Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 15 de Octubre de 2008

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

EXPEDIENTE Nro. 04962

Demanda: Acción de reclamo de daños por responsabilidad civil derivada de enriquecimiento sin causa.

"VISTOS" CON INFORMES DE LAS PARTES.

– I –

DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

De conformidad con lo establecido en el ordinal segundo del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa este Tribunal a señalar las partes y sus apoderados, a cuyo efecto establece:

PARTE DEMANDANTE: Constituido por el ciudadano O.D.L.C.R., Venezolano mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° 931.840.

APODERADO JUDICIAL: Representado por el abogado H.F.F., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 2.503. (folios 17 al 19).

PARTE DEMANDADA: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

APODERADOS JUDICIALES: Representada por los abogados A.L.A.M., A.M.G., R.P.O., N.R., M.B.A., A.M.M., J.L.D., D.L.G., C.E.V.M., M.M.R.D., E.V.A.S., R.D.L., M.T.Z., Y.R., H.E.R.U., J.G.M. y M.E.B.Y., inscritos en el Inpreabogado bajo los números 76.860, 91.282, 93.999, 64.608, 49.057, 70.806, 91.424, 74.800, 107.220, 66.632, 72.044, 111.431, 93.581, 110.022, 108.244, 93.664 y 59.418, respectivamente. (folios 305 al 306).

– II –

DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA

Conoce de la presente causa este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en virtud de la declinatoria de competencia efectuada en fecha 16 de junio de 2.005, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y confirmada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 07 de marzo de 2.006, que declaró Competente a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo para conocer de la presente causa (folios 159 al 160 y 177 al 187).

¬– III –

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

Mediante escrito presentado en fecha 23 de septiembre de 2.005, la parte demandante, argumentó como fundamento a su pretensión lo siguiente:

1. - Expresa, que suscribió contrato de arrendamiento con la empresa Mercados Públicos del Distrito Sucre C. A., (MESUCA), cuestión que se mantuvo hasta el 22 de enero 1.999, cuando fue declarada sin lugar la acción que por Resolución de Contrato fue intentada por el Municipio Chacao del Estado Miranda ante el Juzgado Décimo Noveno de Municipio de esta Circunscripción Judicial, (anteriormente denominado Juzgado Décimo de Parroquia), en cuyo texto se dispuso judicialmente que entraba en calidad de arrendador del demandante, el Municipio Chacao del Estado Miranda, quien sustituyó a la empresa Mercados Públicos del Distrito Sucre C. A., (MESUCA),

2. - Alega, que en fecha 25 de febrero de 1.999, el Juzgado Décimo Noveno de Municipio de esta Circunscripción Judicial, acordó levantar la medida de secuestro que fuere acordada a favor del Municipio Chacao del Estado Miranda durante el curso del proceso.

3. - Advierte que durante la vigencia de la medida de secuestro dictada, por el aludido Juzgado de Municipio, funcionarios del Municipio Chacao se encontraban administrando el servicio de estacionamiento, cuestión que desnaturalizó según sus dichos, la medida preventiva dictada, pues en modo alguno el Tribunal autorizó al Municipio Chacao del Estado Miranda a tomar posesión del bien, ni mucho menos explotar económicamente el servicio de aparcamiento, cuestión que hizo durante un lapso de veintiún (21) meses y veinticuatro (24) días, vale decir, desde el 11 de junio de 1.997 hasta el 05 de marzo de 1.999, período dentro del cual recibió ilegalmente los proventos por la explotación de dicho estacionamiento.

4. - Arguye, que recibió comunicación suscrita por la Secretaria Municipal del Municipio Chacao del Estado Miranda donde le informan según sus aseveraciones, que el referido asunto había sido confiado al Sindico Procurador Municipal del Municipio Chacao del Estado Miranda.

5. - Expone, a lo largo de su escrito que en virtud de haber transcurrido el lapso previsto en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República, es por lo que interpone la presente demanda.

6. - Por último señala que la administración incurrió en un enriquecimiento sin causa, producto del abuso de Derecho denunciado, por cuanto las cantidades producidas por los bienes embargados, debían ser puestas a la orden de una cuenta bancaria del Tribunal, y que dichas sumas debían ser entregadas en fase de ejecución, por lo que el Municipio decidió explotar el establecimiento arrendado mientras estuvo en vigencia la medida de secuestro (folios 01 al 15).

