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Vincent

En abril de 1997, en pleno régimen del tándem Fujimori-Montesinos, en el marco de un ope rativo militar denominado Chavín de Huántar, se produjo el rescate de los rehenes del grupo terrorista Túpac Amaru, retenidos en la residencia del embajador de Japón en Perú.Minutos después de concluida la operación de rescate, ingresaron a esa sede funcionarios del Servicio de Inteligencia Nacional de Perú, con los rostros cubiertos por pasamontañas.Uno de los terroristas, Eduardo Cruz, abandonó la embajada junto con el resto de los rehenes, fingiendo ser uno de ellos; pero, según la evidencia disponible, al ser identificado como uno de los miembros del MRTA, se rindió, fue nuevamente introducido a la residencia del embajador y allí fue ajusticiado con un disparo en la nuca. Estos hechos fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, luego de su tramitación ante ella, el caso fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual acaba de dar a conocer su sentencia.Sin solidarizarnos con los terroristas, es fácil entender el sentimiento de repudio que genera una ejecución extrajudicial por parte de quienes actúan en nombre de la sociedad organizada y respecto de quienes se espera una conducta ajustada a derecho. Por consiguiente, era previsible asumir que estos hechos condujeran a una condena en contra de Perú, no para reivindicar los actos de los terroristas sino para rechazar que el Estado se aleje de su compromiso de respetar los derechos humanos. No hay excusa para apartarse de la legalidad internacional. Nada justifica que el Estado caiga en la barbarie, haciendo suyos los mismos valores de los delincuentes y terroristas.Del mismo modo como antes Hugo Chávez y su pupilo Nicolás Maduro desconocieron la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de víctimas de la represión más despiadada, ahora es el presidente de Perú, Ollanta Humala, quien, incluso antes de que se conociera la sentencia en el caso Chavín de Huántar, anunció que no acataría un fallo favorable a los reclamantes. Entre gente sin...

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