Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 22 de Abril de 2010

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de San A.d.T.

San A.d.T., 22 de Abril de 2010

200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2010-000663

ASUNTO : SP11-P-2010-000663

DE LAS PARTES

JUEZ: ABG. J.M.M.M.

FISCAL: K.G.

SECRETARIA: ABG. N.S.G.

IMPUTADO: N.E.H.S.

DEFENSORA: ABG. W.C.

DE LOS HECHOS

Los hechos objeto de la presente causa penal ocurrieron según Acta Policial No. CR-1-DF-11-1-3-SIP-189, de fecha 31 de Marzo de 2010, cuando en esa misma fecha, siendo las 03:40 horas de la tarde, el funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana SM/3 M.M., encontrándose de servicio en el Punto de Control Fijo de Peracal, procede a la revisión de un vehículo Renault, placas ADW-28P, conducido por el ciudadano J.Y.A. y solicita los documentos de identidad de los ocupantes del mismo, identificándose uno de ellos con una cédula para venezolanos a nombre de J.A.M.A., No. V-18.854.905, observando el funcionario actuante que el referido documento de identidad presentaba características no acordes a los documentos de ese tipo, razón por la cual, se traslada con el ciudadano hasta la oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), siendo atendido por Willinton Rivero, quien verifico el documento por el sistema, informando que el número de cédula registra en el sistema, pero que la misma muestra una presunta alteración de litografía y montaje fotográfico sobre papel moneda, seguidamente en presencia del testigo y una vez en la sede del puesto de Comando, le efectuó al ciudadano un chequeo corporal, no detectando ningún objeto ilícito; Posteriormente el ciudadano manifiesta que esa no era su verdadera identidad y que su verdadero nombre era N.E.H.S., por lo que el funcionario de la Guardia Nacional, procede a verificar nuevamente por el sistema de datos SICOPOL, arrojando como resultado que N.E.H.S., se encuentra solicitado, por el delito de Robo de Vehículo, por la sub. Delegación Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de San Carlos, Estado Cojedes; De igual manera, el ciudadano indicó que la cédula la había adquirido en Puerto la Cruz, Estado Anzoátegui por el monto de cien bolívares fuertes; En tal sentido, el funcionario actuando procede a su detención preventiva, quedando a ordenes de la Fiscalía Octava del Ministerio Público, quien ordeno las diligencias pertinentes.

DE LA AUDIENCIA

En el día, 01 de Abril de 2010, siendo las 02:40 horas de la tarde, se constituyó el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Extensión San Antonio, a los fines de celebrar Audiencia de Calificación de Flagrancia, del aprehendido: N.E.H.S., quien dice ser de nacionalidad venezolana, natural de San Carlos, Estado Cojedes; nacido en fecha 06 de Febrero de 1981, de 29 años de edad, hijo de N.H. (v) y de R.S. (v), titular de la cedula de identidad No. V-15.019.374, soltero, de profesión u oficio Obrero, domiciliado en el Sector Herrereña I, vereda 2, No. 1, a media cuadra de la antigua Panadería, San Carlos, Estado Cojedes, teléfono 0412-841.86.74 y 0416-336.89.13; por parte de la Fiscalía Octava del Ministerio Público, con el fin de que se califique el carácter Flagrante de la detención conforme al artículo 248 del código orgánico procesal penal y así mismo comunicarle al juez de control el Procedimiento por el cual optará.

Presentes: El Juez Abg. J.M.M.M.; la Secretaria, Abg. N.S.G., la Fiscal Auxiliar Octava del Ministerio Público Abg. K.G. y el imputado previo traslado del órgano legal.

En este estado, el Tribunal impuso al imputado del derecho que le asiste de nombrar un abogado defensor para ejercer el derecho a “SER OÍDO” y para que la asista en todos los actos del proceso, conforme lo previsto en el numeral 3 del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo tanto se le preguntó si tenía abogado de su confianza que lo asistiera, manifestando el imputado que NO, por lo que el Tribunal le designa a la Defensora Pública Penal ABG. W.C., quien estando presente expuso: “Acepto el nombramiento que se me hace en este acto y me comprometo cumplir fielmente con las obligaciones inherentes a tal designación, es todo”.

Seguidamente el Juez declara la celebración inmediata de la Audiencia de Calificación de Flagrancia e Imposición de Medida de Coerción Personal, y así determinar las circunstancias que rodearon la aprehensión del imputado, de conformidad con los artículos 248, 250 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal; advirtiendo a las partes, sobre la importancia y trascendencia de este acto, en el cual se va a administrar justicia, instándolas a litigar de buena fe y a no hacer planteamientos dilatorios o aquellos que sean propios del Juicio oral y público. Igualmente, le informa a las partes, que esta audiencia se desarrolla en forma oral y con la presencia ininterrumpida del Juez y de las partes cumpliendo así, con los principios de Oralidad e Inmediación, a lo cual sólo se dejará constancia en el acta, de lo que las partes consideren les sirva de prueba para una eventual apelación.

Estando ya el imputado provisto de Abogado defensor, determinadas las condiciones físicas y psicológicas del mismo y la temporalidad de su presentación ante el órgano jurisdiccional, el ciudadano Juez a los fines de resolver sobre las peticiones de las partes, declara abierto el acto cediendo el derecho de palabra a la Representante de la Fiscalía Octava del Ministerio Público, Abg. K.G., quien expuso de manera pormenorizada los hechos, el derecho y las pretensiones en las cuales funda la imputación; manifestando las circunstancias de tiempo, modo, lugar, espacio y de relación causal, entre el aprehendido y el hecho que se le imputa, y de como se produjo la aprehensión del mismo, e igualmente las razones de hecho y de derecho en las cuales fundamenta su solicitud de la calificación de flagrancia, para el imputado N.E.H.S., a quien le atribuye la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la F.P.; reservándose el derecho de ampliar en el acto conclusivo fiscal en caso de ser necesario. Se deja constancia que la Represente Fiscal hizo formal imputación del referido delito, es decir, Uso de Documento Público Falso, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación respectivamente, haciéndole del conocimiento de los elementos en los cuales fundamenta la imputación. Solicitando en resumen la representante del Ministerio Público lo siguiente:

• QUE SE INFORME al imputado del hecho punible que se le atribuye, así como las alternativas a la prosecución del proceso; así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, se le oiga, previo el cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 131 ibídem.

• Que se decrete la aprehensión del imputado en estado de FLAGRANCIA, alegando la presencia de los presupuestos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal.

• Que se acuerde la aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, conforme lo previsto en el último aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal.

• Que se decrete al imputado MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, de conformidad con el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

Dicho esto, el Tribunal impuso al imputado del Precepto Constitucional previsto en el artículo 49 ordinal 5º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la disposición contenida en los artículos 130 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo impuso de las alternativa a la prosecución del proceso, esto es el Principio de Oportunidad, la Suspensión Condicional del Proceso y el Acuerdo Reparatorio, así como el Procedimiento Especial por admisión de los hechos, de conformidad con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal; informándole que estos sólo proceden en la Audiencia Preliminar en caso de decretarse el procedimiento ordinario, o en el Juicio Oral y Público de decretarse el procedimiento abreviado, siempre que la calificación jurídica así lo permita y no en esta oportunidad procesal; seguidamente se le pregunto al imputado si desea declarar, manifestando el ciudadano N.E.H.S., que en este momento no deseaba declarar, en tal sentido, se deja constancia que se acoge al Precepto constitucional.

Seguidamente el Juez le cedió el derecho de palabra a la Defensora Pública Penal Abg. W.C., quien expuso: “Ciudadano Juez, Dejo a criterio del Tribunal si declara o no como flagrante la aprehensión de mi defendido; estoy de acuerdo con el procedimiento solicitado por el Representante del Ministerio Público, así mismo pido que se le otorgue a mi representado una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de la Libertad, ya que mi defendido es venezolano y tiene residencia fija en el país, finalmente solicito copia simple del acta de la presente audiencia, es todo.”

DE LA FLAGRANCIA

Corresponde en consecuencia a ésta instancia, pronunciarse en primer término sobre la solicitud formulada por el Ministerio Público de aprehensión en flagrancia del imputado de autos, en virtud de la presentación hecha por el Ministerio Público, y de los hechos anteriormente descritos.

El artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:

Artículo 44 “.....Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden Judicial a menos que sea sorprendido in fraganti, en este caso, será llevado a una autoridad policial Judicial...”.

En el presente caso no existiendo Orden Judicial, se hace necesario analizar las circunstancias del delito Flagrante. Al efecto el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, señala:

Artículo 248. “Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.

En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos de los Estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado”

En el anterior dispositivo se establecen los supuestos o conductas típicas para calificar como flagrante a un delito. En primer lugar requiere que el sujeto sea detenido cuando está cometiendo un hecho, se trata entonces, de la captura e identificación del delincuente en plena comisión del hecho, es lo que la doctrina llama FLAGRANCIA REAL; de igual manera se admite la flagrancia cuando el sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, como producto de una persecución ininterrumpida de las autoridades o del público, que no le hayan perdido de vista, es la llamada FLAGRANCIA EX POST IPSO O CUASIFLAGRANCIA; y por último cuando se practica la detención de una persona con instrumentos o cosas provenientes del delito, tiempo después de haber cesado la persecución o sin que esta haya existido, conocida como FLAGRANCIA PRESUNTA A POSTERIORI; por cierto, figura esta muy cuestionada debido a que la flagrancia está determinada por la posesión de los objetos provenientes del delito y no en cuanto a la participación del sujeto en el hecho.

Conforme lo relatado en Acta Policial referida “ut supra”, funcionarios policiales investido de autoridad, mientras realizaban labores de rutina observaron un vehículo, ordenando a su conductor estacionar a la derecha de la vía, solicitándole la documentación personal a los ocupantes identificándose uno de ellos con una cédula para venezolanos a nombre de J.A.M.A., No. V-18.854.905, observando el funcionario actuante que el referido documento de identidad presentaba características no acordes a los documentos de ese tipo, razón por la cual, se traslada con el ciudadano hasta la oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), siendo atendido por Willinton Rivero, quien verifico el documento por el sistema, informando que el número de cédula registra en el sistema, pero que la misma muestra una presunta alteración de litografía y montaje fotográfico sobre papel moneda, motivo por el cual quedó detenido preventivamente el prenombrado ciudadano y puesto a ordenes del Ministerio Público.

Corren inserta al presente expediente, acta de entrevista rendida por el ciudadano, quien sirvió como testigo; a requerimiento del órgano policial actuante, de la forma como se produjo la aprehensión del imputado, y con el documento que se identificó.

Al expediente corre inserto Dictamen Pericial, realizado por el Funcionario Policial quien concluye: Que el documento antes mencionado ES FALSO Y DE ORIGEN ILEGAL EN EL PAÍS.

Ahora bien, ante lo explicito de los elementos aportados en el acta policial y del acta de entrevista de la persona que sirvió como testigo del procedimiento, se determina que la detención del ciudadano N.E.H.S., imputado de autos, se produce en virtud que el mismo trató de burlar los controles de seguridad del estado venezolano al identificarse con una cédula de identidad que según el sistema informático utilizado por el funcionario actuante dicho numero registra a nombre de un ciudadano venezolano e igualmente se puede determinar de la experticia realizada al mencionado documento según el cual arrojo que el mismo ES FALSO Y DE ORIGEN ILEGAL EN EL PAÍS. Es por ello que este Tribunal, considera procedente CALIFICAR; como en efecto lo hace LA FLAGRANCIA EN LA APREHENSIÓN del ciudadano N.E.H.S., quien dice ser de nacionalidad venezolana, natural de San Carlos, Estado Cojedes; nacido en fecha 06 de Febrero de 1981, de 29 años de edad, hijo de N.H. (v) y de R.S. (v), titular de la cedula de identidad No. V-15.019.374, soltero, de profesión u oficio Obrero, domiciliado en el Sector Herrera I, vereda 2, No. 1, a media cuadra de la antigua Panadería, San Carlos, Estado Cojedes, teléfono 0412-841.86.74 y 0416-336.89.13, en la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la F.P.. Y así decide.

DEL PROCEDIMIENTO

En cuanto a la solicitud de aplicación del procedimiento ordinario, formulado por el Representante del Ministerio Público, considera este Tribunal, que la solicitud de la referida aplicación es el ejercicio de una facultad conferida a la parte Fiscal y visto que es necesario la practica de otras diligencias de investigación, se ordena la conducción de la presente causa por los lineamientos del PROCEDIMIENTO ORDINARIO todo de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal.

DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL Y DEL

PRECEPTO JURÍDICO APLICABLE

En cuanto a la medida de coerción personal solicitada por el Ministerio Publico, considera este Juzgador, que si bien el ciudadano N.E.H.S., esta señalado por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la F.P., que merece pena privativa de libertad, que no se encuentra evidentemente prescrita y que no excede en su límite máximo de tres (03) años de prisión, por lo que considera este Juzgador que de conformidad con lo establecido en el artículo 44 numeral 1ro.- de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también de conformidad con lo establecido en el artículo 8, 9 , 243 y 253 todos del Código Orgánico Procesal Penal, que lo procedente en el caso in comento es decretar una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial de Libertad, aunado a las siguientes razones: No esta evidenciado el peligro de fuga, toda vez que se trata de un ciudadano de nacionalidad venezolana y tiene residencia en suelo patrio, primario en la comisión de delito, de fácil ubicación en la dirección que ha suministrado; es por lo que considera quien aquí decide que con una medida sustitutiva, se resuelve la situación de carácter procesal para la asistencia del imputado a los actos del proceso, debiendo el imputado cumplir con las siguientes obligaciones: de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo el imputado cumplir con las siguientes condiciones: 1.- Presentarse una vez cada quince (15) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de Este Circuito Judicial del Estado Táchira. 2.- Presentar dos (02) fiadores de reconocida solvencia moral y económica, quienes deben consignar fotocopia de la cédula, Balance personal con ingresos iguales o superiores a sesenta (60) unidades Tributarias, los respectivos soportes, constancia de residencia, fotocopia del Rif, constancia de ingresos, y deberán firmar por ante este Tribuna acta compromiso por el Tribunal. 3.- Notificar al Tribunal, cualquier cambio de residencia. 4.- No incurrir en nuevos hechos de carácter penal, quedando así notificado el imputado de la medida de coerción personal impuesta por este Tribunal, a lo cual manifestó el mismo de manera libre y espontánea, estar dispuesto a cumplir con las obligaciones establecidas y que en caso de incumplimiento de una de ellas le sería revocada la Medida Cautelar Sustitutiva de Privación Judicial Preventiva de Libertad, y las consecuencias que ello acarrea, y así se decide.

DEL DISPOSITIV0 DE LA SENTENCIA

ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL NÚMERO DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN A.D.T., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:

PRIMERO

CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión del ciudadano N.E.H.S., quien dice ser de nacionalidad venezolana, natural de San Carlos, Estado Cojedes; nacido en fecha 06 de Febrero de 1981, de 29 años de edad, hijo de N.H. (v) y de R.S. (v), titular de la cedula de identidad No. V-15.019.374, soltero, de profesión u oficio Obrero, domiciliado en el Sector Herrere I, vereda 2, No. 1, a media cuadra de la antigua Panadería, San Carlos, Estado Cojedes, teléfono 0412-841.86.74 y 0416-336.89.13, en la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación respectivamente, en perjuicio de la F.P.; por encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.

SEGUNDO

Se Ordena la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, conforme lo previsto en el último aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la remisión de la causa al Fiscalía Octava del Ministerio Público, una vez vencido que sea el lapso de ley correspondiente.

TERCERO

SE IMPONE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, al ciudadano N.E.H.S., plenamente identificado, por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación respectivamente, en perjuicio de la F.P., de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo el imputado cumplir con las siguientes condiciones: 1.- Presentarse una vez cada quince (15) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de Este Circuito Judicial del Estado Táchira. 2.- Presentar dos (02) fiadores de reconocida solvencia moral y económica, quienes deben consignar fotocopia de la cédula, Balance personal con ingresos iguales o superiores a sesenta (60) unidades Tributarias, los respectivos soportes, constancia de residencia, fotocopia del Rif, constancia de ingresos, y deberán firmar por ante este Tribuna acta compromiso por el Tribunal. 3.- Notificar al Tribunal, cualquier cambio de residencia. 4.- No incurrir en nuevos hechos de carácter penal.

CUARTO

Ofíciese a la Presidencia del Circuito Judicial Penal de San Carlos, Estado Cojedes, a los fines de solicitar información del posible requerimiento del imputado de autos por ante los Tribunales de ese Circuito Judicial Penal por los delitos de Homicidio y Robo de Vehículo.

Regístrese y déjese copia para el Archivo del Tribunal. Remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía Octava del Ministerio Público, una vez sea vencido el plazo de ley correspondiente.

ABG. J.M.M.M.

JUEZ SEGUNDO DE CONTROL

EL (LA) SECRETARIO (A)