Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente de Barinas, de 23 de Febrero de 2011

Se declara CON LUGAR la presente acción en consecuencia, queda resuelto el contrato de arrendamiento que corre inserto a los folios del 04 al 06, ambos inclusive, con fecha de inicio 01-03-2004.

Se ordena la entrega del inmueble arrendado ubicado en la calle 4, N° 311, Urbanización Alto Barinas Sur, sector Cafinca II de esta ciudad de Barinas, libre de personas y bienes…”

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

Planteada la controversia, cuyo reexamen ha sido sometido por vía de apelación al conocimiento de esta Superioridad en los términos establecidos en el recurso interpuesto, la cuestión a dilucidar por esta Alzada consiste en determinar si la decisión del Juez “A Quo” de fecha 21-12-2.010, se encuentra o no ajustada a derecho, y en consecuencia si resulta procedente confirmar, modificar o revocar dicho fallo.

Seguidamente pasa esta Superioridad a analizar y valorar los medios probatorios que constan en autos:

MEDIOS PROBATORIOS DE LAS PARTES

DE LA PARTE DEMANDANTE:

 Original de contrato de arrendamiento celebrado entre los ciudadanos: O.A.M.R. y K.B.C.R., debidamente autenticado ante el Notario Publico Primero Titular del estado Barinas, quedando anotado bajo el N° 80, Tomo 32 de los libros de autenticaciones llevados por esa notaría, en la que se observa el sello redondo húmedo de la Notaría Publica Primera de Barinas, firma ilegible de la Dra. V.R.R. – Notario Público Primera – Barinas, firmas ilegibles de los otorgantes ciudadanos: O.A.M., K.B.C.R. y R.M.R.M., firma ilegible de los testigos, el cual fue agregado a los autos desde el folio 04 al 06, marcado con la letra “B”.

En relación a este documento, este Tribunal se pronunciará más adelante en el cuerpo del presente fallo.

 Recibo de Consignación emanado de Ipostel, de fecha 18 de junio de 2009, a nombre de los clientes: O.A.M. – K.B.C., dirección: Urbanización Cafinca II, Calle 4 – N° 311 – Barinas, se observa sello rectangular húmedo de la oficina de Ipostel, en la parte superior se observa BAAQA-4700, el mismo fue agregado a los autos al folio 07, marcado con la letra “C”.

En cuanto a este recibo, debe resaltar este Tribunal que el mismo lo emite el Instituto Postal Telegráfico como único comprobante válido para cualquier reclamo ante sus oficinas, y de él se evidencia el envío de un telegrama en la fecha 18 de junio de 2.009 a la ciudadana: K.B.C., con dirección a la urbanización Cafinca II, calle 4 N° 311, Barinas. Y así se declara.

 Acuse de recibo de telegrama signado con la numeración BAA964 BAAQA4725, a nombre del ciudadano: O.A.M.R., dirección Urbanización Cafinca II – Calle 4 – Nro. 195 – Barinas, de fecha 18 de junio de 2009, enviado a la ciudadana: K.B.C.R., fue firmado como recibido por el ciudadano: P.R. – portador de la cédula de identidad personal número V- 16.530.537, de fecha 19 de junio de 2009, hora: 13:04, p.m., en la parte inferior se observa: atentamente Ipostel Área Telegrafía – Lcda. Lucybell Sierralta – Sup. Serv. Especiales y Telegrafía – 0273-5522289, se observa sello rectangular húmedo donde se lee Instituto Telegramas – Recibido de fecha 25 de junio de 2009, el mismo fue agregado a los autos al folio 08, marcado con la letra “D”.

Se observa del contenido del documento promovido, que el mismo versa sobre un acuse de recibo del telegrama enviado por O.M. a la ciudadana: K.B.C.R., en el que se hace constar que el mismo fue recibido en la dirección señalada por el remitente por el ciudadano: P.R., titular de la cédula de identidad N° 16.530.537; por lo que se le otorga valor probatorio como documento público administrativo que contiene presunción de autenticidad de las declaraciones que contiene, no obstante, del indicado documento no emerge o no se desprende el contenido del telegrama enviado y cuyo acuse se hace constar. Y así se declara.

 Comunicación original fechada 18 de junio de 2009, dirigida a la ciudadana: K.B.C.R. – Urbanización Cafinca II – Calle 4 – N° 311 de Alto Barinas Sur – estado Barinas, por el ciudadano: O.A.M.R., C.I. 3.496.128 – propietario, mediante la cual le notifica a dicha ciudadana, que de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima del contrato de arrendamiento suscrito entre ellos, vencía el 31 de agosto de 2009, y que el mismo NO SERA RENOVADO, el mismo fue agregado a los autos al folio 09, marcado con la letra “E”.

En relación a este documento, debe resaltarse que el mismo no se encuentra firmado o suscrito por persona alguna, en virtud de ello, el mismo se desecha. Y así se declara.

 Recibo de Consignación emanada de Ipostel, de fecha 25 de junio de 2009, a nombre de los clientes: O.A.M. – K.B.C., dirección: Alto Barinas Sur, sello rectangular húmedo ilegible, en la parte superior se observa un número 4756, el mismo fue agregado a los autos al folio 10, marcado con la letra “F”.

En relación a este recibo, debe resaltar este Tribunal que el mismo lo emite el Instituto Postal Telegráfico como único comprobante válido para cualquier reclamo ante sus oficinas, y de él se evidencia el envío de un telegrama en la fecha 25 de junio de 2.009 a la ciudadana: K.B.C., con dirección a la urbanización Cafinca II, calle 4 N° 311, Barinas. Y así se declara.

 Telegrama signado con la numeración ABA136 BAA034 BAAQA4794, a nombre del ciudadano: O.A.M.R., dirección Urbanización Cafinca II – Calle 4 – Nro. 195 – Barinas Sur – Barinas, referente al telegrama PC BAAQA 4756 de fecha 25-06-2009, para la ciudadana: K.B.C.R., fue firmado como recibido por la ciudadana: P.P. – portador de la cédula de identidad personal número V- 18.512.999, de fecha 29-06-2009, hora: 14:06 a., en la parte inferior se observa: atentamente Ipostel Área Telegrafía – Lcda. Lucybell Sierralta – 0273-5522289, el mismo fue agregado a los autos al folio 11, marcado con la letra “G”.

Se observa del contenido del documento promovido, que el mismo versa sobre un acuse de recibo del telegrama enviado por O.M. a la ciudadana: K.B.C.R., en el que se hace constar que el mismo fue recibido en la dirección señalada por el remitente por la ciudadana: P.P., titular de la cédula de identidad N° 18.512.999; por lo que se le otorga valor probatorio como documento público administrativo que contiene presunción de autenticidad de las declaraciones que contiene, sin embargo, del indicado documento no emerge o no se desprende el contenido del telegrama enviado y cuyo acuse se hace constar. Y así se declara.

 Comunicación de fecha 25 de junio de 2009, dirigida a la ciudadana: K.B.C.R. – Urbanización Cafinca II – Calle 4 – N° 311 de Alto Barinas Sur – estado Barinas, por el ciudadano: O.A.M.R., C.I. 3.496.128 – propietario, mediante la cual le ratificó el contenido del telegrama PC BAAQA 4700 enviado el día jueves 18 de junio de 2009, y recibido por le ciudadano P.R., C.I. 16.530.537, el día viernes 19 de junio de 2009, a las 13:04, ratificándole a dicha ciudadana, que de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima del contrato de arrendamiento suscrito entre ellos, vencía el 30 de agosto de 2009, y que el mismo NO SERA RENOVADO, el mismo fue agregado a los autos al folio 12, marcado con la letra “H”.

En relación a esta comunicación se observa que la misma no se encuentra firmada por persona alguna, en atención a ello no es oponible y carece de valor probatorio. Y así se declara.

