Sentencia nº 1168 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Agosto de 2009

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: P.R. RONDÓN HAAZ

Consta en autos que, el 09 de abril de 2009, PDVSA PETRÓLEO S.A., con inscripción en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 16 de noviembre de 1978, bajo el n.° 26, Tomo 127-A segundo, cuyo documento estatutario fue modificado por última vez el 09 de mayo de 2001, con inscripción en el mismo Registro Mercantil, bajo el n.° 23, Tomo 81-A segundo, mediante la representación del abogado R.J.R.T., con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.° 97.998, intentó, ante el Juzgado Sexto de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, amparo constitucional contra los ciudadanos M.E.M., M.M., M.J.G., Y.M., J.V., P.E., D.M.S., Yusmery Hernández, R.C., E.E. y R.C., portadores de las cédulas n.os 10.037.460, 5.503.672, 19.428.503, 18.378.443, 18.801.743, 17.695.763, 24.342.252, 19.101.045, 20.591.203, 24.139.935 y 20.591.093, respectivamente, para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos al libre tránsito, a la protección por parte del Estado, al trabajo y a la libertad económica que acogieron los artículos 50, 55, 87 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 09 de abril de 2009, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo declaró su incompetencia para el conocimiento de la causa y declinó la competencia en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, el cual ordenó la corrección de la pretensión de amparo el 10 de abril de 2009, orden que cumplió la representación judicial de la quejosa el día siguiente. Tras esta actuación, dicho tribunal, el 13 de abril de 2009, declinó la competencia para el conocimiento de la causa en un Juzgado de Primera Instancia Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, y remitió la causa en cuestión.

El 15 de abril de 2009, la representación judicial de la peticionaria de tutela constitucional solicitó “MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DE PROTECCIÓN, para asegurar el ejercicio del derecho de propiedad y el desarrollo y desenvolvimiento de la actividad económica de la Empresa, de tal manera que ninguna persona, natural o jurídica OBSTACULICEN, PERTURBEN O IMPIDAN (sic) el acceso a las instalaciones de PDVSA; todo ello a los fines de que CESE LA INMINENTE AMENAZA que eventualmente pudiera impedir el desarrollo de las actividades de ésta…”, y consignó copia simple de una serie de recaudos.

El 16 de abril de 2009, el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo también declinó la competencia en un Juzgado con competencia en materia laboral; en consecuencia, ordenó la remisión del expediente continente de la causa a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Trabajo de los Juzgados de Primera Instancia Laboral de esa Circunscripción Judicial.

El 22 de abril de 2009, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo declaró su incompetencia para el conocimiento, en primer grado, de la pretensión de tutela constitucional, planteó el conflicto negativo de competencia y remitió el expediente continente de la causa a esta Sala Constitucional para su resolución.

El 21 de mayo de 2009, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado P.R. Rondón Haaz.

ÚNICO

1. En el presente caso, cuatro juzgados de distintas competencias por la materia participaron y declinaron el conocimiento de la causa; así, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo consideró competente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del mismo Circuito y Circunscripción Judicial; éste, a su vez, consideró que la competencia correspondía a un Juzgado de Primera Instancia Civil de esa Circunscripción Judicial, el cual no aceptó la declinatoria sino que remitió la causa al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción, quien planteó el conflicto de competencia y solicitó, de oficio, la regulación de competencia.

   Son claras las disposiciones adjetivas (artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil) que regulan los supuestos de conflicto de competencia donde se encuentre involucrado el orden público (materia y territorio, en los casos que indica el artículo 47 eiusdem); así, se deduce de la interpretación concatenada de estas disposiciones procesales que cuando un tribunal declare su incompetencia por razón de la materia o del territorio y, a su vez, el tribunal a quien le hubiese remitido las actuaciones también se considerase incompetente, éste último debe, necesariamente, plantear el conflicto de competencia y, por ende, solicitar, de oficio, su regulación, con la remisión de las copias de las actuaciones correspondientes al Juzgado Superior común, si lo hubiese, o, en su defecto, al Tribunal Supremo de Justicia. En materia de amparo, los artículos 7 in fine y 12, recogen las mismas reglas.

   En atención a lo anterior, cuando el juzgado a quien se le remiten las actuaciones por declinación de competencia, se considera, a su vez, incompetente, debe plantear inmediatamente el conflicto de competencia y solicitar su regulación. El cumplimiento cabal con lo que disponen tales artículos va en resguardo de las garantías a una justicia expedita y sin dilaciones indebidas, por cuanto evitan que la causa sea remitida, de forma innecesaria, a varios juzgados de distintas competencias, como sucedió en el presente caso, con la ilegal prolongación del proceso en perjuicio a los derechos constitucionales de los justiciables.

   En el caso sub examine, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo debió, en acatamiento a lo que disponen los artículos 7 y 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, plantear el conflicto de competencia y solicitar su regulación de oficio.

2. Mención destacada merece la determinación del juzgado competente para el conocimiento de la regulación de competencia en esos supuestos que, según los artículos 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 71 de la Ley Adjetiva Civil, corresponde, si lo hubiese, al Juzgado Superior común de los Juzgados que estén involucrados en el conflicto y, en caso contrario, a este Tribunal Supremo de Justicia.

   En materia de amparo, sin embargo, el asunto se complica por la circunstancia de que, en Venezuela, todos los jueces son constitucionales y todos tienen competencia para conocer de demandas de amparo constitucional, lo cual llevó al legislador especial al establecimiento de criterios propios de distribución de la competencia por la materia, el territorio y el grado, además de un fuero personal especial para las autoridades de origen constitucional y competencia nacional (artículo 8) y un criterio sólo jerárquico para la resolución de amparos contra la actividad judicial (artículo 4).

   Por lo que respecta a la materia, que fue el criterio que motivó las sucesivas declinatorias en el caso de autos, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales estableció que la competencia se distribuye entre los distintos tribunales competentes por el territorio y el grado, según la materia afín con la naturaleza del derecho o garantía cuya violación se denuncie, es decir en atención a la relación jurídica material subyacente entre las partes en conflicto: civil, mercantil, laboral, etc., según la rama del derecho que regule esa relación.

   Es entonces la afinidad a la que se refiere el artículo 7 de la ley especial –en concordancia con los demás criterios atributivos de competencia- la que determina, en cada caso concreto, a cuál o cuáles de todos los tribunales del país compete su resolución; en el proceso de esa determinación se pueden producir, como se ha visto, conflictos de conocer entre distintos juzgadores, los cuales deben ser resueltos según las reglas que se explicaron con anterioridad, con la particularidad de que la competencia material vendrá determinada por aquella afinidad y no por la materia del asunto principal de que se trate, ya que la de éste siempre será constitucional y, por tanto, común a todos los tribunales.

   Ahora bien, una vez que ha quedado establecido que el conflicto de competencia debió plantearlo el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo que fue el segundo tribunal que pronunció su incompetencia –a quien se apercibe de su error y se le exhorta a que no incurra en él de nuevo-, esta Sala Constitucional procede a la determinación de su competencia para el conocimiento del conflicto de autos, con ocasión de la pretensión de tutela constitucional que propuso PDVSA Petróleo S.A. contra los ciudadanos M.E.M. y otros.

   Por cuanto los juzgados en conflicto, inicialmente, eran ambos tribunales penales, el segundo de los que declararon su incompetencia habría debido, como se afirmó, pedir la regulación a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal común.

   Sin embargo, no escapa –y preocupa- a la Sala la frecuencia con la que, en casos semejantes al de autos, en el que no es de fácil determinación ni la naturaleza jurídica de la relación entre las partes ni, por tanto, la rama del derecho que la disciplina, se presentan conflictos de competencia no sólo para el conocimiento de la causa sino, aún después, para la regulación, entre tribunales de distinta competencia por la materia, incluso entre distintas Salas de este Supremo Tribunal. Este indeseable fenómeno, directamente atentatorio contra el derecho al acceso a la justicia, fue solucionado por la Sala Plena –para casos distintos al amparo constitucional- mediante la interpretación de que, cuando un conflicto de no conocer se presente entre tribunales de distinta especialización –los cuales, por tanto, no tienen un superior común- es esa Sala, de entre todas la que conforman al Tribunal Supremo de Justicia, la que debe resolverlo, lo cual ha evitado las antes comunes controversias entre Salas para el establecimiento de a cuál de ellas correspondía, a su vez, la fijación del tribunal de instancia competente para el conocimiento de determinado asunto (Vid., por todas, s.S.P. n.os 24 del 26 de octubre de 2004 y 4809 del 4 de agosto de 2009).

   Esta Sala Constitucional estima imperativa la asunción de tal criterio a la materia de amparo, que es la que le compete- en resguardo del orden público, por razones de celeridad procesal y en cumplimiento con el mandato constitucional de garantía a una justicia expedita y sin dilaciones indebidas, en el sentido de que es ella la competente para la resolución de un conflicto de no conocer en materia de amparo constitucional, aún si existe un Tribunal Superior común –como en el caso de este expediente-, cuando el Juzgado que plantee el conflicto considere que la competencia, en razón de la afinidad a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, corresponde a un Juzgado de especialización distinta de la que comparte con el declinante inicial, por la mayor idoneidad de esta Sala Constitucional para el conocimiento y resolución de tales situaciones mediante actos de juzgamiento inimpugnables, lo cual produciría certeza y firmeza respecto a la determinación del tribunal competente, en claro resguardo a la seguridad jurídica y, como se dijo, al derecho al acceso a una justicia expedita, sin dilaciones o reposiciones inútiles, en asuntos en los que la celeridad cobra especial relevancia porque, como es sabido, la urgencia es inmanente a esta forma reforzada de tutela de los derechos y garantías constitucionales.

   En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 266, cardinal 7, preceptúa como atribución del Tribunal Supremo de Justicia: “Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico”.

   En sentencias del 20 de enero de 2000 (casos: E.M.M. y D.R.M.), cuando se determinó la competencia para el conocimiento de las demandas de amparo a la luz de los principios y preceptos que acogió la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala estableció que a ella le corresponde el ejercicio de la jurisdicción en materia constitucional en sede del Tribunal Supremo de Justicia y que, en consecuencia, es ella quien detenta la competencia por la materia: “...para conocer, según el caso, de las acciones de amparo constitucional propuestas conforme a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales".

3. Como corolario de las consideraciones que anteceden, esta Sala Constitucional se pronuncia competente para la resolución del conflicto de competencia que se produjo entre el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo y el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, porque el último consideró que la competencia para la resolución de la demanda de amparo constitucional que encabeza estas actuaciones no correspondía a ningún tribunal penal sino a uno civil, que, en su criterio, era la materia afín a la de los derechos cuya vulneración se había denunciado y así se declara.

4. Luego del pronunciamiento anterior, pasa la Sala a la resolución del conflicto de conocer a que se contraen estas actuaciones, que se planteó con ocasión de una demanda de amparo constitucional, con base en la materia afín con el asunto que fue planteado (ex artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), afinidad que, en definitiva, determina el nexo de derecho entre las partes que califica la situación jurídica en cuestión; para ello, se repara en que la representación judicial de la quejosa indicó que su representada:

   …ha sido víctima de una serie de amenazas con motivo de las acciones arbitrarias orquestadas y dirigidas por un grupo de la comunidad local, (…); conformado aproximadamente por treinta (30) personas, cuyos promotores son los ciudadanos M.E.M., titular de la cédula de identidad Nº V-10.037.460, M.M., titular de la cédula de identidad Nº V-5.503.672, M.J.G., titular de la cédula de identidad Nº V-19.428.503, Y.M., titular de la cédula de identidad Nº V-18.378.443, J.V., titular de la cédula de identidad Nº V-18.801.743, P.E., titular de la cédula de identidad Nº V-17.695.763, D.M.S., titular de la cédula de identidad Nº V-24.342.252, YUSMERY HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-19.101.045, R.C., titular de la cédula de identidad Nº V-20.591.203, E.E., titular de la cédula de identidad Nº V-24.139.935 y R.C., titular de la cédula de identidad Nº V-20.591.093. Dichos ciudadanos desde el viernes (tres) 03 de abril de dos mil nueve (2009), aproximadamente a las 7:00 a.m. han obstruido el acceso y paralizado completamente las actividades que PDVSA se encontraba desarrollando en el referido pozo petrolero, atentando en diversas formas en contra de las operaciones de (su) representada al conculcarle el libre ejercicio de la actividad económica que realiza, amparada por lo establecido en el artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estas acciones han imposibilitado completamente los trabajos que se venían ejecutando en el pozo señalado, en los turnos mixtos y nocturnos de la máquina de subsuelo propiedad de PDVSA, debido a que éste grupo de personas obstruye las vías de acceso al momento que el personal y los equipos se disponen a entrar en el área en cuestión bajo amenazas de agresiones y daño a los equipos, violando flagrantemente el derecho al libre tránsito que consagra el artículo 50 de nuestra Carta Magna (…). En virtud de tal situación (su) representada ha agotado las vías extrajudiciales, asistiendo incluso a varias reuniones con este grupo de personas en el sitio de los hechos, tal como puede evidenciarse de documentales acompañados al presente escrito. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de (su) representada, actitud de los querellados ha sido negativa e intransigente, dado que sus exigencias demandadas ante PDVSA están referidas a otro orden esquemático gerencial y no vinculado al referido pozo, pues el fundamento de la ilegal protesta es la adjudicación de empleo de varios ciudadanos designados por la propia comunidad, y la construcción de dos (02) dormitorios de la escuela Granja El Cenizo pero por razones técnicas y operacionales del sistema, no fueron seleccionados y los puestos le fueron adjudicados a las personas que calificaron para las labores requeridas, de la forma democrática en que está concebido SISDEM (Sistema de Democratización de Empleo); y en cuanto a la construcción referida (su) representada está realizando los trámites internos administrativos que se requieren a tales efectos. Ciudadano Juez, resulta imposible para (su) representada ceder ante la presión de éste ni d ningún otro grupo de la comunidad aledaña al pozo, ya que cumplir sus demandas implicaría la violación de un sistema (SISDEM) que además de ser inviolable por naturaleza, de ninguna manera puede condicionarse su aplicación a los intereses particulares de un grupo de personas, ya que resultaría en el perjuicio de la comunidad en general al afectar las posibilidades de empleo de otras personas, y el modo de adjudicar un contrato a una empresa de construcción debe estar alineado a la Ley de Licitaciones y Contrataciones Públicas . /(…)

   …estos actos constituyen un conculcamiento a los derechos de (su) representada lo que afecta directamente a la colectividad en general dada la importancia de la actividad económica que realiza PDVSA y vulnerando en consecuencia las garantías constitucionales previstas en los artículos 112, 87, 50 y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…). /(…)

   …solicitamos a ese Tribunal decrete con lugar el solicitado amparo constitucional para lograr la reanudación inmediata de las actividades que viene desarrollando (su) representada en la instalación señalada y asegurar el desarrollo y desenvolvimiento de la actividad económica de la Empresa de tal manera que los querellados directamente o a través de interpuestas personas NO OBSTACULICEN, PERTURBEN O IMPIDAN el acceso a las instalaciones de PDVSA; CESEN LAS ACCIONES que impiden las operaciones de ésta o de sus contratistas, así como las labores del personal administrativo u obrero (…) y en general de cualquier tipo de actos que lesionen o conculquen el derecho al libre ejercicio económico, el derecho al trabajo y el libre tránsito de (su) representada. (Subrayado añadido).

   Ahora bien, se observa que la peticionaria de amparo delató la violación a cuatro derechos constitucionales, tres de los cuales (al libre tránsito, a la protección por parte del Estado y al libre ejercicio a la actividad económica) inclinaría su conocimiento, en principio, a la competencia del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo; no obstante también denunció la violación al derecho constitucional al trabajo, lo que arrojaría la determinación de la competencia al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial. Sin embargo, como ya ha expresado esta Sala Constitucional, la calificación jurídica que hagan los proponentes del amparo no es vinculante para el juzgador constitucional, quien, en virtud del principio iura novit curia, deberá hacer la calificación técnica correspondiente, en atención a los alegatos fácticos que se hubiesen hecho en la demanda y lo que conste en autos.

   En ese sentido, se aprecia que la representación judicial de la supuesta agraviada afirmó que “…a pesar de los esfuerzos de (su) representada, la actitud de los querellados ha sido negativa e intransigente, dado que sus exigencias demandadas ante PDVSA están referidas a otro orden esquemático gerencial y no vinculado al referido pozo, pues el fundamento de la ilegal protesta es la adjudicación de empleo de varios ciudadanos designados por la propia comunidad, y la construcción de dos (2) dormitorios de la escuela Granja El Cenizo pero que por razones técnicas y operacionales del sistema, no fueron seleccionados y los puestos les fueron adjudicados a las personas que calificaron para las labores requeridas, de la forma democrática en que está concebido SISDEM (Sistema de Democratización de Empleo); y en cuanto a la construcción referida (su) representada está realizando los trámites legales internos administrativos que se requieren a tales efectos…”.

   Como se expresó, la sola calificación jurídica que se haga o la denuncia de violación a un derecho constitucional determinado no puede ser vinculante para el juzgador, quien, en definitiva, conoce el Derecho, para la determinación competencial, es decir, que habría que ahondar en las circunstancias fácticas de las que se origina la actividad lesiva. Así, se observa de la transcripción anterior que, entre los supuestos agraviantes y la peticionaria de amparo no existe una relación laboral para la justificación de un reclamo de esa naturaleza y, por ende, para la determinación de la competencia de un juzgado del trabajo.

   Así, en el caso sub examine, se desprende claramente de los autos que la situación que motivó la actividad lesiva no se originó de una relación jurídica de naturaleza laboral, por cuanto las personas que impiden el acceso a la sede de la quejosa y, con ello, el ejercicio de su actividad económica, pretenden, precisamente, la posibilidad de una contratación de trabajo en esa sede y la construcción de dos dormitorios, razón por la cual el debate de mérito de la controversia se resolverá, indudablemente, sobre aspectos de naturaleza de derecho común, razón por la cual, en atención al derecho al juzgamiento por un juez natural (con competencia y conocimiento técnico), debe declararse competente al Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, de conformidad con lo que preceptúa el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En consecuencia, se ordena la remisión inmediata del presente pronunciamiento, a dicho Juzgado Primero de Primera Instancia. Y así se decide.

   DECISIÓN Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: