Decisión nº 144-2008 de Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 9 de Diciembre de 2008

Se dio inicio al presente asunto mediante demanda, recibida en fecha 23-01-2007, por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Circuito Judicial Laboral, y distribuida al Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual la admitió en fecha 29-01-2007.

Agotada la fase de sustanciación en el proceso que nos ocupa, se evidencia de autos que fue celebrada la respectiva audiencia preliminar, a los fines de agotar la correspondiente fase de mediación, por lo que dándose por concluida ésta última, el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta misma Circunscripción judicial, cumplió con agregar las pruebas promovidas por la parte actora y dejar constancia de la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia preliminar, remitiendo la presente causa, cuyo conocimiento le correspondió por distribución a este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

Recibido el presente asunto, el Tribunal procedió a verificar la legalidad y pertinencia de las pruebas aportadas por la parte actora, así como a fijar la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio, de conformidad con el artículo 75 y el artículo 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que a los fines del conocimiento de la causa pasa a recapitular los antecedentes respectivos, así:

FUNDAMENTOS DE LA PARTE ACTORA

El demandante sostuvo su acción sobre la base de los siguientes argumentos:

1. - Que el demandante, comenzó a prestar sus servicios personales, desde el día 03 de julio de 1988, y últimamente desempeñó el cargo de Analista de Presupuesto y Gestión de la Gerencia de Perforación de Occidente de PDVSA PETROLEO S.A.. Que le correspondía la formulación del presupuesto para la perforación de pozos, la realización de informes de gestión, evaluación económica de proyectos, el análisis estadístico en indicadores de perforación de pozos y el balance de costos. Que cumplía diariamente con un horario de 07:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 01:30 p.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes con los sábados y domingos como descansos legales y contractuales, devengando un salario básico mensual de Bs. 1.352.400,oo más una ayuda de ciudad de Bs. 72.000,oo.

2. - Que fue despedido en fecha 13 de febrero de 2003, sin que le hayan sido canceladas sus prestaciones sociales. I y reclamó los conceptos de prestación de antigüedad, vacaciones vencidas y no disfrutadas, bono vacacional vencido, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, utilidades fraccionadas, indemnizaciones por despido injustificado, fondo de ahorro, y fondo de capitalización de jubilación. Finalmente, demanda la cantidad total de Bs. 48.696.675,oo ó Bs. F. 48.696,67.

   FUNDAMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA

   La accionada dio contestación a la demanda en los siguientes términos:

1. - Opone la prescripción de la acción, alegando que es evidente que ha transcurrido más de un año a la interposición de la demanda, desde que finalizó la relación laboral, no habiendo logrado el actor a través de cualquiera de los medios que prevee la ley, la interrupción eficaz de la prescripción.

2. - Negó la existencia de la relación laboral y cada uno de los conceptos reclamados.

   Así las cosas, el Tribunal pasa a pronunciar de manera escrita y motivada el respectivo fallo definitivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

   DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA

   Y VALORACIÓN PROBATORIA

   Sustanciado conforme a derecho el presente asunto, y siendo que en el acto de la audiencia oral y pública de juicio, el Tribunal declaró CON LUGAR la defensa de la prescripción de la acción, y SIN LUGAR la demanda en el juicio incoado por el ciudadano O.J.R.U., en contra de la sociedad mercantil PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A., este Sentenciador pudo percatarse de los hechos controvertidos, para aplicar el régimen de distribución de la carga probatoria a los mismos, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 135 eiusdem, así como la doctrina jurisprudencial vigente.

   Ahora bien, debe recordarse que en materia laboral, la contestación debe hacerse en forma clara y determinada, estableciendo cuáles de los hechos alegados por el actor se admiten y cuáles se rechazan, estando obligada la parte demandada a fundamentar el motivo del rechazo o de la admisión de los hechos. El demandado tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor, con lo cual, hay una modificación en la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral, y por tanto, el actor estará eximido de probar sus alegaciones cuando en la contestación a la demanda el demandado admita la prestación de un servicio personal, aún cuando el demandado no la califique como relación laboral -presunción iuris tantum establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo-. Cuando el demandado no rechaza la existencia de la relación laboral, se modifica la distribución de la carga de la prueba, en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por tanto, es el demandada quien deberá probar, por tener en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicios, vacaciones pagadas, utilidades, entre otros.