 Sentencia dictada por el Juzgado Segundo del Municipio Barinas de esta Circunscripción Judicial, de fecha 25 de marzo de 2009, en el juicio seguido por su representado contra la ciudadana K.B.C.R., C.I. V- 11.954.164, signado con el N° 2145, en el que se demandó el desalojo del inmueble objeto de este procedimiento, declarándolo improcedente, ya que lo que debía demandar su representado era la resolución del contrato de arrendamiento, por tratarse de un contrato a tiempo determinado, que lo señalado por el defensor judicial designado por el tribunal no debe dársele ningún valor jurídico, el mismo fue agregado a los autos desde el folio 49 al folio 58.

Se trata de un documento que emana de un funcionario público competente, específicamente de una sentencia proferida en el curso de un juicio de desalojo incoado por el ciudadano O.A.M. contra la ciudadana: K.C., lo que se denomina en la doctrina un documento de Ciclo Estatal cerrado, al que se le otorga valor probatorio, para dar por demostrado los hechos que contiene, no obstante, de tal documento no emergen elementos probatorios que demuestren los hechos controvertidos en el presente litigio, por lo que el mismo se desecha. Y así se declara.

Para decidir este Tribunal, observa:

El presente juicio versa sobre una acción de “resolución de contrato de arrendamiento”, incoado por el ciudadano: O.M., contra la ciudadana: K.B.C.R..

Se observa que el documento fundamental de la pretensión, es un contrato de arrendamiento que se encuentra inserto en los folios 04 al 06 del presente expediente, el cual fue firmado por los ciudadanos: O.A.M., titular de la cédula identidad N° 3.496.128 y K.B.C.R., titular de la cédula de identidad N° 11.954.164, partes ahora involucradas en el presente litigio, ante la Notaría Pública Primera del estado Barinas, en fecha 05 de marzo del año 2.004, inserto bajo el N° 80, Tomo 32 de los libros llevados por esa Oficina, cuyo objeto es un inmueble consistente en una casa ubicada en la Urbanización Alto Barinas, Sector Cafinca II de esta ciudad de Barinas; al que se le otorga pleno valor probatorio como documento privado reconocido de conformidad con el artículo 1.363 del Código Civil.

Se evidencia de la diligencia suscrita por el Defensor Ad-Litem de la demandada Abg. A.C., que contiene los fundamentos de la apelación, que el referido profesional del derecho sostiene de manera reiterada que el contrato de arrendamiento cuya resolución ha sido demandada en el presente procedimiento es un contrato a tiempo indeterminado, invocando para ello el contenido del artículo 1.599 del Código Civil.

Sostiene el defensor que el contrato a tiempo determinado es aquél en el que en su contenido se prevé cuando finaliza, y que las mal llamadas prórrogas no son más que obligaciones condicionales, y que la prórroga contenida en la cláusula séptima del contrato es una obligación condicional.

Que en el contrato se expresa que la vigencia del mismo sería de un año, es decir, que el contrato feneció al año, por lo que en este caso hubo fue una tácita reconducción.

Ahora bien, en relación a la particularidad del tiempo, el Dr. G.G.Q. sostiene cuales son los elementos para su identificación: “El Plazo Fijo o Tiempo Determinado vendría a ser esa longitud temporal, específica y concreta, perfectamente establecida en el contrato de modo exacto, que permite a las partes conocer de antemano cuando se inicia la relación obligatoria y el momento de su terminación. En cambio en el contrato por Tiempo Indeterminado sería todo lo contrario, con la diferencia que sí se conoce cuando comienza la relación arrendaticia. (Citado por: J.L.V. en su obra: Análisis a la Nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Editorial Sophytex, S.A. Caracas 2004. Pág.99).

La doctrina por su parte, ha clasificado los contratos de arrendamiento en: contratos a tiempo indeterminado, contrato a tiempo fijo o determinado renovable automáticamente, y contrato a tiempo determinado no renovable o improrrogable.

