Decisión nº 327-09 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 14 de Octubre de 2009

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Sala 3

Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia

Maracaibo, 14 de Octubre de 2009

199º y 150º

ASUNTO PRINCIPAL : VP02-R-2009-000900

ASUNTO : VP02-R-2009-000900

DECISIÓN N° 327-09

PONENCIA DEL JUEZ PROFESIONAL: ALBERTO GONZÀLEZ VILLALOBOS

Han subido las presentes actuaciones a esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, relacionada con el recurso de apelación de auto presentado por el abogado J.A.R.C., inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 68.803, obrando en este acto con el carácter de defensor del imputado JESUSALDO CABALLERO MAESTRE, en contra de la Decisión Nº 990-09, de fecha 15 de Julio de 2009, dictada con motivo de la celebración de la Audiencia Preliminar, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, Extensión S.B.d.Z., mediante la cual Primero: declaró sin lugar la excepción opuesta por la defensa privada conforme al artículo 28 numeral 4 literal “e” del Código Orgánico Procesal Penal; Segundo: Admite parcialmente el escrito de acusación interpuesto por la Fiscalía 21° del Ministerio Público, con sede en Caja Seca, Municipio Sucre del Estado Zulia, con cambios de calificación jurídica del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 406 en concordancia con el artículo 80 ambos del Código Penal, desestimando dicho delito respecto al ciudadano A.I.; Tercero: Admite todos y cada uno de los medios de prueba ofertados por el Ministerio Público de la siguiente manera: De Prueba de los Expertos, enumerados del 1 al 5, De Pruebas Testimoniales, enumerados del 1 al 6, De Pruebas Documentales, enumerados del 1 al 17así como el Principio de la Comunidad de Pruebas y el Derecho del Contradictorio tanto al Ministerio Público como a la Defensa Privada, todo de conforme con los artículos 197, 198, 199, 326, 330, 331, 339 y 358 todos del Código Orgánico Procesal Penal, Cuarto: Desestima la admisión de la prueba de experticia dactiloscópica, solicitada por la Defensa privada y Admite las Pruebas Testimoniales de los Funcionarios Bomberiles, adscritos al Cuerpo de Bomberos del Municipio Sucre del Estado Zulia y la Prueba de Reconstrucción en el lugar de los Hechos con los testigos presenciales, de conformidad con los artículos 197, 198 y 199 todos del Código Orgánico Procesal Penal; Quinto: Ordena el Auto de Apertura a Juicio y el enjuiciamiento del ciudadano J.C.M., por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, cometido en perjuicio de los occisos GLEVIS J.M. y D.J.P.; LESIONES INTENCIONALES MENOS GRAVES cometido en perjuicio de los ciudadanos B.R.P. y O.A.S.; APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DE DELITO; PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO; DELINCUENCIA ORGANIZADA y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR todos cometidos en perjuicio del ORDEN PÚBLICO y EL ESTADO VENEZOLANO; a tales efectos esta Sala procede a realizar las siguientes consideraciones:

Recibida la Causa, se le dio entrada y se designó como ponente al Juez que con tal carácter suscribe la presente decisión, admitiéndose el recurso interpuesto en fecha 29 de septiembre del año en curso, en relación a la causal quinta del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que llegada la oportunidad de resolver, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones lo hace bajo las siguientes consideraciones jurídicas:

1. PLANTEAMIENTO DEL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO:

   Con fundamento en el ordinal 5° del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, el abogado J.A.R.C., inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 68.803, obrando en este acto con el carácter de defensor del imputado JESUSALDO CABALLERO MAESTRE, apela contra la Decisión Nº 990-09, de fecha 15 de Julio de 2009, dictada con motivo de la celebración de la Audiencia Preliminar, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, Extensión S.B.d.Z., argumentando lo siguiente:

   Arguye el recurrente como punto PRIMERO que, a su defendido se le violento el derecho a la defensa y el debido proceso, ya que en la audiencia de presentación celebrada en fecha 14.04.2.009, mediante resolución Nro. 556-2.009, a su representado se le precalificó los delitos de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal Venezolano y APROVECHAMIENTO DE OBJETOS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el articulo 470 del Código Penal Venezolano, posteriormente la Fiscalía del Ministerio Publico solicitó la prórroga correspondiente de 15 días, de conformidad a lo establecido en el articulo 250 cuarto aparte del Código Orgánico Procesal Penal, siendo concedida dicha prórroga en fecha 14.05.2.009, posteriormente ya faltando cuatro (04) días para vencerse la Prórroga el Ministerio Publico, mediante llamada telefónica le informa que debe presentarse en el Reten por una actuación que iban a realizar en ese recinto a su defendido, y al acudir le informa el Ministerio Público que realizarían el acto de imputación fiscal por cuanto ya habían obtenido unas pruebas, lo cual se traduciría en unas nuevas precalificaciones jurídicas en contra del imputado JESUSALDO CABALLERO MEJIA.

   Alega la Defensa, que en dicho acto de imputación fiscal, solicitó al Ministerio Público que motivado a que el lapso para presentar la acusación se vencería el 29.05.2009, es decir, cuatro días después de la imputación fiscal, por tanto solicitaba para preservar el derecho a la defensa y el debido proceso de su defendido que debía otorgársele un lapso prudencial y necesario, tal como lo había tenido el Ministerio Publico para ejercer los descargos en contra de lo alegado por éste y en defensa de su defendido, manifestándome el Ministerio Público, que solicitara lo que creyere conveniente que el lo evacuaría si era pertinente; pero de manera sorpresiva que el día viernes 29.05.2009, plazo fijado para la presentación de la acusación el Ministerio Publico, éste no acuso por los delitos que fueron precalificados inicialmente, como lo eran PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal Venezolano y APROVECHAMIENTO DE OBJETOS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el articulo 470 del Código Penal Venezolano, sino que procedió a acusar por unos nuevos delitos como lo son: HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 del Código Penal Venezolano, DELINCUENCIA ORGANIZADA, previsto y sancionado en el articulo 2 numerales 2 y 6 de la Ley de Delincuencia Organizada; HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 406, en concordancia con el artículo 80 del Código Penal Venezolano, siendo que, con ello no se le otorgó al imputado de autos la oportunidad procesal para que se defendiera, por tanto, en su criterio, es nula la acusación interpuesta por el Ministerio Publico motivado a que se violento derechos fundamentales a los cuales tiene acceso toda persona a quien se le sigue investigación, ya que el Ministerio Publico acuso por unos delitos que no habían sido precalificados durante la audiencia de presentación de imputados, siendo que, debió en primer término notificarlo de los nuevos delitos tal como lo hizo, pero además debió de imponerlo nuevamente para que nombrara abogado y además otorgarle a la defensa que este designara el lapso perentorio que otorga la ley para solicitar las pruebas que considerara pertinente en descargo de lo alegado por éste.

   Alega la Defensa, que en dicho acto de imputación fiscal, solicitó al Ministerio Público que motivado a que el lapso para presentar la acusación se vencería el 29.05.2009, es decir, cuatro días después de la imputación fiscal, por tanto solicitaba para preservar el derecho a la defensa y el debido proceso de su defendido que debía otorgársele un lapso prudencial y necesario, tal como lo había tenido el Ministerio Publico para ejercer los descargos en contra de lo alegado por éste y en defensa de su defendido, manifestándome el Ministerio Público, que solicitara lo que creyere conveniente que el lo evacuaría si era pertinente; pero de manera sorpresiva que el día viernes 29.05.2009, plazo fijado para la presentación de la acusación el Ministerio Publico, éste no acuso por los delitos que fueron precalificados inicialmente, como lo eran PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal Venezolano y APROVECHAMIENTO DE OBJETOS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el articulo 470 del Código Penal Venezolano, sino que procedió a acusar por unos nuevos delitos como lo son: HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 del Código Penal Venezolano, DELINCUENCIA ORGANIZADA, previsto y sancionado en el articulo 2 numerales 2 y 6 de la Ley de Delincuencia Organizada; HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 406, en concordancia con el artículo 80 del Código Penal Venezolano, siendo que, con ello no se le otorgó al imputado de autos la oportunidad procesal para que se defendiera, por tanto, en su criterio, es nula la acusación interpuesta por el Ministerio Publico motivado a que se violento derechos fundamentales a los cuales tiene acceso toda persona a quien se le sigue investigación, ya que el Ministerio Publico acuso por unos delitos que no habían sido precalificados durante la audiencia de presentación de imputados, siendo que, debió en primer término notificarlo de los nuevos delitos tal como lo hizo, pero además debió de imponerlo nuevamente para que nombrara abogado y además otorgarle a la defensa que este designara el lapso perentorio que otorga la ley para solicitar las pruebas que considerara pertinente en descargo de lo alegado por éste.

