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Nexos con civiles y militares en drogas apuntan hacia un narcorrégimen

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Vincent

Un absoluto fraca-so. Es así como Mildred Camero, penalista y ex pre sidente de la Comisión Nacional contra el Uso Indebido de Drogas, Conacuid, considera a la política antidrogas del Estado venezolano. Una política que no está orientada hacia la cooperación internacional, sino al aislamiento, al enjuiciamiento de consumidores y de pequeños comerciantes, pero a la vez es permisiva en la participación de funcionarios y de órganos de seguridad estatales en el negocio de drogas, no puede ser concebida sino como una estrategia distraccionista que compromete la estabilidad política, económica y social del Estado.Camero considera alarman te y hasta grotesca la cantidad y frecuencia de funcionarios y militares, más que civiles, imputados por estar vinculados a delitos de drogas. Y aún más la implicación de dos sobrinos de la pareja presidencial, Nicolás Maduro y Cilia Flores, en el narcotráfico y por lo cual el jurado de una corte estadounidense los declaró culpables de conspirar en la distribución de drogas. Si diéramos por cierto que sacaban drogas al exterior por la rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía que supone mayor vigilancia y control, ellos y sus cómplices deberían ser juzgados en el país porque es un delito muy grave que, por además, no prescribe.No obstante, afirma que Ve nezuela no es un narco-Estado aún debido a que este supone la existencia del tráfico de drogas como patrón de supervivencia, y de conexión de todas las instituciones públicas, y no una simple cuestión de corruptelas personales o grupales.Más que un narco-Estado, podríamos estar en presencia de un narcorrégimen, en el supuesto negado de que esa gran concentración de poderes que tiene el gobierno abarcara también parte del crimen organizado y especialmente el negocio de las drogas. Los vínculos del régimen con un sector civil y militar involucrado, dan esa sensación de manera concluyente.Faltan políticas públicas. Si bien el artículo 55 de la Constitución consagra el derecho de toda persona de estar protegida por el Estado frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para su integridad física, de su propiedad, el disfrute de sus...

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