Decisión nº PJ0042009000086 de Juzgado Primero Superior del Trabajo de Portuguesa, de 2 de Abril de 2009
| Fecha de Resolución | 2 de Abril de 2009 |
| Emisor | Juzgado Primero Superior del Trabajo |
| Ponente | Osmiyer José Rosales Castillo |
| Procedimiento | Incidencia De Recusación |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa
Guanare, dos (02) de abril de dos mil nueve (2009)
198º y 150º
ASUNTO: Nº PP01-R-2009-000046.
RECURRENTE: NORELYS AGÛÌN.
RECURRIDO: JUZGADO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA.
MOTIVO: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA.
Visto el Recurso de Reconsideración presentado por la abogada NORELYS AGUIN DE CEDEÑO, en fecha 01/04/2009 y revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente; éste juzgador pasa a pronunciarse en los siguientes términos:
El procedimiento laboral se rige conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pero al mismo tiempo existen otras instituciones procesales que sirven al fin señalado, como es el caso del procedimiento de multa, que no está incluida en la Ley Adjetiva.
Tenemos entonces que el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece:
Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en la ley; en ausencia de disposición expresa, el Juez del Trabajo determinará los criterios a seguir para su realización, todo ello con el propósito de garantizar la consecución de los fines fundamentales del proceso. A tal efecto, el Juez del Trabajo podrá aplicar, analógicamente, disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el carácter tutelar de derecho sustantivo y adjetivo del derecho del trabajo, cuidando que la norma aplicada por analogía no contraríe principios fundamentales establecidos en la presente Ley
. (Fin de la cita).
Así, al no estar contemplada en la legislación procesal laboral la institución del procedimiento de multa, el Juez del Trabajo puede acudir a otras fuentes y aplicar analógicamente la disposición que regule la materia.
El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 253, contempla:
Los Tribunales en las multas que hayan impuesto, o en los apercibimientos que hayan hecho, por lo que aparezca del proceso, sin audiencia de quienes resulten condenados, oirán las reclamaciones de éstos, formuladas por escrito, y decidirán en el mismo acto o en el día siguiente. El reclamante podrá producir con su solicitud la prueba que le favorezca.
Estas reclamaciones no podrán intentarse después de sesenta días de haberse instruido al reclamante respecto de la condenación
. (Fin de la cita).
Del artículo anteriormente transcrito se desprende que, para el caso concreto de marras, la oportunidad para emitir pronunciamiento es el mismo día en que presenta la solicitud o al día hábil siguiente.
Así pues, estando este Juzgador dentro del lapso legal establecido para decidir el recurso planteado, se observa que el Recurso de Reconsideración ejercido, versa contra una imposición de multa ordenada en la decisión jurisdiccional dictada por ésta instancia en el expediente signado con las letras y números PP01-X-2009-000006, con ocasión a la declaratoria sin lugar de la incidencia de Recusación propuesta por la aquí solicitante, contra la abogada G.B.V., en su condición de Jueza de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del estado Portuguesa, con sede en la ciudad de Acarigua.
Considera oportuno quien decide señalar que, a tenor de lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, un Acto Administrativo ha de entenderse como toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la Ley por los Órganos de la Administración Pública. Este concepto, clasificado como orgánico por parte de la doctrina, ha sido criticado por el hecho de restringir o no considerar la actividad de la Administración, por cuanto existen entes u órganos que si bien su principal actividad no es la administrativa no obstante realizan la misma.
Al respecto el autor E.L.M., en la XIII Edición de su libro “Manual de Derecho Administrativo”, páginas 143 y 144, señala el concepto de “acto administrativo” en sentido amplio, indicando lo siguiente:
En un sentido amplio considérense actos administrativos todas las declaraciones emanadas de los órganos del Estado actuando en ejercicio de la función administrativa, productoras de efectos jurídicos.
En este sentido se consideran actos administrativos las decisiones adoptadas por los órganos legislativos cuando colaboran con el Ejecutivo en el ejercicio de la función administrativa o ejercen el control de la administración pública, y también cuando se traduce en actos de naturaleza administrativa. Tales son los acuerdos de la Asamblea Nacional mediante los cuales autoriza al Poder Ejecutivo para enajenar bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio privado de la Nación; la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Gastos Públicos, anualmente sancionada por la Asamblea Nacional; las leyes que autorizan al Ejecutivo para celebrar operaciones de crédito público; los actos de la Asamblea Nacional aprobatorios de contratos de interés nacional, celebrados por el Poder Ejecutivo; los Acuerdos de la Asamblea Nacional, aprobatorios o improbatorios de las memorias ministeriales. Algunos de los actos que sanciona la Asamblea Nacional actuando como cuerpo legislador, han sido calificados de “actos administrativos emitidos en forma de ley” o “actos de administración pública que se otorgan en forma de ley”.
En el sentido amplio anteriormente expresado, se consideran igualmente actos administrativos, las declaraciones o disposiciones de los órganos del Poder Judicial que carecen de la naturaleza intrínseca de los actos jurisdiccionales. Las decisiones de los tribunales sobre asuntos no contenciosos, tales como las autorizaciones dadas a los padres y tutores para ejecutar actos de disposición sobre los bienes de los menores a quienes representan; y asimismo, las disposiciones adoptadas en cuanto a la organización y funcionamiento del tribunal, como el acto de dictar normas reglamentarias, el nombramiento de secretarios, amanuenses y alguaciles y la imposición de sanciones disciplinarias a los subalternos, se califican también latu sensu como actos administrativos. (…)
En este sentido, dentro de un concepto amplio, se ha establecido que, por Acto Administrativo ha de entenderse toda actividad de la Administración o cualquier ente u órgano del Poder Público que actúe en función administrativa, que cree, modifique o extinga derechos subjetivos de los particulares y la cual puede consistir en una declaración de carácter general o particular que incide en la esfera jurídica de los destinatarios de dicha declaración, sea su incidencia en forma positiva, creándole derechos subjetivos, o negativa constriñendo sus derechos, de forma inmediata o mediata, tomando en cuenta que dicha actividad se concreta en el interés público o general. Así se establece.
Igualmente, éste Juzgador considera necesario explanar algunos criterios jurisprudenciales de la sentencia N° 1310 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30/06/2006, la cual establece:
…La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, aplicable al caso de autos, faculta al juez laboral para sancionar de manera enérgica las conductas contrarias a los principios de lealtad y probidad que asuman, no sólo las partes o sus apoderados, sino también los terceros, durante el desarrollo del proceso…
Cabe resaltar, que dichas sanciones forman parte de los poderes discrecionales del juez, necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones, por lo que en tal sentido, debe ser entendida como una decisión judicial, no como un acto administrativo, pues éste se produce mediante la declaración de voluntad, de juicio de conocimiento o de deseo realizada por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria…
. (Fin de la cita).
De la jurisprudencia antes transcrita se infiere que la sanción disciplinaria debe ser entendida como una decisión judicial, no como un acto administrativo, exclusivamente para los jueces con competencia laboral.
En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 268 de fecha 17/02/2006, afirmó lo siguiente:
… en cuanto al acto cuestionado –sanción disciplinaria- cabe señalar que el mismo, a la luz de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esta definido como una decisión judicial, dictada por un juez con competencia laboral, con fundamento en el articulo 48 eiusdem, por lo que su esencia difiere de las sanciones administrativas impuestas por otro jueces, con competencia distinta a lo laboral
. (Fin de la cita).
Como consecuencia de lo anteriormente esgrimido; y siendo que la decisión objeto del Recurso de Reconsideración fue dictado en Incidencia surgida con motivo de la Recusación propuesta por la abogada NORELYS AGÛÌN en contra de la Jueza Primero de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del estado Portuguesa, con sede en la ciudad de Acarigua, es forzoso señalar que el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil establece textualmente:
Artículo 101. No se oirá recurso contra las providencias o sentencias que se dicten en la incidencia de recusación e inhibición
. (Fin de la cita).
Por su parte el Artículo 45 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, aplicado analógicamente, señala:
Articulo 45: No se oirá recurso alguno contra decisiones que se dicten en la incidencia de Recusación o Inhibición
(fin de la cita).
Por las razones antes expuestas, y en virtud de la prohibición expresa que establecen las normas antes referidas; éste Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración planteado por la abogada NORELYS AGÛÌN.
Publicada en el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en la Ciudad de Guanare, Municipio Guanare del estado Portuguesa, a los dos (02) días del mes de abril del año dos mil nueve (2009).
Años: 198º de la Independencia y 150º de la Federación.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
El Juez Superior Primero del Trabajo,
La Secretaria,
Abg. Osmiyer J.R.C.
Abg. D.O.
En igual fecha y siendo las 02:55 p.m. se publicó y agregó el presente fallo a las actas del expediente, de lo cual se deja constancia de conformidad con lo consagrado en el Artículo 159 Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De igual manera se ordenó su inserción en el Sistema Juris 2000, así cómo su correspondiente publicación en el portal informático http://portuguesa.tsj.gov.ve/.
La Secretaria,
Abg. D.O.
OJRC/DO/clau.