Los contratos a tiempo indeterminados, son aquellos en los cuales las partes no han establecido el tiempo de duración del contrato de manera que no se sabe cuanto habrá de durar el mismo. Por su parte, los contratos a tiempo fijo o determinado renovables automáticamente, son aquellos en los cuales las partes han establecido el tiempo de duración de los mismos, y se considera siempre celebrado a término fijo, en virtud de que contiene una cláusula de prórroga, conforme a la cual, las partes pueden convenir que al vencimiento del plazo del contrato se entenderá prorrogado por periodos iguales; y por último, los contratos a tiempo determinado no renovable o improrrogables, es decir, los que no tienen previsto prórroga alguna.

En relación a los contratos, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en una sentencia de vieja data, señaló lo siguiente:

El contrato de arrendamiento a tiempo determinado es aquel que es celebrado por las partes con una previsión o lapso de duración fijo, que además dicho lapso fijo puede ser prorrogado por las partes, bien por acuerdo en el mismo contrato inicial o por acuerdo posterior. Usualmente estos contratos son escritos, pues es la prueba que las partes tienen para demostrar el lapso de duración que pactaron.

El contrato de arrendamiento a tiempo indeterminado es aquel por lo general verbal, pues no puede probarse su lapso de duración, o de hecho no se estipulo por los contratantes. También es aquel, que nació en su día a tiempo determinado, pero una vez vencido (cumplido el lapso de duración sin previsión de prórroga, o habiendo sido notificada la no prórroga) el arrendador deja en posesión del inmueble al inquilino y le recibe el canon de arrendamiento…

(Jurisprudencia Venezolana. Ramírez & Garay. Tomo CXLII.1997. Primer Trimestre. 20 de septiembre de 1997. Pág. 405-407). (Resaltado nuestro)

Continuando con el primer aspecto a dilucidar en el caso de marras, relacionado con la naturaleza del contrato de arrendamiento cuya resolución ha sido demandada, se lee en la cláusula segunda del contrato, que se encuentra inserto en los folios 4 al 6 del presente expediente, lo siguiente:

El plazo de duración del presente contrato es por el periodo de seis (06) meses renovables por un periodo igual, previo acuerdo entre las partes.

(Resaltado nuestro)

De la cláusula antes transcrita, se observa que la expresión que contiene la posibilidad de la continuación del contrato se encuentra escrita en plural: “renovables”, lo que permite determinar que efectivamente el contrato podía ser renovado más de una vez, pero por periodos iguales.

Por otro lado, en la cláusula Séptima del aludido contrato se evidencia que se pactó lo siguiente:

El presente contrato empieza a regir entre las partes a partir del primero (01) de marzo (03) de dos mil cuatro (2.004) hasta el treinta (30) de agosto (08) de dos mil cuatro (2.004) es decir 6 meses, pudiendo prorrogarse por un periodo igual. Se establece como cláusula penal que vencido el plazo sin que LA ARRENDADORA desaloje el inmueble por cada día que transcurra después de vencido LA ARRENDATARIA deberá cancelar TREINTA MIL BOLVARES (SIC) (Bs. 30.000,oo) diarios. Cualquiera de las partes podrá dar por finalizado el presente contrato previa notificación por escrito, con por lo menos treinta (30) días de anticipación por cualquier medio, fax, Internet, Ipostel u otros…

De acuerdo con el contenido de la cláusula precedentemente transcrita, el contrato de arrendamiento bajo estudio nació como documento a tiempo determinado; estableciéndose que podía prorrogarse por un periodo igual, a menos que una de las partes diera notificación de lo contrario a la otra, es decir, notificara de la no renovación.

En efecto, lo que se utiliza o lo que es costumbre es la notificación de “no renovación” y no notificación para dar por finalizado el contrato, tal y como fue redactado en el contrato de arrendamiento cuya cláusula ha sido transcrita precedentemente en este fallo, por lo que se interpreta que la notificación que fue establecida en la cláusula séptima, es la notificación de “no renovación”.

En consecuencia, de conformidad con la cláusula 2 del referido contrato, el contrato de arrendamiento demandado es un contrato celebrado a tiempo fijo o determinado prorrogable, y en virtud de que según afirma la misma parte actora y evidenciado además en el mismo contrato el mismo entró en vigencia el primer día de marzo de 2004, lo que permite determinar que si la arrendataria todavía se encuentra en el uso del inmueble arrendado, de ello se colige que el contrato se ha venido prorrogando por periodos iguales y consecutivos, lo que no desnaturaliza en modo alguno el carácter de “contrato a tiempo determinado”, en atención a que su duración siempre será el lapso fijo que ha quedado pre-establecido en el contrato. Y ASI SE DECIDE.

Habiendo quedado determinada la naturaleza del contrato de arrendamiento demandado, esta Alzada pasa a realizar las consideraciones siguientes:

En el capitulo del análisis los medios probatorios, este Tribunal pudo verificar que tanto de los recibos expedidos por Instituto Postal Telegráfico insertos en los folios 7 y 10, distinguidos con las letras “C” y “F”, como de los recibos de los telegramas enviados insertos en los folios 08 y 11, se evidencia el envío de los telegramas y su recepción, sin embargo, en modo alguno se evidenció o quedó demostrado el contenido o el texto del telegrama enviado, es por ello, que lo idóneo en este tipo de comunicaciones vía Ipostel es llevar el telegrama redactado y firmado por el remitente, y que el instituto postal selle dicho documento, sólo así es posible determinar o comprobar el contenido del telegrama enviado y recibido; en virtud de ello, forzoso es declarar que en el presente caso no fue demostrado de forma fehaciente que la arrendataria fue notificada específicamente de la no renovación del contrato al que tantas veces hemos hechos referencia. Y ASI SE DECLARA.

Por otro lado, en el supuesto negado que este Tribunal considerara como hechas correctamente las notificaciones efectuadas por el arrendador ciudadano: O.M. a la demandada de autos, debemos preguntarnos ¿Qué pasa con la prórroga legal a favor de la arrendataria?

La prórroga legal tiene por objeto regular la temporalidad del contrato, específicamente su terminación, y se encuentra contenida en el artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Los requisitos de la prórroga legal son: I) Que el contrato tenga por objeto algún bien inmueble urbano o sub-urbano. II) que el contrato sea tiempo determinado. III) Que el contrato se haya vencido. IV) Que el arrendatario quiera seguir ocupando el inmueble arrendado (porque la prórroga es potestativa para el arrendatario) y V) que el arrendatario se encuentre solvente en sus obligaciones contractuales.

Tenemos entonces que la “prórroga legal” se encuentra establecida expresamente en la Ley, específicamente en el artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y en virtud de ello su aplicación forma parte de la seguridad jurídica de las partes involucradas en la relación arrendaticia, la que también se garantiza a través de la preferencia ofertiva, el retracto legal arrendaticio y el pago por consignación.

Por otro lado, el artículo 7 de la Ley especial dispone que los derechos que ella establece para beneficiar o proteger a los arrendatarios son irrenunciables, y será nula toda acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de estos derechos.

Cabe además añadir, que la “irrenunciabilidad” de la prórroga legal es de orden público relativo, en virtud de que la misma no permite que el arrendatario renuncie a ella al momento de la celebración del contrato, no obstante, luego de vencido el término de duración de la relación contractual, bien puede el inquilino no ejercer ese derecho de prórroga.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, estamos en presencia de un contrato de arrendamiento a tiempo fijo o determinado, que comenzó a regir el 01 de marzo de 2.004, por lo que si se considerara que la notificación de no renovación fue demostrada en el presente procedimiento y la misma fue hecha el 18 de junio de 2009, para ese momento la arrendataria tenía más de cinco (5) años y menos de 10 ocupando el inmueble, lo que se traduciría en una prórroga legal de dos (2) años a partir del mes de agosto de 2009, y se observa que la demanda cabeza de autos en la que se solicitó la resolución fue interpuesta el 16 de noviembre de 2009; por lo que mal podría prosperar la presente demanda si no se dejó transcurrir el lapso de la prórroga a que tiene derecho la arrendataria, esto en el supuesto negado de que este Tribunal considerara demostrada la notificación de la no renovación.

En este sentido, podemos concluir que no fue demostrado que ciertamente la arrendataria haya sido notificada de la no renovación del contrato de arrendamiento, en virtud que de los documentos emanados y sellados por Ipostel no se evidencia el texto o contenido de los telegramas, aunado al hecho de que en el presente caso en modo alguno fue alegado ni mucho menos probado que la arrendataria no estuviera solvente con sus obligaciones contractuales (lo que la haría perder su derecho a la prórroga legal), en virtud de ello resulta forzoso declarar sin lugar la presente demanda de resolución de contrato de arrendamiento. Y ASI SE DECIDE

Sólo para fines didácticos, resulta procedente dejar sentado que distinto es el caso en el que se haya fijado un término o lapso fijo sin prórroga posible y el arrendatario haya continuado ocupando el inmueble y el arrendador de igual modo lo haya dejado en posesión del mismo, porque en este caso el contrato ya está vencido y se convierte en un contrato sin determinación de tiempo.

En este mismo orden de ideas, podemos agregar que en lo casos que se haya vencido el término fijo o sus prórrogas y, además hubiese expirado la prórroga legal y el arrendatario se hubiera quedado ocupando el inmueble, dejándolo el arrendatario en posesión del mismo, en este caso si se puede afirmar que se ha producido la tácita reconducción del contrato.

Por todas las razones de hecho y de derecho expuestas, el recurso de apelación debe ser declarado con lugar por la motivación expuesta, y la recurrida debe ser revocada. Y ASI SE DECIDE.

D I S P O S I T I V A

Por las razones y consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta sentencia en lo términos siguientes:

Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado en ejercicio ciudadano: A.E.C.S., venezolano, mayor de edad, casado, en abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad personal número V- 5.816.138, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 29.251, con domicilio procesal en la Calle Mérida, entre Avenidas Olímpica y A.V., locales 02 y 03 de esta ciudad de Barinas, con el carácter de defensor judicial de la ciudadana: K.B.C.R., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad personal número V- 11.954.164, civilmente hábil, con domicilio con domicilio en la Urbanización Alto Barinas Sur, Sector Cafinca II, en la Calle 4 – N° 311, de esta ciudad de Barinas, parte demandada de autos, contra la decisión definitiva dictada por el Juzgado Primero del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, de fecha 21 de diciembre de 2010, en el juicio de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, interpuesto por el ciudadano: O.A.M.R., venezolano, mayor de edad, casado, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad personal número V- 3.496.128, de este domicilio, que se tramita en el Expediente signado con el Nº 2.009-5412, de la nomenclatura del referido Juzgado.

Declara SIN LUGAR la presente demanda de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, interpuesto por la abogada en ejercicio ciudadana: C.V.H., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad personal número V- 1.605.364, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°. 8.017, con domicilio procesal en la Avenida Páez entre Calle Camejo y C.P., Edificio C.B., Oficina 1, de esta ciudad de Barinas, con el carácter de co-apoderada judicial del ciudadano: O.A.M.R., ya identificado, contra la ciudadana: K.B.C.R., antes identificada, en el juicio de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

Se REVOCA la recurrida.

Se condena en costas, a la parte actora de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Dada la naturaleza del presente fallo no ha lugar a la condena en las costas del recurso.

Por cuanto la presente decisión fue dictada dentro del lapso legal no se ordena la notificación de las partes.

Publíquese, regístrese y devuélvase al Tribunal de la causa en su oportunidad legal. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la sala del despacho del Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, a los veintitrés (23) días del mes de febrero (02) del año dos mil once (2011). Años 200° de la Independencia y 152° de la Federación.

La Juez Suplente Especial,

R.E.Q.A.

La Secretaria,

Abg. A.N.G.

En esta misma fecha 23-02-2011, siendo las 3:00 p.m., se publicó y registró la anterior sentencia. Conste.

La Scría.

Expediente N°: 2011-3289-C.B.

REQA/ANG/ana maría