Decisión nº J100994 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de Merida (Extensión Mérida), de 10 de Junio de 2014
| Fecha de Resolución | 10 de Junio de 2014 |
| Emisor | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio |
| Ponente | Alirio Osorio |
| Procedimiento | Recurso De Nulidad |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida
Mérida, diez (10) de junio de dos mil catorce (2014)
204º-155º
ASUNTO: LP21-N-2014-000009
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA
-I-
IDENTIFICACION DE LAS PARTES
PARTE RECURRENTE: INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS URBANAS, ente con personalidad jurídica, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, creado mediante el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Regulación Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos o Periurbanos, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.668, de fecha 06 de mayo de 2.011, domiciliado Distrito Capital -Caracas.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE RECURRENTE: T.M.A. DIAZ, NATHASHA ZUHEE ROSAS, M.A.B.C., venezolanos, mayores de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.901.739, V-16.200.672 y V-13.016.660 en su orden, inscritos en el IPSA bajo el N° 98.666, 117.575 y 86.113. (Folios 21 al 23).
MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD contra el ACTO ADMINISTRATIVO contenido en la P.A. Nº 00327-2013, de fecha 23 de octubre de 2013, emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO MERIDA, contenida en el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 026-2013-03-00001.
-II-
ANTECEDENTES PROCESALES
Fue consignada por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de esta Coordinación del Trabajo, en fecha 14 de febrero de 2014, demanda contentiva del RECURSO DE NULIDAD contra el ACTO ADMINISTRATIVO contenido en la P.A. Nº 00327-2013, de fecha 23 de octubre de 2013, emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO MERIDA, contenida en el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 026-2013-03-00001, el cual fue interpuesto por los Abogados T.M.A. DIAZ, NATHASHA ZUHEE ROSAS, M.A.B.C., venezolanos, mayores de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.901.739, V-16.200.672 y V-13.016.660 en su orden, inscritos en el IPSA bajo el N° 98.666, 117.575 y 86.113, siendo recibido en fecha 2 de mayo de 2014, por este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.
Ahora bien, este Tribunal fecha 7 de mayo de 2014, dicto auto en donde le señalo a la parte recurrente lo que parcialmente se lee:
“Visto el escrito contentivo del recurso de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de los efectos intentado por el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS URBANAS, ente con personalidad jurídica, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, creado mediante el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Regulación Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos o Periurbanos, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.668, de fecha 06 de mayo de 2.011, representado judicialmente por los abogados T.M.A. DIAZ, NATHASHA ZUHEE ROSAS, M.A.B.C., venezolanos, mayores de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.901.739, V-16.200.672 y V-13.016.660 en su orden, inscritos en el IPSA bajo el N° 98.666, 117.575 y 86.113 respectivamente, en contra de la P.A. N° 00327-2013, de fecha 23 de octubre de 2013, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, contenida en el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO No. 026-2013-01-00001, mediante la cual se declaró CON LUGAR la denuncia de reenganche por despido injustificado y restitución de derechos incoada por las ciudadanas X.G.U. y M.J.S.D.R., venezolanas, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V-14.529.098 y V-11.335.028 en su orden, en contra del ente empleador INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS URBANAS (INTU), en consecuencia, este operador de justicia, en aplicación al Principio de Rectoría otorgado al Juez en sede contenciosa administrativa conforme a lo tipificado en el artículo 4 de la ley especial que rige la presente materia, INSTA a la parte recurrente, INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS URBANAS, ya identificada, para que consigne por ante esta instancia judicial la certificación emitida por la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, del cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 425, numeral 9° de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, so pena de incurrir en los supuestos tipificados en los numerales 4° y 7° del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para declarar la Inadmisibilidad del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, en concordancia con la parte in fine del tercer aparte del artículo 94 de la Ley Sustantiva Laboral, vigente, que establece que los actos, resoluciones o providencias emanadas de la autoridad del poder popular en materia del trabajo y seguridad social, no serán objeto de impugnación por vía jurisdiccional, sin previo cumplimiento del acto administrativo, entendiéndose por ello su ejecución efectiva, en tal sentido, se le concede diez (10) días hábiles de despacho siguientes a la fecha del presente auto exclusive, por cuanto la documentación requerida constituye requisito indispensable para verificar la admisibilidad del recurso. Y así se establece.-“
Así las cosas, en fecha
En fecha 22 de mayo de 2014, la parte recurrente INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS URBANAS, ente con personalidad jurídica, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, a través de sus apoderados judiciales presentó por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de la Coordinación del Trabajo del Estado Mérida, diligencia en la cual anexa, según se desprende de dicha diligencia:
…dejamos constancia de que no fue notificada en su oportunidad la decisión del Tribunal de incorporar la certificación que emite la Inspectoría del Trabajo así como tampoco fue notificada la Procuraduría General De la Republica…, en todo caso consignamos auto de fecha 15 de mayo de 2014 en el cual La Inspectoría del trabajo aun cuando certifica que los trabajadores se encuentran reincorporados a su puesto de trabajo se abstiene de certificar la totalidad de la Orden de Reenganche por cuanto no consta el pago de los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir…
(Folio 243)
En este orden, en fecha 22 de mayo del presente año, se ordenó realizar por Secretaría un computo pormenorizado de los días de despacho transcurridos en este Tribunal, desde el día miércoles 07 de mayo de 2014, exclusive, fecha en la cual se dictó el referido auto, hasta el día miércoles 21 de mayo de 2014, inclusive, fecha en la cual precluyó el lapso conferido para que la parte recurrente presentara la documentación requerida para verificar la admisibilidad del recurso, a los fines de que consignara por ante esta instancia judicial la certificación emitida por la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, del cumplimiento efectivo del acto administrativo y la restitución de la situación jurídica infringida, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 94, segundo aparte y 425.9 de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras.
Así las cosas, de conformidad a lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pasa este Juzgador, a pronunciarse sobre la Admisión o no de la demanda, en los siguientes términos:
-III-
DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
Previamente a pronunciarse sobre la admisibilidad del presente RECURSO DE NULIDAD contra el ACTO ADMINISTRATIVO contenido en la P.A. Nº 00327-2013, de fecha 23 de octubre de 2013, emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO MERIDA, contenida en el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 026-2013-03-00001, es menester señalar que en fecha 16 de Junio de 2010 entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, reimpresa nuevamente por errores materiales en fecha 22 de junio de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451, la cual en su artículo 25 numeral 3, excluye expresamente de la competencia de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa el conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo (Providencias Administrativas emanadas por la Inspectoría del Trabajo). Siendo ello así, se observa que el presente recurso fue interpuesto en fecha posterior de la entrada en vigencia de la mencionada Ley, por lo que resulta claro que de conformidad con el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, la determinación de la competencia del presente recurso debe realizarse bajo el criterio de la competencia establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 955, de fecha 23 de septiembre de 2010, que estableció que corresponde a éstos Tribunales de Primera Instancia Laboral conocer de los recursos contenciosos administrativos de nulidad que se propongan contra las Providencias Administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo de la Región respectiva. Así las cosas, y observándose que el presente recurso fue incoado con posterioridad a la Ley antes mencionada contra una p.a. dictada por una Inspectoría del Trabajo de las correspondientes a la competencia de este Juzgado por el territorio, éste Jurisdicente se declara COMPETENTE para conocer del presente recurso contencioso administrativo de nulidad. Y así se decide.
-IV-
DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO
Ahora bien, una vez declarada la competencia, este Tribunal pasa a la revisión de los extremos establecidos por el legislador en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, relacionado con los requisitos que debe contener la demanda, así como las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 35 de la misma ley, los cuales señalan:
Artículo 33. El escrito de la demanda deberá expresar:
1. Identificación del tribunal ante el cual se interpone.
2. Nombre, apellido y domicilio de las partes, carácter con que actúan, su domicilio procesal y correo electrónico, si lo tuviere.
3. Si alguna de las partes fuese persona jurídica deberá indicar la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro.
4. La relación de los hechos y los fundamentos de derecho con sus respectivas conclusiones.
5. Si lo que se pretende es la indemnización de daños y perjuicio, deberá indicar el fundamento del reclamo y su estimación.
6. Los instrumentos de los cuales se derive el derecho reclamado, los que deberán producirse con el escrito de la demanda.
7. Identificación del apoderado y la consignación del poder..
En casos justificados `podrá presentarse la demanda en forma oral ante el tribunal, el cual ordenará su transcripción. La negativa a aceptar la presentación oral deberá estar motivada por escrito.
(Negrita y subrayado de este Tribunal)
“Artículo 35. La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes:
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) Caducidad de la acción.
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) Acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles.
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) Incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la república, los estados, o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa.
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) No acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad.
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) Existencia de cosa juzgada.
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) Existencia de conceptos irrespetuosos.
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) Cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. (Negrita y subrayado de este Tribunal)
Así las cosas, es importante acotar, que las causales de admisibilidad deben ser revisadas de oficio, teniendo el Juez la especial facultad de verificar si han quedado satisfechos tales requisitos y si no existe alguna causal que haga inadmisible el recurso; en tal sentido, el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, transcrito anteriormente, indica en especial lo siguiente: “La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes: …4. No acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad. …”, constituyendo documento fundamental de la demanda de nulidad de acto administrativo, la certificación emitida por la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, del cumplimiento efectivo de la restitución de la situación jurídica infringida, ordenada en la P.A. Nº 00327-2013, de fecha 23 de octubre de 2013, emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO MERIDA, contenida en el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 026-2013-03-00001., de conformidad con lo preceptuado en el artículo 94, parte in fine del tercer aparte de la Ley Sustantiva Laboral, que establece que los actos, resoluciones o providencias emanadas de la autoridad del poder popular en materia del trabajo y seguridad social, se ejecutarán efectivamente y no serán objeto de impugnación en vía jurisdiccional, sin previo cumplimiento del acto administrativo.
Ahora bien, la parte recurrente consignó diligencia de fecha 22 de mayo de 2014, (folios 241 al 248), en el que señala luego de algunas consideraciones al respecto lo siguiente:
…dejamos constancia de que no fue notificada en su oportunidad la decisión del Tribunal de incorporar la certificación que emite la Inspectoría del Trabajo así como tampoco fue notificada la Procuraduría General De la Republico…, en todo caso consignamos auto de fecha 15 de mayo de 2014 en el cual La Inspectoría del trabajo aun cuando certifica que los trabajadores se encuentran reincorporados a su puesto de trabajo se abstiene de certificar la totalidad de la Orden de Reenganche por cuanto no consta el pago de los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir…
(Folio 243)
En el presente caso, la parte recurrente INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS URBANAS, ente con personalidad jurídica, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, aún cuando presentó diligencias con sus respectivos anexos (folios 241 al 248), a través de las cuales alega una serie de circunstancias relacionadas con el requerimiento de este Tribunal, no consignó la certificación emitida por la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, del cumplimiento efectivo de la P.A. y la restitución de la situación jurídica infringida, la cual le fue requerida por esta Instancia Judicial, por auto de fecha 7 de mayo de 2014 (folio 238), vencido el lapso fijado para tal fin, según el computo realizado por Secretaría (folio 239) y, siendo una de las causales de inadmisibilidad el no acompañar los documentos indispensables de la acción, a tenor de lo establecido por la ley; concluye este Juzgador que la presente demanda esta incursa en causal de INADMISIBILIDAD por no acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad, de conformidad con el numeral 4 del artículo 35, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Y así se decide.
-V-
DISPOSITIVO
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
INADMISIBLE el RECURSO DE NULIDAD contra el ACTO ADMINISTRATIVO contenido en la P.A. Nº Nº 00327-2013, de fecha 23 de octubre de 2013, emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO MERIDA, contenida en el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 026-2013-03-00001., interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS URBANAS, ente con personalidad jurídica, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, por las razones indicadas en la parte motiva del presente fallo.
No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión.
Cópiese, publíquese, regístrese y déjese copia certificada del presente fallo por secretaria.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en Mérida diez (10) de junio de dos mil catorce (2014). Años 204º de la Independencia y 154º de la Federación.
El Juez.
Abg. A.O..
La Secretaria.
Abg. Y.G..
En la misma fecha, siendo las nueve y veintiocho minutos de la mañana (9:28 a.m.) se publicó y registró el fallo que antecede.
Sria.
Abg. Y.G..
