Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 1 de Noviembre de 2007

Quedaron asignadas las presentes actuaciones al conocimiento de esta alzada, en virtud de las apelaciones respectivamente ejercidas los días de despacho 07 y 10 de octubre de 2005 por la parte actora, ciudadano C.P.B., y por la parte demandada, ciudadano, J.D.J.M.A., en contra de la sentencia definitiva dictada el 19 de septiembre de 2005 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de cumplimiento incoada; INADMISIBLE la acción merodeclarativa ejercida por la parte actora “…por existir otra acción mediante la cual es posible obtener la satisfacción plena del derecho reclamado en los petitorios Primero y Segundo del escrito de demanda…” y, en consecuencia, condenó a la parte demandada a protocolizar el documento definitivo de compraventa del inmueble identificado en dicho fallo y de conformidad con lo previsto en el artículo 1.266 del Código Civil, “…en defecto del cumplimiento voluntario de la parte demandada de la presente sentencia, servirá esta decisión como título traslativo de propiedad, una vez que se haga constar que la misma se encuentra definitivamente firme y ejecutoriada, y que el ciudadano J.D.J.M.A. ha cumplido con su obligación de pagar el precio pactado, es decir, la cantidad de Bs. 15.000.000,oo o demuestre haber cumplido los contratos suscritos con los ciudadanos F.P.P. y SOWIESKY A.G., así como el pago de la cantidad de Bs. 1.000.000,oo al ciudadano DAVID RUOZZI…” y, finalmente, declaró SIN LUGAR la pretensión reivindicativa actora.

Ambas apelaciones quedaron oídas en ambos efectos mediante auto dictado en fecha 14 de octubre de 2005 que ordenó la remisión del expediente al Juzgado Distribuidor Superior de turno, a los fines consiguientes. Asignado el conocimiento de este recurso al Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, que por auto fechado 25 de octubre de ese mismo año, ordenó la devolución del expediente al juzgado a quo para corrección de foliatura. Nuevamente recibido el expediente por dicha superioridad, quedó estampado en el expediente su recepción y por auto fechado 05 de diciembre de 2005 se fijó el vigésimo (20°) día de despacho siguiente para la presentación de los respectivos informes en alzada por las partes.

Todos los sujetos procesales presentaron tempestivamente -23 de enero de 2006- sus escritos de informes, siendo que la parte demandante arguyó lo siguiente para sustentar su apelación: 1) Que en la sentencia no se decide conforme a lo alegado y probado, así como tampoco contiene la recurrida decisión expresa, positiva y precisa con arreglo ala pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, de conformidad con lo previsto en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en base a que no existe petitorio actor alguno en virtud del cual se haya pretendido una acción merodeclarativa, al igual que un pretendido petitorio reivindicatorio sobre una presunta posesión no alegada, siendo que tan solo fue pretendido el cumplimiento contractual de compraventa inmobiliaria mediante la protocolización del documento correspondiente –una vez comprobado el pago del precio- sobre un lote de terreno específicamente determinado. 2) Que como resultado de ello, la sentencia recurrida está viciada de nulidad, a tenor de lo previsto en el artículo 244 del citado código adjetivo.

El accionado, en sus informes de alzada, expuso como acertada el rechazo a las pretensiones actoras merodeclarativas, no obstante también arguyó consideraciones de fondo en contra de la sentencia recurrida, alegando que el demandante nunca dio cumplimiento a su obligación principal como vendedor del inmueble, cual era la de protocolizar el documento público tan pronto se inscribiera ante la oficina de registro –y dentro del plazo de 6 meses contados a partir del 30 de enero de 1997, fecha en la cual se produjo la compraventa inmobiliaria- el título de partición por el cual el demandante comprobaría ser dueño de los terrenos vendidos.

Solo la parte demandante hizo uso de su derecho de presentar escrito de observaciones a los informes de su contraparte, para lo cual acompañó documento público otorgado en fecha 30 de diciembre de 2005 ante el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda, bajo el No. 4, Tomo 34 del Protocolo Primero, contentivo de una operación de compraventa inmobiliaria sobre un lote de terreno de secano de 1.555,48 mts.2 de área aproximada, dentro de la posesión El Mangal que forma parte de la posesión Surima, luego de lo cual la alzada dictó auto de fecha 10 de abril de 2006, en virtud del cual difirió por 30 días el lapso para sentenciar.

Seguidamente y por auto fechado 06 de marzo de 2007, el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial requirió al Juzgado Octavo de Primera Instancia de la misma competencia y jurisdicción, mediante auto para mejor proveer fundamentado en lo previsto en el artículo 514 del Código de Procedimiento Civil, copia certificada del libelo de demanda presentado por los ciudadanos J.L.C.G. y Carlinga Cisneros García en contra de los ciudadanos C.P.B., C.P.d.P., F.S.G., L.E.P., A.R.d.P., L.A.M., C.I.G.d.M. y otros; demanda de nulidad ésta que aparece agregada a los autos en copia certificada, por auto de fecha 22 de marzo de 2007.

En fecha 21 de marzo de 2007, el juez de alzada procedió a inhibirse del conocimiento de la causa de conformidad con la sentencia No. 2140 de fecha 07 de agosto de 2003 proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Vencido el lapso de allanamiento, en fecha 27 de marzo de 2007 se ordenó el desglose del acta de inhibición con la correspondiente apertura del cuaderno de inhibición, y la remisión del expediente al Juzgado Superior Distribuidor de turno, quedando asignada esta superioridad –Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas- para el conocimiento de la causa principal.

Por auto fechado 11 de abril de 2007 se ordenó nuevamente la remisión del expediente al Juzgado Superior Séptimo para corrección de foliatura, luego de lo cual y según constancia secretarial fechada 17 de abril de 2007 esta superioridad vuelve a recibir el referido expediente.

En tal sentido, en fecha 23 de abril de 2007 se da por recibido el expediente mediante auto quien aquí decide se avoca al conocimiento de la causa ordenándose diferir por 30 días consecutivos el lapso para fallar, luego de cumplidos los trámites para la notificación de las partes, la cual se consumó en fecha 09 de julio de 2007 según constancia secretarial que aparece estampada en el expediente.

De esta manera quedó agotada la sustanciación del presente juicio según el procedimiento en segunda instancia para sentencias definitivas, por lo que de seguidas se procede con el resumen de las actuaciones procesales que conforman su expediente.

II

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

El juicio se inicia el 15 de octubre de 2001, mediante la interposición de una demanda de cumplimiento de contrato de compraventa inmobiliaria por parte del ciudadano C.P.B. en contra del ciudadano J.D.J.M.A., en cuyo texto libelar se exponen los siguientes alegatos: 1) Que según documento autenticado el 19 de febrero de 1997 ante la Notaría Pública Primera del Municipio Autónomo de Chacao del Estado Miranda, bajo el No. 43, Tomo 27, vendió al demandado una parcela de terreno de secano de 500 mts.2, “…la cual forma parte de una mayor extensión …ubicada en el sitio LOS GUAYABITOS, jurisdicción del Municipio Autónomo de Baruta del Estado Miranda, comprendida la mayor extensión dentro de los siguientes linderos generales: NORTE, Carretera o Avenida Principal Los Guayabitos que conduce a El Volcán; SUR, línea recta que la separa de terrenos que son o fueron de la sociedad mercantil AGROINDUSTRIAL SALVASA CA.; ESTE, Urbanización PALMAS REALES; y OESTE, parcelas de diversos dueños, siendo la primera de ellas de Capitán P.S.….” oponiendo al accionado en dicho acto, el documento autenticado de compraventa y el plano que lo acompañó como “…debidamente firmado por las partes…”. 2) Que el precio pactado fue por Bs. 15.000.000,oo, “…obligándose el comprador a cancelar el mismo, mediante la ejecución y entrega de varios trabajos a efectuar conforme a contratos celebrados con los Señores F.P.P. y Sowiesky A.G., y con el pago de … (Bs. 1.000.000,oo) al Sr. D.R. como cancelación de una parcela de terreno para derecho de paso a la carretera de acceso a las otras parcelas que lindan con la parcela vendida…”. 3) Que se convino que la venta se materializaría mediante la protocolización de dicho documento autenticado de compraventa inmobiliaria. 4) Que en diversas oportunidades instó al demandado a que fije oportunidad para dicho otorgamiento “…previa la comprobación del pago del precio establecido, negándose éste a tal requerimiento, así como también a suministrar los documentos que acrediten la cancelación del precio acordado…”. 5) Fundamentó su demanda en lo previsto en los artículos 1.159, 1.160, 1.167, 1.354 del Código Civil. 6) Demandó el cumplimiento contractual pretendiendo que al accionado sea condenado en lo siguiente: A) Que son ciertos los hechos narrados. B) Que no existe ninguna otra operación de parcela o lote de terreno entre el Dr. C.P.B. y el Dr. J.J.M.A., en la zona de Los Guayabitos ni en ninguna otra zona, distinta a la descrita el libelo. C) Que otorgue el accionado el documento de compraventa mediante su protocolización ante la respectiva Oficina Subalterna de Registro, “…una vez acreditado el pago mediante la cancelación de los contratos suscritos con los Señores F.P.P. y Sowiesky A.G., y mediante la comprobación del pago del Millón de Bolívares …que debió efectuar al Sr. D.R., o en su defecto, para que cancele la suma de …(Bs. 15.000.000,oo), precio convenido en el contrato de venta cuyo cumplimiento se demanda…”. D) Que se efectúe “…la correspondiente adecuación económica de dicha cantidad para el momento en que debe verificarse el pago, por lo que solicito se acuerde la correspondiente experticia complementaria al fallo…”.

Esta demanda quedó admitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante auto que aparece dictado en fecha 14 de noviembre de 2001, que igualmente ordenó el emplazamiento del accionado para dar contestación a la demanda.

Iniciados los trámites de citación personal y asumiendo el 10 de mayo de 2002 el conocimiento de la causa el juez provisorio designado, las mismas resultaron fallidas por lo que fue requerido el libramiento de respectivos carteles los cuales una vez acordados, aparecen consignadas sus publicaciones mediante diligencia fechada 27 de junio de 2003 y cumplidos los trámites según constancia secretarial que aparece estampado en el expediente en fecha 06 de agosto de 2003.

