Decisión nº 050 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 7 de Marzo de 2012

De la revisión de la causa en virtud de solicitud interpuesta, alegan los defensores privados a favor de su defendido, los Principios Rectores del Receso Acusatorio, "La Libertad es la Regla" y la "Presunción de Inocencia” citando además el decaimiento de la medida Judicial preventiva Privativa de libertad por cuanto han transcurrido mas de dos (02) años sin que se haya realizado el Juicio justo. Observa este Tribunal que el delito imputado por la Fiscalía Séptima del Ministerio Publico del estado Aragua, es por los delitos de EXTORSION y APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE HURTO y ROBO, y que los mismos superan los límites establecidos por la ley para el otorgamiento de Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación de Libertad. Igualmente, observa este Tribunal que en el caso particular, el solo alegato sobre los Principios Rectores, no constituyen cambio de circunstancias procesales que permitan llevar al juez a la convicción de que el imputado no se sustraerá del proceso, en cuanto a que se le sustituya por el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, constituido por una medida menos gravosa, ha sido criterio sostenido por esta juzgadora, que establecer esta medida es improcedente pues genera una carga adicional al Estado cuando tiene que ser sometido a vigilancia y el motivo por el cual se solicita no se encuentra plenamente justificado, como en el caso in comento, aunado al hecho que existe una presunción razonable del Peligro de Fuga, en virtud de que uno de los delitos imputados al ciudadano O.E.D.R., se encuentra el delito de EXTORSION, el cual tiene una pena a imponer en su limite máximo mayor de quince (15) años; en razón de lo cual considera este Tribunal, tomando en consideración lo preceptuado en el artículo 251 del COPP que por la pena que pudiese llegar a imponerse en el presente caso, así como por la magnitud del daño causado existe peligro de fuga razonablemente fundado. Es por ello, que es forzoso mantener la medida de privación impuesta en su oportunidad al encausado, hasta tanto medie cambio de circunstancias procesales a su favor. En cuanto a la solicitud del Decaimiento de Medida solicitado, observa este Tribunal que la audiencia preliminar fue realizada en fecha 05 de agosto del 2010, por el Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, y que en esa misma fecha se ordenó la apertura de Juicio Oral y Público. En fecha 20 de septiembre 2010 la oficina de alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, distribuyó por el sistema aleatorio, equitativo y automatizado la causa 6C-25.481-10 y correspondiéndole conocer a este Tribunal Primero en Funciones de Juicio el cual le asigno el N° 1M-1147-10 dándole entrada en los libros respectivos el 23 de ese mismo mes, acordando celebrar sorteo ordinario de escabinos el 07 de octubre 2010, acto que se realizo y se fijo audiencia de constitución y depuración de Tribunal Mixto para el 19 de octubre 2010. En virtud de las dos (02) convocatorias sin haberse organizado (por inasistencia de los escabinos), se acuerda constituirse en Tribunal unipersonal y se fija audiencia para el debate oral y público el 14 de febrero 2011, siendo diferida por ultima vez para el martes 06 de diciembre 2011 a las 11:00 horas de la mañana. En virtud de lo expuesto este Tribunal considera que no existen dilaciones en la presente causa y así se decide.

Por todo lo antes expuesto este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal del Circuito Judicial Penal del estado Aragua en función de Primero de Juicio, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley acuerda: Negar el otorgamiento de Revisión y Decaimiento de Medida Cautelar Sustitutiva menos gravosa a favor del acusado O.E.D.R., quien es Venezolano, mayor de edad, cedula de identidad N° V-15.393.839, por cuanto visto el hecho tratado se hace necesario mantenerlo bajo resguardo del Estado, siendo lo ajustado mantener la Medida Privativa de Libertad decretada en su contra, y así se decide..”.

