer la procedencia fundada de la Medida Coerción Personal que fue solicitada, tal y como lo es la Privación Judicial Preventiva de Libertad.

Al respecto, ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No 1998 de fecha 22 de noviembre de 2006:

… La protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, tampoco puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso…

. (Negritas de la Sala)

Y finalmente también está acreditado la existencia de una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación, pues aprecia este tribunal que en el presente caso, nos encontramos en presencia de un delito grave, que atenta contra la fe pública, entendida esta como la confianza que tiene depositada el colectivo social en los actos, signos, documentos y formas a los cuales el Estado le da cierto valor jurídico; de allí precisamente la necesidad de mantener la confianza en los actos a los que el Estado los ha revestido de fe pública y la necesidad de castigar penalmente las conductas que en tal sentido infrinjan la fe pública. Situación que permite satisfacer el criterio previsto en el numerales 3 del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal que al respecto dispone:

Artículo 251. Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

Omissis…

3. La magnitud del daño causado;

Omissis…

No obstante lo anterior, estima este Juzgado, luego de efectuado el correspondiente estudio a las actuaciones que constituyen el presente procedimiento, y vista la solicitud que en relación a la medida de coerción personal ha solicitado el Ministerio Público; que en el caso de autos, los supuestos que motivan la medida de privación judicial preventiva de libertad, pueden ser razonablemente satisfecho, por una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, como lo serían en este caso, las medidas cautelares previstas en los numerales 3 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en la presentación periódica cada (30) treinta días a la sede judicial, y la obligación de consignar por ante este Tribunal dentro de los próximos treinta días (30), las respectivas solicitudes de regularización de su situación por ante las autoridades del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME). Ello en atención a las consideraciones que de seguidas se pasan a exponer:

Ciertamente, una de las tantas innovaciones del actual sistema Penal, lo constituye la institución del principio de afirmación de libertad, en razón del cual, toda persona a quien se le impute la comisión de un hecho punible, salvo las excepciones que establece la ley, tiene derecho a ser juzgada en libertad; de tal manera que la libertad constituye la regla en el juzgamiento penal y la privación judicial preventiva de libertad, una forma excepcional de enjuiciamiento. En tal sentido, los artículos 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal, establecen que:

Artículo 9. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.

Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución.

Artículo 243. Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código.

La privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso”.

Ese juzgamiento en libertad, que como regla, emerge en nuestro proceso penal, no es más que el desarrollo de un mandato contenido en el numeral 1 del artículo 44 del texto constitucional, el cual al consagrar el derecho a la libertad personal establece que “…toda persona será juzgada en libertad excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso…”; dispositivo constitucional con el cual, además, se establece una garantía de protección e intervención mínima en la afectación del derecho a la libertad personal, el cual sólo podrá verse restringido en casos excepcionales, para asegurar las finalidades del proceso.

En este orden de ideas, la Sala Constitucional de nuestro más alto Tribunal de Justicia, en sentencia No. 1825, de fecha 04 de julio de 2003, señaló:

“...Al respecto debe recordarse que, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, las personas serán juzgadas en libertad, excepto por las razones que determine la ley. Por su parte, el artículo 252 (hoy, 243) del derogado Código Orgánico Procesal Penal reafirma la garantía del juicio en libertad, cuando establece que “Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este código”; asimismo, que “la privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso” (Subrayado de la Sala). Tales excepciones... son las que autorizan a dictar medidas cautelares privativas de libertad, las cuales sin embargo y siempre en procura de que, solo en la menor medida posible y dada la garantía constitucional de presunción de inocencia, resulte afectado el derecho fundamental que reconoce el artículo el artículo 44 de la Constitución...” . (Negritas de esta Sala)

Así pues, hoy en día la Privación Judicial Preventiva de Libertad, constituye un decreto excepcional, que a la luz del nuevo sistema de juzgamiento penal, sólo puede ser dictado en todos aquellos casos en los cuales, no exista razonablemente la posibilidad de garantizar las eventuales resultas del proceso penal, con otra medida de coerción personal menos gravosa y distinta la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.

En tal sentido, debe señalar este juzgador, que la imposición de cualquier medida de coerción personal, debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados, que atendiendo a las circunstancias que rodean cada caso, se encamine a conseguir el debido equilibrio que exige, tanto el respeto al derecho de los procesados penalmente a ser juzgados en libertad como al derecho del Estado y la sociedad de que se resguarden los intereses sociales, mediante el establecimiento de medios procesales que garanticen las futuras y eventuales resultas de los juicios.

Por ello, el análisis de todas y cada una de las circunstancias fácticas que reposan en las actuaciones y acompañan a las respectivas solicitudes de privación o cautelar sustitutiva de libertad, deben ser ponderadas bajo los criterios de objetividad, magnitud del daño, cuantía de la pena, peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, lo cual permitirá luego de un debido y motivado juicio, determinar con certeza la mayor o menor severidad de la medida a imponer.

Ahora bien, en el caso sub-exámine, si bien es cierto al imputado de autos, se le ha atribuido un hecho delictivo grave, como lo es, el delito de Uso de Acto Falso; no puede pasar por inadvertido esta instancia, que en el caso de autos, la posible pena a imponer por el delito imputado, no excede en su limite máximo de tres (03) años lo que hace improcedente la medida de privación judicial preventiva de libertad; razón por la cual este juzgador estima ajustado a derecho decretar las medidas cautelares previstas en los numerales 3 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en la presentación periódica cada treinta días a la sede judicial y la obligación de consignar por ante este Tribunal dentro de los próximos treinta días (30), las respectivas solicitudes de regularización de su situación por ante las autoridades del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME).

Consideraciones en atención a las cuales esta Instancia, estima que lo ajustado a derecho es decretar al imputado, las medidas cautelares previstas en los numerales 3 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en la presentación periódica cada treinta días a la sede judicial y la obligación de consignar por ante este Tribunal dentro de los próximos treinta días (30), las respectivas solicitudes de regularización de su situación por ante las autoridades del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME).Y ASÍ SE DECIDE.

Finalmente, en cuanto al procedimiento a seguir, se observa que en la presente causa si bien fue estimada la flagrancia en la aprehensión del imputado, el Ministerio Público, solicitó la aplicación del procedimiento ordinario, por lo que a tenor de lo dispuesto en el primer y tercer aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal el cual expresamente dispone:

Artículo 373. Flagrancia y Procedimiento para la presentación del aprehendido.

…Omissis…

Si el juez de control verifica que están dados los requisitos a que se refiere el artículo anterior, siempre que el fiscal del Ministerio Público lo haya solicitado, decretará la aplicación del procedimiento abreviado, y remitirá las actuaciones al tribunal unipersonal, el cual convocará directamente al juicio oral y público para que se celebre dentro de los diez a quince días siguientes.

En este caso, el fiscal y la víctima presentarán la acusación directamente en la audiencia del juicio oral y se seguirán, en lo demás, las reglas del procedimiento ordinario.

En caso contrario, el juez ordenará la aplicación del procedimiento ordinario y así lo hará constar en el acta que levantará al efecto.

Se acuerda, seguir la tramitación de la presente causa, por las disposiciones del decretar el procedimiento ordinario. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, PRIMERO: declara con lugar la solicitud presentada por la representación Fiscal SEGUNDO: DECRETA al Imputado N.H.R.T. colombiano, edad 40 años, portador de la cédula de identidad Nro 10.692.810, de oficio comerciante, domiciliado: Calle Porto carrero al lado de cristalería Sabino a media cuadra del Tribunal casa sin numero, coro Estado Falcón teléfono 0426-3683970, las Medida Cautelares Sustitutiva de Libertad de conformidad con el artículo 256 ordinal 3° y 9º del Código Orgánico Procesal Penal, contentiva de presentaciones por ante el alguacilazgo de este Circuito Judicial penal cada treinta (30) días y la obligación de presentar dentro de treinta (30) días siguientes, constancia otorgada por ante el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME), de regularización de su situación. TERCERO: Se ordena llevar el presente asunto por las reglas del procedimiento ordinario. CUARTO: Se ACUERDAN las copias simples solicitadas por la defensa.

Publíquese, regístrese y déjese copia

EL JUEZ PRIMERA DE CONTROL

ABG. E.O. MONTILLA CASTIBLANCO

LA SECRETARIA

ABG. CARYSBEL BARRIENTOS