En fecha 27 de agosto de 2003 fue designada defensora judicial ad litem, luego de lo cual el apoderado actor presentó escrito de reforma total de demanda, que aparece consignado en fecha 17 de septiembre de ese año, contentivo de los siguientes alegatos: 1) Que por documento autenticado el 19 de febrero de 1997 ante la Notaría Pública Primera del Municipio Autónomo de Chacao del Estado Miranda, bajo el No. 43, Tomo 27, vendió al accionado una parcela de terreno de secano de 500 mts.2, “…la cual forma parte de una mayor extensión…, ubicada en el sitio LOS GUAYABITOS, jurisdicción del Municipio Autónomo de Baruta del Estado Miranda, comprendida la mayor extensión dentro de los siguientes linderos generales: NORTE, Carretera o Avenida Principal Los Guayabitos que conduce a El Volcán; SUR, línea recta que la separa de terrenos que son o fueron de la sociedad mercantil AGROINDUSTRIAL SALVASA CA.; ESTE, Urbanización PALMAS REALES, OESTE, parcelas de diversos dueños, siendo la primera de ellas del Capitán P.S.: La parcela vendida, forma un polígono dentro de la mayor extensión antes delimitada, determinado por los siguientes linderos y las siguientes coordenadas geográficas planas, referidas a Loma Quintana: NORTE con terrenos propiedad de los vendedores, ESTE con vía de acceso, SUR con terrenos propiedad de los vendedores OESTE con terrenos propiedad de los vendedores y constituye un polígono irregular determinado por las siguientes coordenadas geográficas referidas a Loma Quintana dentro de la mayor extensión delimitada arriba, pto F-a Norte -10.448,53 Este 9.619,65 en línea recta con una distancia de 18,65 metros al pto F-b Norte -10.455,07 Este 9.637,18 en línea recta con una distancia de 27,08 metros al pto F-c Norte -10.478,06 Este 9.622,80 en línea recta con una distancia de 15,69 metros al pto F-d Norte -10.477,16 Este 9.607,13 en línea recta con una distancia de 15,71 metros al pto F-e Norte -10.462,18 Este 9.611,93 en líena recta con una distancia de 15,69 metros al pto F-a Norte -10.448,53 Este 9.619,65 y está determinada en el plano que se acompañó al documento de venta, el cual fue debidamente firmado por ambas partes…”. 2) Que el precio pactado fue por Bs. 15.000.000,oo, “…obligándose el comprador a cancelar el mismo, mediante la ejecución y entrega de varios trabajos a efectuar -conforme a contratos celebrados con los Señores F.P.P. y Sowiesky A.G., y con el pago de … (Bs. 1.000.000,oo) al Sr. D.R. como cancelación de una parcela de terreno para derecho de paso a la carretera de acceso a las otras parcelas que lindan con la parcela vendida…”. 3) Que se convino que la venta se materializaría mediante la protocolización ante la Oficina Subalterna de Registro respectiva de un documento a ser elaborado posteriormente “…para lo cual debía registrarse la Partición de los derechos proindivisos o el documento que acreditara la propiedad para establecer el tracto requerido en la Ley de Registro Público y del Notariado, condición cumplida según se evidencia del documento registrado en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Baruta del Estado Miranda. Bajo el No. 4 Tomo 11 Protocolo Primero 2do. Trimestre del año 2001…” 4) Que desde que vendió, puso al accionado en posesión del lote de terreno vendido, autorizándolo para hacer los trabajos que éste considerase necesario, pero que éste “…no se limitó a ocupar el terreno vendido, sino que ocupó una extensión mayor a la vendida, invadiendo el terreno adyacente que no le fue vendido y procedió incluso a ocuparlo con construcciones de bienechurías no permitidas…”. 5) Que ha instado al accionado a fijar oportunidad para el otorgamiento del documento de compraventa inmobiliaria “…previa la comprobación del pago del precio establecido…” a lo cual éste se ha negado, incluso a suministrar los documentos que acreditan la cancelación del precio de venta acordado, por lo que ante esta negativa y por haber ocupado el accionado una extensión mayor del terreno vendido, es por lo que acciona en cumplimiento. 6) Fundamentó su demanda en lo previsto en los artículos 1.159, 1.160, 1.167, 1.354 del Código Civil. 7) Demandó el cumplimiento contractual pretendiendo que al accionado sea condenado en lo siguiente: A) Que son ciertos los hechos narrados. B) Que no existe ninguna otra operación de parcela o lote de terreno entre el Dr. C.P.B. y el Dr. J.J.M.A., en la zona de Los Guayabitos ni en ninguna otra zona, distinta a la descrita el libelo. C) Que otorgue el accionado el documento de compraventa mediante su protocolización ante la respectiva Oficina Subalterna de Registro, “…una vez acreditado el pago mediante la cancelación de los contratos suscritos con los Señores F.P.P. y Sowiesky A.G., y mediante la comprobación del pago del Millón de Bolívares …que debió efectuar al Sr. D.R., o en su defecto, para que cancele la suma de …(Bs. 15.000.000,oo), precio convenido en el contrato de venta cuyo cumplimiento se demanda…”. D) Que se efectúe “…la correspondiente adecuación económica de dicha cantidad para el momento en que debe verificarse el pago, por lo que solicito se acuerde la correspondiente experticia complementaria al fallo…”. E) Que “…desocupe cualquier extensión de terreno que estuviere ocupando fuera del plano adjunto que no le haya sido vendido o en su defecto, para que convenga o se le condene a pagar el precio al valor actual de cien mil bolívares por metro cuadrado que estuviere usufructuando indebidamente…”.

Esta reforma de demanda quedó admitida en fecha 23 de septiembre de 2003 mediante auto que igualmente ordenó el emplazamiento del demandado para darle contestación. Tramitada la compulsa, consta diligencia fechada 10 de octubre de ese año suscrita por el funcionario alguacil del tribunal a quo, en virtud del cual consta haber citado a la defensora judicial ad litem designada.

En fecha 06 de noviembre de 2003, la representación judicial de la parte demandada consignó instrumento poder que acredita su representación y procedió a dar contestación a la demanda y su reforma fundamentando su exposición en los siguientes alegatos, defensas y excepciones: 1) Negaron lo hechos alegados y el derecho invocado por el accionante. 2) Negaron que el vendedor haya registrado el título de propiedad del terreno vendido al demandado “…y, por ende, que el Vendedor pueda otorgarle el título de propiedad ante la Oficina Subalterna de Registro correspondiente…”. 3) Negaron que el accionado no haya dado cumplimiento a lo acordado en cuanto al precio. 4) Alegaron la improcedencia de una acción merodeclarativa sobre la veracidad de los alegatos, por estar expresamente prohibida por la ley. 5) Alegaron que el demandante no es propietario del terreno vendido y arguyeron que el accionado no ocupa terreno alguno propiedad del actor. 6) Alegaron “…que el actor reclama la devolución de un área de terreno que dice ocupa mi representado, pero no prueba ser el propietario del terreno cuya reivindicación reclama…”, por cuanto no acompañó el título de propiedad fundamental de la acción reivindicatoria y por no señalar en el libelo cuál es el área específica que dice haber ocupado indebidamente, no existiendo fundamentación jurídica alguna que justifique dicho pedimento reivindicatorio. 7) Opusieron la excepción non adimpletis contractus, arguyendo el incumplimiento actor en dar en venta y transferir el título de propiedad mediante protocolización correspondiente, siendo que el demandante no ha cumplido con su parte del negocio jurídico acordado. 8) Que fueron informados por la Oficina Subalterna de Registro de Baruta del Estado Miranda, “…que ningún documento proveniente de C.P.B. se le estaba dando curso, por no tener clara su titularidad o ubicación…”. 9) Que es improcedente haber pretendido la “adecuación económica” de lo demandado, “…ya que la obligación alegada no se encuentra de plazo vencido que justificaría tal pretensión…”.

En esa misma oportunidad, la defensora judicial ad litem designada consignó escrito negando, rechazando y contradiciendo en todas sus partes lo alegado en la demanda.

Abierto ope legis el juicio a pruebas, consta en el expediente que la parte actora consignó en fecha 26 de noviembre de 2003 escrito de promoción probatoria, en los siguientes términos:

• Ratificaron el documento autenticado y el plano acompañado al escrito libelar, evidenciando la celebración de compraventa inmobiliaria de la parcela de terreno señalada, por la cantidad de Bs. 15.000.000,oo pagadera conforme también se indicó en la demanda y reforma.

• Promovieron documento protocolizado en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Baruta del Estado Miranda, bajo el No. 4, tomo 11, Protocolo Primero, 2do. Trimestre de 2001, a los fines de evidenciar el título que acredita propiedad de lo vendido por parte del demandante.

• A los fines de evidenciar que el accionado invadió terrenos limítrofes de la propiedad del demandado, promovió: A) Inspección Judicial extralitem practicada por el Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de la Hijuela y del Plano debidamente catastrado del lote de terreno de mayor extensión, “…la cual tiene una cabida aproximada de 190.000 metros cuadrados, pertenecientes a mi representado…”. B) Documento de Certificación de Gravámenes “…referida a la propiedad de hijuela, inscrita en el Registro Inmobiliario, expedida por el Registrador Subalterno correspondiente…”. C) Prueba de EXPERTICIA, a los fines de determinar el terreno de la parcela vendida, referida al plano que obra en autos y el área del terreno adyacente que linda con ella, “…ocupado por bienechurías o construcciones de concreto y madera…”; a su vez, para determinar la cabida del terreno cercado con estantes de hierro o de concreto y alambre de alfajor o cualquier otro material, donde se encuentren dichas bienechurías.

• Promovió INFORMES de la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Baruta del Estado Miranda, requiriendo copia del asiento registral del documento inscrito bajo el No. 4, tomo 11, Protocolo Primero de fecha 04 de mayo de 2001, “…con inserción de todas y cada una de las notas marginales que dicho documento contenga…”, y copia de los planos insertos bajo los Nos. 263 y 264, folios 836 al 837 del Cuaderno de Comprobantes correspondiente al Segundo Trimestre del 2.001, e informe respecto a las cargas, gravámenes o embargos que consten respecto al documento inscrito el 04 de mayo de 2001.

Igualmente, la parte demandada procedió en fecha 27 de noviembre de 2003 a consignar escrito de promoción probatoria en los siguientes términos:

• Con el propósito de evidenciar el incumplimiento actor, así como su mala fe en cuanto a la propiedad que éste dice ostentar, promovió lo siguiente: A) Documento de compraventa suscrito por las partes, que demuestra que el vendedor accionante ha debido protocolizar el documento de partición y no otro sustitutivo “…que acreditara la propiedad para establecer el tracto…” tal y como alegó en su demanda; así como también demuestra según afirmó, que el accionante tenía el plazo de 6 meses contados a partir del 19 de febrero de 1997 para haber protocolizado dicho documento de partición. B) Copia simple del documento protocolizado por el accionante como “sustitutivo” del documento de partición –bajo el No. 4, Tomo 11, Protocolo Primero del 2do. Trimestre de 2001- conjuntamente con copia de las notas marginales estampadas y, en especial, de la siguiente nota marginal:

…Ofi. Sub. 1er. Cir. Mun. Baruta 5-8-03 No. 37 Tomo 11. Mediante oficio No. 1437 recibido en fecha 25-7-03 la S.P.A. del T.S.J. ordenó a esta Oficina la publicidad formal de la sentencia No. 809 de fecha 03-06-03, emanada del M.T. mediante la cual se declaro procedente la solicitud de avocamiento de los expedientes números 02-27371,02-1856, 02-2081 y 02-1724, llevados por ante la C.P.C.A., contentivos de los juicios incoados por el ciudadano C.P.B. e Inversiones Castico, anulando el fallo cautelar que fuere dictado por la C.P.C.A. en fecha 11-6-02 al haberse afectado la seguridad que debe brindar el registro inmobiliario. Se reitera la impropiedad de los mecanismos jurisdiccionales que ha utilizado el prenombrado ciudadano. La Sala denota la pertinencia de la solicitud de avocamiento, ya que las situaciones particulares de cada una de esas causas están asociadas y engloban una situación que como se ha visto, puede traslucir en graves irregularidades que afecten no solo a las partes que en principio están involucradas sino incluso a los intereses colectivos, en tanto que potencialmente de manera negativa puede mermar la seguridad jurídica que debe brindar el sistema registral. Se remitieron los citados expedientes a la C.P.C.A. a los fines de su continuación. Igualmente la Sala remitió copia certificada a la Fiscalía General de Registro y Notaría del M.I.J. y al Inspector General de Tribunales. La Registradora…

• B) Copia simple de la decisión de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, No. 809 de fecha 29 de mayo de 2003, cuyo contenido arroja dudas acerca de la posibilidad de registrar el título de partición o cualquier otro derivado del mismo, “…como demostrativo de la propiedad de C.P.B.…”.

• Promovió INFORMES requiriendo a la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Baruta, acerca de la existencia y veracidad de dicha nota marginal estampada al documento registrado bajo el No. 4, Tomo 11, Protocolo Primero del 04 de mayo de 2001; de los efectos que tiene dicha nota marginal sobre la posibilidad de traspaso o registro de ventas de terrenos provenientes de dicho título y “…si el documento de compra venta notariado, suscrito entre C.P.B. y J.M.A., cuya copia simple deberá anexarse, puede ser protocolizado ante dicha Oficina Subalterna de Registro…”.

• Con el propósito de desvirtuar el alegato actor de que el demandado no cumplió con los trabajos que debía realizara los hijos del demandante: F.P.P.S.A., C.T.P.., C.P.P., E.P.P. y el propio C.P.B., promovió: A) INSPECCIÓN JUDICIAL en la casa de habitación de F.P.P. ubicada en la Urbanización Caricar, Qta. El Rincón, dejando constancia de la instalación de estructuras de techo de machihembrado de Teca, manto asfáltico y tejas, así como los pisos de madera de teca y vidrios externos. B) INSPECCIÓN JUDICIAL en la casa de habitación de Sobiesky Alfieri ubicada en la Urbanización Pasos de Palmas Reales, Qta. El Topito, dejando constancia de la construcción de tres cabañas con estructuras de teca, techos de teja paredes de bloques, pisos y escaleras de madera de teca. C) INSPECCIÓN JUDICIAL en la casa de habitación de C.T.P.P. ubicada en la Urbanización Caricar, Qta. Sinfonía, dejando constancia de la instalación de pisos de madera y cielo raso machihembrado de madera de teca.

Por auto fechado 21 de enero de 2004, el tribunal a quo estableció el lapso para que las partes se opusiesen a la admisión de las pruebas promovidas; auto éste respecto del cual el apoderado judicial de la parte demandada solicitó su revocatoria por contrario imperio, así como también apeló del mismo. Dicho recurso aparece oído en un solo efecto por auto fechado 03 de febrero de ese año.

Todos los medios probatorios promovidos por las partes aparecen admitidos salvo su apreciación en la definitiva, mediante auto fechado 11 de febrero de 2004 y su complementario de fecha 23 de marzo de 2004, que igualmente proveyeron lo conducente.

Por auto fechado 23 de septiembre de 2004, el tribunal a quo declara intempestivas las solicitudes de fijación de honorarios profesionales de los expertos designados, por haber precluído el lapso de evacuación probatoria, lo cual resultó apelado por la parte actora mediante diligencia fechada 01 de octubre de 2004, siendo oído en un solo efecto dicho recurso por auto de fecha 04 de octubre de 2004.

Mediante diligencia fechada 29 de noviembre de 2004, la parte demandada consigna informe técnico elaborado por el Instituto Geográfico de Venezuela, S.B., que detalla con precisión las posesiones La Magdalena, La Mochera o El Carmen, Surima, El Mangal o La Manguera, informe éste que alega es de carácter de documento público e igualmente alega tener reciente conocimiento, según Oficio No. 1138 fechado 26 de noviembre de 2004, evidenciando la “…ubicación de los pretendidos derechos del Dr. Parra Belloso en zonas totalmente alejadas a la de los sectores de Cuesta de La Hayaca, Paso de Palmas Reales y de El Volcán…”.

Facultado conforme a lo previsto en el artículo 401 del Código de Procedimiento Civil, el 24 de enero de 2005, el tribunal a quo dictó auto en virtud del cual ordenó proceder a la evacuación de las pruebas admitidas en auto fechado 11 de febrero de 2004, específicamente la prueba de INFORMES promovida por la parte actora en el último aparte del particular cuarto de su escrito fechado 26 de noviembre de 2003, fijando un lapso no mayor de 10 días de despacho para su evacuación.

Por auto fechado 02 de mayo de 2005, se declara que el lapso para presentar informes por las partes opera de pleno derecho sin necesidad de providencia alguna; auto éste que fue apelado por la parte actora mediante diligencia de fecha 03 de mayo de ese año, siendo dicho recurso oído en un solo efecto por auto fechado 05 de mayo de 2005.

Acto seguido, aparece publicada sentencia definitiva proferida en fecha 19 de septiembre de 2005, en virtud del cual el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de cumplimiento incoada; INADMISIBLE la acción merodeclarativa pretendida en ella “…por existir otra acción mediante la cual es posible obtener la satisfacción plena del derecho reclamado en los petitorios Primero y Segundo del escrito de demanda…”; ordena al accionado protocolizar el documento definitivo de compraventa inmobiliaria del inmueble ya identificado, siendo que en defecto del cumplimiento voluntario y con fundamento en el artículo 1.266 del Código Civil, sirve dicha sentencia como título traslativo de propiedad ”… una vez que se haga constar que la misma se encuentra definitivamente firme y ejecutoriada, y que el ciudadano J.D.J.M.A. ha cumplido con su obligación de pagar el precio pactado, es decir, la cantidad de Bs. 15.000.000,oo o demuestre haber cumplido los contratos suscritos con los ciudadanos F.P.P. y SOWIESKY A.G., así como el pago de la cantidad de Bs. 1.000.000,oo al ciudadano DAVID RUOZZI…” y, finalmente, declaró SIN LUGAR la pretensión reivindicativa actora.

Una vez asignado a esta superioridad el conocimiento de las apelaciones interpuestas en contra de la referida sentencia, tal y como ya ha sido reseñado en los antecedentes de este fallo, quedó agotado el trámite de su sustanciación conforme al procedimiento en segunda instancia, pasando de seguidas este juzgador a motivar su decisión.

III

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Estando en la oportunidad para emitir el fallo correspondiente, este Tribunal pasa a hacerlo con base a las consideraciones que de seguidas se explanan:

Las presentes actuaciones son deferidas al conocimiento de esta Alzada en razón de las apelaciones ejercidas por la parte actora, ciudadano C.P.B., y la parte demandada, ciudadano J.D.J.M.A., en contra de la sentencia proferida en fecha 19 de septiembre de 2005 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual emitió su decisión judicial tal y como en el capítulo anterior se señala, con fundamento en lo siguiente:

… Se ventila aquí una acción de cumplimiento de contrato de compraventa por un supuesto incumplimiento de las obligaciones contraídas por el presunto comprador ciudadano J.D.J.M.A., partiendo de la afirmación de que el presunto comprador tenía la obligación de pagar las cantidades convenidas y en la forma convenida en el contrato de compraventa celebrado entre las partes…

…(Omissis)…

En síntesis, es de precisar por este sentenciador que respecto del análisis de las probanzas anteriormente descritas quedó demostrado lo siguiente:

A. Quedó demostrada la existencia del contrato de compraventa celebrado entre las partes.

B. Quedó demostrada la existencia de las obligaciones que tenían ambas partes en dicho contrato.

C. Quedó demostrado el pago de los derechos por enajenación de inmuebles por ante el SENIAT.

D. Quedó demostrada la existencia de los planos de los terrenos vendidos, los cuales son objeto del presente litigio.

De la Pretensión Mero Declarativa:

…razones de economía procesal justifican la inadmisibilidad de pretensiones que se agoten en el reconocimiento de un derecho subjetivo, cuando es posible obtener la satisfacción plena de ese derecho mediante el ejercicio de una acción diferente.

De igual manera, y citando la jurisprudencia, en sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 15/12/88… dice lo siguiente: …(Omissis)…

…en lo que respecta a los dos primeros petitorios contenidos en el escrito de demanda, se circunscribe perfectamente al supuesto de hecho de la norma anteriormente transcrita, ya que el apoderado de la parte demandante en su libelo de demanda, solicitó de este Tribunal el reconocimiento de los hechos narrados en dicho libelo de demanda; así como que fuera condenado a reconocer que no existe ninguna otra operación de venta de terrenos entre las partes del presente proceso; constituyendo esto una acción mero declarativa que tiene otra vía por la cual ser recurrida,… En consecuencia, dicha pretensión es inadmisible. Así se declara.

De la Exceptio Non Adimpleti Contractus:

…debemos concluir que la obligación del vendedor de registrar el documento del cual deviene su propiedad sobre el inmueble objeto del presente litigio, no ha sido contratada como una obligación a término esencial, y por ende, el hecho de que dicho documento haya sido protocolizado con posterioridad a la fecha pactada por las partes, no causa gravamen alguno a la parte demandada. Así se decide.

Como consecuencia de lo anterior, y siendo que el documento del cual deviene la propiedad del actor fue debidamente protocolizado por ante la oficina Subalterna del Primer Circuito…, en fecha 4 de mayo de 2001,…; fecha ésta anterior a la sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 29 de mayo de 2003 que declara nulas todas las inscripciones registrales realizadas como consecuencia del fallo emanado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 11 de junio de 2002; este Juzgado lo tiene como válido a los efectos de demostrar la propiedad del inmueble identificado en autos por parte del ciudadano C.P.B.. Así se decide.-

De la Acción de Cumplimiento de Contrato:

...(Omissis)…

…, resulta fehacientemente probada en este proceso, la existencia de la relación contractual alegada en el libelo de la demanda, evidenciándose lo anterior, del contrato de compraventa consignado, así como de la confesión espontáneamente realizada por la parte demandada en este proceso, en su escrito de Contestación. Así se decide.-

…, observa este Tribunal que al decir de la actora, dicho incumplimiento se circunscribe a la negativa de otorgar el documento definitivo de compraventa, así como la falta de demostración del pago de la cantidad convenida como precio en dicho instrumento contractual, el cual debía ser cumplido mediante la ejecución de unos contratos suscritos con los ciudadanos…, así como la compraventa de la parcela propiedad del ciudadano…

…, la parte demandada no cumplió con su correspondiente carga de demostrar los hechos en la excepción que esgrimió respecto del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato en cuestión, constituyéndose esto además en un desplazamiento de la carga probatoria y por ende desconocimiento la m.r. “incumbit protatio qui dicicit, no qui negat”, la cual se traduce en que cada parte debe probar sus respectivas afirmaciones de hecho;…Así se decide.-

De la Pretensión de Reivindicación:

…la parte actora pretende obtener mediante el presente proceso una reivindicación de los terrenos adyacentes al que es objeto del presente litigio y que presuntamente posee el demandado, por haber invadido los mismos.

…en dicho supuesto se estaría ventilando aquí una acción Reivindicatoria por una supuesta falta de posesión del inmueble adyacente al identificado en autos por parte del actor, partiendo de la afirmación de que éste es el propietario de dichos terrenos.

…(Omissis)…

…, visto que la parte actora logró demostrar que celebró un contrato de compraventa con el ciudadano J.D.J.M.A.…, y que dicho contrato fue Notariado…; observa este sentenciador que el segundo de los requisitos se cumple de conformidad con lo establecido en el artículo 1920 del Código Civil, y las disposiciones de la Ley de Registro Público y Notariado. En consecuencia, fue plenamente probada la existencia del documento público que prueba la propiedad y produce efectos ante los terceros. Así se decide…

…(Omissis)…

…,observa este sentenciador que para el caso de marras no estamos en presencia de un cumplimiento total de los requisitos establecidos por el artículo up supra citado, en virtud de que la parte accionante en ningún momento demostró la posesión del mencionado bien inmueble por parte del demandado.

En consecuencia, entendiendo dicha posesión como una detentación del bien por la parte hoy demandada, observa este sentenciador que no se han cumplido con todos los requisitos de procedencia de la acción de Reivindicación propuesta; es decir, a) Que el demandante es propietario de la cosa; b) Que el demandado posee o detenta el bien y c) Que el bien cuyo dominio pretende es el mismo que posee o detenta el demandado (identidad).

En virtud de lo anterior, mal podría este juzgador acordar la reivindicación de un inmueble, sobre el cual no se ha demostrado la posesión del mismo por parte del demandado. Así se decide …

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Corresponde ahora determinar el thema decidendum de la causa que esta superioridad conoce por vía de las apelaciones interpuestas, y el mismo consiste en la pretensión actora de que se declaren ciertos los hechos narrados en su escrito libelar, los cuales consisten en que las partes suscribieron de manera autenticada un contrato de compraventa inmobiliaria por el precio de Bs. 15.000.000,oo, respecto del cual el comprador accionado se obligó a pagar mediante la ejecución y entrega de varios trabajos a efectuar según contratos suscritos con los ciudadanos F.P.P. y Sowiesky A.G., y mediante el pago de Bs. 1.000.000,oo al Sr. D.R., por una parcela de terreno para derecho de paso a la carretera de acceso a otras parcelas que lindan con la parcela vendida; que las partes convinieron que dicha compraventa se materializaría mediante la protocolización de otro documento que se elaboraría con posterioridad a la protocolización –a cargo del vendedor accionante- del documento de Partición de los derechos proindivisos o del documento que acreditase su propiedad para establecer el tracto requerido en la Ley de Registro Público y Notariado –condición que adujo cumplió en fecha 04 de mayo de 2001, según documento otorgado bajo el No. 4, Tomo 11, Protocolo Primero- siendo que el comprador accionado quedó en posesión del inmueble e indebidamente invadió terrenos adyacentes al lote que le fue vendido, y que dicho comprador accionado se ha negado tanto a demostrar el pago del precio conforme a lo pactado como a fijar oportunidad para la protocolización del documento de compraventa. También pretendió el actor que se declare la inexistencia de ninguna otra operación de parcela o lote de terreno entre las partes, tanto en la zona de Los Guayabitos como en ninguna otra zona distinta. Luego pretendió que se condene al accionado al otorgamiento del documento de compraventa ante la respectiva oficina de registro público, …una vez acreditado el pago mediante la cancelación de los contratos suscritos con los Señores F.P.P. y Sowiesky A.G., y mediante la comprobación del pago del Millón de Bolívares …que debió efectuar al Sr. D.R., o en su defecto, para que cancele la suma de …(Bs. 15.000.000,oo), precio convenido en el contrato de venta cuyo cumplimiento se demanda…”, y que dicho precio se “adecue económicamente” para el momento del pago. Finalmente, la parte actora pretendió que se condene al accionado a desocupar cualquier extensión de terreno que éste indebidamente ocupase fuera del señalado en el plano adjunto ó, en su defecto, que éste fuese condenado a pagar a la parte actora por concepto de precio, a razón de Bs. 100.000,oo por metro cuadrado de terreno indebidamente usufructuado.

Estas pretensiones quedaron negadas, rechazadas y contradichas por la parte demandada, quien específicamente negó que el vendedor haya registrado el título de propiedad del terreno vendido, alegando también haber cumplido con el pago del precio pactado de venta, así como la improcedencia –por prohibirlo la ley- de la acción merodeclarativa acerca de la veracidad de los alegatos actores. Adujo que el demandante no es propietario del bien inmueble que le fue vendido y que no ocupa indebidamente terreno alguno propiedad del actor, no existiendo además fundamentación jurídica alguna que justifique su pedimento reivindicatorio de que le devuelva al actor los inmuebles que supuestamente ha invadido. Opuso la excepción non adimpletis contractus, arguyendo el incumplimiento actor en dar en venta y transferir el título de propiedad mediante la protocolización correspondiente, no cumpliendo así con su parte en la negociación jurídica pactada, además de haber sido informado por la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Baruta del Estado Miranda, “…que ningún documento proveniente de C.P.B. se le estaba dando curso, por no tener clara su titularidad o ubicación…”, aduciendo que también es improcedente haber pretendido la “adecuación económica” de lo demandado, por no existir obligación de plazo vencido que justificaría tal pretensión.

En los informes de alzada, la parte actora solicitó la declaratoria de nulidad de la sentencia recurrida, por no haber sido decidida conforme a lo alegado y probado, así como por no contener decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, de conformidad con lo previsto en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil; negando que haya pretendido acción merodeclarativa alguna, al igual que un pretendido petitorio reivindicatorio sobre una presunta posesión no alegada, siendo que tan solo fue pretendido el cumplimiento contractual de compraventa inmobiliaria mediante la protocolización del documento correspondiente –una vez comprobado el pago del precio- sobre un lote de terreno específicamente determinado. Por su parte, el accionado expuso consideraciones de fondo en contra de la sentencia recurrida.

Establecido lo anterior, a continuación pasa esta superioridad a fijar los hechos que han quedado afirmados por las partes en sus respectivos escritos alegatorios y tempestivos, los cuales quedaron admitidos y, en consecuencia, no son objeto de prueba alguna por lo que se establece que son ciertos y válidos a los fines de poder dirimir los demás hechos que han quedado controvertidos. A saber:

• Que ambas partes suscribieron un contrato de compraventa inmobiliaria según documento autenticado en fecha 19 de febrero de 1997 ante la Notaría Pública Primera del Municipio Autónomo de Chacao del Estado Miranda, bajo el No. 43, Tomo 27, respecto al inmueble identificado en autos.

• Que el precio pactado fue por la cantidad de Bs. 15.000.000,oo pagadero mediante la ejecución de trabajos contratados con los ciudadanos F.P.P. y Sowiesky A.G., así como mediante el pago de Bs. 1.000.000,oo al ciudadano D.R...

Cumplida como ha quedado una de las tareas de este juzgador, en cuanto a la fijación en la sentencia de los hechos controvertidos como de aquellos hechos afirmados y admitidos por las partes en este juicio, pasa ahora esta superioridad a establecer el orden decisorio a seguir, correspondiendo primero resolver la solicitud de declaratoria de nulidad de sentencia, luego de lo cual dirimirá todos y cada uno de los puntos de fondo discutidos, siguiendo la misma secuencia en que quedaron conformados en el petitum libelar las pretensiones actoras.

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: