Decisión nº 80 de Juzgado Segundo de los Municipios San Cristobal y Torbes de Tachira, de 2 de Mayo de 2008

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA

197º y 149º

PARTE DEMANDANTE: ciudadana C.J.O.C., venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad N° 10.904.038 y de este domicilio.

APODERADOS ESPECIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: abogados J.M.R.C. y L.C.D., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 21.219 4.511 en su orden, según poder autenticado ante la Notaría Pública Tercera de Mérida, Estado Mérida, que corre inserto a los folios 09 y 10.

PARTE DEMANDADA: ciudadana M.T.V.D.T., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 22.675.139 y de este domicilio.

APODERADOS ESPECIALES DE LA PARTE DEMANDADA: abogados V.A.P. y S.U.D.P., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 81.918 y 28.432 en su orden, según Poder Especial conferido ante la Notaría Pública Segunda de San Cristóbal, que riela a los folios 106 y 107.

MOTIVO: DESALOJO.

EXPEDIENTE NÚMERO: 4546-2007

PARTE NARRATIVA

Se inicia la presente causa por demanda de Desalojo, presentada ante el Juzgado Distribuidor en fecha 12 de junio de 2007, por el abogado J.M.R.C., con el carácter de coapoderado especial de la ciudadana C.J.O.C., en la que expone: que conforme a lo previsto en los artículos 33 y 34 literal “a” del Decreto Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y actuando en nombre de su mandante, viene a demandar por desalojo a la ciudadana M.T.V.D.T., antes identificada; manifestando que la cualidad con la que acude su representada es de arrendadora de un inmueble consistente en un apartamento signado con el N° A-2, ubicado en el primer piso del Edificio MARTIMAR, cuya dirección es la carrera 9, con calle 4, Parroquia San Sebastián, Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, alinderado: NORTE: con apartamento N° 3; SUR: con apartamento N° 1; ESTE: con vacío apartamento carrera 9; y OESTE: pasillo de circulación del Edificio; añade: el edificio lo adquirió en su totalidad la ciudadana C.J.O.C., según consta en documento protocolizado en la Oficina de Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio San C.d.E.T., en fecha 28 de noviembre del año 2006, bajo el N° 17, tomo 099, protocolo 01; de igual forma manifiesta según contrato de arrendamiento reconocido, ante la Notaría Pública Primera de San Cristóbal, Estado Táchira, en fecha 25de agosto de 1992, bajo el N° 97, tomo 9, la SOCIEDAD MERCANTIL INES C.A. (INESCA), dio en calidad de arrendamiento a la ciudadana M.T.V.D.T., un inmueble consistente en un apartamento signado con el N° A-2, ubicado en el primer piso del Edificio MARTIMAR, cuya dirección es la carrera 9, con calle 4, Parroquia San Sebastián, Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, estableciendo en la cláusula quinta un término de duración de un año, contado a partir del 01 de junio de 1992 con vencimiento el 01 de junio de 1993; añade que en la cláusula sexta del contrato convinieron que el mismo sería improrrogable por lo que se convirtió a tiempo indeterminado; señala que por efecto de la referida adquisición su representada subrogó como arrendadora del apartamento N° A-2 y la ciudadana M.T.V.D.T. como arrendataria de la demandante; manifiesta que en la cláusula segunda del mencionado contrato la demandada se comprometió a cancelar a la empresa mercantil INES C.A. (INESCA), la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS BOLIVARES (Bs.4.600,00) por mensualidades anticipadas y en la actualidad cancela la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.200.000,00); aduce: en virtud de que mi representada por vía de subrogación, mediante cartel de notificación expedido por la Alcaldía del Municipio San Cristóbal, División de Catastro, Coordinación de Inquilinato, en el expediente administrativo N° 034, el cual guarda relación con la regulación de todos los apartamentos y locales comerciales del edificio MARTIMAR, del cual forma parte el apartamento A-2, publicado en el Diario La Nación de esta ciudad, en fecha 29 de diciembre de 2006, colocó en conocimiento a todos los arrendatarios del señalado edificio que ella lo había adquirido incluyendo a la hoy demandada M.T.V.D.T.; manifiesta la hoy demandada que codemandó a su mandante ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, por un presunto retracto legal arrendaticio, siéndole asignado el N° 18.954-2007 y se la opone a la demandada; añade, en esa demanda de la cual consigna copia certificada la arrendataria manifestó a través de su apoderado que en el mes de diciembre de 2006, habìa tenido pleno y absoluto conocimiento que su arrendadora originaria INMOBILIARIA INESCA le había informado a todos los arrendatarios incluyéndose ella, a partir del mes de diciembre debían pagarle los cánones de arrendamiento a la nueva propietaria C.J.O.C. y reiteró que tuvo conocimiento por medio del Cartel de Notificación expedido por la Alcaldía del Municipio San Cristóbal, que su mandante había adquirido la totalidad del edificio Martimar; señala: la demanda al haber tenido conocimiento de la nueva propietaria del inmueble dejó de pagarle los cánones de arrendamiento de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2007, ascendiendo a deuda de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.1.000.000,00) siendo su obligación pagarlos por mensualidades anticipadas; alega: habiendo caído la arrendataria en morosidad por su incumplimiento, es por lo que procede en nombre de su mandante a demandar el desalojo, teniendo la misma cualidad legítima y activa para hacerlo y enunció sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal supremo de Justicia por haberse convertido el contrato celebrado en fecha 01 de junio de 1992 a partir del 01 de junio de 1993 exclusive a tiempo indeterminado; fundamente la acción en lo establecido en los artículos 1.133, 1.159, 1.160, 1.579, 1.592, ordinal 2°, 1.264 y 1.594 del Código Civil y 34 letra a) del Decreto con Rango de Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; solicitó se le tramitara por el artículo 33 del Decreto con Rango de Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en concordancia con lo previsto en el artículo 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; de igual forma aduce: por el incumplimiento de la arrendataria en el pago de los cánones de arrendamiento de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2007, es que procede a demandar el desalojo del apartamento N° A-2, para que convenga o ello sea condenada por el Tribunal a: entregar totalmente desocupado de personas, bienes y cosas a su mandante el inmueble objeto de litigio ya identificado por falta de pago de los cánones de arrendamiento de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2007; indicó domicilio procesal; estimó la demanda en la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.1.000.000,00); solicitó que una vez admitida la demanda se le expidiera copia certificada del libelo de la misma, del auto de admisión, de los recaudos acompañados y del auto donde se providencia y por último pidió que la demanda sea admitida, sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva con todos los pronunciamientos de Ley y se ordenase la citación de la parte demandada. (folios 01 al 07)

