Decisión de Juzgado Segundo de Municipio de Caracas, de 1 de Febrero de 2012
| Fecha de Resolución | 1 de Febrero de 2012 |
| Emisor | Juzgado Segundo de Municipio |
| Ponente | Richard Rodriguez Blaise |
| Procedimiento | Desalojo |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Municipio de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, primero (1) de febrero 2012
201° y 152°
PARTE DEMANDANTE: “PEDRO PASCUAL RIVAS”, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-1.002.134; con domicilio procesal en: Avenida Lecuna, de Velásquez a Miseria, Torre Profesional del Centro, piso 5, oficina 502, Municipio Libertador del Distrito Capital.
REPRESENTACION JUDICIAL
DE LA PARTE DEMANDANTE: “IVÁN OSILIA HEREDIA”, inscrito en el Inpreabogado con la matricula N° 85.030.
PARTE DEMANDADA: “VIRGINIA ESPERANZA MARCHENA CABAÑAS”, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.504.274; sin domicilio procesal ni representación judicial constituido en autos.
MOTIVO: DESALOJO.
SENTENCIA: DEFINITIVA.
CASO: AP31-V-2011-002253.
I
Desarrollo del Proceso
El día 19 de octubre 2011, el ciudadano P.P.R., debidamente asistido por el abogado en ejercicio de su profesión I.O.H., inscrito en el Inpreabogado con la matricula N° 85.030, presentó formal libelo de demanda contra la ciudadana V.E.M.C., ambas partes ut supra identificadas, pretendiendo el desalojo de un local comercial dado en arrendamiento en fecha 1 de febrero de 2006, fundamentada en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en concordancia con los artículos 1.159, 1.160, 1.264, 1.269, 1.579 y el ordinal 2° del artículo 1.592 del Código Civil.
Por auto de fecha 25 de octubre de 2011, se admitió la demanda por las reglas del juicio breve, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada para el segundo (2°) día de despacho siguiente a la constancia en autos de su citación, a los fines de la contestación de la demanda.
Mediante diligencia estampada el día 26 del mismo mes y año, el ciudadano P.P.R., otorgó Poder Apud-Acta al abogado I.O.H., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 85.030.
El día 4 de noviembre de 2011, la representación judicial de la parte demandante, consignó los recaudos a los fines de la elaboración de la compulsa.
El día 9 de noviembre de 2011, el Tribunal libró la correspondiente compulsa ordenando su remisión a la Unidad de Actos de Comunicación (U.A.C.) al cual pertenece este Despacho, a los fines consiguientes.
El día 10 de noviembre de 2011, la representación judicial de la parte actora consignó los emolumentos necesarios para la práctica de la citación ordenada.
Luego, mediante diligencia estampada el día 16 de noviembre de 2011, el ciudadano Alguacil W.M., informó que la parte demandada, ciudadana V.E.M.C., recibió la compulsa de citación acompañada de su recibo, sin embargo no firmó el comprobante de recibido por cuanto tenía que entregárselo a su abogada.
El día 23 de noviembre de 2011, la representación judicial de la parte actora, solicitó se libre boleta de notificación a la parte demandada, conforme a lo establecido en el artículo 218 del código de Procedimiento Civil.
Por auto de fecha 24 de noviembre de 2011, se proveyó conforme a lo solicitado por el mandatario judicial del demandante, ordenándose librar boleta de notificación a la ciudadana V.E.M.C., comunicándole sobre la declaración del Alguacil relativa a su citación. En la misma fecha se libró la boleta de notificación antes mencionada.
El día 21 de diciembre de 2011, la Secretaria Temporal de este Juzgado, abogada D.I.G., dejó constancia en autos de haber cumplido con todas las formalidades previstas en el artículo 218 de la Ley Adjetiva Civil.
En fecha 17 de enero de 2012, la representación judicial de la parte actora presentó escrito de promoción de pruebas.
Por auto dictado el día 19 del mismo mes y año, el Tribunal se pronunció respecto a los medios de pruebas promovidos por la representación judicial de la parte demandante.
Por último, en fecha 27 de enero de 2012, el mandatario judicial de la parte actora, solicitó a este Juzgado declare la confesión ficta de la parte demandada.
Por lo tanto, vistas las actas que conforman el presente expediente, el Tribunal pasa a dictar sentencia definitiva de acuerdo con las siguientes consideraciones:
II
Hechos con Relevancia Jurídica
La parte demandante, dentro del elenco de afirmaciones de hecho en que fundamenta su pretensión, alega en el libelo de la demanda los siguientes hechos:
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Aduce, que en fecha 1 de febrero del año 2006, celebró contrato de arrendamiento con la ciudadana V.E.M.C., sobre un local comercial marcado con la letra A, ubicado en la calle Real de los Paraparos de La Vega, edificio Ateneo, Parroquia La Vega, Municipio Libertador del Distrito Capital.
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Alega, que la referida ciudadana no ha pagado los cánones de arrendamiento desde el mes de enero de 2008 a septiembre de 2011, a razón de doscientos cincuenta bolívares con cero céntimos (Bs. 250,00), cada uno, cantidad que asciende a once mil doscientos cincuenta bolívares con cero céntimos (Bs. 11.250,00).
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Que por lo antes expuesto, es que procede a demandar a la ciudadana V.E.M.C., para que convenga en entregar y pagar o en su defecto sea condenado por el Tribunal, el inmueble antes identificado y la suma de Bs. 11.250,00, correspondiente a los cánones de arrendamiento insolutos.
Fundamenta su pretensión, en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en concordancia con los artículos 1.159, 1.160, 1.264, 1.269, 1.579 y el ordinal 2° del artículo 1.592 del Código Civil.
Frente a estos hechos libelados, advierte el Tribunal que la parte demandada a pesar de haber sido citada personalmente, nada alegó con el fin de enervar la pretensión que en su contra hace valer la parte demandante.
Por consiguiente, el Tribunal considera menester hacer las siguientes precisiones:
Es importante señalar, que la citación de la parte demandada se perfeccionó en fecha 21 de diciembre de 2011; según consta en la diligencia suscrita por la Secretaria Temporal de este Juzgado, dejando constancia en autos del cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil (folio 26 de la pieza principal).
Cabe considerar, que las garantías constitucionales establecidas en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 257 eiusdem, no significan en modo alguno el desconocimiento total y absoluto del lugar y tiempo en que deben cumplirse los actos procesales, pues lo contrario conllevaría al desencadenamiento de la anarquía procedimental y a la desnaturalización de la verdadera función del proceso.
En efecto, con base al principio de preclusión de los actos procesales, que el legislador distribuye en el espacio y en el tiempo, en una serie de momentos, estados, situaciones y etapas que tienden a un mismo fin, evitando así que el proceso se disperse, se disgregue, retroceda o se interrumpa indefinidamente, se advierte que el mismo constituye un límite al ejercicio de las facultades procesales, pasado el cual dicho ejercicio se convierte en una extralimitación intolerable a los ojos de la ley, pues como dice el maestro Couture (Fundamentos, p. 195.), la preclusión funciona como equivalente de caducidad.
En este mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, intérprete máxima de la Constitución, en sentencia N° 208 de fecha 4 de abril de 2000, con ponencia del Magistrado Dr. J.E.C., expediente N° 0279-00, hizo mención al postulado del artículo 257 del Texto Constitucional, conforme al cual: “No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”. En este sentido la Sala expreso:
“(…) Igualmente, la Sala observa que, en realidad, los apoderados actores intentaron la corrección de su solicitud de amparo constitucional apenas unas pocas horas después que se agotara el tiempo que disponían para ello. Sin embargo, la decisión apelada -confirmada por esta Sala- no contravino la citada norma constitucional, sino que fue consecuencia de la aplicación fiel, por parte del juez, de una regla procesal que fija un lapso preclusivo para la realización de determinadas actuaciones. Afirmar lo contrario sería aceptar, por ejemplo, que invocando la existencia de una formalidad no esencial se inobserven los lapsos legalmente fijados para interponer una apelación o que también, por ejemplo, con ese mismo criterio, una parte irrespete el tiempo otorgado por el tribunal para realizar su intervención en el marco de una audiencia constitucional. A todo evento, por demás, esta Sala no considera que los lapsos procesales legalmente fijados y jurisdiccionalmente aplicados puedan considerarse “formalidades” per se, sino que éstos son elementos temporales ordenadores del proceso, esenciales al mismo y de eminente orden público, en el sentido de que son garantías del derecho de defensa de las partes que por ellos se guían (debido proceso y seguridad jurídica)...“ (Subrayado nuestro)
De todo lo antes expuesto, se desprende que la parte demandada a pesar de haber sido debidamente citada con las garantías de un debido proceso, y por ende a derecho para dar contestación a la demanda, alegar, contradecir, ejercer medios probatorios, y en general, hacer todo cuanto creyere conducente en defensa de sus derechos e intereses; sin embargo, en la oportunidad legal para dar contestación a la demanda, esto es el día 10 de enero de 2012, no compareció personalmente, ni por intermedio de apoderado judicial alguno.
Entonces, se colige que la parte demandada está incursa en uno de los supuestos establecidos en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, lo que en el caso de marras conlleva a examinar la posible confesión ficta en que pudo haber incurrido.
Al respecto, se observa:
Cuando la parte demandada no asiste oportunamente a dar contestación a la demanda, el Juzgador se encuentra eximido de expresar en la motivación de la sentencia las razones que le han llevado a la convicción de los hechos alegados en la demanda, porque la presunción de verdad que ampara esos hechos se produce ope legis.
El artículo 362 del Código de Procedimiento Civil establece que: “si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca…” .
La figura de confesión ficta comporta en sí la existencia de una sanción legal para el demandado contumaz o rebelde en contestar la demanda, y a través de ella se admite como cierto todo cuanto haya sido objeto de la demanda, estableciéndose únicamente como excepción que la petición del demandante sea contraria a derecho o que durante el lapso probatorio el demandado no hubiese aportado ningún elemento encaminado a desvirtuar las pretensiones del accionante.
La extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia de vieja data, que sigue siendo criterio inveterado de la jurisprudencia suprema, estableció lo siguiente:
(Omissis) En el proceso cuando el demandado no comparece a dar contestación a la demanda, el artículo 362 establece en su contra la presunción iuris tantum de la confesión. Esta presunción admite la prueba limitada del demandado rebelde, a aquello que enerve la acción de la parte actora, más no puede hacer uso de pruebas que recaiga sobre las excepciones que no opuso en la oportunidad legal de la contestación de la demanda. Vencido el lapso de promoción de prueba, sin que la parte demandada promueva alguna que le favorezca, la confesión queda ordenada por Ley, no como presunción, sino como consecuencia legal, por haberse agotado la oportunidad de probanza aun en contra de la confesión. Ya el juzgador, no tiene porque entrar a conocer si la pretensión es o no procedente, si son veraces o falso los hechos y la trascendencia jurídica de los mismos, sino que constatado que la pretensión no esta prohibida por la Ley, lo cual es un hecho negativo, debe decidir ateniéndose a la confesión del demandado…
(…sentencia dictada en fecha 19 de Junio de 1996 por la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil, contenida en el expediente Nro. 95.867, de la nomenclatura de esa sala).
Por otra parte, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° Nº 00184, de fecha 5 de febrero de 2002, expediente Nº 1079, estableció lo siguiente:
…el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil dispone lo siguiente: (...) El dispositivo antes trascrito consagra la institución de la confesión ficta que es una sanción de un rigor extremo, prevista únicamente para el caso de que el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados y siempre que no haga la contraprueba de los hechos alegados en el libelo, por aquello de que ...se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca... Esta petición contraria a derecho, será la que contradiga de manera evidente un dispositivo legal determinado, específico, esto es, una acción prohibida por el ordenamiento jurídico o restringida a otros supuestos de hecho…
De acuerdo con lo antes expuesto, resulta claro que la norma jurídica adjetiva in comento exige la concurrencia de los siguientes supuestos:
1) Que el demandado no diere contestación a la demanda dentro del plazo indicado.
2) Que la petición del demandante no sea contraria a derecho.
3) Que en el lapso probatorio la parte demandada no probare nada que le favorezca.
En lo atinente al primer supuesto de la ficción de confesión prevista en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, “Que el demandado no diere contestación a la demanda dentro del plazo indicado”, es conveniente referir que la oportunidad que concede la Ley al demandado de comparecer al juicio y dar contestación a la demanda, es única y no puede posponerse para otra oportunidad. La no comparecencia del demandado al acto de contestación de la demanda lo coloca en una situación de rebeldía frente a la Ley.
Por consiguiente, ante la resistencia de la demandada de contestar la demanda, se debe establecer que se configura el primer supuesto de confesión ficta; así se decide.-
En cuanto al segundo supuesto de la confesión ficta, se observa que la parte actora persigue obtener, con la intervención del órgano jurisdiccional, una sentencia favorable de condena que acoja su pretensión de desalojo fundamentada en el contrato de arrendamiento consignado junto con el libelo de la demanda.
Siendo así, se determina que en la presente demanda la petición de la parte actora no es contraria a derecho, pues no solamente aportó el documento fundamental del cual deriva la relación jurídica que vincula a las partes en litigio, sino que además se encuentra amparada por lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en concordancia con los artículos 1.159, 1.160, 1.264, 1.269, 1.579 y el ordinal 2° del artículo 1.592 del Código Civil; así se decide.-
Por otra parte, como quiera que es necesario la concurrencia de los tres (3) supuestos ex artículo 362 del Código de Procedimiento Civil para que sea declarada la confesión ficta, se advierte que la parte demandada a pesar de estar a derecho, tampoco probó dentro de la oportunidad procesal correspondiente nada que le favoreciera, con el fin de destruir las afirmaciones de hecho constitutivas de la pretensión que formula la parte actora; razón por la cual, forzosamente debe declararse que la parte demandada se encuentra incursa en las causales del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, y por lo tanto, en la presente causa ha operado la confesión ficta, y así se decide.-
III
Dispositivo
En razón de todos los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara:
La confesión ficta de la ciudadana V.E.M.C.; y en consecuencia, con lugar la pretensión de desalojo contenida en la demanda incoada por el ciudadano P.P.R., ambas partes identificadas en el encabezamiento del presente fallo.
Se condena a la parte demandada a entregar a la parte actora, local comercial marcado con la letra A, ubicado en la calle Real de los Paraparos de La Vega, edificio Ateneo, Parroquia La Vega, Municipio Libertador del Distrito Capital.
Se condena a la parte demandada a pagar la suma de once mil doscientos cincuenta bolívares con cero céntimos (Bs. 11.250,00), por concepto de los cánones de arrendamiento insolutos desde el mes de enero de 2008 a septiembre de 2011, a razón de Bs. 250,00, que es el canon de arrendamiento mensual fijado por la partes en el contrato de arrendamiento.
Se condena a la parte demandada al pago de las costas, con base a lo previsto en el artículo 274 del Texto Adjetivo Civil.
Regístrese, Publíquese y Notifíquese. Déjese copia certificada de la presente decisión en la sede del Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el día primero (1) de febrero de 2012. Años 201° de la Independencia y 152º de la Federación.
El Juez
Abg. Richard Rodríguez Blaise
La Secretaria, Temp.
Abg. D.I.G.
En la misma fecha siendo las 12:09 p.m., se registró y publicó la anterior decisión.-
La Secretaria Temp.,
Abg. D.I.G.
ASUNTO: AP31-V-2011-002253
RRB/DIG.
