Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 22 de Julio de 2006

En fecha 05 de Mayo de 2005, a las ocho horas y cincuenta y dos minutos de la mañana (08:52 a.m.), cinco individuos jovenes bien vestidos se apersonaron en el Banco de Fomento Regional Los Andes; cuatro de ellos ingresaron en el Banco de Fomento Regional Los Andes, Sucursal Táriba, ubicado en la calle 8, esquina de carrera 5 de Táriba, Estado Táchira. una vez en la entidad Bancaria se distribuyeron estratégicamente simulando realizar tramites bancarios sin despertar sospecha alguna de clientes y personal de seguridad del Banco; minutos despues uno de los sujetos saco un arma de fuego y amenazo a los presentes gritandoles que se trataba de un atraco y los obligó a tenderse en el piso y no verles la cara, mientras los otros tres se dirigian a las taquillas del Banco y se apoderaron de diez millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos sesenta y cuatro bolivares con cuarenta y cuatro centimos (Bs. 10.450.864,44), para luego huir del lugar en un automóvil marca Ford, modelo fiesta, color verde. Posteriormente se determinó que esas mismas personas habian perpetrado el robo a la misma sucursal bancaria el día 30 de Diciembre de 2004.

En fecha 05 de mayo de 2005 el ciudadano F.R., Operador de Seguridad Bancaria de Banfoandes denuncia el hecho ante el Cuerpo de Investigaciones Cintificas, Penales y Criminalisticas – Sub Delegación San Cristóbal y se apertura la investigación policial signada con el Nº H-079-028.

En fecha 10 de mayo de 2005 el ciudadano E.R.R., Jefe de Seguridad Bancaria de Banfoandes le remite al Cuerpo de Investigaciones Cintificas, Penales y Criminalisticas – Sub Delegación San Cristóbal un (01) Compact Disk (CD) perteneciente al registro filmico de video de los hechos suscitados en la Sucursal Táriba, el día 05 de mayo de 2005.

En fecha 22 de Julio del año 2006, siendo las dos horas y cinco minutos de la tarde (02:05 p.m.), se HACE CONSTAR que el abogado O.M.R., Fiscal Décimo Octavo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en el momento en que se desarrollaba una audiencia de calificación de flagrancia recibió una llamada a su telefono celular por parte del ciudadano C.A.H., Funcionario Público adscrito a la Policia del Estado Táchira, quien presta labores de seguridad en las Instalaciones del Banco de Fomento Regional Los Andes, ubicado en el Mercado Metropolitano de San Cristóbal y donde señala que la ciudadana A.L.P., Secretaria Administrativa de atención al público de esa sucursal de Banfoandes le habia señalado que dentro de la entidad bancaria se encontraba un individuo de contextura delgada, piel trigueña y vestido con franela azul, gorra azul, pantalón blue jean; quien habia participado en los atracos a la Oficina de Banfoanades en Tariba en fechas 30 de Diciembre de 2004 y 05 de Mayo de 2005 y asi aparece en los registros filmados por el Banco al momento del atraco. Posteriormente el cajero de guardia de nombre R.C. ratificó que efectivamente el sujeto que se encontraba en ese momento dentro del Banco habia formado parte del grupo de atracadores de Banfoandes- Tariba; a lo cual el abogado O.M.R., Fiscal Décimo Octavo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira; solicitó al Tribunal que en cumplimiento del último aparte del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal y ante la urgencia y necesidad del caso se ordenara via telefonica la “aprehensión” de dicho ciudadano, quien fue identificado como N.R.N.R., de nacionalidad venezolana, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, nacido en fecha 29-11-1976, de 30 años de edad, de profesión u oficio comerciante, titular de la Cédula de identidad Nº V-13.148.567, residenciado en la Vereda San Antonio, casa S-13, Barrancas Parte Alta; en virtud de que presuntamente participó en los atracos a la Oficina de Banfoanades en Tariba en fechas 30 de Diciembre de 2004 y 05 de Mayo de 2005 y asi aparece en los registros filmados por el Banco al momento del atraco.

En fecha 22 de Julio de 2006 a las 07:05 horas de la tarde el Ministerio Público consignó por ante la Oficina del Alguacilazgo en diez (10) folios utiles las actuaciones relacionadas con la causa 20F18-0723/06.

III

Material Probatorio

Hasta este momento procesal se han recopilado por el Ministerio Público los elementos probatorios que a continuación se relacionan y por cuanto los mismos NO HAN SIDO OBJETO DE CONTRADICCION se consideran como “PRUEBAS SUMARIAS”.

