Decisión de Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de Bolivar, de 2 de Marzo de 2012

Los actos procesales relevantes para la resolución de la controversia que trae la presente causa son los siguientes:

I.1. De la pretensión. Mediante demanda presentada el veinte (20) de mayo de 2010, la parte demandante fundamentó su pretensión contra el Municipio Padre P.C.d.E.B., demandando la condena judicial al pago de Bs. 7.931,27 y corrección monetaria.

I.2. De la admisión. Mediante sentencia dictada el veintiséis (26) de mayo de 2010, se admitió el recurso interpuesto, ordenando su tramitación por el procedimiento establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, se ordenó la citación del Síndico Procurador y la notificación de la Alcaldesa del Municipio Padre P.C.d.E.B..

I.3. Mediante auto dictado el primero (1º) de julio de 2010, se ordenó comisionar al Juzgado de los Municipios Piar y Padre P.C.d.S.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los fines de practicar el emplazamiento del Síndico Procurador y la notificación de la Alcaldesa del Municipio Padre P.C.d.E.B..

I.4. En fecha quince (15) de noviembre de 2010, se recibieron las resultas provenientes del Juzgado de los Municipios Piar y Padre P.C.d.S.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, contentivas del emplazamiento del Síndico Procurador del Municipio Padre P.C.d.E.B. y la notificación de la Alcaldesa del Municipio Padre P.C.d.E.B., debidamente cumplida.

I.5. De la Audiencia Preliminar. El diecisiete (17) de mayo de 2011, se celebró la audiencia preliminar con la comparecencia del abogado M.L., en su carácter de coapoderado judicial de la parte recurrente y la abogada S.S., en su carácter de coapoderada judicial de la parte recurrida. Se dio inicio al lapso probatorio.

I.6. Mediante escrito presentado el veintitrés (23) de mayo de 2011, la representación judicial de la parte recurrente promovió documentales, prueba de informes y de exhibición.

I.7. Mediante escrito presentado el veinticuatro (24) de mayo de 2011, la representación judicial de la parte recurrida reprodujo el mérito favorable de autos y promovió prueba de informes.

I.8. De la admisión de las pruebas. Mediante auto dictado el treinta y uno (31) de mayo de 2011, se admitieron las pruebas documentales promovidas por la parte recurrente, las pruebas de informes y exhibición, asimismo admitió las pruebas de informes promovidas por la parte recurrida.

I.9. Mediante auto dictado el veintidós (22) de julio de 2011, se ordenó comisionar al Juzgado de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de practicar la notificación del Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), asimismo, se ordenó comisionar al Juzgado de los Municipios Piar y Padre P.C.d.S.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los fines de la práctica de la notificación de la Coordinadora de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Padre P.C.d.E.B. y del Director de la Caja Regional del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

I.10. En fecha dieciséis (16) de septiembre de 2011, se recibió oficio Nº SIB-DSB-CJ-PA-24844 proveniente de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, mediante el cual informan que han tramitado la solicitud requerida.

I.11. En fecha dieciséis (16) de septiembre de 2011, se recibieron las resultas provenientes del Juzgado de los Municipios Piar y Padre P.C.d.S.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, contentiva de la notificación a la Coordinadora de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Padre P.C.d.E.B. y del Director de la Caja Regional del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente cumplida.

I.11. En fecha diecinueve (19) de septiembre de 2011, se recibió oficio OAUPT/Nº 493-2011 proveniente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales mediante el cual remiten información requerida.

I.12. En fecha veintitrés (23) de septiembre de 2011, se recibió oficio S/N proveniente del Banco Caroní mediante el cual remiten información requerida.

I.13. Mediante acta levantada en fecha veintiséis (26) de septiembre de 2011, se dejó constancia de la no celebración del acto de exhibición en virtud de la no comparecencia de las partes al referido acto.

I.14. En fecha cuatro (04) de octubre de 2011, se recibieron las resultas provenientes del Juzgado Décimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentiva de la notificación al Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), debidamente cumplida.

I.15. De la audiencia definitiva. El catorce (14) de febrero de 2012 se celebró la audiencia definitiva con la comparecencia del abogado J.D., en su carácter de coapoderado judicial de la parte recurrente y los abogados S.S. y Á.L.L.Q., en su carácter de coapoderados judiciales de la parte recurrida. Se fijó el lapso de cinco (05) días de despacho para dictar el dispositivo del fallo.

I.16. Mediante auto dictado el veintitrés (23) de febrero de 2012, se dictó el dispositivo del fallo declarándose parcialmente con lugar la demanda interpuesta.

2. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

   II.1. En el caso subjudice la ciudadana M.J.P.G. ejerció demanda funcionarial contra el Municipio Padre P.C.d.E.B., alegando que prestó servicio desde el tres (03) de marzo de 2009 hasta el cinco (05) de marzo de 2010, en el cargo de Secretaria, que la relación de trabajo concluyó por cambio del nuevo Gobierno Municipal, asumiendo de Alcaldesa la ciudadana S.R., se cita la argumentación esgrimida:

   En fecha 03 de Marzo de 2.009, nuestra representada, ciudadana M.P., arriba identificada, comenzó a prestar servicio como SECRETARIA, en el órgano ejecutivo del Poder Publico (sic) Municipal, como lo es la Alcaldía del Municipio Autónomo Padre P.C., (…), hasta el día 05 de Marzo de 2010, fecha en la cual termino (sic) la relación de trabajo por despido injustificado, teniendo para la fecha un tiempo acumulado de servicios de 1 Año.

   Es el caso ciudadana Juez, que al asumir el cargo de Alcaldesa, la ciudadana S.R., y las nuevas Autoridades Municipales de la Alcaldía del Municipio Autónomo Padre P.C. decidieron poner fin a la relación laboral que mantenía nuestra representada con dicha Alcaldía, despidiendo injustificadamente a nuestra mandante y sin haber sido notificada de manera escrita sobre dicha destitución y sin haberse producido acto administrativo alguno sobre el caso.

   Ahora bien, durante el tiempo que duro (sic) la relación laboral, nuestra representada se desempeñó como SECRETARIA, en la referida Alcaldía; devengando un salario básico diario de Treinta y Dos Bolívares con 27 Cts. (Bs. 32,27) y un salario integral diario de Cuarenta y Tres Bolívares con 92 Cts. (Bs. 43,92), que fue obtenido al sumarle al salario básico diario la alícuota correspondiente a Noventas (sic) (90) días de aguinaldo así como la alícuota correspondiente a Cuarenta (40) días de bono vacacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica del Estatuto de la Función Pública.

   Es el caso ciudadana Juez, que nuestra mandante ha sido obligada por la nueva autoridad municipal a acudir por ante esta vía judicial para proceder a cancelarle sus prestaciones sociales y demás conceptos derivados de la relación laboral que mantuvo con dicha institución ya que siempre se ha negado a cancelar dichos conceptos los cuales siempre fueron reclamados por nuestra mandante por ante dicha autoridad municipal y los cuales señalaremos más debajo de manera detallada

   .

   En relación a la acción incoada en su contra, la representación judicial del Municipio opuso la caducidad de la acción en la oportunidad en que se celebró la audiencia definitiva alegando que transcurrió el lapso de tres (03) meses legalmente establecido para el ejercicio de la acción.

   En este orden de ideas, destaca este Juzgado que el lapso de caducidad para la interposición de las querellas funcionariales se encuentra regulado por la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.522 de fecha seis (6) de septiembre de 2002, en cuyo artículo 94 se establece, que sólo podrá ejercerse el recurso contencioso administrativo funcionarial dentro de un lapso de tres (03) meses contados a partir del día en que se produjo el hecho generador o que el interesado fue notificado del acto, el referido artículo es del siguiente tenor:

   Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto

   .

   Aplicando la norma citada al caso de autos, observa este Juzgado Superior que el Municipio querellado no consignó acto administrativo alguno mediante el cual removiera al recurrente del cargo, ni recibo de cancelación de las prestaciones sociales generadas por la relación de servicios prestadas, que sería el hecho generador a partir del cual se computaría el lapso de caducidad, sino que se limitó a señalar que la presente demanda “…fue presentada pasadas los tres meses que establece el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública”; por lo que este Juzgado Superior no puede con su simple alegación declarar la caducidad de la acción para el reclamo del pago de las prestaciones sociales adeudadas a la querellante, en consecuencia, se desestima el alegato de caducidad invocado por el Municipio. Así se establece.

   II.2. Determinado lo anterior, en relación al fondo de la pretensión, observa este Juzgado Superior que la parte querellante reclama el pago de la prestación de antigüedad, vacaciones y bono vacacional correspondiente al período 2009-2010, bonificación de fin de año, bono de alimentación desde el mes de noviembre de 2009 al mes de marzo de 2010, intereses sobre la prestación de antigüedad, indemnización prevista en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo y corrección monetaria, a los fines de demostrar su pretensión promovió los siguientes instrumentos con el escrito de promoción de pruebas:

   1) Constancia de trabajo fechada quince (15) de febrero de 2010, suscrita por la Coordinadora de Recursos Humanos de la Alcaldía demandada, dejando constancia que la ciudadana M.P. prestó sus servicios como Secretaria desde el tres (03) de marzo de 2009, devengando un salario mensual de Bs. 968,00, cursante en original al folio 50.

   2) Planilla de Registro de Asegurado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en el cual se evidencia que la parte actora fue afiliada al referido Instituto por la Alcaldía demandada en fecha 02 de marzo de 2009, cursante en copia simple al folio 51.

   3) Copia simple de la nómina de personal contratado de la Alcaldía del Municipio Padre P.C., correspondiente al mes de febrero de 2010, de la cual se desprende que la demandante de autos se desempeñaba en el cargo de secretaria, que ingresó a prestar servicios el dos (02) de marzo de 2009 y que percibía un salario de mensual de Bs. 968,00 y diario de 32,27, cursante del folio 52 al 53.

   4) El Banco Caroní en escrito S/N de fecha 22 de septiembre de 2011, informó que fue aperturada una cuenta ahorro nómina a nombre de la actora por solicitud del la Alcaldía del Municipio Padre P.C.d.E.B., y remitió los estados de cuenta desde el mes de enero a diciembre de 2009 y desde enero a mayo de 2010, cursante del folio 106 al 124.

   En razón que el Municipio querellado no contestó la demanda, ésta se entiende contradicha en todas sus partes, de conformidad con el privilegio procesal establecido en el artículo 102 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

   En concordancia con la pretensión de condena formulada contra el Municipio al pago de prestación de antigüedad generada durante un (01) año de servicio, contados desde el tres (03) de marzo de 2009 hasta el cinco (05) de marzo de 2010, que alega estar constituidos por la cantidad de Bs. 1.916.44, observa este Juzgado que el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo dispone que después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes.

   El cálculo de la prestación de antigüedad se efectuará conforme al salario integral mensual percibido por la parte actora, el cual está conformado por el salario base y las alícuotas de bono vacacional y de bonificación de fin de año, al respecto, observa este Juzgado que la representación judicial de la parte demandante realizó dicho cálculo en el cuadro que a continuación se detalla:

   Meses Salario Salario Alícuota 90 Alícuota Salario Integral Días Total

   Básico Normal Días Por

   Trabajado Diario Diario A.B.V.D.M.P.S..

   Mar-09 26,67 26,67 6,67 2,96 36,30 0 0,00

   Abr-09 26,67 26,67 6,67 2,96 36,30 0 0,00

   May-09 29,33 29,33 7,33 3,26 39,93 0 0,00

   Jun-09 29,33 29,33 7,33 3,26 39,93 5 199,63

   Jul-09 29,33 29,33 7,33 3,26 39,93 5 199,63

   Ago-09 29,33 29,33 7,33 3,26 39,93 5 199,63

   Sep-09 32,27 32,27 8,07 3,59 43,92 5 219,59

   Oct-09 32,27 32,27 8,07 3,59 43,92 5 219,59

   Nov-09 32,27 32,27 8,07 3,59 43,92 5 219,59

   Dic-09 32,27 32,27 8,07 3,59 43,92 5 219,59

   Ene-10 32,27 32,27 8,07 3,59 43,92 5 219,59

   Feb-10 32,27 32,27 8,07 3,59 43,92 5 219,59

   Mar-10 32,27 32,27 8,07 3,59 43,92 0 0,00

   TOTAL BOLIVARES 45,00 1.916,44

   Al respecto, observa este Juzgado que los cálculos realizados por la representación judicial de la parte demandante se encuentran ajustados a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, en consecuencia, se ordena al Municipio querellado cancelar a la demandante la cantidad de Bs. 1.916,44, por concepto de prestación de antigüedad. Así se establece.

   II.3. Igualmente, demanda la parte actora el pago de los intereses sobre la prestación de antigüedad, al respecto, este Juzgado Superior ordena al Municipio querellado el pago de tal concepto, generado durante el tiempo de prestación de servicios por la actora, en base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, a tales fines, se ordena oficiar al Banco Central de Venezuela estimándole practicar experticia complementaria al fallo. Así se establece.

   II.4. Asimismo, la parte demandante reclama por concepto de vacaciones y bono vacacional correspondientes al período 2009-2010, causados desde el tres (03) de marzo de 2009 al cinco (05) de marzo de 2010, alegando estar constituidos en la cantidad de Bs. 484,00 y de Bs. 1.290,67.

   Observa este Juzgado que el artículo 24 de la Ley del Estatuto de la Función Pública dispone que los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública tendrán derecho a disfrutar de una vacación anual de quince días hábiles durante el primer quinquenio de servicios y de una bonificación anual de cuarenta días de sueldo.

   En razón que el Municipio demandado no consignó pruebas dirigidas a demostrar el pago de dichos beneficios, se ordena a la Administración Municipal demandada cancelarle a la demandante por concepto de vacaciones y bono vacacional correspondiente al periodo 2009-2010 las cantidades de Bs. 484,00 y de Bs. 1.290,67. Así se establece.

   II.5. Equivalentemente, la querellante demanda el pago de la bonificación de fin de año fraccionada correspondiente al servicio prestado durante el año 2010, es decir, dos (02) meses, constituido por la cantidad de seiscientos cincuenta y ocho bolívares con setenta y ocho céntimos (Bs. 658,78), al respecto, este Juzgado observa que el artículo 25 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que los funcionarios o funcionarias públicos al servicio de la Administración Pública, tendrán derecho a disfrutar, por cada año calendario de servicio activo, dentro del ejercicio fiscal correspondiente, de una bonificación de fin de año equivalente a un mínimo de noventa días de sueldo integral, ahora bien, de acuerdo a los cálculos realizados precedentemente y de conformidad con la norma descrita se concluye que a la demandante le corresponden 15 de días de salario integral por concepto de bonificación de fin fraccionada, correspondiente al periodo 2010, en consecuencia, se ordena al Municipio demandado carcelar a la parte actora el referido concepto por la cantidad reclamada de Bs. 658,78. Así se establece.

   II.6. Por otra parte, la querellante demandó el pago de Bs. 841,25 por concepto de bono de alimentación no cancelado durante 21 días de noviembre de 2009, 13 días de diciembre de 2009, 18 días de febrero de 2010 y 5 días de marzo de 2010, en relación con esta pretensión observa este Juzgado que el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley de Alimentación para los Trabajadores y las Trabajadoras establece que el beneficio de alimentación no podrá ser inferior a 0,25 unidades tributarias ni superior a 0,50 unidades tributarias, en tal sentido, la demandante señaló que el valor de la cesta ticket se encuentra constituido por 0,25 unidades tributarias, calculándose los montos demandados de la siguiente manera:

   FECHA DIAS TRABAJADOS VALOR U.T. VALOR CESTA TICKET

   0,25 U.T. CESTA TICKET NO CANCELADAS

   Nov-09 21 55 13,75 288,75

   Dic-09 13 55 13,75 178,75

   Ene-10 0 55 13,75 0

   Feb-10 18 55 13,75 247,5

   Mar-10 5 65 16,25 81,25

   TOTAL: 796,25

   Conforme al cuadro que antecede, este Juzgado Superior ordena al Municipio demandado cancelar a la demandante la cantidad de Bs. 796,25, por concepto de bono de alimentación durante los meses reclamados. Así se establece.

   II.7. En relación a la pretensión de condena de pago de indemnización sustitutiva de antigüedad por la cantidad de tres mil quinientos cincuenta y cinco bolívares con noventa céntimos (Bs. 3.555,90), de conformidad con el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, observa este Juzgado que la demandante ejercía el cargo de secretaria, es decir, ostentaba la condición de funcionario público y de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Estatuto de la Función Pública está sometida a dicho régimen, el cual establece en el artículo 28 eiusdem que los funcionarios y funcionarias públicos gozarán de los mismos beneficios contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, en lo atinente a la prestación de antigüedad y condiciones para su percepción, de la citada disposición jurídica se desprende el carácter supletorio de la Ley Orgánica del Trabajo, solamente en lo que se refiere a la prestación de antigüedad y no de otros derechos.

   En este orden de ideas, el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que si el patrono persiste en su propósito de despedir al trabajador, deberá pagarle una indemnización adicional computada según su antigüedad, en consecuencia, el supuesto de hecho previsto en la citada norma para que surja el derecho a la indemnización laboral respectiva no se aplica a los funcionarios públicos, dado que no estamos en presencia de una relación laboral ni de la figura del despido injustificado que solamente se aplica a dicha relación, por ende, se desestima la pretensión invocada por la actora. Así se establece.

   II.8. Igualmente demanda los intereses moratorios generados por la cantidad condenada a pagar, al respecto este Juzgado destaca que de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata, que constituyen deudas de valor y que toda mora en su pago genera intereses, en consecuencia, se ordena el pago de los intereses moratorios generados por el monto total condenado a pagar a la actora de cinco mil ciento cuarenta y seis bolívares con catorce céntimos (Bs. 5.146,14), más la cantidad que arroje la experticia por concepto de intereses sobre la prestación de antigüedad, desde el 05 de marzo de 2010 hasta la fecha en que se decrete la ejecución del presente fallo, en base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, a tales fines, se oficiará al Banco Central de Venezuela estimándole practicar experticia complementaria al fallo. Así se establece.

   II.9. Finalmente, con relación a la solicitud de corrección monetaria, se destaca que la jurisprudencia contencioso administrativa ha establecido que en materia de funcionarios públicos no es posible condenar al pago de los intereses moratorios y adicionalmente de la corrección monetaria, por el carácter sui generis que comportan las relaciones de la administración pública y sus empleados y que ordenar simultáneamente la corrección monetaria del pago requerido y el pago de los intereses moratorios generados implicaría una doble indemnización, razón por la cual tal petición debe ser desestimada. Así se establece.

3. DISPOSITIVA

   En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, actuando en nombre de la República, administrando justicia y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la DEMANDA FUNCIONARIAL incoada por la ciudadana M.J.P.G. contra el MUNICIPIO PADRE P.C.D.E.B..

   Se ORDENA cancelarle a la querellante la cantidad cinco mil ciento cuarenta y seis bolívares con catorce céntimos (Bs. 5.146,14), por concepto de prestación de antigüedad, vacaciones y bono vacacional correspondiente al periodo 2009-2010, bonificación de fin de año fraccionada, bono de alimentación y la cantidad que resulte de la experticia complementaria del fallo por concepto de intereses sobre la prestación de antigüedad e intereses moratorios.

   De conformidad con el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal se ordena la notificación de la presente sentencia al Síndico Procurador del Municipio Padre P.C.d.E.B. y una vez que conste en autos la práctica de su notificación se inicia el lapso para la interposición del recurso de apelación.

   Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente sentencia en el Índice de Copiador de sentencias.

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, a los dos (02) días del mes de marzo de dos mil doce (2012). Años 201° de la Independencia y 153° de la Federación.

   LA JUEZA

   B.O.L.

   LA SECRETARIA

   ANNA FLORES FABRIS