Conjuntamente con el libelo de la demanda presentó anexo: copia certificada del poder autenticado ante la Notaría Pública Tercera de Mérida, Estado Mérida; documento de propiedad del inmueble; copia certificada del documento de propiedad del inmueble; original del contrato de arrendamiento reconocido ante la Notaría Pública Primera de San Cristóbal, Estado Táchira; un ejemplar del Diario La Nación y copia certificada del libelo de demanda interpuesto por la demandada ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial y del auto de admisión de la misma. (folios del 08 al 42).

Por auto de fecha veintidós (22) de junio de 2007, este Juzgado admitió la demanda por Desalojo, acordando la citación de la parte demandada para que diera contestación a la misma al segundo día de despacho siguiente a que constase en autos la citación de la parte demandada, asimismo se fijó oportunidad para la celebración de un acto conciliatorio (folios 44 y 44).

En fecha doce (12) de julio de 2007, el ciudadano Alguacil de este Tribunal, informó no haber localizado a la ciudadana M.T.V.D.T.. (folio 45).

En fecha siete (07) de agosto de 2007, el abogado J.M.R.C., con el carácter de coapoderado especial de la parte demandante, presentó escrito de reforma de la demanda, quedando reformado el líbelo primitivo de la siguiente manera: en cuanto a los capítulos III, IV y VIII y consignó anexos. (folios 46 al 54).

En fecha nueve (09) de agosto de 2007, este Tribunal dictó auto ordenado admitir el escrito de de reforma de la demanda, presentado por el abogado J.M.R.C., con el carácter de coapoderado especial de la parte demandante. (folios 55 y 56).

En fecha veinticinco (25) de septiembre de 2007, el abogado J.M.R.C., con el carácter de coapoderado especial de la parte demandante, mediante diligencia solicitó se diera cumplimiento con lo previsto en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil. (folio 57).

En fecha dos (02) de octubre de 2007, el ciudadano Alguacil de este Tribunal, informó haber localizado a la abogada S.U.D.P. y que la misma se negó a darle recibo de citación. (folio 58).

En fecha cinco (05) de octubre de 2007, el abogado J.M.R.C., con el carácter de coapoderado especial de la parte demandante, mediante diligencia solicitó se le librara boleta de notificación conforme con lo previsto en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, lo cual fue acordado por auto de fecha 10 de octubre de 2007. (folios 59 al 61).

En fecha siete (07) de agosto de 2007, este Tribunal dictó auto, en el que revocó el auto de admisión de reforma de demanda de fecha 09 de agosto de 2007 y anuló todo lo actuado a partir de esa fecha. (folio 62).

En fecha doce (12) de noviembre de 2007, el abogado J.M.R.C., con el carácter de coapoderado especial de la parte demandante, presentó escrito de reforma de la demanda, quedando reformado el líbelo primitivo de la siguiente manera: en cuanto a los capítulos III, IV y VIII. (folios 63 al 67).

En fecha quince (15) de noviembre de 2007, este Tribunal dictó auto ordenado admitir el escrito de de reforma de la demanda, presentado por el abogado J.M.R.C., con el carácter de coapoderado especial de la parte demandante. (folio 68).

En fecha veintiséis (26) de noviembre de 2007, el Alguacil de este Juzgado, mediante diligencia informó no haber localizado a la ciudadana M.T.V.D.T.. (folio 85).

En fecha cuatro (04) de diciembre de 2007, el abogado J.M.R.C., con el carácter de coapoderado especial de la parte demandante, mediante diligencia solicitó se le librara cartel de citación conforme a lo previsto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, lo cual fue acordado por auto de fecha 13 de diciembre de 2007. (folios 86 al 88).

En fecha dieciocho (18) de diciembre de 2007, el abogado J.M.R.C., con el carácter de coapoderado especial de la parte demandante, mediante diligencia informó haber recibido los carteles de citación librados para la parte demandada, conforme a lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. (folio 89).

En fecha quince (15) de enero de 2008, el abogado J.M.R.C., con el carácter de coapoderado especial de la parte demandante, mediante diligencia consignó ejemplares de los periódicos Diarios La Nación y Los Andes, donde aparecen publicados los carteles de citación librados para la parte demandada, los cuales fueron agregados al expediente mediante auto de fecha 18 de enero de 2008. (folios 90 al 93).

En fecha veintidós (22) de enero de 2008, la Secretaria de este Tribunal, mediante diligencia informó haber fijado el cartel de citación librada para la parte demandada. (folio 94).

En fecha once (11) de febrero de 2008, el abogado J.M.R.C., con el carácter de coapoderado especial de la parte demandante, mediante diligencia solicitó se le nombrara Defensor Ad-litem, lo cual fue acordado mediante auto de fecha 13 de febrero de 2008, nombrando al abogado P.A.R.S.. (folios 95 al 97).

En fecha veintinueve (29) de febrero de 2008, el Alguacil de este Juzgado, mediante diligencia informó que la fue firmada boleta de notificación por el abogado P.A.R.S.. (folio 98 y 99).

En fecha cinco (05) de marzo del 2008 siendo el día y hora fijados para la juramentación del defensor ad-litem en la presente causa, habiendo comparecido el mismo fue legalmente juramentado. (folio 100).

En fecha once (11) de marzo de 2008, el abogado J.M.R.C., con el carácter de coapoderado especial de la parte demandante, mediante diligencia solicitó la elaboración de la compulsa para la citación del Defensor Ad-Litem, lo cual fue acordado por auto de fecha 02 de abril de 2008. (folios 101 al 103).

En fecha siete (07) de abril de 2008, el Alguacil de este Juzgado, mediante diligencia informó que el abogado J.M.R.C., no le había suministrado los medios para la practica de la citación del Defensor Ad-Litem. (folio 104).

En fecha ocho (08) de abril de 2008, el abogado V.A.P., con el carácter de coapoderado judicial de la parte demandada, se dio por citado en su nombre y consignó copia del poder especial que le tiene conferido la ciudadana M.T.V.D.T.. (folios 105 al 108).

En fecha diez (10) de abril de 2008, siendo el día y la hora señalados para la celebración del acto conciliatorio entre las partes, se declaró desierto el mismo, por la no comparecencia de ninguna de las partes. (folio 109).

