Decisión de Juzgado Vigésimo Tercero De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 17 de Marzo de 2015

Fecha de Resolución17 de Marzo de 2015
EmisorJuzgado Vigésimo Tercero De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo
PonenteLuisa Rosales
ProcedimientoOferta De Pago

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Vigésimo Tercero (23) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 17 de marzo de dos mil quince

204º y 156º

ASUNTO: AP21-S-2015-000397

Visto que en fecha 12/03/2015, fue presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial escrito de transacción por la ciudadana Y.G. titular de la cedula de identidad V- 12.261.105 en su carácter de parte OFERIDA debidamente asistida por el abogado M.A.S.G., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 106.616 por una parte, y por la otra el abogado H.S.N. inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 58.596 en su carácter de apoderado judicial de la parte OFERENTE INSTITUTO DE MICROCIRUGIA OCULAR CARACAS C.A solicitando ambas partes se deje constancia del pago realizado en la transacción, de la renuncia de la extra trabajadora y del sueldo devengado.

Ahora bien, en fecha 26/11/2014 el Juzgado Séptimo Superior de este Circuito, asunto AP21-R-2014-001607 señalo lo siguiente:

“Por tanto, considera quien decide, que al ser el procedimiento de oferta real de pago prevista en la legislación civil, una excepción para la materia laboral, la misma aplica, solo sí ésta no contraría los principios fundamentales establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, entre ellos, el principio de irrenunciabilidad, intangibilidad y de Justicia Social Bolivariana que cobija al hecho social trabajo, es decir, en principio solo aplicaría para el caso que el trabajador se le notifique, y éste, sin apremio acepte y reciba el monto consignado, no obstante, ello no sería en puridad una oferta real de pago, en los términos previstos en la legislación civil, sino el ofrecimiento de pago realizado por el patrono, el cual al estar obligado a pagar las prestaciones sociales y demás beneficios laborales al termino de la relación de trabajo (ver artículo 92 de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 142 literal “f”, de Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadores), les licito y ajustado a derecho, que se le permita realizar el ofrecimiento in comento, mediante la consignación del pago al trabajador, empero, a través de los Tribunales Laborales. Así se establece.-

(…)

Por otra parte, vale señalar que de tal forma son los principios laborales que por tal virtud, en puridad, no puede el deudor (patrono) obtener su liberación por medio de dicho medio, pues ello obraría en desmedro del débil jurídico, el cual se encuentra protegido por el principio de interés social que constitucionalmente cobija al hecho social trabajo, y dentro de este, por los principios de irrenunciabilidad, intangibilidad y de progresividad, con los cuales se logra poner en practica la Justicia Social Bolivariana. Así se establece.-

Por tanto, con base al principio de autonomía e independencia que detentamos los jueces de la República Bolivariana de Venezuela, para proferir nuestras decisiones, a partir del presente fallo, esta alzada se aparta del criterio que venia sosteniendo hasta la fecha, el cual validaba este procedimiento y aceptaba que mediante un modo anormal de terminación del proceso, esto es, la transacción, se transaran los derechos laborales de los trabajadores, conllevando a la posterior homologación, lo cual le daba valor de cosa juzgada, pues al igual que se expuso en la argumentación señalada supra, esta siempre será accesoria a aquel, por lo que, su suerte esta atada, a la suerte que corra lo principal, amen que, en puridad, con estos mecanismos procesales se contrarían los principios fundamentales establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, entre ellos los principios de irrenunciabilidad, intangibilidad y de Justicia Social Bolivariana que cobija al hecho social trabajo, pues se utiliza un procedimiento de jurisdicción voluntaria donde no existe litigio u oposición entre las partes, para luego transar derechos laborales, siendo que lo que se persigue es que lo transado tenga efectos de cosa juzgada, transformado los efectos que la jurisprudencia laboral a previsto para los casos ofertas reales de pago realizados en sede de jurisdicción voluntaria (a los cuales la misma jurisprudencia laboral les mutiló parte de sus efectos esenciales), a los efectos que por ejemplo devienen en un juicio contencioso laboral, circunstancia esta que al develarse en los términos que venimos exponiendo denota una trasgresión “quirúrgica - fina” al ordenamiento jurídico laboral. Así se establece.-“

En este sentido, tenemos el criterio pedagógicamente profundizado en la interpretación de la oferta de pago por el Juzgado Séptimo Superior de este Circuito Judicial, apoyándose en referencias jurisprudenciales legales y constitucionales de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, todo en procura de un derecho laboral amparado en los principios, garantías, resguardos y parámetros tipificados en nuestra Carta Magna, para que sea un derecho justo y equitativo, criterio que es acogido por esta Juzgadora de Instancia.

Igualmente, el principio protector en materia laboral es el criterio fundamental que orienta el Derecho del Trabajo, respondiendo al objetivo de establecer un amparo preferente a una de las partes: el trabajador; donde se debe destacar que el hecho social son todos los fenómenos que ocurren en la sociedad, uno de los hechos sociales más significativos es el trabajo como un hecho social esencial, mediante el cual se hace posible la vida social en condiciones dignas y por ello La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela señala que el trabajo es un hecho social y que gozará de la protección del Estado.

De manera que, la transacción laboral en sede judicial debe ser efectuada durante el desarrollo de un juicio laboral, en virtud que nuestro proceso laboral es un instrumento para lograr no sólo el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y ciudadanas sino el deber que tenemos los órganos jurisdiccionales al conocer el fondo de las pretensiones, que mediante una decisión ajustada en derecho determinemos el contenido y la extensión del derecho deducido.

En tal sentido, a los fines de la conformidad de la transacción, es necesario establecer un procedimiento judicial ordinario, para que las partes puedan acogerse a una de las formas de auto-composición procesal, como lo es la transacción, y ponerle fin al juicio antes de que el Tribunal dicte una decisión, resultando contrario a derecho lo pretendido por la parte oferente y oferida en presentar ante este procedimiento de oferta de pago gracioso y no contencioso, un escrito de transacción donde no hay contención o controversia alguna, en consecuencia, en virtud de las consideraciones anteriores este Juzgado Vigésimo Tercero (23) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas niega lo contenido en la solicitud realizada en el escrito de transacción presentado por las partes en el presente asunto por ser contrario a derecho el mismo. Así se establece.

LA JUEZ

ABG. LUISA ANDREINA ROSALES ZAMBRANO

EL SECRETARIO

ABG. ORLANDO REINOSO

En esta misma fecha se publico y registro la anterior decisión.-

EL SECRETARIO

ABG. ORLANDO REINOSO

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