Decisión nº 1 de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 29 de Marzo de 2012

Valor y Merito Jurídico probatorio de copia simple de acta de Asamblea Extraordinaria de la Asociación Civil Pro vivienda “La esperanza” de fecha 16 de abril del 2006 extraída del Libro de actas llevado por la referida asociación, libro este que fue habilitado y/o aperturado por el Juzgado del Municipio Colon y f.J.P. de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, San C.d.Z.d. fecha 30/octubre/2002 y por la Alcaldía de Colón, donde consta renglones del 15 al 18 y del 29 al 34, que su representado ciudadano O.d.J.A.A., titular de la cédula de identidad Nº 8.029.850, fue excluido de la referida Asociación, copias estas que anexan marcadas con la letra “ A”, “A”1 y “A”2. La pertinencia de esta prueba, es demostrar que su poderdante, ciudadano O.A. no tiene ninguna participación en la referida Asociación Civil Pro Vivienda “La Esperanza”, como lo pretende hacer ver la demandada. Esta prueba adminiculada con la prueba de informe e inspección judicial que solicitaran en este acto, demostraran que su poderdante no tiene ninguna participación con la asociación in comento.

De la revisión hecha a las actas procesales, se evidencia que a los folios 194 al 197, obra en copias simples acta de Asamblea Extraordinaria de la Asociación Civil Pro vivienda “La esperanza” de fecha 16 de abril del 2006 donde consta renglones del 15 al 18 y del 29 al 34, que su representado ciudadano O.d.J.A.A., fue excluido de la referida Asociación. Este Tribunal no le otorga valor probatorio alguno, por cuanto a pesar de no haber sido impugnado ni tachado de falso, es impertinente al mérito de lo controvertido, puesto que se esta demandando el haber dejado bienes pertenecientes a la comunidad conyugal fuera de la partición y no lo que se pretende demostrar que el ciudadano O.d.J.A. fue excluido en el 2006. Y así se declara

Valor y merito jurídico probatorio de copias simples de actuaciones-autos y sentencia –en 12 folios útiles que corren agregadas al expediente LH22-L-2002-00013 del Tribunal Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida- Sustanciación Segundo- donde consta en forma expresa, que el recurso de control de legalidad fue declarado INADMISIBLE por la Sala de Casación Social, copias éstas que anexa marcadas con la letra “B” “B1,” “B2”, “B3”, “B4”, “B5”, “B6”, “B7”, “B8”, “B9”, “B10” y “B11”. La pertinencia de esta prueba, es demostrar que tal recurso del cual alega la parte demandada en la contestación-ver folio 120 numeral o punto SEGUNDO-y folio 132 numeral SEGUNDO, fue declarado INADMISIBLE, por lo cual no existe ninguna otra obligación de la Gobernación del Estado Mérida a favor de su poderdante. Esta prueba adminiculada con la prueba de informe que solicitaran en este acto, hará plena prueba de lo dicho.

De la revisión hecha a las actas procesales, se evidencia que a los folios 198 al 209, obra en copias simples de actuaciones-autos y sentencia –en 12 folios útiles que corren agregadas al expediente LH22-L-2002-00013 del Tribunal Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida- Sustanciación Segundo- donde consta en forma expresa, que el recurso de control de legalidad fue declarado INADMISIBLE por la Sala de Casación Social. Este Tribunal considera que dicha prueba es insuficiente e inoportuna al merito de lo controvertido puesto que se esta demandando el haber dejado bienes pertenecientes a la comunidad conyugal fuera de la partición y no lo que se prende demostrar. Y así se declara.

Valor y merito jurídico probatorio de Documento Autenticado por ante la Notaria Publica de S.B.d.Z., Estado Zulia, San C.d.Z., de fecha 16/febrero /2006, inserto bajo el Nº 34, Tomo 6º de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaria, documento este que fue posteriormente Registrado por ante la Oficina de Registro de los Municipios Colon, Colon, Catatumbo, J.M.S. y F.J.P.d.E.Z., de fecha 28/Julio/2006, bajo el Nº 50, Protocolo Primero, Tomo Quinto, Tercer Trimestre, documento este que anexan marcado con la letra “C”, “C1” y “C2”, donde se desprende que su poderdante cedió y traspaso las referidas mejoras. La pertinencia de esta prueba, es demostrar fehacientemente que no existen tales derechos y acciones sobre unas mejoras consistentes en una vivienda ubicada en la avenida 1k, Nº 1k-42… como lo alega la demandante en su contestación-ver folio 121 numeral TERCERO y folio 122 numeral SEXTO, es decir, lo plasmado en el numeral tercero lo transcribe igual al numeral sexto, documento éste que anexa la demandada marcada “A”-ver folio 126.

