Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 30 de Septiembre de 2009

El thema decidendum lo constituye la inconformidad de los abogados L.F.P., J.E. y O.M., Fiscal Sexagésimo Sexto a Nivel Nacional, Fiscal Auxiliar Comisionado Sexagésimo Sexto a Nivel Nacional con Competencia Plena y Fiscal Décimo Octavo del estado Táchira, respectivamente, contra la decisión dictada con ocasión de la audiencia preliminar celebrada en fecha 12 de mayo de 2009, publicada el 28 del mismo mes y año, por la Jueza de Primera Instancia en Función de Control N° 1 de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó el sobreseimiento de la causa a favor del ciudadano Ben A.S.R., desestimando la acusación presentada por el Ministerio Público.

La decisión del cual recurren los representantes del Ministerio Público, fue dictada con ocasión de la audiencia preliminar celebrada en fecha 12 de mayo de 2009, donde se desestimó la acusación presentada por la representación fiscal contra el ciudadano Ben A.S.R., por la comisión de los delitos de violencia física y violencia psicológica, previstos y sancionados en los artículos 17 y 20 de la Ley Orgánica Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia (vigente para el momento de los hechos), con la agravante dispuesta en el numeral 1 del artículo 21 eiusdem, en perjuicio de B.S.M.D..

Ahora bien, la fase intermedia del procedimiento penal ordinario, se encuentra prevista en el libro segundo del procedimiento ordinario en su titulo II, artículos 327 al 331 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual tiene como finalidad lograr la depuración del procedimiento por parte del Juez de Control, quien tiene la función de realizar un control formal y un control material sobre el acto conclusivo acusatorio presentado por el Ministerio Público.

El control formal sobre la acusación, consiste en la verificación por parte del juez del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, a saber identificación del o los imputados y la descripción y calificación del hecho atribuido; en tanto que el control material, conlleva al análisis de los requisitos de fondo en que se basa la acusación, para determinar si tiene un fundamento serio, esto es si resulta verosímil el pronóstico de condena respecto al acusado. De manera que al finalizar la audiencia preliminar, el juez de control de manera motivada, señalará si hay o no elementos suficientes para llevar a juicio al imputado, y si existe un defecto de forma en la acusación, deberá ordenar que se subsane y subsiguientemente admitirla total o parcialmente; o por el contrario inadmitirla, y decretar el sobreseimiento de la causa, conforme al artículo 318 del Código Orgánico Procesal.

El juez de la fase intermedia en el ejercicio del control judicial, puede motivadamente, desestimar total o parcialmente la acusación, bien porque del examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamentó el Ministerio Público para presentar la acusación, no proporcionan basamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, o porque los hechos no revisten carácter penal o están evidentemente prescritos; pero es importante resaltar que el juez de control, no puede en esta fase intermedia, juzgar sobre cuestiones de fondo que son propias y exclusivas del juicio oral.

Al respecto, la Sala Constitucional, en sentencia Nº 1.303/2005, de fecha 20 de junio de 2005, señaló:

la fase intermedia del procedimiento penal ordinario tiene por finalidades esenciales lograr la depuración del procedimiento, comunicar al imputado sobre la acusación interpuesta en su contra, y permitir que el Juez ejerza el control de la acusación

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Esta última finalidad implica, la realización de un análisis (motivado), de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el escrito acusatorio, fungiendo esta fase procesal entonces como un filtro, a los fines de evitar la interposición de acusaciones infundadas y arbitrarias, procurando la celebración del debate oral, ante la certidumbre de la presunta comisión de un hecho punible, donde se vincula al acusado como autor o partícipe del mismo.

Ahora bien, observa esta Sala que el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, se pronunció desestimando la acusación fiscal en lo que respecta al delito de violencia psicológica, señalando de manera grácil que con base al informe psiquiátrico N° 9700-164-4725, practicado a la ciudadana Mora Duque B.S., los hechos denunciados no se realizaron y por lo tanto no existía delito alguno, además de ello, omitió pronunciarse sobre los demás elementos de convicción descritos en el libelo acusatorio, por parte del Ministerio Público.

En tal sentido, es pertinente acotar que todo Juez debe decidir en revisión del caso en concreto, tratándose de una atribución que le es inherente a su función específica, como parte del ejercicio de la tutela judicial, efectiva y material de los derechos del sometido a proceso. Esa decisión debe surgir de un detenido análisis y valoración de las pretensiones y fundamentos de hecho y derecho que el solicitante planteó frente a él, de acuerdo a lo que se deduzca de la aplicación de las normas legales correspondientes, constituyéndose esta decisión en una de las más elementales manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva, entendiéndose que tal pronunciamiento debe, ante todo, la debida protección del ordenamiento jurídico al derecho cuya tutela exige el respeto del órgano jurisdiccional.

Al respecto la Sentencia Nº 1963 de fecha 16 de Octubre de 2001 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia establece:

Dentro de estas garantías procesales se encuentra la referida a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución, la cual, tiene un contenido complejo, que se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho que ponga fin al proceso. Este contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se compone de dos exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes. De manera que una sentencia inmotivada no puede considerarse fundada en derecho, siendo lesiva del artículo 26 de la Constitución… Con respecto a lo anterior, esta Sala advierte que la motivación de las sentencias no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador. La obligación de motivar el fallo impone que la decisión judicial esté precedida de la argumentación que la fundamente, atendiendo congruentemente al núcleo de las pretensiones de las partes. De otro modo, se conculcaría el derecho a la tutela judicial efectiva

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Por ello, tanto la doctrina como la jurisprudencia establecen la necesidad de que toda decisión asumida por los órganos jurisdiccionales deba ser motivada, puesto que con ello se conculca la posibilidad de que el ciudadano afectado por la decisión pueda no sólo conocer el alcance la resolución, sino también pueda ejercer adecuadamente los recursos para que la instancia superior pueda efectivamente ejercer el control sobre lo decidido.

En el presente caso, la ausencia de un razonamiento lógico jurídico que permita entender los motivos por los cuales se desestimó la acusación fiscal en la que respecta al delito de violencia psicológica, produce una vulneración al Ministerio Público de sus derechos fundamentales, razón por la cual, la decisión recurrida se encuentra viciada de nulidad absoluta, conforme a lo establecido en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional ha sido clara en determinar que para tales casos, en los cuales exista inmotivación acerca de lo resuelto, la consecuencia jurídica inmediata es la nulidad de lo decidido; y así se declara.

El otro aspecto denunciado por los recurrentes, se refiere a la prescripción de la acción penal decretada por la a quo en lo que respecta al delito de violencia física. Indica el Ministerio Público, que el Tribunal de Control realizó una indebida aplicación de la ley, ya que al momento de realizar los cálculos correspondientes a la prescripción y por ende el consecuente decreto de sobreseimiento, no tomó en cuenta cada uno de los actos procesales que interrumpen la misma. Argumentan que en el caso de marras, se han verificado una serie de actuaciones procesales importantes, entendiéndose que con las mismas quedó interrumpida la prescripción, ya que suponen actos procesales susceptibles de interrumpirla, provocando además que comience a correr nuevamente el lapso de prescripción previsto en la ley.

Antes de abordar el mérito sobre este aspecto, conviene precisar la naturaleza jurídica de la prescripción de la acción penal, en el sistema jurídico venezolano, establecido como uno de los medios que extinguen la acción penal, conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal, y por ende, conlleva el sobreseimiento de la causa, a tenor del numeral 3 del artículo 318 eiusdem.

La prescripción, es entendido como el instituto que mediante el transcurso del tiempo y del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley, se adquiere o se extingue un derecho, de allí que se distinga entre prescripción adquisitiva y extintiva. Esta última, tiende a confundirse con la caducidad, y con el decaimiento de la acción, habida cuenta de sus efectos jurídicos comunes, siempre de carácter extintivo.

Sus diferencias, radican fundamentalmente que la prescripción extintiva normalmente nace desde un término, pudiéndose interrumpir o suspender, además ataca al derecho in abstracto cuyo titular fue negligente en su ejercicio, mientras que la caducidad siempre nace desde el acontecimiento de un hecho o acto, esto es, no susceptible de interrumpir o suspender, y por ende, sólo se evita asumiendo la conducta positiva que impone el deber de actuar, y por último ataca a la acción in concreto, entendida esta como la potestad jurídica del justiciable de acudir ante los órganos jurisdiccionales, para que, mediante el ejercicio de la acción, se interponga una pretensión que será resuelta conforme a derecho.

El instituto del decaimiento de la acción, es sui géneris, pues, parte de la premisa que la acción ha nacido válida, libre de vicios formales o sustanciales, pero sus efectos jurídicos decaen por el sólo transcurso del tiempo frente a la conducta omisiva.

En otro orden de ideas, cabe destacar que la prescripción en materia penal, es de orden público, y obra de pleno derecho por haber sido establecida en interés social, y para ello, basta observar las diversas disposiciones que prevé el Código Orgánico Procesal Penal, sobre el particular.

Así mismo, con base a las diversas disposiciones normativas que regulan la prescripción de la acción penal, indican que la misma puede oponerse en cualquier estado y grado de la causa, estando el Juez obligado a verificar, aun de oficio, si ha operado tal instituto.

En este mismo contexto, de la prescripción de la acción penal, la doctrina distingue entre la ordinaria y la especial o judicial, también conocida extraordinaria. La primera, esto es, la ordinaria, se consuma por el transcurso del tiempo previsto en la ley y calculado de acuerdo con la pena, conforme a lo establecido en el artículo 108 del Código Penal, pudiendo ser interrumpido el plazo de prescripción transcurrido, por los motivos establecidos en el artículo 110 del Código Penal, en cuyo caso, comenzará a correr nuevamente la prescripción desde el día de su interrupción.

Ahora bien la prescripción extraordinaria o judicial, es aquella que se encuentra enmarcada en el artículo 110 del Código Penal, la cual consiste en que si el proceso se prolongarse por un tiempo igual al de la prescripción de la acción, más la mitad del mismo, y siempre que la dilación judicial ocurra sin culpa del reo, traerá como consecuencia la prescripción de la acción penal. Igualmente la fórmula se aplica si el término de prescripción que determina la ley es menor de un año, quedará ella interrumpida por cualquier acto de procedimiento, pero si en el término de un año, contado desde el día en que comenzó a correr la prescripción no se dictare la sentencia condenatoria, se tendrá por prescrita la acción penal.

Se destaca, que aunque el código la llame prescripción, realmente se trata de una forma de extinción de la acción, debido a la prolongación del proceso por causa de la inactividad del órgano jurisdiccional, esto con la finalidad de proteger al reo de un proceso interminable.

En el caso bajo análisis, esta Sala observa que la orden de inicio a la investigación penal fue dictada el 14 de septiembre de 2004, en razón de la denuncia interpuesta en fecha 08-09-2004, por la ciudadana Mora Duque B.S.. Asimismo, se verifican a continuación diversos actos procesales, tales como:

Citación para comparecer a rendir declaración a Ben A.S.R. en fecha 18-11-2004 (folio 20);

Citación para comparecer a rendir declaración a Ben A.S.R. en fecha 08-09-2006 (folio 91);

Declaración rendida en calidad de imputado por el ciudadano Ben A.S.R., debidamente asistido de abogado defensor ante la Fiscalía Décima Octava del Ministerio Público en fecha 19-09-2006 (folio 92);

Acto de imputación al ciudadano Ben A.S.R., debidamente asistido de abogado defensor ante la Fiscalía Décima Octava del Ministerio Público en fecha 21-05-2007 (folio 116);

Presentación de acto conclusivo acusatorio contra Ben A.S.R. en fecha 17-06-2007 (folio 137);

Decisión dictada en la audiencia preliminar celebrada en fecha 10-08-2007, ante el Tribunal Noveno de Control;

Decisión de la Corte de Apelaciones de fecha 08-11-2007, donde se ordenó la reposición de la causa al estado de celebrar nuevamente la audiencia preliminar (folio 257).

Decisión dictada en la audiencia preliminar celebrada en fecha 29-09-2008, ante el Tribunal Sexto de control;

Decisión de la Corte de Apelaciones de fecha 05-03-2009, donde se ordenó la reposición de la causa al estado de celebrar nuevamente la audiencia preliminar (folio 436).

Ahora bien, tal como se explicó ut supra, la prescripción ordinaria, puede ser interrumpida, y nuevamente comenzará a contarse la prescripción desde el día del acto que generó la interrupción; en su defecto, la prescripción extraordinaria o judicial, la cual surge como resultado de la prolongación del proceso sin culpa del reo, no es realmente una prescripción, sino extinción de las acciones, por decaimiento de las mismas, debido a la falta de impulso pleno del proceso, la cual no es susceptible de interrupción, y por disposición del artículo 110 del Código Penal, se cuenta el lapso de prescripción más la mitad del mismo, a partir del momento en que se apertura la investigación.

La prescripción extraordinaria o judicial es subsidiaria a la prescripción ordinaria, pues sólo opera, cuando de acuerdo a las reglas de la prescripción ordinaria esta se ha descartado, pero que al verificarse la prolongación del proceso judicial por un tiempo igual al de la prescripción ordinaria aplicable, más su mitad, y sin culpa del reo, irrefutablemente se verifica la prescripción judicial, especial o extraordinaria.

En este sentido, al abordar el caso su júdice, la recurrida fundamenta que desde que ocurrió el hecho, tal como consta en el acta policial inserta al folio cuatro (04) y su vuelto de fecha 08 de septiembre de 2004, se evidenciaba que había transcurrido al día 12 de mayo de 2009, momento en que se celebró la audiencia preliminar ante el Tribunal Primero de Control, cuatro (04) años, ocho (08) meses y cuatro (04) días; por tanto, es evidente que ese lapso era más que suficiente para que operara la prescripción de la acción penal, por lo que debía concluirse que por el transcurso del tiempo, el Estado perdió la posibilidad de sancionar penalmente al presunto culpable del mismo, de conformidad con el artículo 108 numeral 5 del Código Penal.

Como se observa, es palmaria la confusión de la juez de la recurrida en materia de prescripción de la acción penal, pues afirma, sin tomar en consideración los actos interruptivos, que la acción penal ha prescrito, cuando debió verificar la existencia de esos actos para comprobar si operaba o no la prescripción ordinaria, y descartada ésta, subsidiariamente, aplicar las reglas de la prescripción judicial o extraordinaria; en consecuencia, le asiste razón a la parte recurrente al invocar que no ha operado la extinción de la acción penal por prescripción, motivado a la existencia de actos interruptivos de la misma; y así formalmente se declara.

Con base a las consideraciones antes expuestas, esta Corte de Apelaciones anula la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 1 de este Circuito Judicial Penal del estado Táchira, de fecha 28 de mayo de 2009, que inadmitió la acusación presentada por el Ministerio Público contra el ciudadano Ben A.S.R., por la presunta comisión de los delitos violencia física y violencia psicológica, previstos y sancionados en los artículos 17 y 20 de la Ley Orgánica Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia (vigente para el momento de los hechos), con la agravante dispuesta en el numeral 1 del artículo 21 eiusdem, en perjuicio de la ciudadana Mora Duque B.S., y decretó el sobreseimiento de la causa por haber incurrido en el vicio de inmotivación que vulnera la tutela judicial y efectiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 49 numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 173 del Código Orgánico Procesal Penal; y así se decide.

DECISION

Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones, en su única Sala, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECIDE:

1. Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por L.F.P., J.E. y O.M., Fiscal Sexagésimo Sexto a Nivel Nacional, Fiscal Auxiliar Comisionado Sexagésimo Sexto a Nivel Nacional con Competencia Plena y Fiscal Décimo Octavo del estado Táchira, respectivamente.

2. Anula, en los términos aquí expuestos, la decisión dictada el 12 de mayo de 2009, por la Jueza de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 01, de este Circuito Judicial Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, que inadmitió la acusación presentada por el Ministerio Público contra el ciudadano Ben A.S.R., por la presunta comisión de los delitos violencia física y violencia psicológica, previstos y sancionados en los artículos 17 y 20 de la Ley Orgánica Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia (vigente para el momento de los hechos), con la agravante dispuesta en el numeral 1 del artículo 21 eiusdem, en perjuicio de la ciudadana Mora Duque B.S., y decretó el sobreseimiento de la causa.

3. Ordena la celebración de una nueva audiencia preliminar ante un Tribunal de igual categoría pero distinto al que conoció la audiencia preliminar; debiendo dictar decisión con prescindencia de los vicios que dieron origen a la nulidad de la decisión.

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada, en la sala de audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la ciudad San Cristóbal, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil nueve (2009). Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

Los Jueces de la Corte,

E.J.P.H.

Juez Presidente-Ponente

Jaime de Jesús Velásquez Martínez Gerson Alexánder Niño

Juez Juez

Milton Eloy Granados Fernández

Secretario

En la misma fecha se cumplió lo ordenado.

Milton Eloy Granados Fernández

Secretario

Aa-3903-2009

EJPH/Neyda