En fecha diez (10) de abril de 2008, el abogado V.A.P., con el carácter de coapoderado judicial de la parte demandada, dio contestación a la demanda en los siguientes términos: conforme al artículo 346, numeral 8° del Código de Procedimiento Civil; opuso como cuestión previa, la existencia de una cuestión prejudicial, la cual debe ser resuelta en un proceso distinto, en virtud de que ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo expediente N° 18.954, cursa juicio de retracto legal arrendaticio en el cual la hoy demandante es codemandada en su condición de compradora del edificio Martimar, también opuso la cuestión previa, pautada en el artículo 361 eiusdem, en lo que respecta a la falta de cualidad de la parte actora para intentar el juicio, en cuanto a que su representada ni siquiera conoce de vista a la ciudadana C.J.O.C. y nunca ha celebrado ningún tipo de contrato con dicha ciudadana; en cuanto a la contestación al fondo: negó, rechazó y contradijo tanto en los hechos como en el derecho en su totalidad en todas y cada una de sus partes tanto la demanda original como la reforma de la misma incoada en contra de su representada; manifiesta que es falso que su mandante adeude a la parte demandante alquileres de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del año 2007, en virtud de haber venido cumpliendo con el pago de los cánones de arrendamiento convenidos con la empresa mercantil INES C.A., la cual se negó a recibirle los mismos sin causa justificada, pagando en la actualidad la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs.100.000,00); manifiesta, que su representada nunca fue notificada en forma escrita, expresa e indubitable de la existencia de la presunta subrogación; aduce que no existe insolvencia por parte de su mandante; invocó a favor de su representada lo dispuesto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a la protección de la familia; asimismo, invocó lo contemplado en el artículo 20 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y el artículo 1.605 del Código Civil; señala: el desalojo es improcedente, en virtud de que el contrato se convirtió a tiempo indeterminado y su mandante se encuentra al día en el pago de los cánones de arrendamiento con su legítimo arrendador; señala: existe fraude en la publicación del cartel de notificación del Diario La Nación en fecha 29 de diciembre de 2006, por cuanto nunca se intentó notificar a los inquilinos de los apartamentos en forma personal, es decir, no se agotó la vía personal como manda la Ley; que es injusto e inhumano el hecho de la demandante al querer desalojar a los inquilinos del Edificio Martimar, dentro de los cuales se encuentra su representada, por cuanto es una persona pudiente, que no vive en Venezuela, sino que adquiere inmuebles pero no cumple con sus obligaciones fiscales pues ni siquiera paga impuestos y además no necesita el Edificio Martimar y por último solicita se declare sin lugar la demanda, con la correspondiente condenatoria en costas para la parte demandante. (folios 110 al 119).

En fecha veintitrés (23) de abril de 2008, el abogado J.M.R.C., con el carácter de coapoderado especial de la parte demandante, presentó escrito de pruebas, en las que promovió las siguientes: negó, rechazó y contradijo, tanto en los hechos narrados como en el derecho invocado lo alegado por la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda, en cuanto al decir de la parte demandada, es casi imposible que la hoy demandante proceda a demandar a todos los inquilinos del Edificio Martimar, algunos por resolución de contrato y otros por desalojo, por no querer recibir la administradora de dicho edificio y arrendadora de los apartamentos los cánones de arrendamiento y los inquilinos se vieron obligados a consignar por ante los Tribunales de Municipio; también cuando aduce la falta de cualidad de su representada para intentar el juicio; el hecho de que la demandada no reconozca a su representada como arrendadora es contrario a derecho, en razón del cartel de fecha 29 de diciembre de 2006; de la copia certificada del expediente N° 18.954 y de la sentencia de fecha 09 de octubre de 2006; promovió, reprodujo e hizo valer en todo y en cuanto favorezca a su representada el escrito contentivo del libelo de la demanda y su reforma; la copia fotostática certificada del documento protocolizado ante la Oficina de Registro Inmobiliario Segundo Circuito del Municipio San C.d.E.T., en fecha 28 de noviembre de 2006; el contrato de arrendamiento privado a tiempo indeterminado; el ejemplar del periódico Diario La Nación, de 29 de diciembre de 2006; la copia certificada del expediente 18.954/2007 y por último solicitó que el escrito de pruebas fuese agregado al expediente y las pruebas en el promovidas sean admitidas, sustanciadas conforme a derecho, apreciadas en todo su valor en la sentencia definitiva y que se declare con lugar la demanda. (folios 120 al 124).

En fecha veinticuatro (24) de abril de 2008, el abogado V.A.P., con el carácter de coapoderado judicial de la parte demandada, presentó escrito de pruebas, en las que promovió las siguientes: tanto el contenido del escrito libelar como el de reforma de la demanda, referente al capítulo III, al indicar: pero es el caso que mi representada como arrendadora por vía de subrogación, mediante cartel de notificación expedido por la Alcaldía del Municipio San Cristóbal, División de Catastro, Coordinación de Inquilinato, en el expediente administrativo N° 034, del procedimiento de regulación, de todos los apartamentos y locales comerciales del edificio MARTIMAR, del cual forma parte el apartamento A-2, colocó en conocimiento a todos los arrendatarios entre ellos su representada, del señalado edificio que ella lo había adquirido; que absurdamente la demandante pretende atribuirse la cualidad de arrendadora del inmueble del cual su mandante es legítima arrendataria, en virtud de que la empresa mercantil INES C.A. se lo alquiló; hizo mención de lo plasmado por el Dr. E.C.B. en su obra Código de Procedimiento Civil de Venezuela en lo que se refiere a la citación; también lo indicado por el Dr. H.C. en su obra Derecho Procesal Civil, tomo II; la cuestión previa alegada en la demanda en cuanto a la existencia de una cuestión prejudicial que debe resolverse en un proceso distinto; en cuanto al principio de la comunidad de la prueba, promovió copia fotostática certificada del libelo de demanda de Retracto Legal Arrendaticio del expediente N° 18.954; asimismo, la falta de cualidad de la actora para intentar el juicio; el contrato de arrendamiento por el cual su representada se constituyó en arrendataria del apartamento 2, del edificio Martimar con la sociedad mercantil INES C.A., por lo cual nunca ha sido inquilina de la ciudadana C.J.O.C.; el contrato de arrendamiento suscrito por su mandante con la sociedad mercantil INES C.A.; copia del expediente consignación N° 419 de este Juzgado; copia certificada en 09 folios útiles pertenecientes al expediente N° 18.954 del Retracto Legal Arrendaticio; también manifiesta que su representada no debe pagar cánones de arrendamiento a quien no es su arrendadora legítima, ya que ni siquiera conoce de vista ni por comunicación a la ciudadana C.J.O.C. ni tampoco fue notificada que debía pagar a dicha ciudadana, por lo tanto su mandante está al día con los cánones de arrendamiento y en virtud de no existir insolvencia no es procedente la demanda de desalojo por falta de pago de cánones de arrendamiento y por último solicitó que el escrito de promoción pruebas junto con los anexos presentados en 61 folios útiles, fuese agregado al expediente y las pruebas sean admitidas, sustanciadas conforme a derecho, apreciadas en la definitiva en su justo valor probatorio y que se declare sin lugar la demanda con la correspondiente condenatoria en costas para la parte demandante. (folios 125 al 131).

Junto con el escrito de pruebas consignó: sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 19 de febrero de 2004; copia de expediente de consignación N° 419 y copias certificadas del expediente N° 18.954: (folios 132 al 192).

En fecha veinticuatro (24) de abril de 2008, este Juzgado mediante autos, ordenó agregar y admitir las pruebas promovidas por la parte demandante, así como por la parte demandada. (folios 93 y 94).

PARTE MOTIVA

La presente acción se inicia por procedimiento de desalojo mediante escrito libelar, fundamentado en los artículos 1.133, 1.159, 1.160, 1.579, 1.592, ordinal 2°, 1.264 y 1.594 del Código Civil y 34 literal “a” del Decreto con Rango de Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; en el que la parte demandante alega: que conforme a lo previsto en los artículos 33 y 34 literal “a” del Decreto Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y actuando en nombre de su mandante, viene a demandar por desalojo a la ciudadana M.T.V.D.T., antes identificada; manifestando que la cualidad con la que acude su representada es de arrendadora de un inmueble consistente en un apartamento signado con el N° A-2, ubicado en el primer piso del Edificio MARTIMAR, cuya dirección es la carrera 9, con calle 4, Parroquia San Sebastián, Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, alinderado: NORTE: con apartamento N° 3; SUR: con apartamento N° 1; ESTE: con vacío apartamento carrera 9; y OESTE: pasillo de circulación del Edificio; añade: el edificio lo adquirió en su totalidad la ciudadana C.J.O.C., según consta en documento protocolizado en la Oficina de Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio San C.d.E.T., en fecha 28 de noviembre del año 2006, bajo el N° 17, tomo 099, protocolo 01; de igual forma manifiesta según contrato de arrendamiento reconocido, ante la Notaría Pública Primera de San Cristóbal, Estado Táchira, en fecha 25 de agosto de 1992, bajo el N° 97, tomo 9, la SOCIEDAD MERCANTIL INES C.A. (INESCA), dió en calidad de arrendamiento a la ciudadana M.T.V.D.T., un inmueble consistente en un apartamento signado con el N° A-2, ubicado en el primer piso del Edificio MARTIMAR, cuya dirección es la carrera 9, con calle 4, Parroquia San Sebastián, Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, estableciendo en la cláusula quinta un término de duración de un año, contado a partir del 01 de junio de 1992 con vencimiento el 01 de junio de 1993; añade que en la cláusula sexta del contrato convinieron que el mismo sería improrrogable por lo que se convirtió a tiempo indeterminado; señala que por efecto de la referida adquisición su representada se subrogó como arrendadora del apartamento N° A-2 y la ciudadana M.T.V.D.T. como arrendataria de la demandante; manifiesta que en la cláusula segunda del mencionado contrato la demandada se comprometió a cancelar la empresa mercantil INES C.A. (INESCA), la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS BOLIVARES (Bs.4.600,00) por mensualidades anticipadas y en la actualidad cancela la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.200.000,00); aduce que en virtud de que su representada por vía de subrogación, mediante cartel de notificación expedido por la Alcaldía del Municipio San Cristóbal, División de Catastro, Coordinación de Inquilinato, en el expediente administrativo N° 034, el cual guarda relación con la regulación de todos los apartamentos y locales comerciales del edificio MARTIMAR, del cual forma parte el apartamento A-2, publicado en el Diario La Nación de esta ciudad, en fecha 29 de diciembre de 2006, hizo del conocimiento a todos los arrendatarios del señalado edificio que ella lo había adquirido incluyendo a la hoy demandada M.T.V.D.T., ya identificada donde manifiesta que codemandó a la parte demandante ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, por retracto legal arrendaticio, a la cual le asignaron el N° 18.954-2007; añade: en esa demanda de la cual consigna copia certificada a través de su apoderado por haber tenido pleno y absoluto conocimiento que su arrendadora originaria, INMOBILIARIA INESCA le había informado a todos los arrendatarios incluyéndose ella, que a partir del mes de diciembre, debían pagarle los cánones de arrendamiento a la nueva propietaria C.J.O.C. y reiteró que tuvo conocimiento por medio del Cartel de Notificación expedido por la Alcaldía del Municipio San Cristóbal; señala la demandada que al haber tenido conocimiento de la nueva propietaria del inmueble dejó de pagarle los cánones de arrendamiento de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2007, ascendiendo a deuda de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.1.000.000,00) siendo su obligación pagarlos por mensualidades anticipadas; alega: habiendo caído la arrendataria en morosidad por su incumplimiento, es por lo que procede en nombre de su mandante a demandar el desaojo, teniendo la misma cualidad legítima y activa para hacerlo y enunció sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal supremo de Justicia, así por haberse convertido el contrato celebrado en fecha 01 de junio de 1992 a partir del 01 de junio de 1993 exclusive a tiempo indeterminado; expone que por el incumplimiento de la arrendataria en el pago de los cánones de arrendamiento de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2007, es que procede a demandar el desalojo del apartamento N° A-2, para que convenga o ello sea condenada por el Tribunal a: entregar totalmente desocupado de personas, bienes y cosas a su mandante el inmueble objeto de litigio ya identificado por falta de pago de los cánones de arrendamiento de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2007; indicó domicilio procesal; estimó la demanda en la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.1.000.000,00); solicitó que una vez admitida la demanda se le expidiera copia certificada del libelo de la misma, del auto de admisión, de los recaudos acompañados y del auto donde se providencia y por último pidió que la demanda sea admitida, sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva con todos los pronunciamientos de Ley y se ordenase la citación de la parte demandada.

Consta en autos que la parte demandada se dió por citada a través de su coapoderado judicial abogado V.A.P., inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 81.918 y en fecha diez (10) de abril del 2008, dió contestación a la demanda en los siguientes términos: conforme al artículo 346, numeral 8° del Código de Procedimiento Civil; opuso como cuestión previa, la existencia de una cuestión prejudicial, la cual debe ser resuelta en un proceso distinto, en virtud de que ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo expediente N° 18.954, cursa juicio de retracto legal arrendaticio en el cual la hoy demandante es codemandada en su condición de compradora del edificio Martimar, también opuso la cuestión previa, pautada en el artículo 361 eiusdem, en lo que respecta a la falta de cualidad de la parte actora para intentar el juicio, en cuanto a que su representada ni siquiera conoce de vista a la ciudadana C.J.O.C. y nunca ha celebrado ningún tipo de contrato con dicha ciudadana; en cuanto a la contestación al fondo: negó, rechazó y contradijo tanto en los hechos como en el derecho en su totalidad en todas y cada una de sus partes tanto la demanda original como la reforma de la misma incoada en contra de su representada; manifiesta que es falso que su mandante adeude a la parte demandante alquileres de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del año

2007, en virtud de haber venido cumpliendo con el pago de los cánones arrendamiento convenidos con la empresa mercantil INES C.A., la cual se negó a recibirle los mismos sin causa justificada, pagando en la actualidad la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs.100.000,00); manifiesta, que su representada nunca fue notificada en forma escrita, expresa e indubitable de la existencia de la presunta subrogación; aduce que no existe insolvencia por parte de su mandante; invocó a favor de su representada lo dispuesto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a la protección de la familia; asimismo, invocó lo contemplado en el artículo 20 de la Decreto con Rango y Fuerza de Ley de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y el artículo 1.605 del Código Civil; señala: el desalojo es improcedente, en virtud de que el contrato se convirtió a tiempo indeterminado y su mandante se encuentra al día en el pago de los cánones de arrendamiento con su legítimo arrendador; señala: existe fraude en la publicación del cartel de notificación del Diario La Nación en fecha 29 de diciembre de 2006, por cuanto nunca se intentó notificar a los inquilinos de los apartamentos en forma personal, es decir, no se agotó la vía personal como manda la Ley; que es injusto e inhumano el hecho de la demandante al querer desalojar a los inquilinos del Edificio Martimar, dentro de los cuales se encuentra su representada, por cuanto es una persona que no vive en Venezuela, sino que adquiere inmuebles pero no cumple con sus obligaciones fiscales pues ni siquiera paga impuestos y además no necesita el Edificio Martimar y por último solicita se declare sin lugar la demanda, con la correspondiente condenatoria en costas para la parte demandante.

Por cuanto la parte demandada en su escrito de contestación opuso cuestión previa dispuesta en el numeral 8 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, este sentenciador pasa a resolverla.

CUESTIÓN PREVIA

La parte demandada en su escrito de contestación, opuso la cuestión previa, prevista en el numeral 8 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, manifestando que en la presente acción existe una cuestión prejudicial que debe resolverse en un proceso distinto, por cuanto ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, donde cursa un expediente signado bajo el Nº 18.954, por retracto legal arrendaticio, intentado contra los ciudadanos M.C.M.D.A., L.C.W.D.R., J.R.B. y C.J.C., la cual fue admitida en fecha 21 de febrero del 2007, al respecto este Juzgador observa que fue consignada copia fotostática certificada del expediente signado bajo el Nº 18.954, nomenclatura del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, contentivo de la acción de retracto legal arrendaticio intentada por la parte demandada en contra de la parte demandante y del cual se evidencia la existencia de una cuestión prejudicial que se esta dirimiendo en un proceso distinto, razón por la cual la cuestión previa prevista en el numeral 8 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, opuesta por la parte demandada, es procedente debiendo declararse con lugar la misma y así se decide.

PARTE DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la cuestión previa opuesta por la parte demandada ciudadana M.T.V.D.T., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 22.675.139 y de este domicilio contra la ciudadana C.J.O.C., venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad N° 10.904.038 y de este domicilio . En consecuencia, este Tribunal sentenciará el fondo de la presente acción una vez conste en autos las resultas del retracto legal arrendaticio intentado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en San Cristóbal, a los dos (02) días del mes de mayo del año dos mil ocho. Años 197° de la Independencia y 149° de la Federación.

G.E.P.A.

Juez Temporal

M.E. VILLAMIZAR DE GALVIS

Secretario

En la misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.), quedando registrada bajo el N° 80 y se dejó copia certificada para el archivo del Tribunal.

M.E. VILLAMIZAR DE GALVIS

Secretario

Exp. N° 4546-2007

GEPA/JASP.