   Por su parte la representación judicial del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, mediante escrito presentado en fecha 08 de marzo de 2.005, desvirtuó los alegatos esgrimidos por la parte demandante bajo los siguientes términos:

1. - Alega como punto previo la solicitud de reposición de la presente causa en virtud de no habérsele otorgado prerrogativa al Municipio establecida en el artículo 103 de la abrogada Ley Orgánica de Régimen Municipal.

2. - Expone, que durante el proceso que se siguió por resolución de contrato se solicitó una medida cautelar preventiva de secuestro del inmueble, donde funciona el estacionamiento vehicular del Mercado Público de Chacao.

3. - Señala que una vez acordada la medida de secuestro por el referido Órgano Jurisdiccional, se designo al ciudadano V.C.R. en su condición de representante de la empresa “La Consolidada, C.A”., como depositario judicial.

4. - Expresa no entender la pretensión del accionante, pues señala que el referido inmueble estaba en manos de la Alcaldía fundamentándose únicamente en una inspección judicial en la que dos (02) personas argumentan ser representantes de la Alcaldía sin acreditar ninguna documentación, tal condición de funcionario; y aduciendo al momento en que se levanto la medida de secuestro se notificó a los representantes de la Sindicatura Municipal cuestión que no consta en el acta que se levanto al efecto, razón por la cual solicita se declare temeraria e infundada la acción intentada por la representación judicial del accionante.

5. - Por último solicitan que se declare sin lugar la demanda interpuesta por la representación judicial del ciudadano O.D.L.C.R. y consecuencialmente sea condenado en costas de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

   – IV –

   BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES

   Conoce la presente causa este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en virtud de la demanda interpuesta en fecha 19 de julio de 2.004, ante el Juzgado (DISTRIBUIDOR), Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, y recibido ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial, en fecha 20 de julio de 2.004. (folios 01 al 15).

   En fecha 09 de agosto de 2.004, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, lo admite cuanto ha lugar en derecho y ordenó el respectivo emplazamiento al Municipio Chacao del Estado Miranda, en la persona del Sindico Procurador Municipal. (folio 105).

   En fecha 24 de enero de 2.005, la representación judicial del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, presentó escrito solicitando la reposición de la presente causa. (folios 113 al 116).

   En fecha 08 de marzo de 2.005, la representación judicial del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, presentó escrito de contestación a la demanda. (folios 134 al 153).

   En fecha 16 de junio de 2.005, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declino la Competencia por la Materia a los Juzgados Civiles y Contencioso Administrativo de la Región Capital. (folios 159 al 160).

   En fecha 23 de septiembre de 2.005, se recibió el presente expediente proveniente del Juzgado Superior Distribuidor, el cual fue remitido por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, asimismo este Juzgado en fecha 25 de octubre de 2.005, se declaró Incompetente por la materia. (folio 168 al 172).

   En fecha 07 de marzo de 2.006, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, declaró competente al Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo para conocer el caso de marras. (folio 177 al 187).

   En fecha 11 de mayo de 2.006, este Tribunal da por recibido el expediente y acepta la competencia atribuida, ordenando la notificación de las partes de conformidad con lo preceptuado en los artículos 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil. (folio 191).

   En fecha 26 de junio de 2.006, se reactiva la causa y en consecuencia se ordenó el desglose de los escritos de pruebas, los cuales se admitieron cuanto ha lugar en derecho salvo su apreciación en la definitiva en fecha 06 de julio de 2.006. (folios 211 al 212).

   En fecha 31 de octubre de 2.006, se fijó al quinto (5°) día de despacho siguiente a la mencionada fecha para que tenga lugar el acto de informes de las partes, realizándose el mismo en fecha 08 de noviembre de 2.006, donde se deja constancia de la comparecencia del abogado H.F.F., en su carácter de apoderado judicial del ciudadano O.D.L.C.R., y de la abogada M.T.Z., en su carácter de apoderada judicial del MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA. (folios 263 al 264).

   En fecha 27 de noviembre de 2.006, se deja constancia de que la causa entra en estado de sentencia, abriéndose un lapso de sesenta (60) días para dictarla de conformidad con lo dispuesto en los artículos 513 y 515 del Código de Procedimiento Civil, asimismo en fecha 21 de junio de 2.007, se dictó auto de abocamiento en el presente caso, en virtud de la decisión acordada en fecha 24 de abril de 2.007, donde se designa Juez Provisorio del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, al Dr. A.G., en tal sentido se ordenó librar boletas de notificación, para que una vez practicadas las referidas notificaciones se dictará sentencia. (folios 311 y 315).

   --V--

   MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR

   De conformidad con lo establecido en el ordinal cuarto (4°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa éste Tribunal a establecer los motivos de hecho y de derecho en los que fundamentará la presente decisión, a cuyo efecto pasa a analizar a la luz de las probanzas que obran a los autos los alegatos de la parte recurrente, cuestión que hace en los siguientes términos:

   PUNTO PREVIO

   DE LA LEGITIMACION ACTIVA DEL CIUDADANO O.D.L.C.R. PARA ACTUAR DENTRO DEL PRESENTE PROCESO, POR TRATARSE DE UNA SITUACIÓN DE EMINENTE ORDEN PÚBLICO

   Analizadas las actas procesales que conforman el presente expediente así como los planteamientos de las partes y sus respectivas pretensiones, este tribunal garante de una tutela judicial efectiva, un proceso debido que involucra el derecho de defensa de las partes, contenidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo acatamiento es obligatorio para los administradores de justicia por ser guardianes de la constitucionalidad y que al materializarse conlleva sin lugar a dudas a la existencia de un p.j. que requiere necesariamente que no se prive a nadie de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que pudieran eventualmente asistirle a través de un proceso conducido en legal forma y que concluya con el dictado de una sentencia fundada.

   Ante tal deber constitucional este juzgador se le hace imperioso recurrir al acto primigenio del proceso, es decir al libelo de la demanda y analizar los términos en los que fue planteado, en razón de ello tenemos: El ciudadano H.F.F., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 2.503, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano O.D.L.C.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 931.840 impetra demanda por acción de reclamo de daños por responsabilidad civil derivada de enriquecimiento sin causa, contra el Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda.

   Ahora bien, en la relación suscita de los hechos aduce el apoderado actor que, su representado tomó en arrendamiento en fecha 1° de agosto de 1.981 (folios 20 al 22), un lote de terreno destinado directamente al servicio de estacionamiento vehicular del Mercado Público de Chacao, con la empresa Mercados Públicos del Distrito Sucre C. A., (MESUCA), por lo que luego producto de una acción judicial intentada por el Municipio contra el hoy accionante se acordó una medida de secuestro contra el precitado lote de terreno, cuestión que se mantuvo hasta el 22 de enero 1.999, cuando fue declarada sin lugar la acción que por Resolución de Contrato fue intentada por el Municipio Chacao del Estado Miranda ante el Juzgado Décimo Noveno de Municipio de esta Circunscripción Judicial, (anteriormente denominado Juzgado Décimo de Parroquia), en cuyo texto se dispuso judicialmente que entraba en calidad de arrendador del demandante, el Municipio Chacao del Estado Miranda, quien sustituyó a la empresa Mercados Públicos del Distrito Sucre C. A., (MESUCA). Por lo que, producto de esa acción judicial durante la vigencia de la medida de secuestro dictada, por el aludido Juzgado de Municipio, funcionarios del Municipio Chacao se encontraban administrando el servicio de estacionamiento, cuestión que desnaturalizó según sus dichos, la medida preventiva dictada, pues en modo alguno el Tribunal autorizó al Municipio Chacao del Estado Miranda a tomar posesión del bien, ni mucho menos explotar económicamente el servicio de aparcamiento, cuestión que hizo durante un lapso de veintiún (21) meses y veinticuatro (24) días, vale decir, desde el 11 de junio de 1.997 hasta el 05 de marzo de 1.999, período dentro del cual recibió ilegalmente los proventos por la explotación de dicho estacionamiento.

   Continua señalando que producto de las cantidades percibidas en forma abusiva por el Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, durante el referido lapso se le privó a su poderdante a percibir las siguientes sumas de dinero: A) La suma de BOLÍVARES VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS BOLÍVARES CON SESENTA CÉNTIMOS (29.721.666,60), hoy VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS BOLÍVARES FUERTES, (Bs. F 29.721,66), derivado de los ingresos por concepto de servicio de aparcamiento vehicular a vehículos livianos; B) La suma de BOLÍVARES DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL EXACTOS (Bs. 2.600.000,00) hoy DOS MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES FUERTES EXACTOS, (Bs.F. 2.600,00), por concepto de servicios de estacionamiento bajo tarifa fraccionada a vehículos livianos. C) La suma de BOLÍVARES VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EXACTOS (Bs. 29.541.666,00), hoy VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN BOLÍVARES FUERTES CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs.F. 29.541,66), por concepto de ingresos obtenidos por servicios de estacionamiento a vehículos livianos bajo la modalidad de puestos fijos. D) La suma de BOLÍVARES DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 19.518.333,00), hoy DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO BOLÍVARES FUERTES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs.F. 19.518,33), derivados de los ingresos obtenidos por el servicio de estacionamiento a vehículos pesados. E) La suma de BOLÍVARES OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL EXACTOS (Bs. 8.365.000,00), hoy OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLÍVARES FUERTES EXACTOS (Bs.F. 8.365,00), por concepto de ingresos obtenidos derivados de tarifas fraccionada aplicada a vehículos pesados. F) La suma de BOLÍVARES OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL EXACTOS (Bs. 8.320.000,00), hoy OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE BOLÍVARES FUERTES EXACTOS (Bs.F. 8.320,00), por concepto de ingresos percibidos derivados de servicio de estacionamiento bajo la modalidad puesto fijo a vehículos pesados. G) La suma de BOLÍVARES DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EXACTOS (2.079.999,00), hoy DOS MIL SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (2.079,99), por concepto de ingresos obtenidos por el Municipio por alquiler de mobiliario perteneciente a su mandante ubicados en el área del estacionamiento.

   De la síntesis libelar extrae este sentenciador que el ciudadano O.D.L.C.R., en su condición de arrendatario de la empresa Mercados Públicos del Distrito Sucre C. A., (MESUCA), hoy sustituida por la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda procedió a demandar al referido Municipio por Acción de reclamo de daños por responsabilidad civil derivada de enriquecimiento sin causa.

   En razón de ello este juzgador debe hacer las precisiones que siguen: La demanda judicial pone siempre en presencia del órgano jurisdiccional dos partes: la actora y la demandada (Principio de bilateralidad de las partes), con ellas el órgano judicial constituye los sujetos de la relación procesal. Es de importancia capital determinar con precisión quiénes han de integrar legítimamente la relación procesal. Desde el punto de vista del actor y del demandado, el criterio que fija esa determinación es el que deriva de la noción de “legitimidad”; desde el punto de vista del tribunal, es la noción de “competencia”. Cuando se plantea quien tiene la legitimidad para intentar y sostener un juicio determinado, se propone la cuestión práctica de saber qué sujetos de derecho pueden y deben figurar en la relación procesal como parte actora y demandada. La teoría procesal sobre la legitimidad tiene por contenido y finalidad resolver el problema fundamental que consiste en saber quiénes son en un proceso, las partes idóneas de la relación controvertida.

   Así pues, para que exista proceso deben concurrir, al menos, dos partes: la actora o demandante y la demandada. Esta es la regla general. Puede ocurrir también que en el proceso haya pluralidad de personas integrando una o ambas partes, lo que origina la figura procesal denominada litisconsorcio, o sea, cuando hay un interés común entre varios sujetos "determinado por la comunidad de derechos respecto del objeto de la relación substancial controvertida, o por la identidad de fundamento jurídico o de hecho de dicha relación". En sentido técnico --según la definición del Dr. Rengel Romberg-- el litisconsorcio es "la situación jurídica en que se hallan diversas personas vinculadas por una relación sustancial común o por varias relaciones sustanciales conexas, que actúan conjuntamente en un proceso de manera voluntaria o forzosamente, como actores o como demandados o como actores de un lado y como demandados de otro". El litisconsorcio activo resulta de la pluralidad de sujetos vinculados por un interés común respecto a la parte actora; el litisconsorcio pasivo, existe cuando la pluralidad ocurre en relación con la parte demandada. También puede ocurrir que la pluralidad de sujetos frente a intereses comunes surja en ambas partes, entonces el litisconsorcio es mixto. Además de la clasificación a que se ha hecho referencia, la doctrina nos refiere al litisconsorcio voluntario, facultativo o útil y al litisconsorcio necesario, forzoso u obligado, el primero surge por la espontánea y libre voluntad de las personas que lo integran. En esta clase de litisconsorcio existe una pluralidad de relaciones jurídicas sustanciales que se hacen valer en el mismo proceso por cada litisconsorte, ejerciendo cada uno de ellos una pretensión propia, lo cual acarrea, como consecuencia, una acumulación subjetiva de pretensiones, determinada por la voluntad de los interesados, por la relación de conexión existente entre las diversas relaciones y por la conveniencia de evitar sentencias contrarias o contradictorias si las diversas relaciones materiales son decididas en diferentes procesos. En cambio, en el litisconsorcio necesario, forzoso u obligado, su integración no deriva de la espontánea voluntad de los interesados, sino que existe una carga (onus) para que se integre, la cual puede derivar de la voluntad expresa o implícita de la ley o de la naturaleza misma de la relación sustancial, por no ser posible separarla en cuanto a su resolución por el número de personas.

   El maestro P.C., en sus “Instituciones de Derecho Procesal Civil”, volumen II, página 310, sobre el particular expresa:

   "En el litis consorcio necesario, a la pluralidad de partes no corresponde una pluralidad de causas: la relación sustancial controvertida es una sola, y una sola la acción; pero como la relación sustancial es única para varios sujetos, en forma que las modificaciones de ellas, para ser eficaces tienen que operar conjuntamente en relación a todos ellos, la ley exige que al proceso en que hay que decidir de esa única relación, sean llamados necesariamente todos los sujetos de ellas, a fin de que la decisión forme estado en orden a todos ellos".

   Por su parte, el Procesalista H.C., en su obra “Derecho Procesal Civil”, Tomo I, Páginas 331 y 332, luego de afirmar que el litisconsorcio necesario se caracteriza por pluralidad de partes, sobre una misma relación sustancial, en ejercicio de una sola pretensión, expresa:

   "Esta unicidad impone un agrupamiento de partes en torno a la misma cuestión principal planteada y por ello se llama litis consorcio necesario. El litis consorcio necesario evidencia un estado de sujeción jurídica en forma inquebrantable que vincula entre sí a diversas personas por unos mismos intereses jurídicos. Esa unidad inquebrantable puede ser implícita en la ley o puede ser impuesta en forma expresa”

   De este modo nuestro legislador procesal acogió la moderna doctrina sobre la regulación de los litisconsorcios necesarios, y en especial, admitió que el mismo no sólo puede derivar de su reconocimiento expreso hecho a veces por la Ley sustantiva, sino en todo otro supuesto de los que ampliamente quedaron establecidos en forma de principios en la citada norma, esto es: Cuando la relación jurídica litigiosa haya de ser resuelta de modo uniforme para todos los litisconsortes; o, cuando un litisconsorcio sea necesario por cualquier otra causa.

   El fundamento del litisconsorcio necesario, como se desprende de su concepto, hay que buscarlo fuera del derecho procesal, en el derecho material. Trae su causa de la naturaleza de la relación jurídica sustantiva, que se exige que sea declarada respecto a un determinado número de personas. El derecho material al regular determinadas situaciones jurídicas, es el que obliga para la producción de los efectos de éstas en el proceso, la concurrencia de un determinado número de personas, toda ellas interesadas en una única relación, determinando la necesidad de que estas personas acudan al mismo para que éste se pueda desarrollar validamente. El hecho de que sea necesaria la concurrencia en el proceso de todas esas personas interesadas en una determinada relación jurídica, se debe que tales personas pueden resultar perjudicadas, porque a todas ellas va a alcanzar la cosa juzgada, y de no estar todas presentes se infringiría el principio jurídico natural del proceso de que "nadie puede ser condenado y vencido en juicio sin ser oído”. La extinta Corte Suprema de Justicia concluyó en que los fundamentos esenciales del litis-consorcio necesario deben buscarse en cualquiera de los siguientes supuestos, no necesariamente concurrentes:

1. - En la extensión de los efectos de la cosa juzgada a terceros (Principio de la Audiencia Bilateral).

2. - En la naturaleza de la relación jurídica – material.

3. - En evitar sentencias contradictorias.

4. - En la imposibilidad jurídica de pronunciarse el Juez.

5. - Por último en la imposibilidad física del cumplimiento de la resolución.

   Estos principios, señala la extinta Sala, rigen la materia sobre la determinación de la existencia o no de los litisconsorcio cuando se trata dilucidar su exigibilidad en atención a la naturaleza del tipo de providencia jurisdiccional solicitada por las partes, o sea, la clase de acción ejercitada, cuando el derecho que se ejercite en tal acción pertenezca a varios.

   En línea con lo expuesto, se colige que cuando existe un litisconsorcio necesario la relación sustancial controvertida es única para todos los integrantes de ella, de modo que no puede modificarse sino a petición de uno o varios de ellos frente a todos los demás y resolverse de un modo uniforme para todos, por lo cual, la legitimación para contradecir en juicio, corresponde a todos los que tienen el derecho de obrar contra la reclamación y no separadamente o varios de ellos con exclusión de otro u otros. En consecuencia, cuando el actor obra en nombre de uno solo de los sujetos que conforman la relación jurídico procesal para reclamar un derecho, a criterio de este sentenciador supone una defectuosa constitución de la relación jurídica procesal.

   Con fundamento en lo expuesto y en lo que respecta a la demanda que nos ocupa evidencia este sentenciador, que en el caso de marras existe una defectuosa constitución de la relación jurídico procesal; ya que de una breve lectura del contrato de arrendamiento tantas veces aludido, quien funge como arrendatario del inmueble es el ciudadano J.M.Q., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 66.434, el cual por circunstancias que desconoce este Juzgador por no constar en las actas procesales del expediente el hoy accionante se convirtió en co-arrendatario del inmueble, tal y como se desprende de la sentencia dictada por el Juzgado Décimo de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 22 de enero de 1.999, que declaró sin lugar la demanda intentada por el Municipio Autónomo de Chacao, contra el hoy accionante y el ciudadano J.M.Q., ( ver folios 23 al 33), no evidenciándose en las actas procesales del expediente documento con fecha posterior al 22 de enero de 1.999, en la cual el ciudadano J.M.Q., haya cedido los derechos del aludido contrato de arrendamiento al hoy accionante, ni mucho menos cesión de los derechos litigiosos del caso bajo estudio, para que el ciudadano O.D.L.C.R. pudiera actuar en su condición de legitimado activo sin la necesidad de intervención del ciudadano J.M.Q.. Así se declara.

   Es por ello, y en atención a los motivos antes expuestos, que si el accionante en acción de reclamo de daños por responsabilidad civil derivada de enriquecimiento sin causa, interpone su pretensión en nombre de uno solo de los co-arrendatarios del bien inmueble en su condición de legitimado activo se expone a que se desestime la demanda, por una defectuosa constitución de la relación jurídica procesal, por cuanto no se interpuso en forma conjunta con la globalidad de co-arrendatarios del inmueble, lo que conlleva a una defectuosa composición de la litis, pudiendo afectar por igual a los sujetos del negocio jurídico sustancial, lo que lesionaría su derecho a la defensa y extendería la intangibilidad de la cosa juzgada a personas que no intervinieron en la contienda judicial, afectando así el principio de la relatividad de la cosa juzgada. Esto determina la imposibilidad de estimar la demanda en su totalidad por la no intervención de todos los llamados por la Ley en la relación jurídica material que se pretende indemnizar. Así se declara.

   Por las razones de hecho y de derecho antes expuesta este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, se le hace forzoso declarar INADMISIBLE por defectuosa constitución de la relación jurídico procesal que contraviene los principios de bilateralidad de las partes, de seguridad jurídica, presunción de cosa juzgada y conllevaría inexorablemente en indefensión contra los sujetos que debieron conformar el litis consorcio necesario y no demandaron en su condición de co-arrendatarios, por no haberse compuesto en forma debida los sujetos de la litis procesal en la demanda interpuesta por el ciudadano O.D.L.C.R., contra la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, en ocasión a la presente acción de reclamo de daños por responsabilidad civil derivada de enriquecimiento sin causa.

   Por último dada la naturaleza en la presente decisión resulta inoficioso para este Juzgador pronunciarse sobre el punto previo alegado por la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, referido a la infracción del artículo 103 de la abrogada Ley Orgánica de Régimen Municipal así como los debates de fondo esgrimidos en la contestación de la demanda. Así se decide.

   -VI-

   DECISIÓN

   Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara