Orientación socialista del TSJ contraría la voluntad popular
"Comandante presidente". Así se refirió el magistrado Fernando Vegas al jefe del Estado en su discurso como orador de orden en la apertura del año judicial 2011. Con más de mil jueces como auditorio, Vegas dijo que el Tribunal Supremo de Justicia -máximo órgano del Poder Judicial- debe contribuir a la construcción del socialismo, tarea en la que lleva años empeñado el mandatario Hugo Chávez.
La presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, pidió revisar las normas y explicó que el sistema de leyes creado a partir de 1999 "responde a un fin ideológico claramente establecido".
La magistrada de la Sala Penal, Blanca Rosa Mármol cree que lo planteado por sus colegas en esa sesión solemne contraría la Constitución, que establece la independencia de los poderes que integran el Estado. "Decir que las leyes traen un fin ideológico es pensar que hacemos leyes para la revolución. Y la Constitución establece un régimen democrático en el que están representadas todas las tendencias".
La afirmación de Vegas, sin embargo, deja pocas dudas sobre la autonomía del sistema judicial: "Este Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los tribunales de la República deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del socialismo bolivariano y democrático".
Mármol señala que le corresponde a la población -a través del sufragio y la actividad de los parlamentarios en la Asamblea Nacional- decidir bajo cuál sistema político desea vivir. "Mientras la voluntad popular no cambie, no se puede llegar al socialismo mediante decisiones y sentencias".
Parcializados. Entre las decisiones del último año con más motivaciones políticas que apego a las leyes cita el proceso contra la jueza María Lourdes Afiuni -para quien Chávez pidió 30 años de cárcel- y las decisiones que afectan la inmunidad parlamentaria de los diputados Biagio Pilieri y José Sánchez "Mazuco".
Tampoco corresponde a los tribunales -dice la jurista- cambiar políticas sobre derechos como el de la propiedad privada. "El exhorto de la Comisión Judicial para que se suspendan los juicios de desalojos, por ejemplo, va en detrimento de ese derecho".
Además, hay miedo entre los jueces. "Al temor de ser destituidos por las decisiones que tomaban se sumó el miedo a ir detenidos, como le pasó a Afiuni", advierte Mármol.
Con ella coincide Ricardo Combellas, que formó parte de la Comisión del Poder Ejecutivo que redactó la constitución de 1999. Afirma que...
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