Decisión de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral, con sede en Cagua de Aragua, de 17 de Marzo de 2014

La Litis queda planteada conforme a las alegaciones efectuadas por las partes, en las oportunidades legalmente establecidas al efecto. Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el Juez debe decidir exclusivamente conforme a lo alegado y probado en autos.

Lo apuntado implica que aquellos hechos que no han sido debidamente alegados por las partes en las respectivas oportunidades procesales que están previstas en la Ley para que las partes aleguen, AJUSTADO A DERECHO, no pueden ser demostradas válidamente durante el proceso; pues éste, ciertamente está sometido a los principios de la preclusión y de la seguridad jurídica y atenta contra el derecho a la defensa el cual se manifiesta igualmente en las probanzas.

Este notado aspecto del proceso judicial, en la cual inciden decisivamente las cargas procesales de las partes, no puede ser obviado por esta Juzgadora y es tenido en cuenta para esta Decisión; por lo cual, la misma se ajustará exclusivamente a aquellos hechos que han sido oportuna y debidamente alegados por las partes y posteriormente probados de modo válido en el proceso y a los hechos que de alguna manera estén demostrados en los autos, ambas conforme a los Principios Procesales de la Comunidad de la Prueba y de la Adquisición de la Prueba.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, la Sentencia debe decidir lo alegado y probado en autos, es decir, lo que oportunamente ha sido alegado y probado por las partes en el curso del proceso, y ello implica que las alegaciones deben preceder a las probanzas, pues, de lo contrario se violaría el derecho a la defensa en todo estado y grado de la Causa, establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Así el proceso judicial patrio está sometido al Principio de la Preclusión y por consiguiente las oportunidades procesales para la realización de los actos del procedimiento dentro del proceso judicial, realizados o no dichos actos, no es posible pretender realizarlos. Por lo que, el Tribunal hace acotamiento que las oportunidades que respectivamente tienen conforme a la Ley son el acto de interposición del Libelo de Demanda y el acto de Contestación a la Demanda; recuerda este Tribunal que la reiterada realización de alegaciones extemporáneas por las partes: a) atentan contra la buena marcha del proceso y lo entorpece; b) las partes tienen la obligación de efectuar sus alegaciones y demás actuaciones procesales conforme a una adecuada técnica jurídica, lo que in fine redundaría en el propio beneficio de ellas.

Las alegaciones deben ser efectuadas circunstancialmente, las partes al hacerlo deben explanar las circunstancias de tiempo, lugar y modo atinente a los hechos, pues el m.d.p. es reconstructivo y en consecuencia, en la demanda y en la contestación se deben indicar todas aquellas alegaciones que luego en las oportunidades probatorias, legalmente establecidas al efecto, deberán evidenciar para llevar a la intima convicción al Juzgador de su concurrencia. En consecuencia, aquellas alegaciones que en sus oportunidades procesales se realicen en forma genérica, sin indicar el tiempo, lugar y modo en que ocurrieron, no podrán ser objeto de Pruebas, ya que atentaría contra el derecho al debido proceso en el cual está implícito el derecho a la defensa y en amparo de estos derechos, no serán apreciadas a favor ni en contra de ninguna de las partes, pues al ser derechos constitucionales son de orden público, a pesar de que por el principio de exhaustividad de la Sentencia, deban analizarse y juzgarse.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, reguladores de la carga de la prueba, corresponde al que afirma hechos, el demostrarlos. Solamente los hechos negativos absolutos quedan exceptuados de su prueba, por parte de quien niega, por distribución de la carga probatoria y los hechos notorios; así los hechos controvertidos deben ser objeto de las probanzas y estos son aquellos en los que las partes no están contestes.

El Principio Procesal de la Comunidad de la Prueba, implica que toda aquella prueba realizada válidamente produce efectos en el juicio, con independencia del sujeto procesal que la haya producido.

La apreciación de las pruebas se hace conforme a la regla de la Sana Crítica, salvo aquellas en que la misma tenga alguna regla de valoración especial expresamente establecida en la Ley, tal como ocurre en el caso de documentos públicos y en el de la confesión judicial y extrajudicial.

El pago de las costas de un proceso incluye, los costos del juicio y honorarios del abogado. Las costas procesales son un efecto del proceso, dependiendo su condena del vencimiento total en un juicio o en una incidencia en el mismo. Y así se aclara.

Observadas las reglas procesales que se aplican en la presente causa, se pasa a examinar, valorar y establecer los parámetros de la controversia según lo que está acreditado en el expediente.

-III-

DE LA PRETENSION DEDUCIDA Y LOS HECHOS CONTROVERTIDOS

Del análisis del libelo de demanda y de la contestación al fondo de la misma, se concluye que la pretensión de la parte Actora es la PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA del derecho de propiedad de un terreno y las bienhechurías sobre el construidas, cuya extensión es de NOVECIENTOS TREINA METROS CUADRADOS (930 Mts2), según título supletorio evacuado por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, de fecha 06 de noviembre de 1979, dicho inmueble está ubicado en la Calle Sucre cruce con Calle Carreño, N° 22, Turmero, Municipio S.M.d.E.A., cuyos linderos particulares, conforme a documento de propiedad protocolizado bajo el N° 17, folios 27 al 28, Protocoló Primero, de fecha 12 de julio de 1903, son los siguientes: NACIENTE: Calle en medio y casa de herederos de R.O.. PONIENTE: Solar y casa de herederos de J.A.G.; NORTE: Solar y casa de V.B.; y SUR: Calle en medio, solar y casa de D.D.. Aduciendo que “…Mis padres, los ciudadanos E.T. y P.R.D.T., ya identificados, y mi p.D.T., antes identificada, desde el año 1945, habían venido poseyendo y permaneciendo, en forma continua, no interrumpida, pacífica, no equívoca y con intención de tener la cosa como suyas propia, es decir, con verdadero ánimos de dueños, de propietarios, tanto un Terreno como unas bienhechurías que infra describo, la cual poseyeron a título de su vivienda principal y única, realizando los siguientes actos posesorios: cuidado, vigilancia, mantenimiento y limpieza, también efectuaron mejoras y ampliaciones. Todos los actos posesorios anteriores los realizaron desde el año 1945, cuando fueron llevados allí a vivir por nuestros abuelos: I.Y.T.H. y C.R., quienes a su vez tenían la posesión en vista de que el ciudadano: ILDENFONZO HERMOSO, quien es el propietario del inmueble, les cedería dicho inmueble. Ahora bien, mis padres titulares de las cédulas de identidad N° V-249.826 y V-323.919, fallecieron AB-INTESTATO el día Nueve (9) de Octubre del año 1985 y el Treinta (30) de Octubre del año 2002, respectivamente; mi p.D.T., titular d la cédula de identidad N° V-2.239.207, mis hermanos ya identificados y yo, hemos continuado poseyendo legítimamente hasta la fecha tanto el Terreno como las bienhechurías…”. Igualmente, del estudio exhaustivo del libelo de Demanda y del escrito de Contestación a la misma, se desprende que el único hecho controvertido es demostrar la parte Actora, la posesión legítima por 20 años. Y así se establece.

Por su parte, el defensor ad litem de la parte demandada, manifestó haber intentado comunicarse con su defendida, demostrando tal afirmación, contestando la demanda, donde negó, rechazó y contradijo la presente demanda, en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos narrados, como en el derecho invocado como asidero legal a la acción ejercida.

Trabada la litis en la forma que antecede, esta Juzgadora encuentra de interés hacer las siguientes precisiones:

-IV-

PUNTO PREVIO

De la revisión del libelo de demanda se observa que quien interpone la demanda es el ciudadano J.F.T.R. en representación de sus hermanos: E.J.T.D.P., J.V.T.R., J.P.T.R., P.M.T.A., E.J.R.A., M.C.R.A., C.R.R.D. ROJAS Y D.T., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-4.398.812, V-8.726.774, V-5.270.848, V-3.518.581, V-3.517.231, V-3.937.736, V-2.238.486 y V-2.239.207 respectivamente, asistido de abogados; ahora bien cursa a los folios 09 al 13, poder especial otorgado a dicho ciudadano por ante el Registro Inmobiliario de los Municipios S.M., Libertador y F.L.A.d.A., quedando anotada bajo el N° 6, tomo 1°, protocolo 3°, folio 34 al 40, de fecha 14 de junio de 2004, del segundo trimestre del año 2004, que señala lo siguiente:

…Que conferimos poder de administración y disposición al ciudadano J.F.T.R., venezolano, mayor de edad, domiciliado en Turmero, Estado Aragua y titular de la Cédula de Identidad No. 7.176.166 también integrante de las Sucesiones antes mencionadas, para que nos represente, sostenga nuestros derechos e interese en la tramitación, gestión y negociación de todos los bienes inmuebles pertenecientes a las Sucesiones E.T. y P.R.D.T.…Asimismo le otorgamos poder para que nos represente en el juicio que por prescripción adquisitiva intentaremos para la obtención del derecho de propiedad del terreno donde se encuentras levantadas las bienhechurías que conforman la casa identificada con el N° 22, ubicada en la calle Sucre cruce con calle Carreño, en la Ciudad de Turmero, Municipio S.M.d.E.A.. En ejercicio del presente poder queda facultado el prenombrado ciudadano para administrar y disponer de los inmuebles antes referidos y en consecuencia podrá efectuar arrendamientos, opciones de compra venta, suscribir documentos de venta, recibir cantidades de dinero provenientes de las negociaciones señaladas, previa consulta de todos los integrantes de la Sucesiones. Así mismo queda facultado el ciudadano J.F.T.R., para efectuar todas las diligencias relativas a las solicitudes de los recaudos exigidos por las autoridades competentes para la culminación del proceso de las ventas de inmueble anteriormente indicado, Así mismo podrá el referido ciudadano intentar y contestar la demanda judicial aquí mencionada antes los tribunales, podrá darse por citado o notificado, solicitar y gestionar la citación de demandados, promover y contestar toda clase de cuestiones previas: promover y evacuar todo tipo de pruebas y cualquier clase de defensa permitidas por la ley, tachar, desconocer o impugnar documentos públicos o privados y seguir activamente el juicio, en todas sus instancias e incidencias hasta sus efectos finales. Igualmente el referido apoderado podrá otorgar o sustituir el presente poder en forma total o parcial, reservándose o no su ejercicio en personas de su confianza, pudiendo igualmente revocar las sustituciones que hicieren…

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Por consiguiente es necesario señalar lo establecido en el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil:

Sólo podrán ejercer en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a las disposiciones de la Ley de Abogados

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De igual forma, el artículo 150 ejusdem del Código de Procedimiento Civil establece que:

Cuando las partes gestionen en el proceso civil por medio de apoderados estos deben estar facultados con mandato o poder

Ahora bien, el artículo 3 de la Ley de Abogados, reserva a quienes ostentan el título respectivo, la posibilidad de representar a otros en juicio mediante apoderamiento, exigencia ratificada por el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, conforme a ello, resulta ineficaz la actuación en procesos judiciales de apoderados no abogados, sin que esa incapacidad pueda ser subsanada con la asistencia de un profesional; en ese sentido, la jurisprudencia ha señalado en forma reiterada que son ineficaces las actuaciones realizadas en juicio por quien no es abogado, aun cuando hubiere actuado asistido de abogado.

Siendo así la Sala de Casación Civil del m.T., en sentencia de fecha 23 de febrero de 1995, ponente Magistrado Dr. C.T.P., juicio P.I.R.d.F.V.. A.L.C.d.M., Expediente N° 94-0188, sentencia N° 0045, donde señaló lo siguiente:

…no tienen eficacia las actuaciones cumplidas en el proceso, por una persona que no posea el título de abogado o que siéndolo, no tiene libre ejercicio de la abogacía…

Asimismo, la Sala de Casación Civil de nuestro m.T., en auto de fecha 27 de octubre de 1998, ponente Magistrado Dr. L.D.V., juicio O.A.L.T.V.. J.L.L.T.; O.P.T 1988, N° 10, señaló lo siguiente:

…En el actual régimen procesal el legislador ha puesto énfasis en conferir la capacidad de postulación en juicio por otra persona en forma exclusiva a los abogados, al establecer tal cualidad en forma imperativa en el Art. 166…el ejercicio de la representación en juicio es un beneficio legal y exclusivo de los profesionales del derecho, excluyendo a todos aquellos ciudadanos que no han obtenido el título de abogado…

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De igual forma, esta Sala del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de enero de 1992, juicio Raúl Lubo Loza.V.. Asoc. Civil Fundación para la Orquesta Juvenil del Estado Aragua, Exp. N° 89-0651, señaló:

…el Art. 3 de la L.A. reserva a quienes ostentan el título respectivo, la posibilidad de representar a otros en juicios mediante apoderamiento; exigencia ratificada por el Art. 166 del C.PC., conforme a ello, resulta ineficaz la actuación en procesos, judiciales de apoderados no abogados, sin que esa incapacidad pueda ser subsanada con la asistencia de un profesional…

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Por su parte la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, expediente Nro.04-0174 de fecha 07 de julio de 2.006, sentencia Nro. 1.371, señaló lo siguiente:

“…Que el fallo referido- del 29/05-2003-, esta sala estableció que: “…para la ejercitación de un poder dentro de un proceso se requiere ser abogado en ejercicio, sin que la falta de cualidad profesional pueda suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho, como sucede en el presente caso (…) por las razones que anteceden, esta sala considera que, tal y como lo ha dispuesto la jurisprudencia, en el caso de autos, el tribunal de la causa debió declarar como no interpuesta la demanda que se intentó y la nulidad de todo lo actuado…”.

En este sentido, se observa a los folios 06 al 10 del presente expediente, poder de administración y disposición, conferido al ciudadano J.F.T.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.176.166, por los ciudadanos E.J.T.D.P., J.V.T.R., J.P.T.R., P.M.T.A., E.J.R.A., M.C.R.A., C.R.R.D. ROJAS Y D.T., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.398.812, V-8.726.774, V-5.270.848, V-3.518.581, V-3.517.231, V-3.937.736, V-2.238.486 y V-2.239.207 respectivamente, por ante el Registro Inmobiliario de los Municipios S.M., Libertador y F.L.A.d.A., quedando anotada bajo el N° 6, tomo 1°, protocolo 3°, folio 34 al 40, de fecha 14 de junio de 2004, del segundo trimestre del año 2004, evidenciándose que el ciudadano J.F.T.R., no ostenta el titulo de abogado, razón esta que de conformidad a los artículos in comento, el prenombrado ciudadano no puede ejercer acciones judiciales en representación de otros ciudadanos, si el mismo no acredita ser abogado, y con titulo universitario debidamente registrado y colegiado; por lo que, forzoso es para quien decide declarar la inadmisible de la demanda intentada. Y así se decide.

En virtud del criterio antes fijado, ésta juzgadora no pasa a analizar el fondo de la presente demanda.

-V-

DISPOSITIVA

En merito de las razones de hecho y derecho que anteceden, este Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Se declara INADMISIBLE la demanda por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA intentada por el ciudadano J.F.T.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-7.176.166, en nombre y representación de sus hermanos: E.J.T.D.P., J.V.T.R., J.P.T.R., P.M.T.A., E.J.R.A., M.C.R.A., C.R.R.D. ROJAS Y D.T., venezolanos, mayores de edad, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-4.398.812, V-8.726.774, V-5.270.848, V-3.518.581, V-3.517.231, V-3.937.736, V-2.238.486 Y V-2.239.207 respectivamente, debidamente asistidos por los abogados M.J.S.B. y R.R.M.P., Inpreabogado Nros. 61.107 y 134.715 respectivamente, contra el ciudadano I.H., venezolano, mayor de edad. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en razón de la naturaleza del presente fallo. TERCERO: Por cuanto fue dictada la presente decisión fuera del lapso previsto en el artículo 515 Código de Procedimiento Civil, se ordena notificar a las partes conforme a las disposiciones del artículo 251 en concordancia con el artículo 233 del precitado Código.

Déjese copia certificada de la presente decisión en el Copiador de Sentencia llevado por este Tribunal, todo conforme al artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dado, Firmado y Sellado en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, a los 17 días del mes de Marzo de 2014. Años 203° de la Independencia y 155° de la Federación. Regístrese, Publíquese.

LA JUEZ PROVISORIA,

DRA. M.D.L.P.S.S.

LA SECRETARIA,

Abog. P.A.

En esta misma fecha, previo cumplimiento de las formalidades exigidas en la ley, se publicó la anterior Decisión, siendo las 01:08 p.m.

LA SECRETARIA,

Abog. P.A.

EXP. N° 12-16581

MPSS