De la revisión hecha a las actas procesales se evidencia que a los folios 210 al 213, obran marcadas “C”, “C1” y “C2”, documento de traspaso de mejoras y quien decide evidencia que dicha prueba es insuficiente e impertinente al merito de lo controvertido puesto que se esta demandando el haber dejado bienes pertenecientes a la comunidad conyugal fuera de la partición y no la venta de los bienes, acciones que tiene la parte para atacarlos en su oportunidad procesal. Y ASÍ SE DECLARA.

Valor y merito jurídico probatorio de copia de documento de venta autenticada por ante la Notaria Publica Primera de Mérida, Estado Mérida, de fecha 17/Julio/2001, anotado bajo el Nº 72, Tomo 35 de los libros de autenticaciones llevados por esa notaria, el cual anexan marcado con la letra “D”, La pertinencia de esta prueba, es demostrar que tal vehiculo fue vendido y por ende mal podría ser parte de la comunidad conyugal, bien este señalado por la demandada en la contestación de la demanda en el numeral QUINTO: Folio 122-Una Camioneta…MODELO Cherokke…Marcada Jeep, Clase Camioneta…Placa LAK391, color dorado…(sic).

En criterio de este juzgador, la erogación patrimonial que originó la compra del bien se produjo mientras existía la comunidad conyugal, por ello, si bien el desmejoramiento patrimonial importante se produjo con dinero de la comunidad conyugal, para la adquisición de dichos vehículos en consecuencia, pertenecen a la comunidad conyugal. Y ASÍ SE DECLARA.

PRUEBA DE INFORMES.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 433 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, promueven las siguientes pruebas de informes.

Al ciudadano abogado JOLIVERT RAMIREZ, Coordinador Judicial del Tribunal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con la finalidad que informe si consta en sus archivos información sobre los particulares requeridos.

En las actas procesales al folio 245 del presente expediente obra la información requerida por este Tribunal según auto de admisión de las pruebas presentadas por la parte demandante, mediante la cual oficio bajo el numero 353-2011, al coordinador Judicial del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial, solicitando informara a este Tribunal los particulares requeridos:

Asimismo, consta al folio 245, respuesta emitida por abogado JOLIVERT RAMIREZ, Coordinador Judicial del Tribunal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida señalando: que efectivamente en el asunto signado con el alfanumérico LH22-L-2002-000013, funge como parte demandada la GOBERNACION DEL ESTADO MERIDA, en el juicio que por cobro de prestaciones sociales sigue el ciudadano O.D.J.A.A.. Igualmente señala que no se observo consignación de acta de transacción alguna en dicho expediente, evidenciándose que el referido asunto fue remitido al archivo judicial mediante auto de fecha 11 de abril de 2008, inserto al folio 393. Para valorar el presente informe de pruebas el Tribunal observa, que la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, expresó lo siguiente:

...Ahora bien, la prueba de informes es una prueba legal incorporada en nuestro vigente Código de las formas con más singular provecho, precisamente por la versatilidad y alcance de la misma, ya que por su intermedio se logra incorporar a los autos elementos de hecho cuyo establecimiento por los medios tradicionales se mostraba de difícil factura. Por ello precisamente el legislador no estableció norma alguna expresa que sujetara la valoración de esta prueba

.

De conformidad con lo previsto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 507 ejusdem, este Tribunal le da valor probatorio al escrito emanado del coordinador Judicial del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial, en fecha 29 de junio de 2010. En tal sentido, considera este jurisdicente que la prueba de informes promovida por la parte demandante constituye un medio de prueba insuficiente y totalmente ineficaz, ya que no constituye elemento de prueba alguno sobre los hechos controvertidos en el presente litigio, en razón de ello, se le da valor de plena prueba a favor de la parte demandada. Y así se declara.

A la entidad Federal Gobernación del Estado Mérida, oficina de recursos humanos de la Gobernación del Estado Mérida con atención consultoría jurídica, con la finalidad que informe si consta en sus archivos información de los particulares requeridos.

En las actas procesales a los folios 239 y 240 del presente expediente obra la información requerida por este Tribunal según auto de admisión de las pruebas presentadas por la parte demandante, mediante la cual oficio bajo el numero 354-2011, Gobernación del Estado Mérida, oficina de recursos humanos de la Gobernación del Estado Mérida con atención consultaría jurídica, solicitando informara a este Tribunal los particulares requeridos:

Asimismo, consta, respuesta emitida por el Director Estatal de la Gobernación del Estado Mérida señalando entre otras cosas: Que en tal sentido efectivamente el nombrado ciudadano demando a la gobernación del estado por cobro de prestaciones sociales y demás conceptos laborales.

Que al referido ciudadano se le pagaron sus prestaciones sociales y no se le adeuda dinero alguno. Por este concepto ni por otro.

Que efectivamente en el momento en que se pago sus prestaciones sociales y demás conceptos laborales se suscribió acta de transacción de fecha 20 de febrero del año 2006, correspondiéndole la cantidad de VEINTISIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE BOLIVARES, CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 27.098.915,87), según orden de pago Nº 5567. Para valorar el presente informe de pruebas el Tribunal observa, que la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, expresó lo siguiente:

...Ahora bien, la prueba de informes es una prueba legal incorporada en nuestro vigente Código de las formas con más singular provecho, precisamente por la versatilidad y alcance de la misma, ya que por su intermedio se logra incorporar a los autos elementos de hecho cuyo establecimiento por los medios tradicionales se mostraba de difícil factura. Por ello precisamente el legislador no estableció norma alguna expresa que sujetara la valoración de esta prueba

.

De conformidad con lo previsto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 507 ejusdem, este Tribunal le da valor probatorio al escrito emanado del Director Estatal de la Gobernación del Estado Mérida, en fecha 23 de mayo del 2011. En tal sentido, considera este jurisdicente que la prueba de informes promovida por la parte demandante constituye un medio de prueba insuficiente y totalmente ineficaz, ya que no constituye elemento de prueba alguno sobre los hechos controvertidos en el presente litigio, en razón de ello, se le da valor de plena prueba a favor de la parte demandada. Y así se declara.

A la ciudadana M.E.M.M., presidenta de la Asociación Civil “PRO VIVIENDA LA ESPERANZA, registrada por ante la oficina Subalterna de Registro de los Municipios Colon, Catatumbo, J.M.S. y F.J.P.d.E.Z. en fecha 03/ Marzo/2004, bajo el Nº 32 Protocolo Primero, Tomo Décimo, cuya sede se encuentra ubicada en el KM 1 ½, Nº 1K-42 del sector Altos de S.B., Parroquia S.B.d.Z., Municipio Colon del Estado Zulia, con la finalidad que informe si consta en sus archivos información sobre los particulares requeridos.

En las actas procesales a los folios 242 y 243 del presente expediente obra la información requerida por este Tribunal según auto de admisión de las pruebas presentadas por la parte demandante, mediante la cual oficio bajo el numero 355-2011, A la ciudadana M.E.M.M., presidenta de la Asociación Civil “PRO VIVIENDA LA ESPERANZA, solicitando informara a este Tribunal los particulares requeridos:

Asimismo, consta, respuesta emitida por la ciudadana M.E.M.M., presidenta de la Asociación Civil “PRO VIVIENDA LA ESPERANZA, señalando entre otras cosas: Que dicho ciudadano si formo parte como miembro socio de su asociación civil Pro Vivienda “La Esperanza”. Y que el mismo fue excluido en fecha 16 de abril de 2006. Para valorar el presente informe de pruebas el Tribunal observa, que la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, expresó lo siguiente:

...Ahora bien, la prueba de informes es una prueba legal incorporada en nuestro vigente Código de las formas con más singular provecho, precisamente por la versatilidad y alcance de la misma, ya que por su intermedio se logra incorporar a los autos elementos de hecho cuyo establecimiento por los medios tradicionales se mostraba de difícil factura. Por ello precisamente el legislador no estableció norma alguna expresa que sujetara la valoración de esta prueba

.

De conformidad con lo previsto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 507 ejusdem, este Tribunal le da valor probatorio al escrito emanado por la ciudadana M.E.M.M., presidenta de la Asociación Civil “PRO VIVIENDA LA ESPERANZA, en fecha 30 de mayo del 2011. En tal sentido, considera este jurisdicente que la prueba de informes promovida por la parte demandante constituye un medio de prueba insuficiente y totalmente ineficaz, ya que no constituye elemento de prueba alguno sobre los hechos controvertidos en el presente litigio en razón de ello, se le da valor de plena prueba a favor de la parte demandada. Y así se declara.

Sin observaciones a los informes de las partes en litigio.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.

En consecuencia visto el anterior escrito de contradicción a los bienes pertenecientes a la comunidad conyugal, este Tribunal procede a verificar si es procedente o no, y al efecto observa:

El artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, contempla:

En el acto de la contestación, si no hubiere oposición a la partición, ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el Juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente. El partidor será nombrado por mayoría absoluta de personas y de haberes. Caso de no obtenerse esa mayoría, el Juez convocará nuevamente a los interesados para uno de los cinco días siguientes y en esta ocasión el partidor será nombrado por los asistentes del acto, cualquiera que sea el número de ellos y de haberes, y si ninguno compareciere, el Juez hará el nombramiento.

Ahora bien, “El procedimiento de partición se encuentra regulado en la Ley Adjetiva Civil, ex artículos 777 y siguientes; así de su contenido se evidencia que en el juicio de partición pueden presentarse dos situaciones diferentes, a saber:…(omissis)… 1) Que en el acto de la contestación de la demanda no se haga oposición, a los términos en que se planteó la partición en el correspondiente libelo. En este supuesto, no existe controversia y el juez declarará que ha lugar a la partición, en consecuencia ordenará a las partes nombrar el partidor; en estos casos no procede recurso alguno. 2) Que los interesados realicen oposición a la partición, la cual puede ser total o parcial, vale decir que recaiga sobre todo o algunos de los bienes comunes, en estos casos el proceso se sustanciará y decidirá siguiendo los trámites del juicio ordinario hasta que se dicte el fallo que embarace la partición, tal y como lo establece el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, y en este estado se emplazará a las partes para que procedan al nombramiento del partidor, como ya se indicó; contra las decisiones que se produzcan en esta segunda hipótesis, se conceden tanto el recurso subjetivo procesal de apelación como el extraordinario de casación”. (Sentencia Sala de Casación Civil, de fecha once de Octubre de Dos Mil, Magistrado- Ponente CARLOS OBERTO VÉLEZ, Exp. Nº: 99-1023).

El artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, establece:

La contradicción relativa al dominio común respecto de alguno o algunos de los bienes se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario en cuaderno separado, sin impedir la división de los demás bienes cuyo condominio no sea contradicho y a este último efecto se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor. Si hubiere discusión sobre el carácter o cuota de los interesados, se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario y resuelto el juicio que embarace la partición se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor.

