Decisión de Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Bolivar, de 20 de Marzo de 2013

Los actos procesales relevantes para la resolución de la controversia que trae la presente causa son los siguientes:

I.1. De la pretensión. Mediante escrito presentado el veintiuno (21) de mayo de 2010 la parte demandante fundamentó su pretensión contra el Municipio Padre P.C. del Estado Bolívar, pretendiendo el pago de la prestación de antigüedad, vacaciones y bono vacacional vencidos y fraccionados, bonificación de fin de año fraccionada, bono de alimentación, intereses sobre la prestación de antigüedad, indemnización sustitutiva de antigüedad, intereses moratorios y corrección monetaria, derivados de la prestación de servicios en el cargo de Director de Administración.

I.2. De la admisión. Mediante sentencia dictada el treinta y uno (31) de mayo de 2010 se admitió la demanda interpuesta, ordenando su tramitación por el procedimiento establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, se ordenó la citación del S.P. y la notificación de la Alcaldesa del Municipio Padre P.C. del Estado Bolívar.

I.3. Mediante auto dictado el veintiuno (21) de julio de 2010 se ordenó comisionar al Juzgado de los Municipios Piar y P.P.C. del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los fines de practicar el emplazamiento del S.P. y la notificación de la Alcaldesa del Municipio Padre P.C. del Estado Bolívar.

I.4. El quince (15) de noviembre de 2010 se recibieron las resultas proveniente del Juzgado de los Municipios Piar y P.P.C. del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, cumpliendo con la práctica del emplazamiento del S.P.M. y la notificación de la Alcaldesa del Municipio Padre P.C. del Estado Bolívar.

I.5. De la Audiencia Preliminar. El veinticuatro (24) de mayo de 2011 se celebró la audiencia preliminar con la comparecencia del abogado J.D., en su carácter de coapoderado judicial de la parte demandante y la abogada S.S., en su carácter de coapoderada judicial de la parte demandada, se dio inicio al lapso probatorio.

I.6. Mediante escrito presentado el treinta (30) de mayo de 2011 la representación judicial de la parte demandante promovió pruebas documentales, de informes y de exhibición.

I.7. Mediante escrito presentado el treinta y uno (31) de mayo de 2011 la representación judicial de la parte demandada invocó el mérito favorable de autos y promovió prueba de informes

I.8. De la admisión de las pruebas. Mediante auto dictado el siete (07) de junio de 2011 se admitieron las pruebas documentales, de informes y exhibición promovidas por el demandante, asimismo admitió las pruebas de informes promovidas por la demandada.

I.9. Mediante auto dictado el veintidós (22) de julio de 2011 la Jueza Temporal se abocó al conocimiento de la presente causa, ordenó comisionar al Juzgado de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de practicar la notificación del Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), asimismo, se ordenó comisionar al Juzgado de los Municipios Piar y P.P.C. del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los fines de la práctica de las notificaciones de la Coordinadora de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Padre P.C. del Estado Bolívar y del Director de la Caja Regional del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

I.10. El dieciséis (16) de septiembre de 2011 se recibieron las resultas provenientes del Juzgado de los Municipios Piar y P.P.C. del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, cumpliendo con la práctica de las notificaciones de la Coordinadora de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Padre P.C. del Estado Bolívar y del Director de la Caja Regional del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

I.11. El diecinueve (19) de septiembre de 2011 se recibió oficio OAUPT/ Nº 493-2011 suscrito por la Jefe de la Oficina Administrativa del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, mediante el cual remitió información solicitada.

I.12. El veintiocho (28) de noviembre de 2011 se recibieron oficios Nº SIB-DSB-CJ-PA-39493 fechado veinticinco (25) de noviembre de 2011 proveniente de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, mediante el cual remiten la información requerida.

I.13. El seis (06) de diciembre de 2011 se recibió oficio proveniente del Banco Caroní mediante el cual ratifican información remitida por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.

I.14. De la audiencia definitiva. El trece (13) de marzo de 2013 se celebró la audiencia definitiva con la comparecencia del abogado J.L., en su carácter de coapoderado judicial de la parte demandante y el abogado Á.L., en su carácter de coapoderado judicial de parte demandada, se fijó el lapso de cinco (05) días de despacho para dictar el dispositivo del fallo.

I.15. Mediante auto dictado el dieciocho (18) de marzo de 2012 se dictó el dispositivo del fallo declarándose parcialmente con lugar la demanda interpuesta.

2. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

   II.1. En el caso subjudice el ciudadano MIGUEL ÁNGEL TORRES REYES ejerció demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos contra el Municipio Padre P.C. del Estado Bolívar, alegando que prestó servicios desde el tres (03) de diciembre de 2008 en el cargo de Director de Administración, que la prestación de servicios concluyó por despido el veintidós (22) de febrero de 2010, se cita la argumentación esgrimida al respecto:

   En fecha 03 de diciembre de 2.008, nuestro representado, ciudadano, M.Á.T.R., arriba identificado, comenzó a prestar servicio como Director de Administración, en el órgano ejecutivo del Poder Público Municipal, como lo es la Alcaldía del Municipio Autónomo Padre P.C., (…), hasta el día 22 de Febrero de 2.010, fecha en la cual termino la relación de trabajo por despido injustificado, teniendo para la fecha un tiempo acumulado de servicios de 1 años y dos meses.

   Es el caso ciudadana J., que al asumir el cargo de Alcaldesa, el ciudadano S.R., y las nuevas Autoridades Municipales de la Alcaldía del Municipio Autónomo Padre P.C. decidieron poner fin a la relación laboral que mantenía nuestra representada con dicha Alcaldía, despidiendo injustificadamente a nuestra mandante y sin haber sido notificada de manera escrita sobre dicha destitución y sin haberse producido acto administrativo alguno sobre el caso; mucho menos se le cancelo (sic) los días trabajados desde el 16 de febrero al 21 de febrero de 2.010.

   (…)

   Ahora bien, durante el tiempo que duro (sic) la relación laboral, nuestro representado se desempeño (sic) como Director de Administración, en la referida Alcaldía; devengando un salario básico diario de ciento veinte y un bolívares con 00 Cts. (Bs. 121,00) y un Salario Integral diario ciento sesenta y cuatro bolívares con 00 Cts. (Bs. 164,00), que fue obtenido al sumarle al salario básico diario la alícuota correspondiente a Noventa (90) días de aguinaldo así como la alícuota correspondiente a Cuarenta (40) días de bono vacacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica del Estatuto de la Función Pública

   .

   En relación a la pretensión incoada, la representación judicial del Municipio opuso la caducidad de la acción en la oportunidad en que se celebró la audiencia definitiva alegando que transcurrió el lapso de tres (03) meses legalmente establecido para el ejercicio de la acción.

   En este orden de ideas, destaca este Juzgado que el lapso de caducidad para la interposición de las querellas funcionariales se encuentra regulado por la Ley del Estatuto de la Función Pública, en cuyo artículo 94 establece que sólo podrá ejercerse el recurso contencioso administrativo funcionarial dentro de un lapso de tres (03) meses contados a partir del día en que se produjo el hecho generador o que el interesado fue notificado del acto, el referido artículo es del siguiente tenor:

   Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto

   .

   Aplicando la norma citada al caso de autos, observa este Juzgado Superior que el demandante alegó que la prestación de servicios concluyó el cinco (05) de Marzo de 2010, hecho no desvirtuado por el Municipio querellado e interpuso la presente demanda el veintiuno (21) de mayo de 2010, dentro del lapso de los tres meses previstos legalmente, en consecuencia, este Juzgado desestima el alegato de caducidad de la acción invocado por el Municipio, porque el demandante ejerció su pretensión dentro del lapso legal respectivo. Así se establece.

   II.2. En relación al fondo de la pretensión observa este Juzgado Superior que la parte querellante reclama el pago de la prestación de antigüedad, vacaciones y bono vacacional vencidos y fraccionados, bonificación de fin de año fraccionada, bono de alimentación, indemnización prevista en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, intereses sobre la prestación de antigüedad, intereses moratorios y corrección monetaria, a los fines de resolver la controversia surgida procede este Juzgado a valorar las pruebas incorporadas al proceso relevantes para la resolución de la controversia:

   1) Copia simple de la nómina de la Alcaldía del Municipio Padre P.C., correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero de 2010, de la cual se desprende que el ciudadano M.Á.T.R. se desempeñaba en el cargo de Director de Administración, que ingresó a prestar servicios el tres (03) de diciembre de 2009 y que percibía un salario de mensual de Bs. 3.630,00 y diario de 121,00, promovida en copia simple por la parte demandante con el escrito de promoción de pruebas cursante del folio 51 al 52, documento administrativo al que se le otorga pleno valor probatorio, dado que su autenticidad y veracidad no fue desvirtuada en el proceso.

   2) Mediante oficio OAUPT/ Nº 493-2011 suscrito por la Jefe de la Oficina Administrativa de Upata del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, recibido el 16 de septiembre de 2012 informó que el ciudadano M.Á.T.R. ingresó el 03/10/2008 por órdenes del M.P.P.C. y egresó el 01/03/2010, cursante del folio 89 al 92, documento administrativo al que se le otorga pleno valor probatorio, dado que su autenticidad y veracidad no fue desvirtuada en el proceso.

   3) Mediante informe presentados el veintiocho (28) de noviembre y seis (06) de diciembre de 2011 la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y el Banco Caroní informaron que el ciudadano M.Á.T.R., mantuvo cuenta corriente nómina Nº Nº 0128-0001-16-0114468109 con la Alcaldía del Municipio Padre P.C. del Estado Bolívar, cursante del folio 94 al 95 y al folio 97, documento dotado de valor probatorio dada su no impugnación por la parte demandada.

   En razón que el Municipio querellado no contestó la demanda, ésta se entiende contradicha en todas sus partes, de conformidad con el privilegio procesal establecido en el artículo 102 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y en la oportunidad de promoción de pruebas negó la existencia de la relación laboral, no obstante, considera este Juzgado que de los documentos administrativos promovidos por la parte demandante quedó demostrada la prestación de servicios de el demandante en el cargo de Director de Administración desde el tres (03) de diciembre de 2008 hasta el veintidós (22) de febrero de 2010. Así se establece.

   En concordancia con la pretensión de condena formulada contra el Municipio al pago de la prestación de antigüedad generada desde el tres (03) de diciembre de 2008 hasta el veintidós (22) de febrero de 2010, que alega estar constituidos por la cantidad de Bs. 8.772,36, observa este Juzgado que el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente para la fecha de terminación de la relación, dispone que después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes.

   El cálculo de la prestación de antigüedad se efectuará conforme al salario integral mensual percibido por la parte actora, el cual está conformado por el salario base y las alícuotas de bono vacacional y de bonificación de fin de año, al respecto, observa este Juzgado que la representación judicial de la parte demandante realizó dicho cálculo en el cuadro que a continuación se detalla:

   Meses

   Trabajado Salario

   Básico

   Diario Salario

   Normal

   Diario Alícuota 90

   Días

   Aguinaldo Alícuota

   Bono Vac Salario Integral

   Diario Días

   Por

   Mes Total

   Prest Soc.

   D..08 100,00 100,00 25,00 11,11 136,11 0 0.00

   Ene-09 100,00 100,00 25,00 11,11 136,11 0 0.00

   Feb-09 100,00 100,00 25,00 11,11 136,11 0 0.00

   Mar-09 100,00 100,00 25,00 11,11 136,11 5 680,56

   Abr-09 100,00 100,00 25,00 11,11 136,11 5 680,56

   May-09 121,00 121,00 30,25 13,44 164,69 5 823,47

   Jun-09 121,00 121,00 30,25 13,44 164,69 5 823,47

   Jul-09 121,00 121,00 30,25 13,44 164,69 5 823,47

   Ago-09 121,00 121,00 30,25 13,44 164,69 5 823,47

   Sep-09 121,00 121,00 30,25 13,44 164,69 5 823,47

   Oct-09 121,00 121,00 30,25 13,44 164,69 5 823,47

   Nov-09 121,00 121,00 30,25 13,44 164,69 5 823,47

   Dic-09 121,00 121,00 30,25 13,44 164,69 5 823,47

   Ene-10 121,00 121,00 30,25 13,44 164,69 5 823,47

   Feb-10 121,00 121,00 30,25 13,44 164,69 0 0,00

   TOTAL BOLIVARES 55 8.772,36

   Al respecto, observa este Juzgado que los cálculos realizados por la representación judicial de la parte demandante se encuentran ajustados a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación, en consecuencia, se ordena al Municipio querellado cancelar al demandante la cantidad reclamada de Bs. 8.772,36, por concepto de prestación de antigüedad. Así se establece.

   II.3. Igualmente, demanda la parte actora el pago de los intereses sobre la prestación de antigüedad, al respecto, este Juzgado Superior ordena al Municipio querellado el pago de tal concepto, generado durante el tiempo de prestación de servicios por el actor, en base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación, a tales fines, se ordena practicar experticia complementaria al fallo. Así se establece.