1. DENUNCIA por parte del ciudadano F.R., Operador de Seguridad Bancaria de Banfoandes de fecha 05 de Mayo de 2005 por ante el Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas con la cual se inicio la causa policial H-079.728.

2. RESEÑA BANCARIA DE ATRACO A SUCURSAL DE TARIBA emanada del Jefe de Seguridad Bancaria de Banfoandes.

3. Oficio USGB/1789/05 de fecha 10 de Mayo de 2005, suscrita por el ciudadano E.R.R., Jefe de Seguridad Bancaria de Banfoandes donde remite al CICPC un Compact Disk (CD) perteneciente al registro filmico de video de los hechos suscitados en la Sucursal de Tariba, el dia 05 de Mayo de 2005.

   IV

   Consideraciones del Tribunal

   Conforme lo establece el ultimo aparte del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal en casos de extrema necesidad y urgencia el Juez de Control, puede ordenar, incluso por telefono, correo electronico, fax o de viva vox que se proceda a la DETENCIÓN de una persona, a solicitud del Ministerio Público; sin que necesariamente exista flagrancia solo con el hecho de que los organos de investigación o el Ministerio Público reciban información repentina y confiable de que un determinado ciudadano está incurso en un delito grave y existe el peligro de fuga o de obstaculización por parte de la persona a quien se le solicita la aprehensión. Asimismo la sentencia numero 1347 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 10 de junio de 2004; que ordena “QUE EN CASO DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO CON FUNDAMENTO EN LA URGENCIA Y NECESIDAD SOLICITE UNA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD CONTRA UNA PERSONA QUE SEA OBJETO DE INVESTIGACIÓN POR SEÑALARSE COMO PRESUNTO AUTOR O PARTICIPE DE UN HECHO PUNIBLE; SI EL JUEZ DICTA LA ORDEN DE APREHENSIÓN CON PRESUPUESTO EN ESA URGENCIA Y NECESIDAD; AL MATERIALIZARSE LA MISMA, ES UN DEBER INELUDIBLE PRESENTAR AL APREHENDIDO DENTRO DE LAS DOCE HORAS SIGUIENTES A SU DETENCIÓN; UNA VEZ PRESENTADA LA PERSONA EN LA SEDE JUDICIAL, EL JUEZ DEBE OIRLO Y DECIDIR SI MANTIENE LA PRIVACIÓN JUDICIAL DE LA LIBERTAD O NO, PUDIENDO ACORDAR UNA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA O BIEN, SI FUERA EL CASO SU LIBERTAD PLENA”. A lo cual es necesario acreditar : A) UN HECHO PUNIBLE que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; B) FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN para estimar que el imputado ha sido autor o participe de ese hecho y C) Presunción razonable del PELIGRO DE FUGA u OBSTACULIZACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN.

   TIPICIDAD. Siendo el tipo penal la descripción abstracta que el legislador hace de una conducta humana reprochable, es preciso admitir que en el caso sub lite, este primer de la presupuesto del injusto, en su aspecto objetivo aparece demostrado con los indicios graves de responsabilidad que incriminan al imputado en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO. Por lo que es necesario analizar si se dan los elementos del tipo del Robo Agravado como son:

   ROBO AGRAVADO: Previsto y sancionado en el articulo 458 del Código Penal. Por lo que es necesario analizar si se dan los elementos del tipo como son:

1. Apoderamiento, o acción de desposeer a la víctima de un bien mueble, para tomar el agente ese poder de custodia y de disposición material sobre el mismo;

2. De cosa mueble; o sea algo asible, con valor económico, que puede ser sacado del ámbito de custodia y de disposición material de la víctima para entrar en la posesión del delincuente;

3. Ajena, o que la posesión, en el alcance jurídico penal, no esté legítimamente en el agente, sino, por cualquier motivo, en el sujeto pasivo del delito (víctima);

4. Animus lucrandi, o propósito del agente de obtener un provecho para sí o para otro.

5. A fin de poderse incurrir en la conducta aquí analizada (Robo Agravado), es necesario un aditamento más que hace más grave el concepto del simple apoderamiento y lo califica, ello en razón de especiales circunstancias que se agregan a las cuatro primeras de simplemente apoderarse de la cosa mueble ajena con ánimo de lucro, como se desprende de la misma enumeración que hace el Código Penal como en el presente caso “COMETIDO POR MEDIO DE AMENAZA A LA VIDA O A MANO ARMADA … O SI EN FIN SE FUESE COMETIDO POR MEDIO DE UN ATAQUE A LA LIBERTAD.”

   ADECUACION TIPICA DE LA CONDUCTA: Para que un comportamiento humano tenga alguna significación o relevancia en el ámbito jurídico penal, es necesario que se adecue a la descripción abstracta que el Legislador haya hecho en una norma positiva.

   En el caso sub judice a N.R.N.R. se le imputa el presuntamente formar parte de una organización delincuencial integrada por varios sujetos; los cuales se apoderaron de más de más de diez millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos sesenta y cuatro bolivares con cuarenta y cuatro centimos ---Bs. 10.450.864,44--- (cosa mueble) propiedad de Banfoandes (ajena), buscando un provecho para el y las personas que supuestamente formaban parte de la asociación delincuencial, en este caso, el imputado y los demás sujetos que ingresaron a la Agencia Banfoandes presuntamente usaron la violencia sobre las victimas para logar el apoderamiento, adecuando su comportamiento al tipo penal descrito en la norma citada anteriormente.

   ANTIJURIDICIDAD: Para que un comportamiento típico sea antijurídico, es necesario que vulnere o ponga en peligro, sin justa causa, intereses jurídicos legalmente tutelados.

   En el caso que hoy ocupa la atención de este Tribunal Unipersonal ha quedado claramente establecido, a través del acervo probatorio, que la conducta asumida por el imputado N.R.N.R. lesionó intereses legalmente protegidos como son: EL DERECHO A LA PROPIEDAD lo que implica a la lesión del PATRIMONIO ECONOMICO de la Persona Juridica que es el Banco de Fomento Regional Los Andes.

   Sin causa alguna que excluya la antijuridicidad (causal de justificación) por lo cual es preciso afirmar que es típica y antijurídica.

   IMPUTABILIDAD: En el sentido jurídico, es una condición de la persona frente al derecho penal, de la cual se derivan determinadas consecuencias.

   Según el artículo 62 del Código Penal, no puede ser imputable la persona que en el momento de ejecutar el hecho legalmente descrito no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica o trastorno mental.

   Analizados cuidadosamente la prueba sumaria aportada en la Audiencia Oral y los indicios graves de responsabilidad que se desprenden de las actuaciones, se concluye fácilmente que cuando N.R.N.R. presuntamente formando parte de un grupo de cinco personas se apoderaron de más de diez millones de bolivares no padecía inmadurez sicológica o trastorno mental alguno, por lo cual debe ser considerado como sujeto imputable, y de otra parte era mayor de 18 años al momento de cometerse el hecho punible.

   CULPABILIDAD: Para que una determinada conducta humana pueda calificarse como delictuosa, no basta que se adecue a un tipo penal y lesione o ponga en peligro, sin justificación jurídicamente relevante, el interés que el legislador quiso tutelar. Es necesario, además, que exista, una voluntad dirigida a realizar dicha conducta.

   Cuando un sujeto ejecuta un hecho típico y antijurídico, previa una operación mental, en la cual intervienen consciente y libremente las esferas intelectiva, afectiva y volitiva de su personalidad, surge la culpabilidad o aspecto subjetivo del delito en cualquiera de sus formas: dolo, culpa o preterintención.

   Ahora bien siendo, la culpabilidad la actitud consciente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche en cuanto el agente actúa en forma antijurídica, pudiendo y debiendo actuar diversamente, es preciso establecer si, en el caso de autos, existe pluralidad de indicios en para creer que J.C.R. actuó en forma consciente y voluntaria, actuo de manera antijurídica, como autor o partícipe, pudiendo adecuar su conducta a la norma jurídica. Corresponde a la etapa del Juicio Oral y Público llegar a la CERTEZA o convencimiento de la comisión del hecho punible que se les endilga al imputado por lo cual lo cobija la presunción de inocencia hasta el momento en que se declare su culpabilidad.

   PUNIBILIDAD. Cuando en el proceso aparece plenamente demostrado que una persona realizó una conducta típica, antijurídica y “culpable”, surge lógicamente la punibilidad, o sea, la obligación que tiene el Estado de declararla responsable y sancionarla, por intermedio de sus jueces.

   PELIGRO DE FUGA

   Casos en los que cabe la detención preventiva

   Tratándose de la libertad personal, la Constitución establece una estricta reserva de ley, siendo entonces el legislador el llamado a establecer los casos y a fijar las condiciones que tornen viable la privación de la libertad, tarea que redunda en beneficio del derecho en la medida en que los asociados cuentan con la definición de los eventos en que resulta posible afectarlo. En este sentido la “las normas legales que fijan y precisan los supuestos en los que a una persona se le puede privar de la libertad, constituyen garantía del derecho que de esa forma desarrollan”.

