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La opacidad cubre los bienes incautados al narcotráfico

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Vincent

E n la calle El Limón de El Cafetal, un grupo de guardias nacionales se mudó a lo que, según el Cicpc, era la base de operaciones del Cartel del Toro, un grupo de pequeños traficantes de drogas. Esta organización fue desmantelada con poca fanfarria durante un allanamiento a la quinta Chicuchicu de esa urbanización, en el municipio Baruta, el 26 de junio. El objeto de mayor valor incautado en este procedimiento fue precisamente esa edificación.Desde entonces y hasta agos to, el inmueble permaneció desocupado. En las puertas y la reja de estacionamiento estaban calcomanías colocadas por la Oficina Nacional Antidrogas y el Servicio Nacional de Administración y Enajenación de los Bienes Asegurados o Incautados SNB, que indicaban claramente que la casa había sido confiscada.Ahora, los militares están día y noche en el inmueble, sin saberse a ciencia cierta para qué. Las calcomanías fueron arrancadas. En el estacionamiento ya colocaron un Chevrolet Corsa. Uno de los ocupantes señaló que los servicios de luz y agua potable son cancelados por la ONA.En Punta Mulatos, estado Vargas, una familia fue despojada de su vivienda al determinarse que supuestamente fue usada por uno de los implicados en el escándalo de transporte de 1.382 kilos de cocaína en un jet de Air France. Según la abogada Maria Eva Chacón, el uso del rancho fue circunstancial. Como era el único techo de una familia, la Oficina Nacional Antidrogas les dijo que para volver allí debían pagarles un canon de alquiler.Fortunas en la sombra. La custodia de los bienes incautados durante averiguaciones sobre tráfico de drogas siempre ha sido un problema para el Estado. Hasta 2010 era norma que los organismos oficiales no podían disponer ni usufructuar de ninguna forma de las fincas, casas, vehículos o dinero asegurado durante estos procedimientos, hasta que el TSJ emitiese una decisión definitivamente firme.Esto podía tomar años y los bienes se deterioraban. La pérdida de valor era tal que, según el ex presidente de la Conacuid, Carlos Tablante, en el caso de los vehículos ni siquiera se podía compensar el servicio de la depositaria judicial.En noviembre de 2010, gra cias a una reforma de la legislación sobre drogas, se abrió la posibilidad de disponer por anticipado de los bienes incautados durante estas averiguaciones. El artículo 184 de la norma indica que la ONA tiene la facultad de designar administradores especiales.El único requisito es que sean funcionarios públicos.Se abrió así la...

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