Decisión nº PJ07420080000076 de Tribunal Cuarto Superior del Trabajo de Bolivar, de 7 de Agosto de 2008

El 19 de mayo de 2003 el ciudadano N.D.J.G.G. presentó escrito de demanda para plantear ante la jurisdicción COBRO POR DIFERENCIA DE OBLIGACIONES LABORALES contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLÍVAR.

Tramitado el asunto en el primer grado de jurisdicción, el JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR con sede en esta ciudad profirió sentencia de fondo y declaró parcialmente con lugar la demanda. Esa sentencia fue apelada por la parte demandada.

Ingresó el asunto a este Juzgado el 8 de junio del corriente 2008. Se fijó la audiencia oral y pública para el 23 de julio a las diez de la mañana. Celebrada la misma, se difirió el pronunciamiento del dispositivo del fallo para el quinto día hábil siguiente a esa fecha, lo que se hizo oportunamente. Corresponde ahora a este juzgador proferir en extenso la sentencia sobre el mérito y lo hace en los siguientes términos:

II

DELIMITACIÓN DE LA APELACIÓN

La Sala de Casación Social (casos M.Á.M.d. 18-7-2007, M.A.C. de 29-11-2007 y E.R.B.M.d. 11-12-2007) tiene definido lo siguiente sobre la delimitación de la apelación para establecer el thema decidendum de la alzada en materia laboral:

1. El principio general en materia de recursos es que la parte apela de todo cuanto le desfavorece, en la medida del agravio que le causa la sentencia de primera instancia.

2. No es necesario motivar la apelación, de tal manera que si se apela pura y simplemente, ello comprende todo lo no concedido por la sentencia recurrida, salvo que se delimite por escrito el objeto de la apelación (casos M.Á.M. y M.A.C.).

3. En el procedimiento laboral no tendría sentido la oralidad y la obligatoriedad de comparecer a las audiencias (preliminar, de juicio, de apelación y las que se llevan a cabo ante la Sala de Casación Social), sin la obligación del recurrente de plantear con claridad cuál es el objeto del recurso (casos M.Á.M. y M.A.C.).

4. En el procedimiento laboral, si bien funciona el principio general según el cual el recurrente apela de lo que le es desfavorable, es en la audiencia oral y pública que debe delimitar el objeto de su apelación y es a éste al que debe dirigir su actividad el Juez Superior (casos M.Á.M. y M.A.C.).

5. Cuando se apela en forma genérica se le otorga al juzgador de la instancia superior el fuero pleno del asunto, de manera que, en virtud del efecto devolutivo, el sentenciador de alzada adquiere la facultad para decidir la controversia en toda su extensión, es decir, tanto de la quaestio facti como de la quaestio iuris, sin que esto implique que pueda el juez examinar cuestiones en las que el apelante es vencedor y no vencido, ello en aplicación del principio de la prohibición de la reformatio in peius. No ocurre lo mismo cuando se especifican las cuestiones sometidas a apelación, entendiéndose que todo lo que no sea objeto de la misma queda firme y con autoridad de cosa juzgada la decisión del sentenciador de primera instancia (caso E.R.B.M.).

6. En un procedimiento como el laboral, regido por el principio de la oralidad, pero que a su vez admite y se sirve de la forma escrita, resulta de mayor relevancia para el establecimiento de los poderes que el juez ad quem adquiere con motivo del efecto devolutivo de la apelación, la manera en que ésta es interpuesta, es decir, si se hace de forma genérica o si por el contrario se precisan los puntos sometidos a juzgamiento (caso E.R.B.M.).

7. La oportunidad procesal en que debe considerarse delimitado el objeto de la apelación es el momento en que ésta es propuesta en forma escrita y de allí que sea determinante para la aplicación del principio tantum devolutum quantum appellatum la forma en que sea planteado el recurso; si es de manera genérica, el juez adquirirá pleno conocimiento de la causa, en caso contrario deberá limitar su examen a los aspectos especificados en el escrito de apelación (caso E.R.B.M.).

8. La exigencia de la forma escrita para conferir eficacia al acto de impugnación ordinario, es consustancial con los principios de la Ley Procesal del Trabajo, ya que la escritura es necesaria para plasmar lo que debe tratarse oralmente (caso E.R.B.M.).

9. Cuando la apelación se ejerce en forma genérica le corresponde a la alzada conocer la causa en toda su extensión y no limitada a los aspectos sobre los cuales el impugnante manifiesta su inconformidad en la audiencia de apelación. En esta hipótesis debe el juez superior resolver sobre todo lo discutido en primera instancia so pena de incurrir en el vicio de incongruencia negativa (caso E.R.B.M.).

10. Cuando el apelante, al momento de interponer el recurso delimita los puntos que desea someter al dictamen del juez de la segunda instancia, carecerá él de jurisdicción o poder para conocer fuera de los puntos apelados singularmente, pues la sentencia se encuentra consentida en el resto de su alcance (caso E.R.B.M.).

    Al folio 94 de la quinta pieza del expediente corre inserta diligencia del abogado E.G.Q. –sustituto del PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO BOLÍVAR– mediante la cual interpuso apelación con¬tra la decisión impugnada. Se lee en dicha diligencia:

    … por medio de la presente diligencia cumplo con presentar formalmente el Recurso de Apelación en la presente causa signada con el Nº FP02-L-03-0118, dicho recurso de apelación se ejerce contra la Sentencia Definitiva dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia del Trabajo de Ciudad Bolívar en fecha 26 de marzo de 2007 y aclaratoria de sentencia de fecha 30 de marzo de 2007…

    Como se aprecia, el recurrente interpuso su apelación sin delimitación alguna, por lo que en el contexto de la misma se entiende ejercido el recurso con¬tra todo lo que agravia la decisión. En la audiencia oral y pública de apelación que se celebró en esta instancia, el abogado M.R.C.B., sustituto del Procurador, alegó así:

1. Que al trabajador no le corresponde la indemnización establecida en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo por haber prestado servicio solo por 2 meses y 20 días.

2. Que al actor ya se le cancelaron Bs. F. 7.885,20 por concepto de salarios caídos.

3. Que además de ese pago, el Estado hizo pagos indebidos al actor, por lo que nada le adeuda.

4. Que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido en sentencias de fechas 13 de marzo de 2002 y 31 de mayo de 2005, que la prestación de antigüedad se genera sólo por el tiempo real y efectivo del servicio prestado.

   Al responder los alegatos de la parte apelante, la representación judicial del actor expuso que su representado sí es acreedor de los beneficios aspirados porque las sentencias que cursan en el expediente han sido reiterativas en establecer que al actor le corresponden tales beneficios laborales.

   Interrogado el propio actor por el Juez, admitió que ya cobró los salarios caídos que le fueron acordados por la sentencia que se profirió en el procedimiento de calificación de despido que se tramitó contra el Estado y que cobró las prestaciones sociales condenadas a pagar en su favor por la sentencia de 30 de julio de 2001 que fue invalidada, cobro que hizo antes de que se pronunciara la sentencia de invalidación.

   II

   OBITER DICTUM

   Es importante dejar establecido, previamente, que haciéndose uso de lenguaje puramente coloquial, se demandó en este asunto a la Gobernación del Estado Bolívar, expresión inadecuada con la que se confunde el ente territorial estado con el gobierno que lo encabeza y conduce.

   Ahora bien, teniendo presente ¬¬este Tribunal la proscripción constitucional de los meros formalismos en perjuicio de la justicia célere, oportuna y eficaz, se deja establecido que en este asunto debe entenderse que no es parte la Gobernación del Estado Bolívar, sino el ente político territorial Estado Bolívar, que es el verdadero sujeto con personalidad jurídica. En efecto, la Constitución autoriza —a los solos fines de la organización política de la República— dividir el territorio nacional en Estados, Distrito Capital, dependencias federales y territorios federales (art. 16). Los Estados los define la Carta Fundamental como entidades autónomas en lo político, con personalidad jurídica plena (art. 159), atribuyendo a los Gobernadores (máxima autoridad ejecutiva) su gobierno y administración. Por consiguiente, no es jurídicamente procedente demandar (mucho menos condenar o absolver en sentencia) a una Gobernación de Estado, que solo es la cúspide ejecutiva del ente político-territorial. En el caso concreto, como se desprende de los autos, fue demandada y condenada errónea e incorrectamente la Gobernación del Estado Bolívar, lo cual es impropio, pero atendiendo a la tutela judicial efectiva este juzgador entiende que el ente demandado lo es el Estado Bolívar y no la Gobernación; y que la pretensión laboral fue planteada contra el ente territorial y no contra su dirección y gobierno ejecutivo.