   Ahora bien, en ejercicio de las competencias que le atañen tratándose de la regulación de la libertad y en concreto del señalamiento de los casos en los que sea procedente su privación, el legislador se encuentra asistido por la denominada libertad de configuración que se extiende hasta encontrar sus fronteras en la propia Constitución y en los criterios de razonabilidad y proporcionalidad “que, al obrar como límites, le imprimen a los supuestos de privación de la libertad la naturaleza excepcional que deben tener, erigiéndose, entonces, en garantías de ese derecho fundamental”.

   La importancia del criterio de la gravedad del delito para el señalamiento de las causales de detención preventiva se torna patente cuando se percibe que una de las finalidades de esta medida de privación judicial preventiva de libertad es evitar la fuga y que el riesgo de evasión es mayor frente a hechos punibles sancionados con cierta severidad. Sobre el particular, el parágrafo primero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal establece que la detención preventiva procede ‘cuando el delito que se atribuya al imputado tenga prevista pena de prisión cuyo máximo sea o exceda de diez años’, el legislador se atuvo a un criterio de carácter objetivo que, ante todo, atiende a la gravedad del hecho establecida a partir del monto de la pena; a lo cual como en el caso en estudio donde el delito de ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 458 del Código Penal, conlleva una pena que en su limite máximo supera los diez años de presidio, el criterio es estrictamente objetivo no siendo necesario analizar el numeral 3º del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal relativo PELIGRO DE FUGA, pues este se presume en estos casos.

   De conformidad con el ordinal 6º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la mencionada responsabilidad supone que luego de adelantarse una actuación, ante el juez competente y con el cumplimiento de todas las garantías propias del debido proceso, a la persona se le ha encontrado culpable de la comisión de alguna de las conductas previamente elevadas por el legislador a la categoría de delitos.

   Así las cosas, va quedando en claro que el presupuesto de la responsabilidad delictual y de la consiguiente imposición de una pena, es la conducta externa de un sujeto que pudiendo obrar de otro modo y siendo capaz de comprender el hecho, voluntariamente incurre en el comportamiento merecedor de reproche punitivo.

   La responsabilidad penal, entonces, se finca en el acto que el hombre realiza con voluntad y no en consideraciones genéricas relativas a tal carácter, a la manera de ser o al temperamento de un individuo, criterios estos que sirven de sustento a concepciones peligrosistas perfectamente superadas, de conformidad con las cuales quien presente determinadas características o ciertos rasgos de personalidad podría estar predispuesto a delinquir.

   En suma, de la Constitución se desprende la adopción de un derecho penal que repara en lo que el sujeto hace y no en las cualidades del autor del hecho punible; por ello, como lo ha destacado el ordinal 6º del artículo 49 superior estatuye que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa”.

   No sería acertado afirmar, entonces, que mientras la responsabilidad que da origen a la imposición de una pena ha de tener por soporte la conducta realizada voluntariamente por el agente, la probabilidad de que esa responsabilidad corresponda a la persona investigada, necesaria para la aplicación de las medidas de coerción personal, admite como fundamento la apreciación de la personalidad del imputado con prescindencia del acto realizado y de la culpabilidad, pues aceptarlo así resultaría contrario a la preceptiva constitucional y en particular al ordinal 6º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   En síntesis, ni del ordinal 6º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni de ningun otro se desprende que la personalidad del sujeto imputado de cometer un delito sea un criterio decisivo, ineludible y exclusivo para el legislador al fijar las causales de detención preventiva; mas bien la conclusión es la contraria, pues, “el Constituyente optó por un derecho penal del acto en oposición a un derecho penal del autor”.

   En sentir de este Tribunal, se dan las condiciones para que se decrete la “APREHENSIÓN” a N.R.N.R.. En mérito de lo expuesto, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE CONTROL N° 8 del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira.

   RESUELVE:

   Evidenciado que se cometio un delito, que merece pena privativa de libertad, que el mismo no se encuentra evidentemente prescrito y que existen fundados elementos de convicción en contra del ciudadano N.R.N.R. , procedase a su captura, conforme a lo dispuesto en el último aparte del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Emítase la respectiva “ORDEN DE APREHENSIÓN ORAL” y autoricese a la Fiscalía Décimo Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira para la practica de la aprehensión.

   EL PRESENTE AUTO INTERLOCUTORIO CUMPLE CON EL ARTÍCULO 246 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL QUE DISPONE QUE LAS MEDIDAS DE COERCION PERSONAL SOLO PODRAN SER DECRETADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN JUDICIAL FUNDADA (motivación)

   .

   En San Cristóbal, a los veintidós (22) días del mes de Julio de dos mil seis.

   Cópiese y cúmplase,

   J.O.A.,

   Juez,

   O.M.C.

   Secretaria,