   II.4. De igual forma, la parte demandante reclama por concepto de vacaciones y bono vacacional vencido causados desde el mes de diciembre de 2008 al mes de diciembre de 2009, las cantidades de Bs. 8.772,36 y 1.290,67, respectivamente, totalizando la cantidad de Bs. 13.612,36, se citan los cálculos de los montos demandados:

   Vacaciones Vencidas

   Periodo Días Salario Total

   2.008-2.009 15 121,00 8.772,36

   Total Bs. 8.772,36

   Bono Vacacional Vencido

   Años Días Salario Total

   2.008-2.009 40 121,00 4.840,00

   Total Bs. 4.840,00

   Observa este Juzgado que el artículo 24 de la Ley del Estatuto de la Función Pública dispone que los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública tendrán derecho a disfrutar de una vacación anual de quince días hábiles durante el primer quinquenio de servicios y de una bonificación anual de cuarenta días de sueldo.

   Al respecto, observa este Juzgado que del análisis del cuadro de cálculo correspondiente al concepto de vacaciones vencidas se evidencia que la parte demandante incurrió en error de cálculo, en virtud que el resultado no es congruente con la multiplicación de 15 x 121,00, siendo lo correcto la cantidad de Bs. 1.815,00, en razón que el Municipio demandado no consignó pruebas dirigidas a demostrar el pago de dichos beneficios, se ordena a la Administración Municipal querellada cancelarle al demandante por concepto de vacaciones y bono vacacional correspondiente al periodo 2008-2009 las cantidades de Bs. 1.815,00 y Bs. 4.840,00, respectivamente. Así se establece.

   Asimismo, la parte querellante reclama por concepto de vacaciones fraccionadas 2.50 días equivalentes a la cantidad de Bs. 302,50 y bono vacacional fraccionado de 6.66 días equivalentes a la cantidad de Bs. 805,86, contados a partir del mes de diciembre de 2009 al mes de febrero de 2010, totalizando la cantidad de Bs. 1.108,36 se citan los cálculos de los montos demandados:

   Vacaciones Fraccionadas

   Periodo Días Salario Total

   2.009-2.010 2.50 121,00 302,50

   Total Bs. 302,50

   Bono Vacacional Fraccionado

   Años Días Salario Total

   2.009-2.010 6.66 121,00 805,86

   Total Bs. 805,86

   Al respecto, observa este Juzgado que los cálculos realizados por la representación judicial de la parte demandante se encuentran ajustados a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en consecuencia, se ordena al Municipio querellado pagar al actor por concepto de vacaciones y bono vacacional fraccionado correspondiente al periodo 2010 la cantidad reclamada de Bs. 302,50 y Bs. 805,86, respectivamente. Así se establece.

   II.5. Equivalentemente la querellante demanda el pago de la bonificación de fin de año fraccionada correspondiente a un (01) mes de servicio del año 2010, por la cantidad de Bs. 1.231,21, al respecto, este Juzgado observa que el artículo 25 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que los funcionarios o funcionarias públicos al servicio de la Administración Pública, tendrán derecho a disfrutar, por cada año calendario de servicio activo, dentro del ejercicio fiscal correspondiente, de una bonificación de fin de año equivalente a un mínimo de noventa días de sueldo integral, en consecuencia, se ordena al Municipio demandado cancelar a la parte actora el referido concepto por la cantidad reclamada de Bs. 1.231,21. Así se establece.

   II.6. Por otra parte, el querellante demandó el pago de Bs. 711,25 por concepto de bono de alimentación no cancelado durante 21 días de noviembre de 2009, 13 días de diciembre de 2009 y 15 días de febrero de 2010, en relación con esta pretensión observa este Juzgado que el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley de Alimentación para los Trabajadores y las Trabajadoras establece que el beneficio de alimentación no podrá ser inferior a 0,25 unidades tributarias ni superior a 0,50 unidades tributarias, en tal sentido, el demandante señaló que el valor de la cesta ticket se encuentra constituido por 0,25 unidades tributarias, calculando este Juzgado los montos correspondientes de la siguiente manera:

   FECHA DIAS TRABAJADOS VALOR U.T. VALOR CESTA TICKET

   0,25 U.T. CESTA TICKET NO CANCELADAS

   Nov-09 21 55 13,75 288,75

   Dic-09 13 55 13,75 178,75

   Ene-10 0 55 13,75 0

   Feb-10 15 55 13,75 206,25

   TOTAL: 673,75

   Conforme al cuadro que antecede, este Juzgado Superior ordena al Municipio demandado cancelar al demandante la cantidad de Bs. 673,75, por concepto de bono de alimentación durante los meses reclamados. Así se establece.

   II.7. En relación a la pretensión de condena de pago de indemnización sustitutiva de antigüedad por la cantidad de doce mil trescientos cincuenta y dos bolívares con ocho céntimos (Bs. 12.352,08), de conformidad con el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación, observa este Juzgado que el demandante ejercía el cargo de Director de Administración, es decir, ostentaba la condición de funcionario público y de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Estatuto de la Función Pública está sometida a dicho régimen, el cual establece en el artículo 28 eiusdem que los funcionarios y funcionarias públicos gozarán de los mismos beneficios contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, en lo atinente a la prestación de antigüedad y condiciones para su percepción, de la mencionada disposición jurídica se desprende el carácter supletorio de la Ley Orgánica del Trabajo, solamente en lo que se refiere a la prestación de antigüedad y no de otros derechos.

   En este orden de ideas el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación, establece que si el patrono persiste en su propósito de despedir al trabajador, deberá pagarle una indemnización adicional computada según su antigüedad, en consecuencia, el supuesto de hecho previsto en la citada norma para que surja el derecho a la indemnización laboral respectiva no se aplica a los funcionarios públicos, dado que no estamos en presencia de una relación laboral ni de la figura del despido injustificado que solamente se aplica a dicha relación, por ende, se desestima la pretensión invocada por la parte actora. Así se establece.

   II.8. Del mismo modo, la parte actora pretende el pago de los sueldos dejados de pagar causados desde el 16 al 22 de febrero de 2010, al respecto observa este Juzgado el Municipio demandado no consignó pruebas dirigidas a demostrar el pago de dicho concepto, en consecuencia, se ordena Municipio querellado el pago de la cantidad reclamada de Bs. 726,00 por concepto de sueldos dejados de percibir durante los referidos días. Así se establece.

   II.9. Igualmente demanda los intereses moratorios generados por la cantidad condenada a pagar, al respecto este Juzgado destaca que de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata, que constituyen deudas de valor y que toda mora en su pago genera intereses, en consecuencia, se ordena el pago de los intereses moratorios generados por el monto total condenado a pagar a la parte actora de diecinueve mil ciento sesenta y seis bolívares con sesenta y ocho céntimos (Bs. 19.166,68), más la cantidad que arroje la experticia por concepto de intereses sobre la prestación de antigüedad, desde el 22 de febrero de 2010 hasta la fecha en que se decrete la ejecución del presente fallo, en base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el artículo 128 de la actual Ley Orgánica del Trabajo, de Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), a tales fines, se ordena la práctica de experticia complementaria del fallo. Así se establece.

   II.10. Finalmente, con relación a la solicitud de corrección monetaria, se destaca que la jurisprudencia contencioso administrativa ha establecido que en materia de funcionarios públicos no es posible condenar al pago de los intereses moratorios y adicionalmente de la corrección monetaria, por el carácter sui generis que comportan las relaciones de la Administración Pública y sus empleados y que ordenar simultáneamente la corrección monetaria del pago requerido y el pago de los intereses moratorios generados implicaría una doble indemnización, razón por la cual tal petición debe ser desestimada. Así se establece.

   II.11. La experticia complementaria del fallo acordada deberá practicarse por un único experto designado por el Juzgado, si las partes de mutuo acuerdo no lograsen designarlo, por aplicación analógica del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.

3. DISPOSITIVA

   En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar, actuando en nombre de la República, administrando justicia y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la Demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos incoada por el ciudadano MIGUEL ÁNGEL TORRES REYES contra el MUNICIPIO PADRE PEDRO CHIEN DEL ESTADO BOLÍVAR.

   Se ORDENA al Municipio demandado cancelarle al demandante la cantidad de diecinueve mil ciento sesenta y seis bolívares con sesenta y ocho céntimos (Bs. 19.166,68), por concepto de prestación de antigüedad, vacaciones y bono vacacional fraccionado, bonificación de fin de año fraccionada, bono de alimentación, sueldos dejados de percibir y la cantidad que resulte de la experticia complementaria del fallo por concepto de intereses sobre la prestación de antigüedad e intereses moratorios.

   De conformidad con el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal se ordena la notificación de la presente sentencia al Síndico Procurador del Municipio Padre P.C. del Estado Bolívar y una vez que conste en autos la práctica de su notificación se inicia el lapso para la interposición del recurso de apelación.

   P., regístrese y déjese copia certificada de la presente sentencia en el Índice de Copiador de sentencias.

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013). Años 202° de la Independencia y 154° de la Federación.

   LA JUEZA

   B.O. LOBO

   LA SECRETARIA

   ANNA FLORES FABRIS