   Así las cosas, a los fines de la delimitación de la controversia y la determinación de los elementos de hecho y de derecho necesarios para la distribución de la carga de la prueba, se indica que, por la forma y manera bajo la cual la accionada dio contestación a la demanda, se tiene por negada la relación de trabajo, y por tanto, única y especialmente controvertida la defensa de prescripción de la acción.

   Planteada la controversia en los términos que anteceden, este Juzgador estima necesario valorar las pruebas aportadas por las partes, a los fines de precisar cuáles de los hechos controvertidos han quedado demostrados:

   PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA

   Sobre las pruebas de la parte demandante especificadas en su escrito de promoción, este operador de justicia considera:

   En cuanto a la invocación del mérito favorable de las actas, se observa que el mismo no constituye un medio probatorio, sino que el mismo es el que deviene de la aplicación de los principios de adquisición procesal y comunidad de la prueba, por lo que el Tribunal se abstuvo de emitir pronunciamiento alguno sobre el mismo.

   En relación a la promoción referidas a las pruebas documentales:

   Sobre la marcada con la letra A, referida a ejemplar del Diario Panorama, de fecha 13 de febrero de 2003, que riela entre los folios 55 y 56, se observa que el mismo fue reconocida por la parte contraria por lo que el Tribunal le otorgó pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

   Sobre la marcada con la letra B y C, referidas a copias fotostáticas de sobre de pago Detalle Sueldo Salario, correspondientes al demandante, que riela a los folios 56 y 57, se observa que dicha documental fue reconocida por la parte contraria, por lo que el Tribunal le otorgó pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

   Sobre la marcada con la letra D, referida a impresión de la cuenta individual emitida desde el sitio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), se observa que dicha documental fue impugnada por ser un documento impreso no oponible a la parte contraria por no tener firma ni sello, de manera que el Tribunal desechó su valor probatorio, de conformidad con el artículo 1368 del Código Civil. Así se decide.

   En cuanto a la EXHIBICIÓN: De los sobres de pago Detalle de Sueldo/Salario, emitida por la empresa PDVSA, se observa que su valoración se hace inoficiosa dado el reconocimiento hecho por la accionada. Así se decide.

   En cuanto a la prueba de INFORMES:

   Sobre la requerida del Juzgado del Municipio Lagunillas de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; se observa que riela al folio 93 resulta correspondiente a esta prueba, en la cual se deja constancia que cursa ante dicho despacho la causa No. 4709 por Calificación de Despido, incoada por el demandante, con copia anexa, por lo que el Tribunal le otorgó todo valor probatorio, de conformidad con el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.. Así se decide.

   Sobre la requerida del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ubicada en el Edificio de la Caja Regional Zulia, se observa que riela al folio 186 resulta correspondiente a esta prueba, en la cual se deja constancia que el demandante aparece como CESANTE en la empresa PDVSA PETROLEO, por lo que el Tribunal le otorgó todo valor probatorio, de conformidad con el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.. Así se decide.

   En cuanto a la prueba de INSPECCIÓN JUDICIAL:

   Sobre la practicada en la sede o instalaciones de la empresa PDVSA PETROLEO ubicada en el Edificio Miranda situada en la Av. La Limpia, en la Gerencia de Recursos Humanos, se observa que el tribunal se trasladó y constituyó en el lugar indicado, dejando constancia de los particulares promovidos, según se evidencia de acta de fecha 18 de septiembre de 2008, y anexos que rielan a los folios que van del 189 al 196, ambos inclusive, por lo que el Tribunal le otorgó pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 111 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

   Sobre la practicada en la sede o instalaciones de la empresa PDVSA PETROLEO ubicada en el Centro Petrolero, Torre Lama en el Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, se observa que el tribunal se trasladó y constituyó en el lugar indicado, dejando constancia de los particulares promovidos, según se evidencia de acta y anexos que rielan a los folios que van del 152 al 179, ambos inclusive, por lo que el Tribunal le otorgó pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 111 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

   Sobre la practicada en el Juzgado del Municipio Lagunillas de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, se observa que dicha prueba fue exhortada y el Tribunal dejó constancia de la no comparecencia de la parte promovente, según se evidenció del folio 127 del expediente. Así se decide.

   En cuanto a las testimoniales de los ciudadanos C.R., M.C., A.A. Y MARYORIS VIVAS, identificados en actas, se observa que el Tribunal no tiene materia sobre la cual emitir opinión, dada su incomparecencia al acto de la audiencia oral y pública de juicio. Así se decide.

   PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

   En relación a las probanzas promovidas por la parte demandada, el Tribunal opina:

1. - En cuanto a la defensa de prescripción de la acción, se observa que el mismo no constituye un medio probatorio, por lo que el Tribunal se pronunció al respecto en el punto previo de la sentencia.

3. - En cuanto a las inspecciones judiciales:

   Sobre la practicada en la Gerencia de Recursos Humanos de PDVSA PETROLEO, se observa que el tribunal se trasladó y constituyó en el lugar indicado, dejando constancia de los particulares promovidos, según se evidencia de acta de fecha 13 de mayo de 2008, y anexos que rielan a los folios que van del 143 al 149, ambos inclusive, por lo que el Tribunal le otorgó pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 111 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

   Sobre la practicada en el Departamento de Nómina, específicamente ubicado en la Avenida Libertador, Edificio Centro Petrolero, Torre Boscán, Piso 4, se observa que el tribunal se trasladó y constituyó en el lugar indicado, dejando constancia de los particulares promovidos, según se evidencia de acta de fecha 13 de mayo de 2008, y anexos que rielan a los folios que van del 136 al 139, ambos inclusive, por lo que el Tribunal le otorgó pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 111 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

   Sobre la practicada en el Departamento Centro de Atención al Jubilado, ubicado en la Av. Libertador, Edificio Centro Petrolero, Torre Lama, Planta Baja, se observa que el tribunal se trasladó y constituyó en el lugar indicado, dejando constancia de los particulares promovidos, según se evidencia de acta de fecha 05 de noviembre de 2008, y anexos que rielan a los folios que van del 57 al 80, ambos inclusive, por lo que el Tribunal le otorgó pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 111 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

   Una vez determinada la valoración de las probanzas promovidas y admitidas en la presente causa, el tribunal pasa a pronunciarse sobre el punto previo de la prescripción de la acción opuesta como defensa perentoria, para luego pronunciarse sobre el fondo de la causa, en cumplimiento del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

   CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   Establecidos claramente, los fundamentos en los cuales el accionante sustenta su pretensión, y los hechos y circunstancias de derecho en los cuales la accionada argumenta sus defensas, y así mismo, analizadas como han sido el conjunto de pruebas aportadas por las partes, este Jurisdicente procede a explanar su decisión en los siguientes términos:

   Tal y como ha quedado establecido de la forma y manera bajo la cual la demandada procedió a dar contestación a la demanda, se evidencia pues, que es necesario aclarar que existe un elemento importante involucrado a la contestación de la demanda en materia laboral, ampliamente reiterado por nuestra jurisprudencia, referido al reconocimiento tácito de la relación de trabajo al alegar la prescripción de la acción como defensa de fondo. De manera que, se observa que en el presente caso, se opuso la defensa de prescripción de la acción en primer orden, para luego negar en forma absoluta la relación de trabajo, con lo cual surge bajo opinión de quien sentencia la aplicabilidad del criterio que indica que “al oponerse en primer lugar la prescripción, ello implica el reconocimiento del hecho alegado como base de la acción, lo cual se traduce, en el caso, en el reconocimiento del carácter laboral de los servicios personales respectivos, de donde deriva lo inoficioso del análisis de las pruebas, a que se hizo referencia anteriormente” (Sentencia No. 1678, de fecha 24 de octubre de 2006, caso, E. A. G.V.. Productos Efe).

   De manera que, en el presente asunto, han quedado admitidos todos los hechos involucrados a la relación laboral, con excepción de la defensa de prescripción de la acción.

   En este sentido, este Sentenciador tomando en cuenta la defensa referida, considera necesario recapitular algunas bases doctrinarias y legales sobre la institución de la prescripción, indicando que, el insigne procesalista urugüayo E.C., conceptúa a la prescripción como “el modo de extinguirse los derechos y las obligaciones, derivados del no uso o ejercicio de los mismos durante el plazo señalado en la Ley”.

   Asimismo, nuestro código sustantivo la define como “un medio de adquirir un derecho o de libertase de una obligación, por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas en la Ley”.

   El artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, señala que todas las acciones derivadas de la relación de trabajo, prescribirán al cumplirse un año, contado desde la culminación del vínculo laboral.

   El artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que la prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpe por: a) la introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes; b) la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trate de reclamaciones contra la República u otras entidades de carácter público; c) la reclamación intentada por ante una autoridad administrativa del trabajo, siempre que la notificación del reclamado o su representante se efectúe antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes; y d) las otras causas señaladas en el Código Civil.

   Ahora bien, en relación al caso sub-judice, se observa que quedó demostrado de las actas procesales, específicamente de la copia certificada del expediente signado con el No. 4.709, anexa a la prueba informativa emanada del Juzgado del Municipio Lagunillas de la Circunscripción del Estado Zulia, reconocida por la parte contraria, que existió un procedimiento de calificación de despido previo al presente procedimiento ordinario laboral incoado por el ciudadano actor O.J.U., antes identificado. De la revisión de las actas, específicamente de las copias certificadas del expediente antes mencionado, pudo evidenciarse que no puede partirse en el presente caso, de la premisa que en el procedimiento preexistente de calificación de despido contra la empresa PDVSA PETROLEO, el actor haya interrumpido efectivamente el lapso anual de prescripción, debido a que quedó comprobado de actas que dicha demanda de calificación de despido se intentó en fecha 19 de febrero de 2003, se admitió en fecha 14 de mayo de 2003, y se declaró la perención de la instancia por falta de impulso procesal de la parte demandada por falta de notificación al Procurador de la República, en fecha 31 de julio de 2006, sin evidenciarse además de las actas la notificación a la parte actora.

   Cabe destacar que, si bien es cierto que en materia de perención, la regla consagrada en el Código Civil (artículo 1972), y en el Código de Procedimiento Civil (artículos 267 y siguientes), trae como consecuencia que la extinción de la instancia impide los efectos de la citación del accionado para interrumpir la prescripción, y por tanto, si el demandante quisiera reclamar su derecho en un proceso futuro, el tiempo transcurrido bajo la pendencia del juicio extinguido, debe computarse al tiempo de prescripción. En materia laboral, en aras de preservar la irrenunciabilidad de los derechos laborales, se consagra un régimen distinto al del derecho común, pues en el artículo 203 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se indica que la perención no impide que se vuelva a proponer la demanda (al igual que ocurre en el proceso civil), pero señala además, que los lapsos de prescripción no corren durante la pendencia del proceso, excluyendo expresamente la consecuencia jurídica establecida en el artículo 1972 del Código Civil.

   Sin embargo, se observa que en el presente caso, no puede partirse de la premisa que en el procedimiento preexistente de calificación de despido contra la empresa PDVSA PETROLEO, el actor haya interrumpido efectivamente el lapso anual de prescripción, debido al orden público del proceso laboral y el derecho a la defensa, en virtud de que no se evidenció de actas, específicamente de las copias fotostáticas del expediente signado con el No. 4.709, que se haya practicado en forma efectiva, la notificación de la parte demandada PDVSA PETRÓLEO S.A. en todo el discurrir del procedimiento. Por consiguiente, siendo esto así, mal puede este Sentenciador partir del supuesto de que encuentre suspendido el lapso establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se decide.

   Establecido lo anterior, es por lo que este Jurisdicente considera que en el presente caso, los hitos temporales procesalmente viables y circunscritos a la relación laboral en cuestión, son los determinados por la fecha de despido del actor, reconocida por la parte demandada, al reconocer la publicación periódica evacuada, es decir , el día 13 de febrero de 2003, y hasta la fecha de interposición de la presente demanda, esto es, el día 23 de enero de 2007, transcurriendo entre ambas fechas el lapso de cuatro (04) años, veintiún (21) días. Por consiguiente, no habiéndose verificado de actas, que se haya ejercido algún otro medio válido de interrupción de la prescripción en el presente asunto, y como quiera que el lapso transcurrido entre las fechas mencionadas es superior al establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, el Tribunal declara procedente la defensa opuesta por la accionada la consumación del lapso de prescripción sobre los conceptos de antigüedad, vacaciones vencidas y no disfrutadas, bono vacacional vencido, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, utilidades fraccionadas, indemnizaciones por despido injustificado, fondo de ahorro, y fondo de capitalización de jubilación. Así se decide.

   Es importante aclarar, que siendo que la parte actora lo que demandó fue el concepto de fondo de jubilación no le es procedente su reintegro, pues el mismo, bajo el criterio de quien suscribe, también está sometido al lapso de prescripción de la acción del artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, considerando que el mismo debería ser reintegrado independientemente del hecho de la jubilación en el supuesto que no estuviese prescrito. Así se decide.

   Para un mayor abundamiento, se cita que la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo de la República Bolivariana de Venezuela ha señalado lo siguiente:

   … Es conveniente destacar, que en la Industria Petrolera los planes de jubilación se dividen según sus beneficiarios, entre el que corresponde a los trabajadores de la nómina diaria y nómina mensual menor, por una parte, contenido en la Cláusula 24 de la Convención Colectiva, mientras que el de los empleados de nómina mayor y ejecutiva, excluidos de dicha convención tal y como ha quedado expuesto, se encuentran previstos en el Plan de Jubilación establecido en el Manual Corporativo de Políticas, Normas y Planes de Recursos Humanos.

   Al respecto hay que señalar, que estos Planes de Jubilación tienen una naturaleza especial, ya que están reconocidos en la norma citada, al disponer que los Planes de Jubilación instituidos por las empresas y existentes antes de la promulgación de la Ley, se mantendrán en vigencia y sin perjuicio de la contratación colectiva; por lo que tales planes no pueden confundirse con la jubilación establecida en la Ley del Seguro Social, y mucho menos con el régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas, prevista en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en proceso de creación por mandato del artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   Este Plan de Jubilación está destinado a que la empresa les facilite a los beneficiarios del mismo, una pensión de retiro mediante un régimen de capitalización individual, cuyo saldo es exclusivo del trabajador afiliado. Sin embargo, tal saldo debe serle entregado al empleado de la nómina mayor o ejecutiva afiliado al plan, en Caso de que se produzca la terminación de la relación laboral por motivos distintos de la jubilación, tal y como se establece en el numeral 4.1.8 del mencionado manual corporativo que textualmente establece:

   4.1.8 Los derechos y obligaciones del trabajador afiliado establecidos en este plan, cesaran si termina sus servicios con la empresa por motivos distintos de la jubilación. En este supuesto, el trabajador afiliado recibirá el saldo de la cuenta de capitalización individual a la fecha en que se retire.

   No podría ser de otra manera, ya que el carácter de trabajador activo pero potencialmente jubilable, no puede imponer un régimen de irresponsabilidad jurídica, por lo que en el supuesto de que el empleado de dirección o de confianza sea despedido, solo dará lugar al reintegro exclusivo al trabajador de sus aportes, pero en ningún caso puede considerarse que el empleado por el hecho de estar afiliado al plan y encontrarse dentro de los supuestos para hacerse acreedor de tal beneficio, se encuentra, en virtud de tal hecho, amparado por alguna especie de estabilidad y mucho menos de inamovilidad, ya que tales normas internas no pueden ser contrarias a las disposiciones legales que regulan la relación de trabajo…

   Por último, se ordena notificar a la Procuradora General de la República, según lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Ofíciese.

   DISPOSITIVA

   Por los fundamentos expuestos en la parte motiva de este fallo, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:

1. - CON LUGAR la defensa referida a la Prescripción de la acción opuesta por la parte demandada, PDVSA PETRÓLEO S.A..

2. - SIN LUGAR la demanda intentada por el actor ciudadano O.J.U.R. en contra de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A. por concepto de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales, ambas partes suficientemente identificadas en las actas procesales.

3. - NO HAY CONDENATORIA en costas a la parte demandante, devengar el mismo menos de tres salarios mínimos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

4. - NOTIFÍQUESE mediante oficio del presente fallo a la Procuraduría General de la República, de conformidad con la ley respectiva.

   PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Déjese copia certificada por Secretaría.

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA; en Maracaibo, a los nueve (09) días del mes de diciembre de dos mil ocho (2008). Años: 198° y 149°.

   EL JUEZ,

   DR. A.A.C.

   LA SECRETARIA,

   ABOG. BRISJAIDA GÓMEZ

   VP01-L-2007-000100

   AAC

   En la misma fecha y siendo las diez y veintisiete minutos de la mañana (10:27 a.m.), se publicó la anterior sentencia.

   LA SECRETARIA,

   ABOG. BRISJAIDA GÓMEZ