Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 1 de Junio de 2010

Se inicia el presente procedimiento mediante libelo de demanda interpuesta en fecha 29 de abril de 2008, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, por el apoderado judicial del ciudadano O.R.C.C. contra la sociedad mercantil TREVI CIMENTACIONES, C.A., siendo admitida mediante auto dictado en fecha 07 de mayo de 2008, fijándose en consecuencia la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, previa notificación de la demandada.

Gestionadas las notificaciones pertinentes a los fines de la celebración de la audiencia preliminar, el Juzgado 12° de Sustanciación Mediación y Ejecución del Área Metropolitana de Caracas, dio inicio a la audiencia preliminar, mediante acta de fecha 13 de junio de 2008, en la cual se dejó constancia de la comparecencia de ambas partes y la consignación de sus respectivos escritos de pruebas, acordándose la prolongación de la audiencia preliminar.

Luego de varias prolongaciones, en fecha 06 de octubre de 2008, el mencionado Juzgado 12º de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas levantó acta en la cual dio por concluida la Audiencia Preliminar, dejando constancia de la incomparecencia de la demandada, ordenando la incorporación a las actas procesales de las pruebas promovidas por las partes para su admisión y evacuación ante el Juez de Juicio, sin que se evidencie de autos que la demandada haya consignado escrito de contestación a la demanda.

Remitido el presente expediente a éste Tribunal de Juicio, previo sorteo de ley, y admitidas como fueron las pruebas promovidas por las partes, se procedió a fijar la oportunidad para la celebración de la audiencia oral de juicio, la cual se llevó a cabo en fecha 25 de mayo de 2010, con la presencia de las partes, dictándose el correspondiente dispositivo oral del fallo en el cual se declaró: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales interpuesta por el ciudadano O.R.C.C., contra la sociedad mercantil TREVI CIMENTACIONES, C.A., plenamente identificadas en autos. SEGUNDO: Los conceptos y montos que deberá pagar la demandada al actor serán discriminados en el cuerpo completo del fallo, donde se incluirá el pago de los intereses de mora y la corrección monetaria, en los términos que se establecerán en el cuerpo completo del mismo. TERCERO: Por la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas.

2. HECHOS ALEGADOS POR LAS PARTES

   Sostiene la parte accionante en su libelo de demanda:

   Que comenzó a prestar servicios personales, bajo régimen de subordinación y dependencia para la demandada desde el 25 de octubre de 2005, con un horario de trabajo de lunes a viernes desde las 7:00 am., hasta las 12:00 m., y desde la 1:00 pm., hasta las 5:00 pm., y los días sábados desde las 7:00 am., hasta las 2:00 pm., hasta que en fecha 28 de marzo de 2008 se retiró justificadamente, por cuanto en esa misma fecha recibió memorando de la jefatura de personal de la empresa la notificación de su traslado a la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, manifestando en esa oportunidad a su supervisor y en forma verbal que su esposa se encontraba con problemas de salud y que no podía dejarla sola en la ciudad de Caracas. Alega que el supervisor, Ciurana J.B. le señaló que desde el 25 de febrero de ese año debía haberse presentado en el referido sitio de trabajo por habérselo presuntamente indicado en comunicación de fecha 22 de ese mismo mes y ratificada en fecha 27 de marzo de de ese mismo año, donde le habrían reiterado el traslado. Ante la pregunta a su supervisor sobre las condiciones de trabajo, éste le contestó que eran las mismas que las de caracas. Alega que luego el arquitecto G.L. le comunicó que si no acataba la orden de trasladarse a la obra del metro de Valencia sería despedido. Alega que bajo la situación de presión a la que fue sometido sin que la empresa le precisara sobre las cantidades adicionales que le serían pagadas para vivir en Valencia, optó por retirarse justificadamente en fecha 18 de abridle 2008.

   Alega haber devengado un último salario de Bs. 55,60 diarios, reclamando el pago de diferencia de prestaciones sociales Con fundamento en la convención colectiva de los trabajadores de la construcción vigente para la fecha de terminación de la relación de trabajo, reclamando el pago de los siguientes conceptos:

   1. Prestación de antigüedad a razón de 130 días, por Bs. 20.527,97

   2. Días adicionales de la prestación de antigüedad a razón de 2 días, por bs. 248,62

   3. Vacaciones y bono vacacional fraccionado del período 2007-2008, conforme a la cláusula 42 de la convención colectiva por Bs. 3.105,06.

   4. Utilidades fraccionadas del año 2008, conforme a la cláusula 43 de la convención colectiva por Bs. 3.011,86.

   5. Indemnización por despido injustificado por Bs. 7.524,60

   6. Indemnización sustitutiva del preaviso por Bs. 7.524,60

   7. Salarios generados por la demora en el pago de las prestaciones sociales conforme a lo dispuesto en la cláusula 46 de la convención colectiva,

   8. Los intereses de mora conforme a lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la corrección Monetaria.

   Señala finalmente que como quiera que la empresa le pagó un anticipo de prestaciones sociales por la cantidad de Bs.8.815,06, reclama el pago de Bs. 33.127,65.

   Por su parte la demandada no contestó la demanda

3. TÉRMINOS DE LA CONTROVERSIA

   Antes de entrar en pronunciamiento de fondo, este Tribunal considera conveniente citar lo previsto en los artículos 131 y 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, los cuales establecen:

   Articulo 131 Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el tribunal sentenciará en forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, reduciendo la sentencia a un acta que elaborará el mismo día, contra la cual, el demandado podrá apelar a dos efectos dentro de un lapso de cinco (5) días hábiles a partir de la publicación del fallo.

   Artículo 151 En el día y la hora fijados para la realización de la audiencia de juicio, deberán concurrir las partes o sus apoderados, quienes expondrán oralmente los alegatos contenidos en la demanda y en su contestación, y no podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos.

   Si fuere el demandado quien no compareciere a la audiencia de juicio, se tendrá por confeso con relación a los hechos planteados por la parte demandante, en cuanto sea procedente en derecho la petición del demandante, sentenciando la causa en forma oral con base a dicha confesión; sentencia que será reducida en forma escrita, en la misma audiencia de juicio. El demandado podrá apelar la decisión en ambos efectos, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la publicación del fallo.

   Transcritas las anteriores normas, interpretadas en su alcance por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, mediante sentencia de fecha 18 de abril de 2006, caso V. Sanchez y otros en nulidad, este Tribunal pasa a decidir la presente causa previo análisis de los medios probatorios aportados a la litis, todo de conformidad con lo establecido en el articulo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

   Establecido lo anterior, esta Juzgadora considera que el punto controvertido en el presente procedimiento radica en determinar la procedencia en derecho de lo peticionado por el actor, en relación a la procedencia del pago de prestaciones sociales con base al salario alegado, tomando en cuenta que la demandada no compareció a la prolongación de la audiencia preliminar ni contestó la demanda. Igualmente debe pronunciarse el Tribunal sobre los alegatos de la demandada en la audiencia oral de juicio sobre los defectos del libelo de demanda, el agotamiento del procedimiento previsto en la cláusula 81 de la Convención Colectiva vigente para la fecha de terminación de la relación de trabajo y la caducidad alegada en el escrito de pruebas. Así se establece.

4. DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES

   La parte actora promovió y fueron admitidas por el Tribunal:

   1. Invocó el merito favorable de autos, al respecto debe indicar el Tribunal que dicho argumento no constituye un medio de prueba válido, sino que forma parte del principio de la comunidad de la prueba o principio de adquisición que rige nuestra sistema procesal y que el juez está en el deber de aplicar de oficio sin necesidad de alegación de parte. Así se establece.

   2. Documental inserta al folio 62 de las actas procesales relacionada con constancia de trabajo de fecha 07 de febrero de 2008 y emanada de la demandada a nombre del actor de la cual se demuestra la relación de trabajo que vinculara a las partes desde el 27 de octubre de 2007, desempeñando el cargo de Operador de Grua I, devengado un salario diario de Bs. 55,60. Dicha documental fue reconocida por la demandada en la oportunidad de la audiencia oral de juicio, razón por la cual se le otorga valor probatorio. Así se establece.

   3. Promovió documental inserta al folio 63 del expediente, relacionada con carnet de identificación del actor, de cuyo contenido no se evidencia elemento alguno que aporte solución a la controversia, razón por la cual se desecha del material probatorio. Así establece.

   4. Promovió documental inserta al folio 64 del expediente, relacionada con comunicación de fecha 28 de marzo de 2008, a través de la cual la demandada informa al actor sobre su transferencia a la ciudad de valencia, como operador de grúa para las obras del metro de valencia, conforme a la cláusula 10 de la Convención Colectiva, por virtud de finalización de los trabajos de construcción en la urbanización Montalbán de Caracas. El contenido de dicha documental no fue objeto de impugnación por la demandada en la oportunidad de la audiencia oral de juicio, razón por la cual se le otorga valor probatorio. Así se establece.

   5. Promovió documental inserta al folio 65 del expediente, relacionada con Acta Convenio de fecha 24 de enero de 2008, suscrita entre la demandada y el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción del Distrito Capital, Estado Miranda y Vargas (SUTIC), donde se acuerda que las prestaciones sociales para los trabajadores de Montalbán se “cancelará con las semanas 42, 43, 44 y 45 del año 2007, y a calcular el nuevo promedio desde el 1ero de enero de 2008 en adelante, todo lo devengado incluido el bono de asistencia”. El contenido de dicha documental no fue objeto de impugnación por la demandada en la oportunidad de la audiencia oral de juicio, razón por la cual se le otorga valor probatorio. Así se establece.

   6. Promovió documentales insertas a los folios 66 al 152, relacionados con recibos de pago de salario desde el 08 de mayo de 2006 hasta el 13 de abril de 2008. El contenido de dichas documentales no fue objeto de impugnación por la demandada en la oportunidad de la audiencia oral de juicio, razón por la cual se les otorga valor probatorio. Así se establece.

   7. Consignó a los folios 153 al 186, ejemplar de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción, Similares y Conexos de Venezuela, del período 2003-2006, que por ser fuente de derecho a tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Trabajo no está sujeta al régimen de valoración de pruebas. Así se establece.

   8. Consignó a los folios 187 al 236, ejemplar de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción, Similares y Conexos de Venezuela, del período 2007-2009, que por ser fuente de derecho a tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Trabajo no está sujeta al régimen de valoración de pruebas. Así se establece.

   9. Promovió la Exhibición por parte de la demandada de: 1.- Los recibos originales de pago, así como los recibos correspondiente a los pagos semanales desde el inicio de la relación de trabajo en fecha 27 de octubre de 2005 hasta el 28 de marzo de 2008; 2.- Así como los recibos pertenecientes a las 2 semanas del mes de abril, en los cuales aparece el salario devengado semanalmente, los días sábados, domingos y feriados trabajados, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas extras en días de descanso, refrigerio y los descuentos por concepto de aporte al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, al Seguro de Paro Forzoso, a la Política Habitacional y los aportes a la Federación de Trabajadores y al Sindicato. 3.- De igual manera promovió la Exhibición por parte de la demandada de las Declaraciones anuales de Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los años 2005, 2006 y 2007; 4.- Las nóminas de los trabajadores de los años 2005, 2006 y 2007; 5.- Así como el Acta Constitutiva y los Estatutos de la empresa; 6.- Las facturas pagadas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales desde el mes de noviembre de 2005, y, 7.- Original del Acta Convenio suscrita en fecha 24 de enero de 2008, suscrita entre la empresa y Sutic.

      En relación a la Exhibición de dichas documentales, la representación judicial de la parte demandada en la oportunidad de la audiencia oral de juicio reconoció los recibos de pago consignados por la parte actora e insertos a los folios 66 al 152 del expediente así como el Original del Acta Convenio suscrita en fecha 24 de enero de 2008, suscrita entre la empresa y Sutic; los cuales ya fueron objeto de valoración y cuyos argumentos se dan aquí por reproducidos. Así se establece.

      En cuanto a la Exhibición de los recibos pertenecientes a las 2 semanas del mes de abril, en los cuales aparece el salario devengado semanalmente, los días sábados, domingos y feriados trabajados, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas extras en días de descanso, refrigerio y los descuentos por concepto de aporte al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, al Seguro de Paro Forzoso, a la Política Habitacional y los aportes a la Federación de Trabajadores y al Sindicato, si bien es cierto que la demandada no los exhibió, no pueden aplicarse las consecuencias previstas en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, toda vez que no se precisó el año correspondiente los recibos solicitados, ni se discriminó en forma detallada (Cuáles sábados, domingos y feriados alega como trabajados, cuantas horas extras diurnas y nocturnas fueron laboradas), la información que de los mismos pudiera establecerse, razón por la cual se niega eficacia probatoria a la Exhibición requerida. Así se establece.

      Sobre la Exhibición por parte de la demandada de las Declaraciones anuales de Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los años 2005, 2006 y 2007, si bien es cierto que la demandada no los exhibió, no pueden aplicarse las consecuencias previstas en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, toda vez que no se precisó ni se discriminó en forma detallada la información que de dichas pudiera establecerse, razón por la cual se niega eficacia probatoria a la Exhibición requerida. Así se establece.

      En cuanto a la Exhibición de Las nóminas de los trabajadores de los años 2005, 2006 y 2007, si bien es cierto que la demandada no los exhibió, no pueden aplicarse las consecuencias previstas en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, toda vez que no se precisó ni se discriminó en forma detallada, la información que de las mismos pudiera establecerse, razón por la cual se niega eficacia probatoria a la Exhibición requerida. Así se establece.

      En cuanto a la Exhibición de Las facturas pagadas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales desde el mes de noviembre de 2005, si bien es cierto que la demandada no los exhibió, no pueden aplicarse las consecuencias previstas en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, toda vez que no se precisó ni se discriminó en forma detallada, la información que de las mismos pudiera establecerse, razón por la cual se niega eficacia probatoria a la Exhibición requerida. Así se establece.

      Finalmente y sobre la Exhibición del Acta Constitutiva y los Estatutos de la empresa, fueron consignados por la demandada en la oportunidad de la audiencia oral de juicio, en copia simple documentales en 24 folios útiles relacionadas Acta Constitutiva y los Estatutos de la empresa Trevi Cimentaciones, c.a., a las cuales se les otorga valor probatorio. Así se establece.

   10. Promovió la prueba de Informes dirigida al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cuyas resultas no constan a los autos y sobre la cual la actora desistió en la oportunidad de la audiencia oral de juicio.

       En cuanto a la prueba de informes al Seniat, las resultas de la misma se encuentra inserta al folio 276 del expediente. De un análisis del contenido de dicha documental no evidencia el Tribunal elemento de prueba alguno que aporte solución al tema controvertido, razón por la cual se desecha del material probatorio. Así se establece.

       Por su parte la demandada de autos promovió y fueron admitidas por el Tribunal:

   1. Promovió documentales insertas a los folios 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del expediente, promoviendo a los fines de la ratificación de las firmas y contenidas de las mismas, conforme al artículo 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la testimonial de los ciudadanos Segundo Pereira, M.M., J.B., H.P., J.V., quienes no comparecieron a la audiencia oral de Juicio, razón por la cual y al no haber sido ratificado el contenido de las mencionadas documentales por otro medio de prueba idóneo es por lo que se les niega valor probatorio. Así se establece.

   2. Promovió documental inserta al folio 56 del expediente, relacionada con comprobante de recepción de documento de fecha 14 de mayo de 2008, por ante la Unidad de Recepción y distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, relacionada con Oferta Real de Pago realizada a favor del ciudadano O.C.C., la cual se adminicula con documentales insertas a los folios 32 al 34 del expediente presentadas por ante URDD en fecha 18 de junio de 2008, relacionadas con la referida oferta real de pago e información sobre apertura de cuenta de ahorros N° 0003-0081-12-0100416420, en el Banco industrial de Venezuela a nombre del actor y por la cantidad de Bs.4.472,81. El contenido de dichas documentales fue verificado por este Juzgadora en el Sistema Informático JURIS 2000, operativo en este Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, actuaciones éstas que aparecen reflejadas en el expediente signado con el alfanumérico AP21-S-2008-000445, todo con fundamento en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, razón por la cual a dichas documentales se les otorga valor probatorio conforme a lo establecido en el artículo 10 de la mencionada Ley adjetiva procesal. Así se establece.

5. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   A.y.r.l. probanzas aportadas a los autos, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la sentencia de fecha 18 de abril de 2006 dictada por la Sala de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (caso V. Sanchez y otros en nulidad); este Tribunal pasa a realizar las siguientes consideraciones:

   Tomando en consideración que la demandada de autos no compareció a la prolongación de la audiencia preliminar según acta de fecha 06 de octubre de 2008 (folio 38 del expediente), ni contestó la demanda, es por lo que se tiene por confesa en el presente procedimiento en relación a los hechos alegados por el accionante en su libelo de demanda, de conformidad con lo establecido en los artículos 131 y 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.

   Por otro lado y tomando en consideración que el punto controvertido en el presente procedimiento radica en determinar la procedencia en derecho de lo peticionado por el actor, en relación a la procedencia del pago de prestaciones sociales con base al salario alegado, tomando en cuenta que la demandada no compareció a la prolongación de la audiencia preliminar ni contestó la demanda, este Tribuna considera pertinente pronunciarse previamente sobre los alegatos expuestos por la demandada en la audiencia oral de juicio sobre los defectos del libelo de demanda, el agotamiento del procedimiento previsto en la cláusula 81 de la Convención Colectiva vigente para la fecha de terminación de la relación de trabajo y la caducidad alegada en el escrito de pruebas.

   En cuanto a los defectos del libelo de demanda, que pudieran devenir en una causal de inadmisibilidad de la misma, señaló la representación judicial de la parte demandada en la oportunidad de la audiencia oral de juicio, que la parte actora no indicó en su libelo de demanda cuál era el salario diario devengado, lo que le impidió el ejercicio del derecho a la defensa y a la contestación de la demanda. Al respecto debe señalar este Tribunal, que no se evidencia de autos elemento de prueba alguno que demuestre en primer lugar que la demandada haya estado impedida de contestar la demanda, en segundo lugar se evidencia del libelo de demanda (vuelto del folio 2 y folio 3 del expediente), que el actor señaló que su último salario diario fue de Bs.55,60. Como consecuencia de lo antes expuesto es por lo que se declara la improcedencia de lo alegado por la parte demandada. Así se decide.

   En cuanto al alegato del agotamiento del procedimiento previsto en la cláusula 81 de la Convención Colectiva vigente para la fecha de terminación de la relación de trabajo, que pudiera devenir en una causal de inadmisibilidad de la demanda, se considera pertinente señalar lo que al respecto dispone la cláusula 81 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción, Similares y Conexos de la República Bolivariana de Venezuela, vigente para el período 2007-2009, que es del siguiente tenor:

   Cláusula 81. Procedimiento de Conciliación

   Las partes convienen en agotar los recursos amistosos conciliatorios para dilucidar los casos de reclamación que surgieren con ocasión del trabajo. A tales fines y con el objeto de llegar a soluciones satisfactorias, las Partes convienen en seguir el siguiente procedimiento de conciliación:

   A.- El Trabajador directamente o por medio de un representante sindical, presentará el reclamo a su superior inmediato quien deberá contestarlo en el mismo turno de trabajo.

   B.- Si no se ha solucionado el caso, y el trabajador insiste en el reclamo, éste, directamente o por medio de su representante sindical, presentará el caso al representante de la Empresa en la obra, el cual dispondrá de un (19 día hábil a partir del momento que reciba la reclamación para responder sobre el caso en discusión.

   C.- En caso que el procedimiento conciliatorio señalado en las etapas anteriores concluya sin haberse llegado a un acuerdo, las partes quedarán en libertad de recurrir ante las autoridades administrativas o judiciales del trabajo, conforme a la ley, o hacer uso de cualquier otro procedimiento que esta Convención consagre y que contemple la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en lo que se refiere a conflictos laborales.

   De un análisis de la cláusula normativa anteriormente transcrita evidencia el Tribunal que la misma está referida al agotamiento de un procedimiento amistoso y conciliatorio de resolución de conflictos, más no puede considerarse como una causal de Prohibición de Ley de admitir la acción propuesta, toda vez que la demanda que dio inicio al presente procedimiento no es contraria a la ley ni a las buenas costumbres y lo que procura es la tutela del interés social del derecho que se reclama, aunado al hecho que la cláusula normativa antes mencionada no establece sanción alguna para el caso que alguna de las partes no agote el procedimiento conciliatorio allí previsto, razón por la cual el alegato formulado por la demandada debe ser declarado improcedente. Así se decide.

   Sobre el alegato de caducidad alegado por la demandada en su escrito de pruebas, con fundamento en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Trabajo y bajo el argumento que a través de comunicación de fecha 22 de febrero de 2008, el actor fue informado sobre la transferencia del lugar de trabajo a la ciudad de V.E.C., con lo cual éste podía hasta el 18 de abril de 2008 invocar el retiro justificado y no lo hizo, puesto que la demanda objeto de la presente controversia fue interpuesta en fecha 29 de abril de 2008, alega la demandada que operó la caducidad prevista en el mencionado artículo 101 de la Ley Orgánica del Trabajo.

   Respecto de la caducidad, es preciso señalar, que la misma es un plazo que concede la ley para hacer valer un derecho mediante el ejercicio de la acción, con carácter fatal, es un lapso de carácter extra procedimental, por cuanto el juicio aún no se ha iniciado, una vez transcurrido dicho lapso, el derecho no puede ser ejercido, perdiendo el interesado la posibilidad que le concedía la ley (sentencia emanada de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 10 de noviembre de 2005, caso: R.L. contra Supracal, c.a.).

   En relación al alegato de caducidad formulado por la demandada con base a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Trabajo, debe señalar este Tribunal que si bien el lapso de 30 días consagrados en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Trabajo implica la caducidad del derecho de invocar el hecho que constituya causa justificada para terminar la relación de trabajo por voluntad unilateral, no es menos cierto que dicha norma de rango legal contiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, representado el hecho por aquella situación fáctica que pudiera dar lugar a la terminación de la relación de trabajo por voluntar unilateral y de manera justificada, no pudiendo alegarse dicha causa justificada habiendo transcurrido íntegramente los 30 días previstos para invocar la falta que haya dado lugar a la terminación de la relación de trabajo, sin que se hubiera invocado la causa, lo que representaría la consecuencia jurídica de la norma, con lo cual a criterio de quien decide, la caducidad prevista en el artículo 101 de la ley Orgánica del Trabajo no es extintiva de la acción, no es una norma de orden público absoluto de las que pueda aplicar el Juez de oficio, sino que por el contrario es una norma que sólo puede ser alegada por las partes como defensa de fondo, toda vez que implica que el juez deba descender a las actas procesales y conocer los hechos ventilados, específicamente los relacionados con la forma de terminación de la relación de trabajo, que bien puede ser, entre otras, por despido justificado o injustificado o por retiro justificado, razón por la cual y al no haberse alegado en la contestación a la demanda, es por lo que debe declararse la improcedencia del alegato de caducidad expuesto por la demandada en su escrito de pruebas. Así se decide.

   Establecido lo anterior y analizado el libelo de la demanda, tomando en cuenta la falta de contestación a la demanda y verificados los hechos establecidos por la apreciación de las pruebas, este Tribunal concluye que existe la presunción legal de la existencia de la relación de trabajo que alega el actor conforme a lo establecido en el articulo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, tal como se evidencia de la documental inserta al folio 62 del expediente, relacionada con constancia de trabajo emanada de la demandada a nombre del actor, que los conceptos reclamados no son contrarios a derecho y se derivan de la relación laboral que unió a las partes, razón por la cual, quien decide, aplicando las consecuencias jurídicas establecidas en los artículos 131 y 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, declara la confesión de la demandada, estableciendo que la fecha de ingreso fue el 27 de octubre de 2005, que la fecha de terminación de la relación de trabajo lo fue el 28 de marzo de 2008, con una antigüedad de 2 años, 5 meses y 1 día, que la causa de terminación de la relación de trabajo lo fue por Retiro Justificado, al no existir alegato ni prueba en contrario por parte de la demandada, que el cargo desempeñado por el actor fue “Operador de Grúas, que laboró en una jornada de lunes a viernes desde las 7:00 am., hasta las 12:00 m., y desde la 1:00 pm., hasta las 5:00 pm., y los sábados desde las 7:00 am., hasta las 2:00 pm., y que el último salario devengado por el actor fue de Bs.55,60 diarios. En consecuencia, este Tribunal declara procedente en derecho el pago de los conceptos demandados: Prestación de antigüedad conforme a lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, las vacaciones fraccionadas, el bono vacacional fraccionado, las utilidades fraccionadas, las indemnizaciones por despido injustificado y los salarios generados por la demora en el pago de las prestaciones sociales, toda vez que no se evidencia de autos que la demandada haya realizado el pago de los mismos. Así se decide.

   Decidido lo anterior, el Tribunal se pronuncia de seguidas sobre los conceptos reclamados y declarados procedentes, en los términos que a continuación se exponen:

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: