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Nuevo COPP marca ruta de la cárcel a las misiones

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Vincent

El que esté preso por la presunta comisión de un delito penado hasta con ocho años de cárcel puede evitar la condena y recuperar la libertad si presenta una oferta de reparación social, que consiste en su participación en cualquiera de los programas sociales del Gobierno. En el proyecto de reforma del Código Orgánico Procesal Penal, que está en manos del presidente Hugo Chávez, se amplían las posibilidades de suspensión condicional del proceso, a través de la municipalización de la justicia penal que se encargará de juzgar delitos con sanción hasta de ocho años de cárcel. Pero hay un sesgo, advierte la penalista y corredactora del COPP Magaly Vásquez. Explicó que, de acuerdo con la reforma, el juez de instancia municipal es responsable por la conducta del recluso que obtenga su libertad y adquiera el compromiso de realizar algún trabajo comunitario. El juez deberá designar a un representante del consejo comunal u organización social existente en la localidad que ejerza funciones de coordinador, director o encargado del programa o actividad social a la que se someta el imputado o imputada. Esta persona presentará un informe mensual al juez, el cual deberá contar con el aval de la organización del poder popular correspondiente en garantía del principio de participación ciudadana, reza la norma propuesta. Es evidente la concepción política que guía la incorporación de tal disposición, con lo cual no se satisface la exigencia...

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