ONG denuncian ante la CIDH vicios de la Habilitante y 16 leyes
La falta de contrapesos institucionales para impedir eventuales arbitrariedades del gobierno del presidente Hugo Chávez hoy volverá a ser tema de debate en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta oportunidad, destaca la denuncia sobre los riesgos para la vigencia del Estado de Derecho que acarrean la Habilitante y otras 16 leyes, de las 20 que aprobó la Asamblea Nacional en diciembre de 2010.
En un comunicado de Sinergia, Cofavic y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas se indica: "En menos de 20 días se aprobaron más de 20 leyes, de las cuales 16 cambian el régimen jurídico hacia uno no constitucional; violan derechos fundamentales de asociación, participación y expresión; así como amenazan la vigencia de los derechos humanos".
A Feliciano Reyna, presidente de Sinergia, corresponderá exponer ante los integrantes de la CIDH los perjuicios de esta legislación, aprobada en forma apresurada y sin una consulta suficiente.
Desde Washington precisó que entre las normas que, en su opinión, violan la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos destacan las que regulan el llamado poder popular: Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de las Comunas, Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, Ley Orgánica de Planificación Pública y Comunal, Ley Orgánica de Contraloría Social, Ley Orgánica del Sistema de Transferencia de Competencias y Atribuciones de los Estados y Municipios a las Organizaciones del Poder Popular, Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública.
Discriminación y persecución. Reyna sostiene que este conjunto de leyes es discriminatorio, pues está concebido en función de la construcción de la sociedad socialista, de modo que todo aquel venezolano que no comparta esas ideas quedará impedido de ejercer su derecho a la participación en la gestión pública.
Además, advierte el presidente de Sinergia, esta legislación establece que las organizaciones ciudadanas deben registrarse en el Ministerio para las Comunas, como requisito imprescindible para ser reconocidas por el Estado y, eventualmente, recibir apoyo para el desarrollo de proyectos comunitarios.
También se denunciará ante la CIDH el propósito inconfesable del Gobierno de acorralar a los sectores de la sociedad que puedan ser fuente de críticas. Por ejemplo, los partidos y organizaciones...
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