ESTA CORTE DE APELACIONES PARA DECIDIR OBSERVA

Se desprende de las actas contenidas en la presente causa que ciertamente el ciudadano O.E.D.R., lleva mas de dos (02) años privados de libertad; alegando por tanto los defensores privados, en su escrito recursivo que existe retardo procesal ya que no se ha aperturado el juicio oral y público como corresponde en el presente asunto, que la Juzgadora en la presente decisión incurre en inmotivación de sentencia al declarar la negativa de la solicitud del decaimiento de la medida privativa de libertad incoada a favor de su defendido, argumentando que tal pronunciamiento lo realizó sin ningún tipo de consideraciones y sin motivación; violentando así lo dispuesto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal; en tal sentido, verifica esta Alzada las causas del retardo del proceso en el presente asunto, en correspondencia con el criterio jurisprudencial establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 12/08/05 (Exp. 04-2085) con ponencia del magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, en la cual se señala:

“...si bien es cierto, y así lo ha sostenido reiteradamente la Sala, que cuando la medida de coerción personal (cualquiera que sea) sobrepasa el término establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, ella decae automáticamente, sin que el señalado texto adjetivo prevea, para que se decrete la libertad, la aplicación de medida sustitutiva alguna, ya que el cese de la coerción –en principio- obra automáticamente, y la orden de excarcelación, si de ella se trata, se hace imperativa, so pena de convertir la detención continuada en una privación ilegítima de la libertad, y en una violación del artículo 44 constitucional. Ello es así en razón de procurar diligencia en el desarrollo del proceso, evitar dilaciones injustificadas y proteger a los imputados de la posibilidad de sufrir detenciones eternas sin que, contra ellos, pese sentencia condenatoria firme.

Sin embargo, también ha sostenido reiteradamente la Sala, que dicho decaimiento no opera automáticamente, cuando el proceso se ha retardado debido a tácticas procesales dilatorias abusivas de las partes o no imputables al órgano jurisdiccional, por cuanto en estos casos una interpretación literal, legalista de la norma, no puede llegar a favorecer a aquellos que tratan de desvirtuar la razón de la ley, obteniendo de mala fe un resultado indebido.

En tal sentido, acota la Sala, que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es un derecho de configuración legal. En consecuencia, dicho derecho contiene un mandato al legislador para que ordene “el proceso de forma que se alcance el difícil equilibrio entre su rápida tramitación y las garantías de la defensa de las partes”, proporcionando los medios legales para que el Juez pueda evitar las maniobras dilatorias”.

De la trascripción jurisprudencial antes transcrita y una vez efectuado el análisis pormenorizado de la presente causa signada con el alfanumérico 1M-1147-10, aprecian quienes aquí deciden, que en fecha 14 de noviembre de 2011, el Tribunal Primero de Juicio de este Circuito Judicial Penal, emitió decisión mediante la cual negó el decaimiento de la medida judicial preventiva de libertad, al acusado O.E.D.R., a quien se le sigue causa por la presunta comisión de los delitos de EXTORSION, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el secuestro y la Extorsión y APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DEL HURTO Y ROBO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, analizando en su motiva que:

…observa este Tribunal que en el caso particular, el solo alegato sobre los Principios Rectores, no constituyen cambio de circunstancias procesales que permitan llevar al juez a la convicción de que el imputado no se sustraerá del proceso, en cuanto a que se le sustituya por el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, constituido por una medida menos gravosa, ha sido criterio sostenido por esta juzgadora, que establecer esta medida es improcedente pues genera una carga adicional al Estado cuando tiene que ser sometido a vigilancia y el motivo por el cual se solicita no se encuentra plenamente justificado, como en el caso in comento, aunado al hecho que existe una presunción razonable del Peligro de Fuga, en virtud de que uno de los delitos imputados al ciudadano O.E.D.R., se encuentra el delito de EXTORSION, el cual tiene una pena a imponer en su limite máximo mayor de quince (15) años; en razón de lo cual considera este Tribunal, tomando en consideración lo preceptuado en el artículo 251 del COPP que por la pena que pudiese llegar a imponerse en el presente caso, así como por la magnitud del daño causado existe peligro de fuga razonablemente fundado. Es por ello, que es forzoso mantener la medida de privación impuesta en su oportunidad al encausado, hasta tanto medie cambio de circunstancias procesales a su favor. En cuanto a la solicitud del Decaimiento de Medida solicitado, observa este Tribunal que la audiencia preliminar fue realizada en fecha 05 de agosto del 2010, por el Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, y que en esa misma fecha se ordenó la apertura de Juicio Oral y Público. En fecha 20 de septiembre 2010 la oficina de alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, distribuyó por el sistema aleatorio, equitativo y automatizado la causa 6C-25.481-10 y correspondiéndole conocer a este Tribunal Primero en Funciones de Juicio el cual le asigno el N° 1M-1147-10 dándole entrada en los libros respectivos el 23 de ese mismo mes, acordando celebrar sorteo ordinario de escabinos el 07 de octubre 2010, acto que se realizo y se fijo audiencia de constitución y depuración de Tribunal Mixto para el 19 de octubre 2010. En virtud de las dos (02) convocatorias sin haberse organizado (por inasistencia de los escabinos), se acuerda constituirse en Tribunal unipersonal y se fija audiencia para el debate oral y público el 14 de febrero 2011, siendo diferida por ultima vez para el martes 06 de diciembre 2011 a las 11:00 horas de la mañana. En virtud de lo expuesto este Tribunal considera que no existen dilaciones en la presente causa y así se decide

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Ahora bien, de la trascripción antes señalada y de la revisión exhaustiva realizada a la presente causa alfanumérica 1M-1147-10, observan quienes aquí deciden, que no le asiste la razón al recurrente, por cuanto se evidencia que las dilaciones y retardos en el proceso penal seguido en contra del ciudadano O.E.D.R., se deben a causas ajenas al Tribunal de la causa; así tenemos que primeramente el retardo se debió a los diferimientos de las audiencias oral y publica por incomparecencia de todas las partes, por inasistencia de los escabinos, en virtud del receso judicial, al respecto es importante destacar que es deber de todos los Tribunales, garantizar el debido proceso y velar por el fiel cumplimiento de los derechos consagrados en nuestra Carta Magna y demás disposiciones legales, por lo que se infiere que debió el Juzgado a quo, como en efecto lo hizo, agotar la vía de la constitución del Tribunal Mixto, antes de conformar el Tribunal como Unipersonal, garantizando con ello el derecho a la participación ciudadana.

Tomando en cuentas las anteriores consideraciones, la Jueza Primero de Juicio, acordó mantener la medida privativa de libertad del acusado, por cuanto igualmente se mantienen suficientes elementos de convicción en su contra, que presumen la participación del acusado en la comisión de los delitos de EXTORSION, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el secuestro y la Extorsión y APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DEL HURTO Y ROBO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, por lo cual la Jueza a quo, consideró necesario mantener la medida privativa de libertad del ciudadano O.E.D.R., para asegurar su asistencia al proceso penal.

Ahora bien, esta Alzada a los fines de corroborar que el retardo procesal en el presente asunto se deben a causas ajenas al Tribunal a quo, pasa a realizar un análisis de los actos procesales llevados en la causa seguida al ciudadano O.E.D.R., en los siguientes términos:

En fecha 13 de agosto de 2009, fue presentada acusación formal por las ciudadanas S.S.D.B. y E.D.V.G.G. en su carácter de Fiscal Cuarta (4°) principal y Auxiliar del Ministerio Público del estado Aragua, en contra del ciudadano imputado O.E.D.R. y otros, por la presunta comisión de los delitos de EXTORSION, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el secuestro y la Extorsión y ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR EN GRADO DE COMPLICIDAD, previsto y sancionado en el artículo 5 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, en concordancia con el artículo 84 numeral 1 del Código Penal.

En fecha 05 de agosto de 2010 se realizó la audiencia preliminar, en la presente causa seguida a los ciudadanos E.O.D.V., J.A.D.P. y O.E.D.R., (folio 01 al 10 de la tercera pieza).

En esa misma fecha (05-08-2010), se acordó la apertura a juicio en la presente causa. (folio 11 al 15 de la tercera pieza).

En fecha 10 de enero de 2011, se constituyo el Tribunal unipersonal y acuerda fijar el debate oral y público para el día 14 de febrero de 2011. (folio 18 de la primera pieza).

En fecha 14 de febrero de 2011, cursa acta mediante la cual se acordó diferir la audiencia oral y pública para el día 22 de marzo de 2011, siendo que solo compareció la defensa privada abogado L.P. para la época, mas no así el resto de las partes. (folio 20 de la primera pieza).

En fecha 22 de marzo de 2011, cursa acta mediante la cual se acordó diferir la audiencia oral y pública para el día 14 de abril de 2011, siendo que solo compareció la defensa privada abogado L.P., mas no así el resto de las partes. (folio 21 de la primera pieza).

En fecha 14 de abril de 2011, cursa acta mediante la cual se acordó diferir la audiencia oral y pública para el día 31 de mayo de 2011, por incomparecencia de todas las partes. (folio 55 de la primera pieza).

En fecha 31 de mayo de 2011, cursa auto mediante la cual se acordó diferir la audiencia oral y pública para el día 16 de junio de 2011, a solicitud del Fiscal Séptimo del Ministerio Público del estado Aragua. (folio 57 de la primera pieza).

En fecha 16 de junio de 2011, cursa acta mediante la cual se acordó diferir la audiencia oral y pública para el día 26 de julio de 2011, siendo que comparecieron la defensa, el Fiscal del Ministerio Público, mas no así las víctimas. (f. 59 de la primera pieza).

En fecha 11 de julio de 2011, fue presentado escrito de solicitud de revisión y decaimiento ante el Juzgado Primero de Juicio Circunscripcional, por los abogados A.J.M.B. y N.H.P., en su carácter de defensores privados del ciudadano O.E.D.R.. (folio 62 al 68 de la primera pieza).

En fecha 26 de julio de 2011, cursa acta mediante la cual se acordó diferir la audiencia oral y pública para el día 30 de agosto de 2011, en virtud de que el Tribunal se encontraba en continuación de juicios, comparecieron la defensa y el acusado. (folio 69 de la primera pieza).

En fecha 17 de agosto de 2011, cursa acta mediante la cual se acordó diferir la audiencia oral y pública que estaba fijada para el día 30 de agosto de 2011, en virtud del receso judicial, quedando pautada para el día 03 de noviembre de 2011. (folio 70 de la primera pieza).

En fecha 03 de noviembre de 2011, cursa acta mediante la cual se acordó diferir la audiencia oral y pública para el día 06 de diciembre de 2011, siendo que se encuentra presentes la defensa, el acusado y las víctimas, mas no así el fiscal del Ministerio público, dejándose constancia del nombramiento del abogado J.Á.. ( folio 70 de la cuarta pieza).

En fecha 03 de noviembre de 2011, cursa escrito presentado por los abogados A.J.M.B. y N.H.P., en su carácter de defensores privados del acusado O.E.D.R., mediante el cual ratifican la solicitud de revisión y decaimiento de la medida judicial preventiva privativa de libertad. (folio 71 al 77 de la cuarta pieza).

En fecha 06 de diciembre de 2011, cursa acta mediante la cual se acordó diferir la audiencia oral y pública para el día 21 de febrero de 2012, por incomparecencia de las partes. (folio 83 de la cuarta pieza).

Se desprende de lo anteriormente narrado, que si bien es cierto los diferimientos que se han suscitado en el presente proceso, no obedecen a tácticas dilatorias por parte de la defensa, en razón de que los mismos han sido por diversas causas: incomparecencia de las partes, inasistencia de los escabinos para la constitución del Tribunal mixto, por solicitudes de diferimientos, y al receso judicial, en tal sentido, la Juez a-quo en virtud de las dos convocatorias para la depuración de los escabinos sin haberse organizado la asistencia de los mismos, acordó la constitución del Tribunal unipersonal fijando el debate oral y público para el día 14 de febrero de 2011.

Determinado lo anterior, cabe destacar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha precisado que “La medida de coerción personal que es decretada contra un imputado o acusado decae, previo análisis de las causas de la dilación procesal, cuando han transcurrido más de dos años de su vigencia, contados a partir del momento en que fue dictada, siempre y cuando, no se haya proveído la prórroga establecida en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que, en ese caso, deberá esperarse que culmine la misma para que pueda existir dicho decaimiento. No procederá el decaimiento de la medida, aunque hayan transcurrido los dos años, en aquellos casos en los cuales dicho lapso haya transcurrido por causas imputables al procesado, o cuando la libertad del imputado se convierte en una infracción del artículo 55 de la Constitución vigente, todo lo cual debe ser debidamente examinado por el juez de juicio”. (Vid. Sentencias de fechas 24/01/2001 y 15/09/2004, Casos: R.A.C., e I.A.U.).

Por ello, cuando el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, hace referencia a un plazo para el mantenimiento de las medidas de coerción personal, o de sus prórrogas, debe estimarse que dicho tiempo no sólo se circunscribe al transcurso inexorable de los días, con prescindencia de la valoración de las circunstancias procesales ocurridas en el caso concreto, sino a un plazo razonable, que tal como lo analizó la instancia, determinó circunstancias suscitadas que de forma objetiva incidieron en la negativa del decaimiento.

En este orden de ideas, tal como se expuso, dentro de los principios que regulan la aplicación de las medidas de coerción personal, el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 244 estableció el principio de la proporcionalidad, en atención de procurar diligencia en el desarrollo del proceso, lo cual a criterio de la instancia y compartido por esta Alzada, se evidenció que desde el comienzo del presente proceso, se realizaron las diligencias pertinentes a los fines de que se efectuaran, en primer lugar la audiencia preliminar que tuvo lugar el día 05 de agosto de 2010, en esa misma fecha se ordeno la apertura del juicio oral y público, asimismo los diferimientos mayormente se originaron por la incomparecencia de las partes, e inasistencia de los escabinos para la constitución del Tribunal mixto, y al receso judicial, siendo que el día 07 de octubre de 2010 se fijo la celebración del sorteo ordinario de escabinos, y el día 19 de ese mismo mes y año se fijo la audiencia especial de depuración y constitución de escabinos, en virtud de las dos convocatorias y por inasistencia de los escabinos el Tribunal Primero de Juicio procedió a constituirse en Tribunal en Unipersonal, con el fin de velar por la garantía que ciertamente ampara a los procesados, para que las medidas preventivas no se transformen en condenas anticipadas, tal y como se ha establecido en criterio jurisprudencial, pues la naturaleza de ellas son las de garantizar y asegurar las resultas del proceso. Sobre este particular, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 626 de fecha del 13-04.07, con ponencia de la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, ha señalado:

…Cabe recalcar que en el proceso pueden existir dilaciones propias de la complejidad del asunto debatido, por lo que el simple transcurso del tiempo no configura íntegramente el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, pues, de lo contrario, la compresible complejidad que pudiera llegar a tener un caso se convertiría en un mecanismo que propenda a la impunidad. Tal circunstancia, en un razonamiento lógico, conduce a concluir que la norma per se excluye los retrasos justificados que nacen de la dificultad misma de lo debatido; sólo esta interpretación justifica que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se refiera al deber del Estado de garantizar una justicia sin dilaciones indebidas, lo que reconoce implícitamente que en los procesos pueden existir dilaciones debidas o, dicho en otras palabras, que se pueden justificar, tal como lo refiere en igual sentido el propio artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal. Así, un proceso penal puede prolongarse sin que exista una tardanza de mala fe imputable a las partes o al Juez, pues en algunos casos es posible y hasta necesario para la búsqueda de la verdad de los hechos que las partes, en ejercicio pleno de su derecho a la defensa y dada la complejidad del caso, promuevan un número importante de medios de pruebas que luego deberán ser evacuadas, en estos casos, se insiste, la tardanza del proceso penal se debe a la complejidad de los hechos controvertidos y mal puede dicha complejidad beneficiar a los posibles culpables…omissis

. (Subrayado y resaltado de esta Sala).

En armonía con el criterio parcialmente trascrito ut supra, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente Nro 07-0367 mediante sentencia Nº 148, de fecha 25/03/2008, precisó lo siguiente:

El artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone que: ‘Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes’.

En relación al señalado artículo y el levantamiento de la medida privativa de libertad, la Sala Constitucional expresó: ‘declarar automáticamente la libertad sin restricción una vez que el lapso de dos años anteriormente citado se haya vencido, atentaría contra la propia ratio de las medidas cautelares, toda vez que éstas constituyen un medio para asegurar los f.d.p., que son lograr la búsqueda de la verdad y la aplicación de la ley penal sustantiva al caso concreto, siendo dichas medidas un mecanismo para neutralizar los peligros que puedan obstaculizar la consecución de tales fines.

De igual forma, tal proceder, acarrearía consecuencias político-criminales sumamente negativas, toda vez que conllevaría a la impunidad; pudiendo implicar a su vez un alto costo individual, especialmente con relación al peligro que ello pueda implicar para la víctima del delito (tomando en cuenta que el artículo 30 de la propia Constitución establece el deber del Estado de brindarle protección) y para la parte acusadora, así como también un alto costo social’.

En tal sentido, y siguiendo al maestro a.J.M.M., debe indicarse que la jerarquía constitucional de la seguridad común (consagrado en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) que se aspira a proteger a través del proceso como instrumento de la función penal del Estado, es de igual rango que la libertad individual del hombre a quien se le imputa haber conculcado aquélla. Este último es autor de un delito, aquélla es su víctima. Así, en el proceso penal, en forma permanente, están presentes en estas dos garantías, debiendo atender la Ley a ambas, y por ello el equilibrio entre ellas debe ser consultado y regulado paso a paso. Ninguna debe estar por encima de la otra, sino sólo en la medida indispensable, excepcional, adecuada a la finalidad del proceso penal, y con la exigencia ineludible de que se cause el menor daño posible (MORAS MOM, Jorge. Manual de Derecho Procesal Penal. Quinta edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1999, p. 286). De lo anterior se desprende una consecuencia lógica, y es que ante estos casos el Juez debe llevar a cabo una ponderación de intereses

. (Sentencia N° 1212 del 14 de junio de 2005). (Subrayado de la Sala).

En virtud de lo expuesto, esta Superioridad observa que las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar la comparecencia de los imputados o acusados a los actos del proceso, resaltando tal como se señaló anteriormente que los múltiples diferimientos han sido por incomparecencia de las partes en general, inasistencia de los escabinos para la constitución del Tribunal mixto, solicitudes de diferimientos, y al receso judicial, por lo que se colige que las causas del retardo procesal en la presente causa no son atribuibles a la administración de Justicia sino por el contrario, han obedecido a razones de otro índole.

Siendo así, considera esta Alzada que la recurrida al momento de proferir la decisión impugnada, mediante la cual niega el decaimiento de la medida privativa que pesa sobre el ciudadano O.E.D.R., realizó el debido análisis de las circunstancias que enmarcan el caso sub examine, a los fines de determinar la no procedencia de dicho decaimiento; razón por la cual consideran quienes aquí deciden, que no le asiste la razón a los recurrentes abogados A.J.M.B. y N.H.P., en su condición de defensores privados del ciudadano O.E.D.R., en cuanto a los argumentos expuestos en el escrito de apelación, por cuanto los mismos quedaron debidamente desvirtuados, y en consecuencia, procede a declarar sin lugar el recurso de apelación, confirmando la decisión recurrida. Así se decide.

D I S P O S I T I V A

Por las razones antes expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los abogados A.J.M.B. y N.H.P., en su condición de defensores privados del ciudadano O.E.D.R., en contra de la decisión dictada en fecha 14 de noviembre de 2011, por el Juzgado de Primera Instancia en Función de Primero de Juicio de este Circuito Judicial Penal del estado Aragua, mediante la cual NEGÓ EL OTORGAMIENTO DEL DECAIMIENTO DE LA MEDIDA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD que pesa sobre el ciudadano antes señalados, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal y los criterios jurisprudenciales referidos en la misma. SEGUNDO: Se confirma la decisión impugnada.

Regístrese, diarícese, déjese copia, notifíquese y remítase la presente causa al Tribunal de origen en su oportunidad.

EL MAGISTRADO PRESIDENTE,

A.J.P.S.

EL MAGISTRADO y PONENTE,

F.G.C.M.

EL MAGISTRADO DE LA CORTE,

O.R.F.

LA SECRETARIA,

K.D.V.P.

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado en el auto anterior.

LA SECRETARIA,

K.D.V.P.

AJPS/FGCM/ORF /jacqueline.

Causa: 1Aa-9214/12