Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Trujillo, de 25 de Enero de 2011

Fecha de Resolución25 de Enero de 2011
EmisorTribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
PonenteThania Guadalupe Ocque Torrivilla
ProcedimientoDemanda De Nulidad

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo

Trujillo, veinticinco de enero de dos mil once

200º y 151º

ASUNTO N° TP11-S-2010-000028

PARTE ACTORA: SUPERMERCADO CARACAS S.A.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: G.V.R. y R.G.F.C., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los Nros. 14.284 y 90.619, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO TRUJILLO CON SEDE EN VALERA

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA:

MOTIVO: NULIDAD DE P.A.

En horas de despacho del día de hoy MARTES VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL ONCE (2011), siendo las 10:00 a.m., media hora después de la oportunidad inicialmente pautada para la celebración de la audiencia de juicio que estaba fijada a las 9:30 a.m., la cual se inicia con retraso en virtud del hecho público, notorio y comunicacional que se produjo en horas de la mañana del día de hoy relacionado con la imposibilidad de acceso a la ciudad de Trujillo a la altura del Banco Industrial de Venezuela, debido a una manifestación de protesta de un grupo de personas; siendo que para este momento la situación se encuentra completamente normalizada, habiendo dejado transcurrir en exceso el tiempo necesario para que las partes y el personal de la Coordinación Laboral arribara a las instalaciones del Palacio de Justicia; se da inicio a la AUDIENCIA DE JUICIO en el presente asunto, se deja constancia de la comparecencia de la parte actora, SUPERMERCADO CARACAS S.A., por medio de su representación judicial constituida por los Abogados en ejercicio G.V.R. y R.G.F.C., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los Nros. 14.284 y 90.619, respectivamente. Del mismo modo se deja constancia de la incomparecencia de la parte demandada INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO TRUJILLO CON SEDE EN VALERA, ni por medio de su representante legal, ni por medio de apoderado judicial alguno. Asimismo, se deja constancia de la incomparecencia de la Fiscalía del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República. En este estado, vista la presencia de la parte demandante y la incomparecencia de la parte demandada, toma la palabra la ciudadana Juez quien expone que revisadas de oficio que contiene demanda de nulidad incoada por la empresa SUPERMERCADO CARACAS S.A. representada judicialmente por por los Abogados en ejercicio G.V.R. y R.G.F.C.; contra el acto administrativo constituido por P.A.N.. 11/02/2010 emanada de la Inspectoría del Trabajo del estado Trujillo con sede en la ciudad de Trujillo y que fuera recibido en este Tribunal en fecha 04/10/2.010, por declinatoria de competencia proveniente del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, de fecha 11/08/2010, que le diera entrada en fecha 31/05/2010; se observa que este Tribunal resulta incompetente para el conocimiento del presente asunto y debe plantear conflicto negativo de competencia con el Tribunal declinante y solicitar de oficio su regulación, exponiendo los motivos de hecho y de derecho de la presente decisión en forma oral, los cuales se reproducen en forma escrita en la presente acta infra. Se deja constancia que la representación judicial de la parte actora solicitó el derecho de palabra y concedido como fue expuso lo siguiente: “Ciudadana Juez, solicito que se deje constancia que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa contiene una vacatio legis según la cual seguirán conociendo de las pretensiones relacionadas con las providencias administrativas de las Inspectorías del Trabajo, relativas a estabilidad laboral, los Tribunales Regionales en los Contencioso Administrativo, que en este caso corresponde al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, hasta tanto no sean creados los Tribunales Contencioso Administrativos Regionales Laborales.

Las motivaciones de hecho y de derecho expuestas por la Juez de Juicio en forma oral, que declara incompetente en forma sobrevenida a este Tribunal, se reducen a forma escrita a continuación en los siguientes términos:

Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se estableció, en el artículo 25, numeral “3”, una excepción a la regla general atributiva de competencia para el conocimiento de las pretensiones de nulidad que corresponden a los tribunales con competencia en materia contencioso administrativa, a saber: “Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la ley Orgánica del Trabajo”; sin que la norma estableciera en forma expresa que la competencia para el conocimiento de dichas acciones, que constituyen el supuesto de excepción, estuviese atribuida a los Tribunales Laborales. (Subrayado del tribunal).

En el orden indicado, sobre la interpretación de la citada norma, se pronunció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 23/09/2010, caso: Central La Pastora, C.A., desprendiéndose del texto de la citada decisión lo siguiente:

… Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja asentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:

1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral

.

2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo. (Subrayado y destacado agregado por este Tribunal).

De lo anterior se colige que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por interpretación del M.T. de la República en su Sala Constitucional, corresponde a los tribunales laborales –en primera y segunda instancia- el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, entre ellos las demandas de nulidad de sus Providencias Administrativas.

Siguiendo el orden expuesto, observa este Tribunal que el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil establece que la competencia se determina conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y “no tiene efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la Ley disponga otra cosa”; coligiéndose de lo expuesto que la competencia se determina por la ley vigente para el momento en que se introduce la demanda de nulidad, siendo en consecuencia de capital importancia, a los fines de establecer a qué tribunal corresponde el conocimiento de las demandas de nulidad de los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo, como es el caso de autos, si el escrito libelar se introdujo antes o después del 23 de septiembre de 2010, fecha ésta en que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció el referido criterio atributivo de competencia a los Tribunales Laborales con carácter vinculante. Ello en virtud de que, si la demanda fue introducida antes de esa fecha, la competencia la tiene atribuida el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, de conformidad con el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues sostener lo contrario implica atribuirle a la la interpretación producida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del texto del artículo 25.3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, efectos ex tunc o retroactivos que contravienen lo dispuesto en el precepto 24 ejusdem; mientras que, si la demanda fue introducida el mismo 23 de septiembre de 2010, o en fecha posterior, la competencia la tendría atribuida este Tribunal de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, a quien le correspondió por suerte de distribución que le fuera la misma asignada.

En efecto, la duda sobre los efectos ex nunc, o hacia el futuro, del referido fallo de fecha 23/09/2010 fue definitivamente despejada, en forma sobrevenida a la declaratoria de competencia de este Tribunal en el presente asunto, por la misma Sala en sentencia de fecha 09/12/2010, CASO Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), en la cual resolvió lo siguiente:

Ahora bien, en el presente caso el hecho presuntamente lesivo se deriva de la negativa del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), de dar cumplimiento a una P.A. emanada de una Inspectoría del Trabajo.

En este sentido, esta Sala estima necesario señalar que recientemente dictó sentencia N° 955 del 23 de septiembre de 2010 (caso: “Bernardo J.S.T. y otros”), con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República, en la que estableció que es la jurisdicción laboral la competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con las Providencias Administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, sea que se trate de los juicios de nulidad contra las referidas providencias, así como para la resolución de los conflictos que surjan con motivo de la ejecución de éstas que han quedado firmes en sede administrativa o, que se trate de acciones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos.

Así pues, esta Sala introduce un cambio de criterio respecto de la competencia para conocer de las distintas pretensiones que se planteen contra las Providencias Administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo; sin embargo, esta Sala debe realizar una serie de consideraciones relativas a la aplicación del fallo que antecede al caso de autos.

En tal sentido, se observa que de la decisión vinculante recién establecida se deduce con meridiana claridad que esta Sala asume una nueva postura respecto de la competencia para conocer de los juicios contra las resoluciones administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo. Si bien el fallo en cuestión no advirtió que la interpretación en él contenida, debía aplicarse hacia el futuro, es decir con efecto ex nunc, esta Sala en situaciones como la de autos lo ha establecido así, en aras de evitar las serias repercusiones que podría tener sobre juicios pendientes o culminados; y ello resulta lo ajustado a derecho, tomando en cuenta la amplia aplicación que tuvo en el foro el precedente que atribuía el conocimiento de esos juicios a la jurisdicción contencioso administrativa desde su nacimiento en el 2001.

Ello así, y de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, la competencia del órgano jurisdiccional para el juzgamiento de la demanda sometida a su conocimiento se determina por la situación fáctica que existía para el momento de la interposición de la demanda, sin que pueda modificarse dicha competencia en razón de cambios que se susciten en el curso del proceso.

En este sentido, esta Sala verifica en el caso de autos que el amparo fue intentado el 30 de junio de 2010, por un trabajador favorecido por una resolución de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, Estado Miranda, que ordenó su reenganche y el pago de los salarios caídos, con el objeto de lograr el cumplimiento efectivo de la referida p.a., en resguardo de su derecho constitucional al trabajo; asimismo, se observa que la sentencia vinculante que establece el nuevo régimen competencial fue dictada el 23 de septiembre de 2010, por lo que en consecuencia es evidente que la misma no resulta aplicable a la presente causa, conforme a los criterios expuestos y lo que dispone el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil.

En razón de lo antes señalado, se concluye que es la jurisdicción contencioso administrativa la competente para el conocimiento de la presente causa, por ser la doctrina imperante para el momento del ejercicio de la acción de amparo, motivo por el cual esta Sala considera que el juzgado competente para conocer y decidir la acción de amparo constitucional de autos es el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. En consecuencia, se ordena remitir el presente expediente al referido Juzgado. Así se declara

. (Subrayado y destacado agregado por este Tribunal).

Ahora bien, no pueden pasar inadvertidas para este Tribunal, las consideraciones, legales y doctrinarias, contenidas en la decisión del Tribunal declinante, respecto de la perpetuatio jurisdictionis, en la cual resalta que es la situación de hecho la que determina la competencia, destacando la posibilidad de que sobrevenga una incompetencia por circunstancias tales como litispendencia, conexidad y reconvención; aludiendo a la afirmación del Maestro Devis Echandía, cuyo texto citó en el tenor siguiente: “la perpetuatio iurisdictionis no existe frente a las nuevas leyes procesales (…) Si la nueva ley cambia la competencia a la rama jurisdiccional que debe conocer del proceso, tiene aplicación a los procesos en curso”.

En el orden indicado, este Tribunal observa que la citada afirmación, tiene un matiz en el derecho venezolano, que viene dado justamente por la disposición contenida en el precitado artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, que establece que la competencia se determina por la ley vigente del momento en que se propone la demanda, siendo ésta una garantía de un principio fundamental del proceso como lo es la seguridad jurídica; complementado justamente con la afirmación que se desprende de la misma norma en el sentido que solo es posible que los cambios posteriores a dicha situación tengan efecto si la ley dispone otra cosa; situación ésta que no se verificó con la disposición contenida en el artículo 25.3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que efectivamente no dispuso otra cosa, razón por la cual debe aplicarse supletoriamente, por mandato del artículo 31 ejusdem, el criterio de la perpetuatio jurisdictionis prevista en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil y atribuir la competencia al Tribunal que la tenía para la fecha de la introducción de la demanda de nulidad.

En efecto, si la intención del legislador hubiese sido cambiar el régimen general de determinación de la competencia establecido en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de alterar tal determinación según la situación existente para el momento de introducir la demanda, verbigracia para establecer que los tribunales que pasarían a ser competentes para el conocimiento de las demandas de nulidad de los actos administrativos de las Inspectorías del Trabajo, lo serían desde el momento en que fuera introducida la demanda, independientemente de la fecha de entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; así lo hubiese expresado en forma indubitable la norma. Al no haberlo determinado en forma expresa, y existiendo una regla de determinación de la competencia como la prevista en el citado artículo 3, aunada al mandato constitucional de irretroactividad contenido en el artículo 24; la competencia, en criterio de este Tribunal, la tienen atribuida los tribunales del trabajo para las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos de las Inspectorías del Trabajo, cuyas demandas sean introducidas a partir del 23 de septiembre de 2010, vale decir, de la fecha del pronunciamiento con carácter vinculante, por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual interpretó el alcance del artículo 25.3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para determinar la competencia de los Tribunales Laborales en todas las acciones relativas a las providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo.

Siendo consecuente con lo expuesto, se observa que en el presente asunto la demanda de nulidad fue introducida por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos correspondiente al Tribunal declinante, en fecha 02/08/2010 y recibida por ese Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 05/08/2010; siendo tales actuaciones anteriores al 23 de septiembre de 2010, fecha en que fue publicado el referido criterio con carácter vinculante; razón por la cual este Tribunal debe declararse incompetente, en forma sobrevenida, para el conocimiento de la presente demanda de nulidad y plantear el conflicto negativo de competencia con el Juzgado declinante, por considerar que es ése el competente, para el momento en que fuera introducida la demanda, de conformidad con el principio de perpetuatio jurisdictionis contenidos en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, como quiera que en el vértice de la estructura de los órganos que componen la nueva jurisdicción contencioso administrativa se encuentra la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, constituyendo dicha Sala, específicamente en materia contencioso laboral, el Tribunal Superior común a ambos tribunales en conflicto de competencia en el presente asunto; máxime cuando de acuerdo con la interpretación que hiciera la Sala Constitucional en su decisión de fecha 23/09/2010, la atribución de competencia de los tribunales laborales se circunscribió a los de primera y segunda instancia, es por lo que este Tribunal ordena, de conformidad con lo previsto en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, remitir mediante oficio a dicha Sala, copia certificada de la demanda de nulidad contenida en el presente expediente, de la constancia de recepción emitida por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto, del auto de entrada de la misma por parte del Juzgado declinante, de la decisión del Juzgado declinante mediante la cual se declaró incompetente y de la presente decisión, contenida en la presente acta; a los fines de que dicha Sala decida el conflicto negativo de competencia que se ha producido en el presente caso.

Por todas las razones expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: PRIMERO: SU INCOMPETENCIA, en forma sobrevenida, para conocer de la presente demanda de nulidad del acto administrativo constituido por P.A. de fecha 11/02/2010, emanada de la Inspectoría del Trabajo del estado Trujillo con sede en la ciudad de Trujillo, estado Trujillo, incoada por la SUPERMERCADO CARACAS S.A., por medio de su representación judicial constituida por los Abogados en ejercicio G.V.R. y R.G.F.C., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los Nros. 14.284 y 90.619, respectivamente. SEGUNDO: PLANTEA CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA Y SOLICITA DE OFICIO SU REGULACIÓN, de conformidad con lo previsto en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 71 ejusdem, ORDENA LA REMISIÓN de las actuaciones ut supra, mediante oficio, a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Cúmplase. Ofíciese. Siendo las 10.30 a.m. deldía de hoy, 25 de enero de 2011, se terminó el acto, se levantó la presente acta que fue leída y firmada por:

LA JUEZA,

Abg. T.O.T.

EL SECRETARIO,

Abg. L.E.M.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA

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