Tal como se desprende del escrito de oposición a la Partición de Bienes, presentado por la parte demandada, ciudadana NIGME Y.A.H. expresando que: “Además de los bienes que describió el demandante como parte de la comunidad conyugal, forman parte de la misma los siguientes bienes: 1) Partición en la Asociación Civil (sin fines de lucro) denominada ASOCIACION PRO-VIVIENDA “ LA ESPERANZA” y tendrá el carácter de Asociación Civil Privada sin fines de lucro, según consta en documento protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro de Los Municipios Colon, Catatumbo, J.M.S. y f.J.P.d.E.Z.-San C.d.Z., en fecha 3 de marzo de dos mil cuatro (2004), bajo Nº 32, Protocolo Primero, Tomo Décimo, Primer Trimestre del año 2004. 2) Prestaciones Sociales que se le hayan pagado al aquí demandante antes y después de disuelto el vinculo matrimonial así como los futuros pagos por concepto de la actividad laboral del ciudadano O.D.J.A.A., por sus servicios prestados a la Gobernación del Estado Mérida, según sentencia emanada por el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción del Estado Mérida dictada en el expediente asunto principal Nº LP21-R-2005-157 de fecha 22 de noviembre del 2005, llevado por el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, dicho monto fue de la cantidad de VEINTISIETE MIL NOVENTA Y OCHO BOLIVARES CON NOVENTA Y UN CENTIMO (Bs. 27.098,01), monto que hasta la fecha no fue objeto de partición, y cuyo calculo fue realizado por el departamento de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Mérida, de la cual el apoderado judicial del ciudadano O.D.J.A.A. se reserva el derecho de continuar con el recurso de control de legalidad interpuesto por ante el Tribunal Superior y acordando que en este de ser admitido este pago se tomara como un anticipo y quedara pendiente la diferencia del dinero que se recibió y la condenatoria definitiva, transacción que corre agregada al expediente respectivo. 3) Derechos y acciones sobre las mejoras consistentes en una vivienda ubicada en la Avenida 1k; Nº 1k-42 del barrio Los Altos de S.B., Parroquia S.B.d.Z., Municipio Colon del Estado Zulia; construida por el demandante O.D.J.A.A. conjuntamente con M.E.M.M., sobre un terreno con sus linderos y medidas, según consta en documento debidamente autenticado por ante la Notaria Publica de S.B.d.Z., estado Zulia, en fecha 12 de septiembre del año 2001, bajo el Nº 90, tomo décimo de los libros de autenticaciones llevados por ante esa oficina durante el citado año, cuya copia certificada acompaño al presente escrito en tres folios útiles, marcada con la letra “A”.Mejoras éstas que serán valoradas en su oportunidad por el experto designado al efecto. 4) Un vehiculo con las siguientes características: MODELO: Fiesta Sic, TIPO, Sedan MARCA: Ford, CLASE: Automóvil, AÑO: 1.998, SERIAL DE MOTOR: 1 4 CIL, PLACA: IAE-03F, COLOR: Rojo, USO: Particular, SERIAL DE CARROCERIA: AAWP34093 revisar porque no se ve bien, según consta en Certificado de Registro de Vehiculo Nº 705162, en fecha 15 de Junio del año 2.001, el cual fue adquirido por el aquí demandante ciudadano O.D.J.A.A., antes identificado. 5) Una Camioneta con las siguientes características: MODELO: Cherokke Classi, TIPO: Sport Wagon, MARCA: Jeep, CLASE: Camioneta, AÑO: 2001, SERIAL DE MOTOR: 6 Cilindros, PLACA: LAK-391, COLOR: Dorado, USO: Particular, SERIAL DE CARROCERIA: 8Y4FF58S511705162, Según consta en Certificado de Registro de Vehiculo Nº 705162, en fecha 15 de junio del año 2.001, el cual fue adquirido por el aquí demandante ciudadano O.D.J.A.A.. 6) Derechos y acciones sobre unas mejoras urbanas ubicadas en la Avenida 1k, Nº 1k-42 del Barrio Los Altos de S.B., Parroquia S.B.d.Z., Municipio Colon del Estado Zulia, fomentadas sobre una superficie de terreno municipal. La propiedad sobre estas mejoras forman parte de la comunidad conyugal, por haberlas adquirido mediante documento autenticado por ante la Notaria de S.B.d.Z. en fecha 12 de septiembre de 2001, bajo el Nº 90, tomo 10 de los libros llevados por esa notaria durante el citado año. 7) Derechos y acciones sobre unas mejoras urbanas ubicadas en la Avenida 1k, Nº 1k-42 del Barrio Los Altos de S.B., Parroquia S.B.d.Z., Municipio Colon del Estado Zulia, fomentadas sobre una superficie de terreno municipal. La propiedad sobre estas mejoras forman parte de la comunidad conyugal, por haberlas adquirido mediante documento autenticado por ante la Notaria de S.B.d.Z. en fecha 18 de abril de 2002, bajo el Nº 59, tomo 9 de los libros llevados por esa notaria durante el citado año, por cuanto expresa la parte demandada que quedaron por fuera varios bienes adquiridos dentro de dicha unión matrimonial por tal razón formula esa contradicción relacionada con las propiedades de conformidad con lo dispuesto en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil.

El juicio de partición es un proceso civil especial contencioso, aún cuando este proceso debe promoverse por los trámites del juicio ordinario, esta vía solo se abre si hubiere oposición a la partición o se discutiera el carácter o la cuota de los interesados.

De las anteriores disposiciones, se evidencia que es tan solo mediante la contradicción relativa al carácter de los interesados, es decir sobre el dominio común o sobre la cuota, es que puede impedirse la partición hasta que sea resuelta, por lo que al no haber oposición de la parte demandada, debe procederse a decidir la presente causa.

Revisadas como se encuentran todas y cada una de las actas procesales, este Tribunal para resolver y lo hace en base a las siguientes consideraciones:

El presente juicio trata de un cuaderno separado para la tramitación de la contradicción relativa a los bienes de la acción de partición y liquidación de la comunidad conyugal la cual existió entre el demandante ciudadano O.A.D.J.A.A. y la accionada NIGME Y.A.H., la cual debe tramitarse por las disposiciones contenidas en el artículo 777 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

En este orden de ideas, la comunidad de gananciales comienza con la celebración del matrimonio y termina por la declaratoria de divorcio. Dice F.L.H. (Anotaciones sobre el Derecho de Familia, (Págs. 515-519), que el efecto fundamental de la extinción de la comunidad de gananciales, consiste en un cambio o una sustitución de la naturaleza de los derechos de los esposos sobre los bienes comunes. Durante la vigencia de ese régimen patrimonial matrimonial, existe en relación con los bienes comunes una situación especial y particular, que constituye precisamente la comunidad de gananciales; una vez desaparecido aquél, esa comunidad de carácter sui generis es sustituida por una situación de indivisión o de comunidad ordinaria de los cónyuges o ex cónyuges, resultantes de dicha comunidad. La referida liquidación culmina con la partición o división de los bienes comunes, que no es sino la atribución exclusiva, a cada uno de los comuneros de determinados bienes que representan el equivalente de su correspondiente mitad sobre la masa total.

La parte demandada en su oposición a la partición en el numeral Segundo señalo que pertenecen a la comunidad conyugal las prestaciones sociales, obtenidas por el demandante ciudadano O.D.J.A..

En sentencia Nro. RC.00792, del expediente N° AA20-C-2005-000467, de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 29 de noviembre de 2005, en el caso Mivel Y.V.T. contra L.A.S.A., con ponencia del magistrado CARLOS OBERTO VÉLEZ, quedó asentado que las prestaciones sociales forman parte de la comunidad de gananciales, así como de los bienes que se adquieran con las prestaciones sociales.

Asimismo las prestaciones sociales y demás conceptos que por sueldo o trabajo alguno le pertenecen a uno de lo cónyuges, con motivo del trabajo que desarrolla durante el matrimonio, forman parte de la comunidad de gananciales, de conformidad con lo pautado en el tenor de lo dispuesto en el ordinal 2° del articulo 156 del Código Civil.

En éste mismo sentido, se observa que conforme a ofició N° RRHH/AL./113/1964/2011, emanado del director estadal (E) del poder popular de recursos humanos de la Gobernación del Estado Mérida (f. 239 y 240 cuaderno separado de oposición), en el cual dio respuesta a la comunicación N° 354, de fecha 13 de mayo de 2011, informó que el ciudadano O.D.J.A.A., titular de la cédula de identidad N° V-8.029.850, en la comunicación señala entre otras cosas lo siguiente: Que en tal sentido efectivamente el nombrado ciudadano demando a la gobernación del estado por cobro de prestaciones sociales y demás conceptos laborales. Que al referido ciudadano se le pagaron sus prestaciones sociales y no se le adeuda dinero alguno. Por este concepto ni por otro. Que efectivamente en el momento en que se pago sus prestaciones sociales y demás conceptos laborales se suscribió acta de transacción de fecha 20 de febrero del año 2006, correspondiéndole la cantidad de VEINTISIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE BOLIVARES, CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 27.098.915,87), según orden de pago Nº 5567.

Información que éste Tribunal considera preponderante para formarse mejor criterio y convicción sobre los hechos controvertidos por contener elementos necesarios para dictar el presente fallo y para mantener a las partes en igualdad de condiciones. Es por ello que las prestaciones sociales del ciudadano, O.d.J.A. formaron parte de la comunidad de gananciales y en consecuencia, deben partirse en partes iguales; en consecuencia, se acuerda la partición de las prestaciones sociales de conformidad con lo establecido en el artículo 768 del Código Civil, en concordancia con los artículos 777 del Código de Procedimiento Civil; tal como se hará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo de la sentencia. Y así se declara.

Igualmente se desprende de las pruebas aportadas por la parte demandada en los numerales C y E, este tribunal se pronuncio en su oportunidad en la cual señala que no puede ser objeto de valoración en este juicio puesto que la parte demandada tiene otras vías para atacar dichos documentos razón por la cual no pasan a formar parte de los bienes dejados por fuera por el demandante de autos ciudadano O.D.J.A.A.. Como será expuesto en la dispositiva del presente fallo. Y así se declara.

El Juez al entrar al conocimiento del presente juicio, hace suyo el precepto Constitucional de administrar justicia, teniendo como norte que el proceso es el instrumento fundamental para su relación donde se materializa lo alegado y probado en autos cuyo estudio e interpretación se mantiene en el marco legal vigente y el conocimiento de hecho comprendido en la experiencia común, sin que esto separe el derecho conferido por la ley en cumplimiento del deber jurisdiccional. Así mismo, este juzgador acoge los principios constitucionales consagrados en los artículos 26, 49 y 257 que le obligan a impartir una justicia integral, dentro del ámbito del derecho.

De conformidad con lo que dispone el artículo 156 del Código Civil, son bienes de la comunidad los adquiridos a título oneroso durante el matrimonio, a costa del causal común, así como los obtenidos por la industria, profesión, oficio, sueldo o trabajo de alguno de los cónyuges, mientras que según el artículo 164 eiusdem, se presume que pertenecen a la comunidad todos los bienes existentes, mientras no se pruebe que pertenecen a alguno de los cónyuges, por lo que los antedichos bienes, forman parte de la comunidad conyugal que existió entre el demandante ciudadano O.D.J.A.A. y la ciudadana NIGME Y.A.H., en virtud del matrimonio que los unía. Así se declara.

Así mismo, establecido lo anterior, analizada las actas procésales y existiendo discusión sobre el carácter o cuota de los interesados, estando la demanda apoyada en instrumento fehaciente que acredita la existencia de la comunidad, es decir los bienes a repartir en la oposición y de las normas anteriormente citadas, por lo que en consecuencia este Juzgador debe indefectiblemente declarar PARCIALMENTE CON LUGAR la presente acción de oposición, de los bienes descritos por la demandada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, se emplaza a las partes una vez quede firme la presente decisión para el nombramiento del partidor, como será expresado en la parte dispositiva del presente fallo. Y así se declara.

DISPOSITIVA

Por las consideraciones que anteceden este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Constitución y sus Leyes Declara:

Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la oposición de la parte demandada ciudadana NIGME Y.A.H., venezolana, mayor de edad, divorciada, titular de la cédula de identidad No. V-8.028.956, debidamente representada por la abogada en ejercicio A.J.G.C. e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 62.917, todos debidamente identificados en autos. Y ASÍ SE DECIDE.

Queda excluido de la partición de los bienes de la comunidad conyugal los numerales sexto y séptimo por tratarse del mismo bien señalado en el numeral tercero consistente en Derechos y acciones sobre las mejoras ubicadas en la Avenida 1k; Nº 1k-42 del Barrio Los Altos de S.B., Parroquia S.B.d.Z., Municipio Colon del Estado Zulia; construida por el demandante O.D.J.A.A. conjuntamente con M.E.M.M., sobre un terreno con sus linderos y medidas, según consta en documento debidamente autenticado por ante la Notaria Publica de S.B.d.Z., estado Zulia, en fecha 12 de septiembre del año 2001, bajo el Nº 90, tomo décimo de los libros de autenticaciones llevados por ante esa oficina durante el citado año. Y ASÍ SE DECIDE.

Como consecuencia de lo anterior se ORDENA la partición en partes iguales, entre el demandante ciudadano O.D.J.A.A. y la demandada ciudadana NIGME Y.A.H., solo sobre los siguientes bienes: PRIMERO: Participación en la Asociación Civil denominada ASOCIACION PRO-VIVIENDA “ LA ESPERANZA” y tendrá el carácter de Asociación Civil Privada sin fines de lucro, según consta en documento protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro de Los Municipios Colon, Catatumbo, J.M.S. y f.J.P.d.E.Z.-San C.d.Z., en fecha 3 de marzo de dos mil cuatro (2004), bajo Nº 32, Protocolo Primero, Tomo Décimo, Primer Trimestre del año 2004. SEGUNDO: Prestaciones Sociales que se le hayan pagado al aquí demandante antes de disuelto el vinculo matrimonial por sus servicios prestados a la Gobernación del Estado Mérida, según sentencia emanada por el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción del Estado Mérida dictada en el expediente asunto principal Nº LP21-R-2005-157 de fecha 22 de noviembre del 2005, llevado por el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, dicho monto fue de la cantidad de VEINTISIETE MIL NOVENTA Y OCHO BOLIVARES CON NOVENTA Y UN CENTIMO (Bs. 27.098,01). TERCERO: Derechos y acciones sobre las mejoras ubicadas en la Avenida 1k; Nº 1k-42 del Barrio Los Altos de S.B., Parroquia S.B.d.Z., Municipio Colon del Estado Zulia; construida por el demandante O.D.J.A.A. conjuntamente con M.E.M.M., sobre un terreno con sus linderos y medidas, según consta en documento debidamente autenticado por ante la Notaria Publica de S.B.d.Z., estado Zulia, en fecha 12 de septiembre del año 2001, bajo el Nº 90, tomo décimo de los libros de autenticaciones llevados por ante esa oficina durante el citado año. CUARTO: Un vehiculo con las siguientes características: MODELO: Fiesta Sic, TIPO, Sedan MARCA: Ford, CLASE: Automóvil, AÑO: 1.998, SERIAL DE MOTOR: 1 4 CIL, PLACA: IAE-03F, COLOR: Rojo, USO: Particular, SERIAL DE CARROCERIA: AAWP34093 revisar porque no se ve bien, según consta en Certificado de Registro de Vehiculo Nº 705162, en fecha 15 de Junio del año 2.001, el cual fue adquirido por el aquí demandante ciudadano O.D.J.A.A., antes identificado. QUINTO: Una Camioneta con las siguientes características: MODELO: Cherokke Classi, TIPO: Sport Wagon, MARCA: Jeep, CLASE: Camioneta, AÑO: 2001, SERIAL DE MOTOR: 6 Cilindros, PLACA: LAK-391, COLOR: Dorado, USO: Particular, SERIAL DE CARROCERIA: 8Y4FF58S511705162, Según consta en Certificado de Registro de Vehiculo Nº 705162, en fecha 15 de junio del año 2.001, el cual fue adquirido por el aquí demandante ciudadano O.D.J.A.A.. Una vez quede firme la presente decisión y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el presente proceso. Y ASÍ SE DECIDE.

No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la presente decisión. Y ASÍ SE DECIDE.

Por cuanto la presente decisión se publica fuera del lapso legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil, se ordena notificar a las partes o en su defecto a sus apoderados judiciales, haciéndole saber que el lapso legal para interponer los recursos que sean procedentes contra la decisión dictada comenzará a computarse pasados que sean diez días de despacho, una vez que conste en autos la última notificación acogiendo criterio pacifico y reiterado del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia dictada por la Sala de Casación Civil en fecha 03 de abril de 2003, Exp. Nº 01-0726.Y ASÍ SE DECIDE.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.

Dada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. En Mérida, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil doce (2.012).

EL JUEZ,

ABG. J.C.G.L.

LA SECRETARIA TITULAR,

ABG. AMAHIL ESCALANTE NEWMAN.

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, previo cumplimiento de las formalidades legales, siendo las once de la mañana. Se libraron las boletas de notificación a las partes y se entregaron al alguacil del Tribunal a fin que las haga efectivas. Se expidieron copias certificadas de la sentencia para la estadística del Tribunal.- Conste hoy 29 de Marzo de 2012.

LA SRIA.

ABG. AMAHIL ESCALANTE NEWMAN