   Refiere la Defensa que, si bien el acto de imputación formal es una actividad propia del Ministerio Público, el cual previa citación del investigado y asistido por defensor, se le impone formalmente del precepto constitucional que lo exime de declarar y aun en el caso de rendir declaración hacerlo sin juramento, al igual que se le impone de los hechos investigados y aquellas circunstancias de tiempo, modo y lugar, la adecuación al tipo penal, los elementos de convicción que lo relacionan con la investigación y al acceso al expediente, según lo señalan los artículos 8, 125, 126, 130, y 131 del Código Orgánico Procesal Penal, considera es oportuno mencionar, que la naturaleza del proceso penal acusatorio dispone, como garantía máxima la presunción de inocencia, y en este sentido el Código Orgánico Procesal Penal dispone una serie de actos de estricto cumplimiento, necesarios para garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y la igualdad entre las partes, la realización previa del acto de imputación formal permite el ejercicio efectivo del derecho a la defensa mediante la declaración y la proposición de las diligencias necesarias para sostener la defensa, ya que, si bien el Ministerio Publico ostenta autonomía e independencia reconocida constitucionalmente en el artículo 285 Constitucional, y legalmente en el articulo 108 del Código Adjetivo Penal, también el investigado de conformidad con el articulo 49.1 Constitucional, tiene la defensa como garantía inviolable en todo estado y grado de la investigación y del proceso, realizando una cita de la sentencia N° 568, de fecha 18.12.2.006, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, referida a la importancia del acto de imputación.

   Continúa la Defensa indicando que en base a lo expuesto, se puede concluir que la actuación del Ministerio publico se circunscribió a imponer al ciudadano imputado J.C.M. de unas nuevas precalificaciones jurídicas sin permitirle que este pudiera ejercer oportuna y eficazmente su derecho a la defensa lo cual de acuerdo con el criterio anteriormente señalado por el Tribunal Supremo de Justicia, convierte en nugatorio el mencionado acto, por tal razón arguye que, estos hechos se le hicieron del conocimiento de la ciudadana Juez Tercero de Control, manifestando ésta que en todo momento la Defensa, estuvo a derecho, a lo cual manifiesta que, ello es cierto que estuvo a derecho e impuesto de las actas pero, con relación a los delitos precalificados inicialmente en la audiencia de presentación, pero respecto a los delitos precalificados con posterioridad, refiere que no tuvo la oportunidad de ejercer los medios que considerara pertinentes; toda vez que ejerció la defensa con respecto a la precalificación inicial, estableciendo que de imputarse nuevos delitos, debía dársele el derecho a solicitar la evacuación de ciertas y determinadas pruebas en descargo de su defendido otorgándosele el tiempo necesario para solicitarlas y así mismo el Ministerio Publico tenga el tiempo necesario para solicitar a los organismos de seguridad su evacuación, de considerarla pertinente y útil.

   Manifiesta que reitera la Sala Penal que no es suficiente imponer al investigado o denunciado al tipo penal que se le atribuye, si no que es necesario que la representación del Ministerio Publico, realice una función motivadora mediante la cual se establezca de manera razonada todas las circunstancias de tipo modo y lugar de la comisión del delito que se imputa, las disposiciones legales aplicables al caso en cuestión y además, se le imponga de los elementos de convicción que lo relacionan con la investigación para que de esa manera, se permita el ejercicio efectivo del derecho a la defensa y se tutele los demás derechos y garantías fundamentales que constituyen el demostrar su inocencia; lo cual significa que al cercenarle el derecho a la defensa a su representado, y no permitirle defenderse de las nuevas imputaciones, si no que cuatro días después de notificarlo de los nuevos delitos precalificados procedió a acusarlo sin permitirle defenderse, violentando de esta manera el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la tutela judicial efectiva, cuando señala expresamente que toda persona tiene derecho del acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

   Continúa señalando la Defensa, que el artículo 49 de la Constitución se refiere al debido proceso, y como parte integrante de ese debido proceso está el derecho a la defensa de los imputados, derecho éste del cual goza su representado al igual que el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece el derecho de los imputados, y entre ellos señala que el imputado tiene el derecho: a que se le informe de manera especifica y clara acerca de los hechos que se le imputan y a que se defienda de esas imputaciones, indicando la defensa, que no ha tenido en el presente caso, ya que una vez que realiza la imputación propia, es a los cuatro días siguientes, cuando el Ministerio Público acuso, no permitiendo ejercer los descargos de dichas imputaciones, lo cual sucede si el Ministerio Publico imputa unos nuevos hechos, siendo su deber que le manifieste que debe designar abogado por los hechos nuevos, previa juramentación de éste, garantizándole de esta manera dentro del sistema acusatorio, el debido proceso y el principio de seguridad jurídica del cual esta investida toda persona, toda vez que el acto de imputación confiere a su representado facultades y derechos.

   PETITORIO: solicita a la Corte de Apelaciones, ANULE la AUDIENCIA PRELIMINAR realizada por ante el Tribunal Tercero de Control en fecha 15.07.2009 y le permita a su defendido solicitar la evacuación de pruebas en defensa de lo alegado por el Ministerio Público; en virtud de la violación de las garantías y derechos constitucionales que le asisten al imputado y como consecuencia de ello, solicita la reposición de la causa al estado en que se permita al imputado ejercer su medio de defensa, ante el Ministerio Público pudiendo el imputado solicitar todas las actuaciones de investigación en garantía del derecho a la defensa así como todas aquellas pruebas que se consideren pertinente ya que existe una flagrante violación de derechos del imputado, conforme al artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal.

   Arguye el recurrente como punto SEGUNDO que, mediante decisión N° 990-09, el Tribunal Tercero de Control, tampoco admitió una prueba de comparación dactiloscópica solicitada por la defensa, desde el inicio de la investigación entre el arma incautada en el sitio del suceso y las huellas dactilares de su defendido, manifestando la Juez A quo que dichas pruebas solicitadas, resultaba inoficiosa en virtud de haber sido realizado informe de balística, siendo manipulada por el experto de dicha arma para realizar la comparación balística.

   Al respecto, considera la defensa, que la juez A quo confunde dos hechos totalmente distantes, pero que guardan relación con el mismo caso, una es la prueba de balística y otra es, la prueba de comparación dactiloscópica, una se realiza internamente al arma comparándola con los proyectiles, para ver si existen estrías idénticas, y otra es externa y determinar si las huellas que posee el arma, son idénticas a las huellas de su representado, relata la defensa que, si nos vamos a la cadena de custodia y a la preservación de las evidencias los peritos y expertos para realizar este tipo de experticia, deben seguirse cierto parámetros como lo es el uso de guantes y ciertas técnicas tendientes a preservar las evidencias sin que se contaminen, es decir, que es responsabilidad de los expertos la preservación de las evidencias, de tal forma que no se vayan a contaminar, en tal sentido, arguye que, la prueba de comparación dactiloscópica entre el arma presuntamente hallada cerca del lugar donde se encontraba su defendido y la comparación de sus huellas digitales, es de vital importancia para determinar, si ciertamente su representado portaba el arma, si fue manipulada por éste y si el mismo la disparó, por tanto no puede alegar el Tribunal A quo en su decisión que no admite la prueba solicitada, por que se contaminó con la prueba de balística realizada por los expertos, al respecto considera la Defensa, que el mismo derecho que tiene el Ministerio Público, para solicitar pruebas y que fueron admitidas, las tiene también su representado, por que si la Fiscalía realizó ciertas pruebas sobre el arma, se pregunta la defensa, cuál es la razón para que no se le admita una prueba solicitada por la defensa, en el lapso legal de investigación y que también es importante para el desenlace del proceso, por tanto, considera que negar esta prueba, es cercenar el derecho a la defensa que tiene todo procesado, por cuanto este es un medio de prueba lícito que debió el Tribunal Tercero de Control, apreciar de acuerdo a la sana critica, a la reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, toda vez que esta prueba, se encuentra promovida desde la fase inicial del proceso, y no puede la ciudadana Juez negar la admisión, aduciendo que el arma ya había sido manipulada por los expertos que realizaron la experticia de balística.

   PETITORIO: La Defensa, solicita se admita como prueba fundamental y que se ordene su evacuación para el Juicio Oral y Público, de la prueba de comparación dactiloscópica entre el arma incautada y las huellas de su representado.

2. CONTESTACION AL RECURSO DE APELACION:

   Las Profesionales del Derecho, NAYHAN QUIJADA GARCÍA e I.R.E., actuando con el carácter de Fiscales Primera Provisorio e Interino del Ministerio Público, de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Caja Seca, con competencia plena, plantean la contestación al recurso de apelación interpuesto por la defensa, en los siguientes términos:

   Las representantes del Ministerio Público, responden a lo alegado por el recurrente, expresando en Primer lugar, respecto a su primer alegato referido a que se violentó el Derecho a la Defensa y el Debido Proceso, por haberse precalificado en la audiencia de presentación de fecha 14/04/2009, sólo los delitos de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO Y APROVECHAMIENTO DE OBJETOS PROVENIENTES DEL DELITO, ello resulta totalmente incongruente e incierto, respecto de lo contenido en las actas procesales, ya que el Ministerio Público en la referida fecha y audiencia de presentación de imputado, PRECALIFICO respecto del imputado, hoy acusado J.C., la presunta comisión de los delitos de 1)HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, previsto y sancionado en el Artículo 406 ordinal 1 del Código Penal Venezolano en concordancia con el Artículo 77 numerales 1, 11, y 12 ejusdem, en perjuicio de los ciudadanos GELVIS L.J.M., y de DAR WIN J.P.P., 2)HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en el Artículo 406 numeral 1 del Código Penal Venezolano en concordancia con el Artículo 80 ejusdem en perjuicio de los ciudadanos: A.I.G., S.O.A. y B.J.R.P., 3) PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 277 del Código Penal Venezolano en perjuicio del Estado Venezolano, y 4) APROVECHAMIENTO DE OBJETOS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el Artículo 470 del Código Penal, haciendo como salvedad que el Juzgado Tercero de Control, Extensión S.B., DESESTIMÓ en la citada audiencia, los delitos de 1) HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, en perjuicio de los hoy occisos, GELVIS L.J.M. y de DAR WIN J.P. y el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN por presuntamente no surgir fundados elementos de convicción que involucraran para el momento en la fase de investigación al imputado, hoy acusado, considerando procedente sólo atribuirle la presunta comisión de los delitos de: PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el Artículo 277 del Código Penal Venezolano en perjuicio del Estado Venezolano, y APROVECHAMIENTO DE OBJETOS PROVENIENTES DEL DELITO, es decir, que la Defensa del imputado hoy acusado, conoció desde el principio de la investigación, que el Ministerio Público consideró desde el inicio, que su defendido se encontraba incurso en la presunta comisión de todos los ilícitos antes indicados, sólo que a criterio del Juzgador para el momento en que se encontraba en la etapa inicial del proceso, no existían elementos de convicción que le permitieran vincular al imputado, hoy acusado J.C., en la comisión de los delitos de 1)HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, en perjuicio de los hoy occisos, GELVIS L.J.M.T., y de DAR WIN J.P.P., y el delito de 2)HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN.

   Refiere la Vindicta Pública que, una vez recabadas las actuaciones necesarias a los fines de realizar la imputación de los delitos que fueron desestimados por el Tribunal de Control, y contando con los elementos de convicción correspondientes, se sustenta tal afirmación, y para reforzar sus argumentos citan un extracto de lo referido por el autor HILDEMARO G.M., en su obra “La Imputación Formal o Instructiva de Cargos “, y continúan relatando que en ese sentido, procedieron a materializar adicionalmente, la Imputación Formal de los delitos de 1) HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO previsto y sancionado en el Artículo 406 ordinal 1 del Código Penal Venezolano en concordancia con el Artículo 77 numerales 1, 11, y 12 ejusdem, en perjuicio de los ciudadanos GELVIS L.J.M., y de D.J.P.P.; 2) HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION previsto y sancionado en el Artículo 406 numeral 1 del Código Penal Venezolano en concordancia con el Artículo 80 ejusdem en perjuicio de los ciudadanos: A.I.G., S.O.A. Y B.J.R.P., 3) DELINCUENCIA ORGANIZADA, previsto en los Artículos 2 y 6 de la Ley de Delincuencia Organizada, en fecha 25/05/2009, específicamente en el Retén Policial de San Carlos, a las 3.40 pm, estando presentes en el acto de imputación formal, el imputado hoy acusado J.C.M., el Profesional del Derecho J.A.R.C.T., Defensor Privado del imputado hoy acusado, quien se encontraba debidamente juramentado desde el día 11.05.2009, por ante el Tribunal Tercero de Control, Extensión S.B.d.Z., el Fiscal E.A.P.A., actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar No. XIII, Comisionado en colaboración con la Fiscalía Vigésima Primera con sede en Caja Seca, garantizándose así, totalmente el Derecho a la Defensa y Debido Proceso al imputado hoy acusado, el cual se encuentra previsto en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que fue debida y oportunamente notificado de los cargos de los cuales se le investigaban, y tuvo tiempo suficiente para acceder a las pruebas y disponer del tiempo y medios adecuados para ejercer su defensa.

   Continúa el Ministerio Público argumentando respecto de lo alegado por la Defensa que, si el Defensor se juramentó en fecha 11.05.2009, y la audiencia de solicitud de prórroga, para la presentación del acto conclusivo se realizó el día 14.05.2009, se constata que tuvo dieciocho (18) días adicionales para solicitarle al Ministerio Público, todas las diligencias que consideraba resultaban necesarias, para desvirtuar la responsabilidad penal del imputado hoy acusado J.C., siendo el caso, que el Profesional del Derecho J.R. no solicitó la practica de alguna actuación destinada a desvirtuar la responsabilidad de carácter penal de su defendido y finalmente el día 25.05.2009, se realizó el acto de imputación formal de los delitos de 1)HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, 2) HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, 3) ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y 4) DELINCUENCIA ORGANIZADA, argumentando el Ministerio Público, que la Defensa contó todavía, con cuatro (04) días para requerir las diligencias que consideraba pertinentes a la investigación, ya que una vez ordenada por el Ministerio Público, dentro del lapso legal la práctica de las actuaciones que la Defensa, hubiese considerado pertinentes realizar en aras del Derecho a la Defensa, y emitido el Acto Conclusivo tipo “ACUSACION”, en fecha 29.05.2009, el mismo Defensor en aras de ese Derecho a la Defensa y del Debido Proceso, que alega en su escrito, podía haberlas incorporado al proceso en cualquiera de sus fases, bien en la Fase Intermedia, haciendo uso de las facultades de las partes previstas en el Artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal, o en Fase de Juicio conforme a lo dispuesto en el Artículo 343 ejusdem.

   A este tenor refiere el Ministerio Público que, el recurrente alega, que no se le llegó a otorgar el LAPSO PRUDENCIAL O PERENTORIO, tal como lo tuvo el Ministerio Público, para ejercer descargos en contra de lo alegado, al respecto, se pregunta el Ministerio Público, ¿A qué lapso prudencial o perentorio se refiere el Profesional del Derecho JESUS ALEX4NDER R.C.? si el único lapso existente legalmente para el momento, era la prórroga legal establecida en el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal y la misma se encontraba en curso, en tal sentido

   se pregunta nuevamente el Ministerio Público ¿No contó la Defensa con el mismo lapso legal que contó el Ministerio Público para ejercer su derecho y solicitar todo cuanto concerniera a la investigación y en función de desvirtuar la responsabilidad de carácter penal de su defendido?, ¿No sabía el Defensor que el lapso que estaba corriendo se trataba de la prórroga legal de 15 días para la presentación definitiva del acto conclusivo, si el mismo se juramentó días antes de realizarse la audiencia de prórroga?, ¿Fue verdaderamente una sorpresa para la Defensa que la acusación fiscal se presentó en fecha 29.05.2009, siendo que los 15 días de prórroga culminaban en la citada fecha, circunstancia que fue de su pleno conocimiento desde el mismo momento en que asistió al imputado hoy acusado, en la audiencia de prórroga el día 14.05.2009 y que los delitos a que se refiere la acusación fiscal, versan sobre las dos imputaciones formales realizadas durante la fase preparatoria? Concluyendo el Ministerio Público que en definitiva, la Defensa contó con el mismo lapso legal a que se contrae el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, sólo que lamentablemente la Defensa no solicito en esa oportunidad al Ministerio Público ninguna diligencia pertinente y necesaria para desvirtuar los hechos imputados a su defendido, no siendo ninguna sorpresa la presentación de un acto conclusivo, ya que habían transcurrido (30) días más (15) días de prorroga mientras que su defendido se encontraba Privado de su Libertad, es decir, el día 29.05.2009, era el día número quince (15) de la prorroga y bien conoce el Defensor que vencido dicho lapso y su prórroga, sin que el Fiscal haya presentado la acusación, el detenido quedaría en libertad mediante decisión del Juez de Control, quien podría imponerle una Medida Cautelar Sustitutiva de la Libertad.

   Finalmente respecto al primer alegato de la Defensa, aduce el Ministerio Público que resulta evidente y claro que no ha existido violación de derechos del imputado, toda vez que el mismo ha hecho uso de todos sus Derechos y Garantías Constitucionales y Legales, y el derecho fundamental al debido proceso y sus manifestaciones especificas como el derecho a la defensa, interesan de manera eminente, al orden público, por tanto su tutela debe ser procurada aún de oficio y su plena vigencia no puede ser relajada ni su inobservancia puede ser convalidada por voluntad de los particulares, tal y como se encuentra establecido en Jurisprudencia de la Sala Constitucional con ponencia del Magistrado Pedro Rondon Haaz, de fecha 25/07/2008, expediente 06-0993, sentencia No. 1240, es por ello que solicitan que el presente Recurso de Apelación, debe ser declarado sin lugar, puesto que no reúne los argumentos necesarios ni ajustados a Derecho, toda vez que el Ministerio Público, tal y como puede evidenciarse de las actuaciones que conforman la presente causa, ha sido garante de los Derechos del imputado en el proceso, concluyendo su argumento con una cita de un extracto de la Sentencia 442, dictada por la Sala de Casación Penal, con ponencia de la Magistrada Miriam Morandy Mijares, de fecha 08-08-2008, expediente A07-413.

   Las representantes del Ministerio Público, continúan respondiendo a lo alegado por el recurrente, expresando en Segundo lugar, respecto al alegato referido a que la que la Juez A quo no admitió se practicara Prueba de Comparación Dactiloscópica solicitada por la Defensa, entre el arma incautada en el sitio de suceso y las huellas dactilares de su defendido, alegando la Juez que resultaba inoficioso en virtud de haber sido realizada informe balístico, siendo manipulada por el experto dicha arma para realizar la comparación balística, y adicionalmente que la Juez confunde la prueba de comparación balística con la prueba de comparación dactiloscópica, que se trata de dos cosas distintas. Al respecto, se evidencia claramente y a todas luces que la Juez a quo, conoce perfectamente el significado de un tipo de experticia (Comparación Balística), que resulta totalmente distinta al segundo tipo de experticia (Comparación Dactiloscópica) que refiere el recurrente, no obstante ello, la misma desarrolla los argumentos con los que cuenta que le permiten determinar que resulta inoficioso en ésta etapa del proceso, la práctica de la Comparación Dactiloscópica, y lo sustenta en la decisión recurrida, en que la desestima y declara sin lugar, toda vez que, para la fecha en que la que fue solicitada por la defensa, esto es, el 09.06.2009, ya había sido practicada la experticia de comparación balística, esto es, en fecha 11.05.2009, donde el arma incautada tuvo que ser accionada por los expertos a los fines de hacer la comparación balística entre el arma incautada presuntamente al imputado y el plomo encontrado en la persona de GELVIS L.J.M., tal como se desprende de las actuaciones.

   En relación a ello, refiere la Fiscalía que la defensa presentó escrito de solicitud ante el Ministerio Público, para la práctica de la Comparación Dactiloscópica, específicamente en fecha 09.06.2009, es decir, de manera extemporánea, por cuanto la fase preparatoria ya había culminado, ya que la acusación fiscal se introdujo en fecha 29.05.2009, como era del conocimiento de la defensa para el momento en que introdujo su solicitud, y más aún, resulta relevante que para la fecha en que la solicitó, esto es 09.06.2009, ya se había practicado la Comparación Balística, tal como lo señala la Juez A quo, la cual no se trata de una misma experticia ni arroja un mismo resultado, sino que, la consecuencia de ya haberse practicado tal experticia, implica que la evidencia ya fue debidamente manipulada por los expertos, a los fines de emitir sus resultados y consecuencialmente hubo fricción sobre la evidencia, de manera que sin lugar a dudas, la huella que pudiese haber existido hasta momentos antes de realizarse la Comparación Balística, ya no existiría; y para reforzar sus argumentos pasan a citar al autor R.D.A.G., M.D, en su obra Cadena de Custodia en Criminalística respecto a la Huellas Digitales y al autor F.J.Á.D.G., en el Diccionario Básico de Criminalística, respecto a la definición de la Huella dactilar. En tal sentido, observa el Ministerio Público que en principio la Juez A quo argumentó perfectamente el porqué no resultaba, ni resulta a la fecha procedente, acordar la práctica de la experticia de comparación dactiloscópica, al conocer que necesariamente existió una manipulación de la evidencia, para poder individualizar la concha percutida y el proyectil disparado con el arma de proyección balística empleada para la comisión del hecho, materializándose así la practica de la Comparación Balística, y que debido a ello, resulta totalmente inoficiosa, la práctica de la misma, criterio que sustentamos en la opinión del autor M.d.G. F, en su Obra “La Prueba Balística en el Juicio Oral referencia al homicidio, suicidio y a la muerte accidental”.

   PETITORIO: Solicitan se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado J.A.R.C., con el carácter de defensor del imputado JESUSALDO CABALLERO MAESTRE, en la cual apela en contra de la decisión dictada por parte del Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Z.E.S.B.d.Z., y en consecuencia se confirme la decisión recurrida.

3. FUNDAMENTOS DE LA SALA PARA DECIDIR:

   Una vez analizados como han sido los fundamentos de Derecho explanados por el apelante en su respectivo escrito de apelación y la contestación efectuada por el Ministerio Público, este Tribunal de Alzada pasa a resolver sobre el fondo de sus pretensiones de la siguiente forma: