Decisión nº 188 de Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de Zulia, de 14 de Noviembre de 2007
| Fecha de Resolución | 14 de Noviembre de 2007 |
| Emisor | Juzgado Superior Cuarto del Trabajo |
| Ponente | Mónica Parra de Soto |
| Procedimiento | Cobro De Prestaciones Sociales |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Cuarto del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Maracaibo, catorce (14) de noviembre de dos mil siete (2007)
197º y 148º
ASUNTO: VC01-R-1996-000001
Por cuanto, la ciudadana, M.P.D.S. fue designada como Jueza Provisoria de este Juzgado Superior Cuarto del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en reunión de fecha 05 de junio de 2007, prestando juramento ante la ciudadana Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 25 de junio de 2007, me aboco al conocimiento de la causa. Ahora bien, observa este Tribunal que en fecha tres (03) de julio de 2.007, éste Juzgado recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, por los medios administrativos de la redistribución de las causas por la creación de los Juzgados Superiores Cuarto y Quinto del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial, habiendo correspondido conocer a este Tribunal
PERENCIÓN DE LA INSTANCIA.
Subieron las presentes actuaciones en un solo efecto, provenientes del extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en razón de la apelación ejercida por la profesional del derecho M.C.d.M., actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte demandada Maraven S.A., hoy PDVSA S.A., en contra de la decisión de fecha 25 de marzo de 1996 dictada por el referido Tribunal.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Según el procesalista patrio Ricardo Henríquez La Roche, un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes. En tal sentido define la institución procesal de la perención de la instancia, del latín perimire, destruir, como la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno, y lo plantea como un correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso.
El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos, según apunta Henríquez La Roche, de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso, lo que llama elemento subjetivo, y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios.
Es por ello que la perención constituye una institución práctica sancionatoria de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia.
Para el proceso civil, la conducta omisiva de las partes se puede presentar hasta que el Juez toma el control y dirección absoluta de la causa, cuando ya las partes no deben realizar ninguna actuación procesal, solo esperar al dictamen de la sentencia, esto es cuando el Tribunal dice en actas “vistos” al proceso y entra en estado de sentencia. Para el proceso civil el Tribunal asume toda la responsabilidad y carga de impulso del proceso una vez que dice “vistos”, porque según esa rama del derecho ya no son las partes quienes deben promover el avance del mismo, por cuanto lo único que falta después de esa actuación del Tribunal es la sentencia, responsabilidad exclusiva del mismo Tribunal, todo conforme al artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
El proceso civil separa el interés procesal de las partes de la controversia una vez dice “vistos” el Tribunal de la causa, por lo tanto desvanece por ese lapso procesal cualquier participación de las partes en las resultas de la controversia, en la cual es solo el Estado representado en el Tribunal de la causa quien tiene interés en dirimir la controversia.
El proceso laboral avanza en ese sentido y establece que las partes poseen un interés permanente en los resultados del proceso, y en el constante avance del mismo, no separa en ningún momento la necesidad del mismo proceso de ser impulsado y de culminar la controversia.
En este orden resulta imperioso observar el contenido del artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual establece que la instancia se extingue de derecho una vez transcurra un año sin que las partes hayan realizado acto procesal alguno. Esto sucede inclusive en aquellas causas que están en etapa de sentencia bajo la figura del “vistos” conforme a lo establecido por el Código de Procedimiento Civil. El artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, señala expresamente lo siguiente:
Artículo 201. “Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (01) año, sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido mas de un (01) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, éste último deberá declarar la perención.”
Con la entrada en vigencia de la ley procesal laboral deja a las partes la responsabilidad conjunta permanente de impulsar el proceso y sumó a esta situación legal, los hechos acontecidos en relación a la reacomodación de los Tribunales Laborales en todo el país, lo que explica nuestro m.T. como la ruptura del hilo procesal de las causas, manteniendo la responsabilidad del impulso procesal a las partes, inclusive en las causas en las cuales se había dicho “vistos” bajo la modalidad establecida por el Código de Procedimiento Civil. En ese sentido se precisa señalar lo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social en fecha 28 de octubre de 2003, lo siguiente:
(…) La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida, se rompió. El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia.
Estando la causa en estado de sentencia, ella puede paralizarse, rompiéndose el estado en derecho de las partes, por lo que el Tribunal no puede actuar, y se hace necesario para su continuación, que uno de los litigantes la inste y sean notificadas las partes no peticionantes o sus apoderados. En ese estado, la paralización puede nacer de situaciones casuísticas que necesariamente conducen a tal figura caracterizada por la ruptura de la permanencia a derecho de las partes, como puede suceder si las diversas piezas de un expediente que se encuentra en estado de sentencia se desarticulan y se envían a diversos tribunales, sin que el tribunal a quien corresponde la última pieza para sentenciar, pueda hacerlo, ya que no tiene el resto de los autos y no sabe dónde se encuentran. Ante tal situación, la causa se paraliza, las partes dejan de estar a derecho, y al juez no queda otra posibilidad, sino esperar que los interesados le indiquen (producto de sus investigaciones) dónde se encuentra el resto de las piezas, a fin que las recabe, conforme al expediente total, y a petición de parte, reconstituya a derecho a los litigantes.
Tal situación ha sucedido con motivo de las reorganizaciones de las competencias de los tribunales, lo que conoce la Sala por notoriedad judicial. Surge así una inactividad imputable a las partes, que ocurre en estado de sentencia, y que configura una carga incumplida de los litigantes, es a ellos a quien perjudica, y no al tribunal que se encuentra imposibilitado de actuar
Claro queda entonces que tanto por mandato legal, como por señalamiento casacional, la perención opera una vez transcurra un año de inoperancia de las partes en la causa, y también opera luego de transcurrido un año de inoperancia de las partes en el proceso después de vista la causa de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En tal sentido, pasa esta Superioridad a revisar las actas procesales que componen el presente asunto, de lo cual se evidencia que desde el día 30 de Junio de 2.003, que los apoderados judiciales de la parte demandada renunciaron al poder que les fuera conferido por dicha parte, ésta fue notificada así como la Procuradora General de la República; se observa igualmente que desde el día 21 de julio de 2.003, fecha de notificación de la empresa demandada, ésta no compareció a juicio, a los fines de designar nuevamente apoderados judiciales, y hasta la presente fecha no existen actuaciones de dicha parte en el presente expediente, teniendo en consideración que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo fue implementada en el Estado Zulia (Maracaibo) el 15 de Octubre de 2003 y fue el 08 de diciembre del mismo año que los Tribunales del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con Sede en Maracaibo comenzaron a despachar, momento desde el cual ha transcurrido un período de inactividad de la parte demandada apelante de más de un año contado a partir del 21 de julio de 2003, lo que requiere y hace procedente la sanción establecida en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.
DECISIÓN:
Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR CUARTO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: 1) LA PERENCIÓN de la instancia en este Juzgado Superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. 2) NO HAY CONDENATORIA en costas procesales, dada la naturaleza del presente fallo.3) SE ORDENA NOTIFICAR AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA REMITIENDOLE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISIÓN.- 4) QUEDA FIRME LA DECISION INTERLOCUTORIA DICTADA POR EL EXTINTO JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, DE FECHA 25 DE MARZO DE 1.996.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE del presente fallo.
Dada, firmada y sellada en Maracaibo a los 14 de Noviembre de 2007. Año 197° de la Independencia y 148° de la Federación
M.P.D.S.
Juez
I.Z.S.
Secretaria
En la misma fecha, siendo las once horas de la mañana, se dictó y publicó el fallo que antecede y se libró oficio bajo el No. Tsc-2007-4302.-
I.Z.S.
Secretaria
