Decisión de Juzgado Superior Civil y Mercantil de Monagas, de 23 de Julio de 2014
| Fecha de Resolución | 23 de Julio de 2014 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil y Mercantil |
| Ponente | José Tomas Barrios Medina |
| Procedimiento | Reivindicación |
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, BANCARIO Y DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS
204° y 155°
A los fines de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se establece que en el presente juicio intervienen como partes y apoderados las siguientes personas:
PARTE DEMANDANTE: PARCELADORA Y CONSTRUCCIONES TIPURO C.A, Sociedad de Comercio, domiciliada en Caracas, Distrito Federal, inscrita en el Registro Mercantil, Primera Circunscripción del Distrito Federal con el Nº 60, tomo 10-B de fecha 29 de Septiembre de 1955, el día 14 de Septiembre 1956; con el Nº 87, Tomo, 12-A y el 30 de Julio de 1970, bajo el Nº 20, Tomo 74-A.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Ciudadanos J.E.C.C., inscrito en el inpreabogado bajo el número 30.601 abogado en ejercicio.
PARTE DEMANDADA: Ciudadano R.A.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 2.778.0408 y de este domicilio.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Ciudadanos J.M. GUEVARA M. Y JESÚS A VALVERDE A, venezolanos, mayor de edad, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 32.887 y 6423, carácter que se desprende de instrumento poder inserto en el folio doscientos treinta y seis (236) del presente expediente.
MOTIVO: REINVIDICACIÓN.
EXPEDIENTE Nº 003609
Conoce este Tribunal con motivo de la apelación ejercida en fecha 30 de Abril de 1990 por la abogada en ejercicio S.H., en su carácter de Procurador General del estado Monagas, en contra de la decisión de fecha 25 de Noviembre de 1990, proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, inserta del folio ochenta y nueve (89) del presente expediente; mediante la cual le concedió al Ejecutivo Regional del estado Monagas, seis (06) días de despachos siguientes, para que procediera a levantar del terreno a reivindicar las instalaciones que sobre el se encontraban, en el juicio que con motivo de REIVINDICACIÓN, incoara por la PARCELADORA Y CONSTRUCCIONES TIPURO C.A, en contra del ciudadano R.A.R..
ÚNICO
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En fecha Veinticuatro 24 de Mayo de 1990, este Tribunal le dio entrada al presente expediente y fijó el décimo (10) día siguiente para que las partes presentaran sus conclusiones escritas, tal como consta en el folio ciento treinta (103).
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En fecha doce (12) de Junio de 1990, ambas parte consignaron escritos de informes insertos a los folios (104 al 122 y 122 al 130), respectivamente. Seguidamente, en esa misma fecha el Tribunal dictó auto mediante el cual se aperturó el lapso de ocho (08) días de despacho para que las partes formularan sus observaciones de conformidad con el articulo 519 del Código de Procedimiento Civil. (Folio 291 vto).
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En fecha veinticinco 25 de Junio de 19990, este Tribunal se reserva el lapso para decidir. Folio (295).
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En fecha 16 de Septiembre de 1991, se acordó la continuación del juicio y se libraron las respectivas boletas de notificación. (Folio 296).
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En fecha 14 de octubre de 2005 el abogado D.R.J., se aboco al conocimiento de la causa y al efecto se libraron las respectivas boleras de notificación a las partes (Folios 298 al 301).
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En fecha 23 de Julio de 2014 ME ABOQUE al conocimiento de la presente causa, por cuanto fui designado como Juez de este Juzgado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, mediante oficio Nº CJ-14-1328, de fecha 04 de Junio de 2014, siendo debidamente juramentado en fecha 02 de Julio del año en curso por ante la Sala Plena del M.T. de la República, tomando posesión del mismo en fecha 08 de Julio del año que discurre.
Ahora bien, efectuado el correspondiente recorrido procesal quien decide denota que desde el 27 de Abril de 1989, oportunidad en la cual el apoderado judicial de la parte demandada consignó escrito inserto en el folio ciento cuarenta y siete (147), hasta la presente fecha han transcurrido veinticinco (25) años, sin que se haya realizado ningún otro acto para impulsar la actividad de este Órgano Jurisdiccional; de lo cual se desprende una total falta de interés procesal que se evidencia por la injustificada paralización en que se ha mantenido esta causa y la falta del debido Impulso, conducta que debe ser sancionada conforme al criterio sostenido por la Sala Constitucional de nuestro más Alto Tribunal, en sentencia Nº 956, de fecha 01 de Junio de 2.001 con Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, referida al Decaimiento de la Acción, que de seguidas se copia en extracto:
(…) Es cierto, que es un deber del Estado, que se desarrolla por medio del órgano jurisdiccional, sentenciar en los lapsos establecidos en la ley, que son los garantes de la justicia expedita y oportuna a que se refiere el artículo 26 constitucional. Es cierto que incumplir tal deber y obligación es una falta grave, que no debe perjudicar a las víctimas del incumplimiento; pero cuando tal deber se incumple existen como correctivos, que los interesados soliciten se condene a los jueces por el delito tipificado en el artículo 207 del Código Penal, o acusar la denegación de justicia que funda una sanción disciplinaria, o la indemnización por parte del juez o del Estado de daños y perjuicios (artículos 838 del Código de Procedimiento Civil y 49 Constitucional); y en lo que al juez respecta, además de hacerse acreedor de todas esas sanciones, si el Estado indemniza puede repetir contra él. (…) No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta. No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, argüir que todo ocurre por un deber del Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor. En los tribunales reposan procesos que tienen más de veinte años en estado de sentencia, ocupando espacio en el archivo, los cuales a veces, contienen medidas preventivas dictadas ad eternum, y un buen día, después de años, se pide la sentencia, lo más probable ante un juez distinto al de la sustanciación, quien así debe separarse de lo que conoce actualmente, y ocuparse de tal juicio. ¿Y es que el accionante no tienen ninguna responsabilidad en esa dilación?. A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor. No es que la Sala pretenda premiar la pereza o irresponsabilidad de los jueces, ya que contra la inacción de éstos de obrar en los términos legales hay correctivos penales, civiles y disciplinarios, ni es que pretende perjudicar a los usuarios del sistema judicial, sino que ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor, tal elemento de la acción cuya falta se constata, no sólo de autos sino de los libros del archivo del tribunal que prueban el acceso a los expedientes, tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción…
Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 25 de marzo de 2.002, indicó, entre otras cosas lo siguiente:
(…) Por otra parte, es oportuno destacar que, esta Sala, al referirse a inactividad procesal en estado de sentencia, en atención a lo preceptuado en el articulo 26 de la Constitución vigente, estimó que dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encontraba la pérdida de interés, la cual tendría lugar cuando la parte no quiera que se sentencie la causa, lo que se refleja en la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso…
En atención a lo supra expuesto, adoptando íntegramente el precedente vinculante sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y constatada la falta de interés de las partes en el presente Juicio en esta instancia judicial, este Sentenciador considera procedente declarar EL DECAIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION POR PERDIDA DEL INTERES PROCESAL, en consecuencia EXTINGUIDO EL P.E.E.I. y ordena la remisión del expediente al tribunal de la causa a los fines legales consiguientes. Y así se declarara en la dispositiva.-
DISPOSITIVA
Por los razonamientos que anteceden este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, y en total apego a criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 956, de fecha 01 de Junio de 2.001, declara el DECAIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN POR PERDIDA DEL INTERÉS PROCESAL, en el juicio con motivo de REIVINDICACIÓN incoado por los ciudadanos PARCELADORA Y CONSTRUCCIONES TIPURO C.A sociedad de comercio en contra del ciudadano R.A.. En consecuencia, se declara EXTINGUIDO EL P.E.E.I. y se CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida. Asimismo remítase al Tribunal de Origen a los fines legales consiguientes. Líbrese lo conducente.-
Dada la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas.-
Publíquese, Regístrese, déjese copia y cúmplase.-
Dado, firmado y sellado en la sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En Maturín, a los veintitrés (23) días del mes de Julio del año Dos Mil Catorce. Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
EL JUEZ,
ABG. C.E.N.A..
LA SECRETARIA,
ABG. NEYBIS RAMONCINI RUIZ.
En esta misma fecha siendo las 3:00 P.M se publicó la anterior decisión. Conste:
LA SECRETARIA,
ABG. NEYBIS RAMONCINI RUIZ.
CENA/nnr/ 0000
Exp. Nº 003609