   III

   MEDIOS PROBATORIOS

   PARTE ACTORA.

   La parte actora produjo los siguientes medios de prueba:

   Con el escrito de la demanda.

1. Marcada "A" (folios 6 al 9 de la primera pieza del expediente, en lo adelante PPE), copia certificada de sentencia proferida el 2 de octubre de 1996 por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito de esta Circunscripción Judicial, mediante la cual se declaró con lugar pretensión de estabilidad laboral planteada por el demandante contra la Dirección de Mantenimiento y Conservación Estadal, se ordenó la reincorporación a sus labores ordinarias y se ordenó, asimismo, el pago de los salarios caídos a contar del 8 de julio de 1996 hasta la ejecución de la sentencia. Se aprecia y valora este medio probatorio según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (en lo sucesivo LOPTRA). Así se decide.

2. Marcada "B" (folios 10 al 17 PPE), copias certificadas de distintas actuaciones que ponen de manifiesto que para el cobro de los salarios caídos condenados por la sentencia descrita en el punto anterior se produjeron dos embargos ejecutivos contra el Estado Bolívar que en conjunto sumaron la cantidad de Bs. 3.071.200,00). Se aprecia y valora este medio probatorio según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en el artículo 77 LOPTRA. Así se establece.

3. Marcada "C" (folios del 18 al 28 PPE), copia certificada de escrito por el cual se demandó la invalidación de la sentencia que fue proferida en el asunto Nº 4.388 del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito de esta Circunscripción Judicial. Se aprecia y valora este medio probatorio según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en el artículo 77 LOPTRA. Así queda resuelto.

4. Marcada "D" (folios 29 al 54 PPE), copias certificadas de la sentencia proferida el 11 de de febrero de 2003 por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito de esta Circunscripción Judicial y de la boleta de notificación de dicha sentencia al demandante en esta causa. Por la sentencia en cuestión se declaró con lugar pretensión de invalidación planteada por la Procuraduría General del Estado Bolívar a través de la demanda valorada en el punto anterior. Se aprecia y valora este medio probatorio según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en el artículo 77 LOPTRA. Así se establece.

5. Marcada "E" (folios 55 al 70 PPE), fotocopia de la convención colectiva de los obreros al servicio de la Gobernación del Estado Bolívar. En plena consonancia con la doctrina de la Sala de Casación Social, la convención colectiva es un acto normativo que no requiere ser promovido como medio probatorio a través del ejemplar que la contenga. En consecuencia se tiene por no promovido el ejemplar de la convención colectiva mencionada, ello sin perjuicio de la obligación que tiene el juez de tener presente y aplicar el régimen jurídico contenido en ella convención cuando fuere menester. Así queda decidido.

6. Sin marca específica (folios 71 al 79 PPE), original de un informe cardiovascular del actor y fotocopias de actuaciones médicas en cuanto a él mismo. El medio original se aprecia y valora según las reglas de la sana crítica y por ser documento administrativo con fundamento en lo establecido en el artículo 77 LOPTRA, al igual que las fotocopias que lo son de documentos de la misma naturaleza. Así queda resuelto.

   Con el escrito de promoción de pruebas.

1. Con la marca "A" (folios 768 a 772 de la tercera pieza el expediente, en lo adelante TPE), copias certificadas de comunicaciones remitidas por el Procurador General del Estado a la Gobernación solicitando información sobre el cumplimiento de la orden de reenganche que se pronunció en el procedimiento del asunto FH03-S-1996-00003 que tramitó el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito de esta Circunscripción Judicial. Se aprecia y valora este medio probatorio según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en el artículo 77 LOPTRA. Así se establece.

2. Con la marca "B" (folios 773 y 775 TPE), copia certificada de la comunicación que envió la Directora de Consultoría Jurídica de la Gobernación del Estado Bolívar a la Jueza de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito de esta Circunscripción Judicial indicándole la forma como cancelaría lo condenado a pagar por la sentencia proferida en el asunto Nº 4.388-02. Se aprecia y valora este medio probatorio según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en el artículo 77 LOPTRA. Así se resuelve.

3. Con la marca "C" (folios 776 al 834 TPE), copias certificadas de varios folios del expediente llevado por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito de esta Circunscripción Judicial, signado con el Nº FH03-L-2001-0000021. Se aprecian y valoran estos instrumentos según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en el artículo 77 LOPTRA. Así queda establecido.

4. Con la marca "D" (folios 835 al 898 TPE), copias certificadas de varios folios del expediente llevado por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito de esta Circunscripción Judicial, signado con el Nº FH03-L-2000-000002. Se aprecian y valoran estos instrumentos según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en el artículo 77 LOPTRA. Así queda decidido.

5. Con la marca "E" (folios 899 al 1.061 TPE), copias certificadas de varios folios del expediente llevado por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito de esta Circunscripción Judicial, signado con el Nº FH03-S-1996-000003. Se aprecian y valoran estos instrumentos según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en el artículo 77 LOPTRA. Así se resuelve.

6. Con la marca "F" (folios 1.062 al 1.072 TPE), copias fotostáticas de la convención colectiva de los obreros al servicio de la Gobernación del Estado Bolívar. En plena consonancia con la doctrina de la Sala de Casación Social, la convención colectiva es un acto normativo que no requiere ser promovido como medio probatorio a través del ejemplar que la contenga. En consecuencia se tiene por no promovido el ejemplar de la convención colectiva mencionada, ello sin perjuicio de la obligación que tiene el juez de tener presente y aplicar el régimen jurídico contenido en ella convención cuando fuere menester. Así queda decidido.

7. Con las marcas "G" y "H" (folios 1.073 y 1.074 TPE), copias de las órdenes de pago números 021864 y 16489 de fechas 7 de noviembre de 2002 y 22 de junio de 2002, respectivamente, por las que se cancelaron prestaciones sociales y salarios caídos al demandante. Se aprecian y valoran estos medios según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en los artículos 77 y 78 LOPTRA. Así queda establecido.

8. Con la marca "I" (folios 1.075 al 1.098 TPE), sentencia del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito de esta Circunscripción Judicial por la cual invalidó todo el procedimiento y la sentencia del asunto FH03-X-2002-000002, con nomenclatura anterior 4.388-02). Se aprecia y valora este medio según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en el artículo 77 LOPTRA. Así se resuelve.

   PARTE DEMANDADA.

   Reproducción del mérito favorable de los autos.

   En el escrito de promoción de pruebas invocó el mérito favorable de los autos. Se tiene admitido que reproducir el mérito favorable de los autos, sin ningún señalamiento de medio probatorio concreto que obre en causa, es una modalidad muy utilizada por las partes en la práctica judicial, sin tener presente que tal reproducción pura, simple y genérica no es otra cosa que tratar de convertir en medio probatorio los principios de adquisición y de comunidad de la prueba que rige en el sistema judicial venezolano, principio ese que obra luego que los medios de prueba han sido producidos en causa, correspondiendo al juez la obligación de valorarlos todos, siempre que sean legales, pertinentes e idóneos, a los fines de la formación de su convicción para resolver el asunto controvertido. Como la parte demandada señaló hechos concretos que derivan de medios probatorios que obran en causa, con respecto a esos hechos se tiene como ratificado en razón de la comunidad de la prueba cada medio de los indicados en la sesión I del mencionado escrito de promoción de pruebas. Así se resuelve.

   Instrumentos.

1. Con la marca "B" (folio 223 de la segunda pieza del expediente, en lo adelante SPE), constancia suscrita por la Subdirectora de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Bolívar, acreditando que el demandante prestó servicios para la Dirección de Mantenimiento desde el 18 de marzo de 1996 hasta el 8 de junio del mismo año, devengando un salario semanal de Bs. 4.200,00.

2. Con las marcas "C", "D", "E", "F", "G" y "H" (folios 224 al 745), copias certificadas de los expedientes 02321-96 (juicio de estabilidad laboral instado por el demandante), 4.388-00 (primer juicio por cobro de obligaciones laborales instado por el actor), 4.878-01 (segundo juicio por cobro de obligaciones laborales instado por el demandante) y FH03-2002-000002 (juicio de invalidación incoado por la Procuraduría General del Estado Bolívar). Siendo copias certificadas de expedientes instruidos por un Tribunal del Estado, se las aprecia y valora según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en el artículo 77 LOPTRA. Así se establece.

3. Con la marca "I" (folios 746 al 748 SPE), orden de pago Nº 021864 expedida por la Gobernación del Estado Bolívar por la cantidad de Bs. 4.774.020,00, con lo cual se le cancelaron al demandante las prestaciones sociales que condenó por sentencia el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. No habiendo sido impugnado dicho medio probatorio y aceptado por el mismo actor en la audiencia de apelación en esta instancia haber cobrado la cantidad señalada en la orden de pago, se aprecia y valora el instrumento según las reglas de la sana crítica y de conformidad con lo establecido en los artículos 77 y 78 LOPTRA. Así queda resuelto.

4. Con la marca "J" (folios 749 al 765 SPE), copia de una sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual no es medio de prueba, razón por la cual este sentenciador le niega todo valor probatorio. Así se decide.

   Informes.

1. Al Banco Guayana para que informara al Tribunal sobre la ejecución y cumplimiento de la orden de pago Nº 021864 emitida a favor del demandante.

2. A la Secretaría de Administración y Finanzas de la Gobernación del Estado Bolívar sobre la misma orden de pago.

   Admitido el medio de prueba, se hicieron las solicitudes, pero no se obtuvo ninguna respuesta. No existiendo, entonces, resultado probatorio alguno, nada tiene este sentenciador que valorar. Así se decide.

   Inspección judicial.

   En el Banco Guayana para dejar constancia de del beneficiario de la orden de pago Nº 021864, el número de cédula que lo identifica, nombre y cédula de identidad del autorizado para cobrarla, la suma ordenada pagar, número de cuenta contra la cual se pagó la orden y titular de la misma.

   IV

   LA SENTENCIA APELADA

   Se dice en la sentencia apelada:

   Suficientemente a.l.e.d. demanda y contestación así como las exposiciones orales vertidas en la audiencia del juicio oral y analizadas las pruebas aportadas por las partes al proceso, este Tribunal considera y así lo deja establecido, que el Actor no se hace acreedor a la mayoría de los Veinte (20) conceptos prestacionales (sic) por él demandados, al hacer valer un tiempo de servicio de CUATRO (4) AÑOS, OCHO (8) MESES y CUATRO (4) DIAS, ya que sólo laboró efectivamente para la demandada: DOS (2) MESES y VEINTISEIS (26) DIAS, por lo que no debe tomarse en cuenta, para la liquidación de sus prestaciones sociales, el tiempo transcurrido en el procedimiento de reenganche ni la etapa de ejecución parcial y tardía de la sentencia proferida en el mismo. A tal conclusión arriba este Tribunal, con base a la doctrina de nuestro m.T. en su Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, vertidas en los fallos de fechas 13-03-2002 Caso: H.G.V.M.V.. DIARIO EL UNIVERSAL, C.A. Ponente: Dr. J.R.P. y 31-05-2005, Caso R.F. GRANADOS Vs. TECNOCONSULT INGENIEROS CONSULTORES, S.A. Ponente: Dr. L.E.F.G.. En ambas sentencias, se concluye, que solo debe tomarse en cuenta para el pago de los conceptos prestacionales (sic) el tiempo de servicio efectivo realizado por el trabajador y que los conceptos derivados de los salarios caídos, así como los estipulados en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, son de carácter indemnizatorios y sancionan la conducta abusiva del patrono, al no respetar la estabilidad relativa de que gozan tales trabajadores. Así se decide.-

   Como consecuencia lógica de lo anterior, al no ser computable el lapso de tiempo transcurrido en el procedimiento de Calificación de Despido, que culminó con la sentencia de reenganche y pago de salarios caídos, el Actor no se hace acreedor del pago de lo acordado en el fallo invalidado, emanado, del Expediente signado con el N° 4388-00, que condenó a pagarle la suma de Bs. 4.774.020, 00, al cual dio cumplimiento tardío, la demandada, que dada la ambigua contestación a la demanda del proceso, pareciera, que la accionada convalida, en el entendido, de que no tiene lógica, que se pida la invalidación de un juicio, se obtiene lo que se pide: la invalidación del juicio de cobro de prestaciones sociales, que deja sin efecto la obligación de la Gobernación de pagar los Bs. 4.774.020, 00 y ahora, se rechace el tiempo del vínculo laboral de 4 años, 8 meses y 4 días, haciendo valer, que el tiempo efectivo fue de 2 meses y 20 días y que sobre este tiempo es que debe liquidarse. Además, durante el proceso ha manifestado, que ha habido un evidente pago de lo indebido de la anterior cantidad al actor. En tal desaguisado, toca a este Tribunal poner orden, teniendo por norte, el impartir justicia, aplicando la equidad en tan delicada misión, no sin antes, manifestar, que el presente caso constituye un monumento al abuso de derecho en que ha incurrido la Gobernación del Estado Bolívar, al no resolver el asunto, dando cumplimiento oportuno a la sentencia sobre el reenganche. Constituye, pues un monumento, también, a la llamada litigiosidad, enfermedad que contamina a la Ética Profesional del Abogado, cuando este último deforma sus conocimientos jurídicos y su conducta, poniéndolos al servicio de las causas perdidas.

   Ahora, atendiendo al mandato de la sentencia de invalidación, cuya copia riela en los autos, la que invita al Actor a proponer la demanda que provocó este proceso, este Tribunal, considera, que de los conceptos prestacionales (sic) demandados, solo son procedentes, conforme a la Ley Orgánica del Trabajo de fecha 27-11-1990, a saber: el pago de Diez (10) días de salario, por concepto de Antigüedad conforme a lo establecido en el Art. 108; 20 días de salario por concepto de la indemnización por despido injustificado, Art. 125; 14 días de salario por concepto de preaviso Art. 125 y los salarios caídos generados desde la fecha del despido (08-06-1996) hasta la fecha de interposición de la demanda que provocó este proceso (19-05-2003), para lo cual debe tomarse en cuenta el salario devengado para el momento del despido y los aumentos decretados por el Ejecutivo Nacional, por lo que, al monto total que resulte de la sumatoria de los conceptos anteriormente mencionados, deberá descontarse, el monto de los salarios caídos recibidos por el trabajador y el monto de las prestaciones sociales que le fueron canceladas durante todo el lapso de tiempo en que se han producido los diferentes procesos, que culminan con la presente causa, cuyas copias rielan en los autos. Es decir, a la cantidad total en bolívares, que resulte de cuantificar los salarios caídos, debe deducir, las sumas de dinero recibidas por el actor de la demandada y que no fueron rechazadas por éste, a saber: Bs. 2.664.000,00, primero en Septiembre del año 2000, más Bs. 447.200,00, el 17 de Noviembre de 2000 y Bs. 4.774.020,00 en fecha 19 de Noviembre de 2002, para un total de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 7.885.220,00). Así se decide.-

   Omissis

   Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, es por lo que este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, incoada por el ciudadano N.G. en contra de la GOBERNACION DEL ESTADO BOLIVAR, suficientemente identificados en autos. En consecuencia, se condena a la GOBERNACION DEL ESTADO BOLIVAR, a pagar al Actor los conceptos de ANTIGÜEDAD e INDEMNIZACIÓN DEL ARTÍCULO 125 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO DEL 27/11/1990, causados durante el tiempo efectivo de trabajo, que duró Dos (2) meses y 20 días, los cuales corresponden a el pago de Diez (10) días de salario, por concepto de Antigüedad conforme a lo establecido en el Art. 108; 20 días de salario por concepto de la indemnización por despido injustificado, Art. 125; 14 días de salario por concepto de preaviso, Art. 125. Además, LOS SALARIOS CAÍDOS, desde la fecha del despido ocurrida el día 08 de Junio de 1996 hasta la interposición de la presente demanda, verificada en fecha 19 de Mayo de 2003, con los ajustes pertinentes, conforme a los salarios mínimos decretados por el Ejecutivo Nacional, con la observación, de que a la cantidad que resulte de cuantificar tanto las prestaciones, indemnizaciones y salarios caídos, deberá descontársele, lo recibido hasta ahora por el Actor de la Gobernación del Estado Bolívar, o sea, la cantidad de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 7.885.220,00). Así se decide.-

   Omissis

   V

   MOTIVACIONES PARA DECIDIR

   Para resolver, este sentenciador observa: