Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente de Barinas, de 6 de Noviembre de 2007

Las presentes copias fotostáticas certificadas cursan por ante éste Tribunal Superior, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el abogado en ejercicio: Á.B.P., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-3.131.830, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 47.978, en su condición de Apoderado Judicial del abogado: P.R.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 592.085, domiciliado en San C.E.T., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 47.987, parte demandante, en el juicio de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales, contra del auto de aclaratoria de sentencia dictada por el tribunal de la causa de fecha 10 de octubre de 2005, según la cual repuso la causa al estado de proveer sobre el recurso de regulación de competencia, interpuesto por el abogado: L.F.O. de fecha 25 de abril de 2005, en el juicio de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales, incoado contra de la ciudadana L.D.M.G.Q., venezolana, Mayor de edad, viuda, titular de la cedula de identidad Nº V-11.838.272, civilmente hábil y domiciliada en San C.E.T., y en contra de sus menores hijos: J.J.R.G. y M.L.R.G., Asistida legalmente por el abogado en ejercicio, L.F.O.P., Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 3.286.561, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 19.164, que se tramita en el expediente N° 1269 de la nomenclatura interna de ese Tribunal.

En fecha veintiuno de Noviembre del año dos mil cinco (21-11-05), se le dio entrada y el curso legal correspondiente.

En fecha 24 de Noviembre de 2005, el abogado Á.B.P., solicita que la presente causa signada con el Nº 05-2517-C.B. sea acumulada al expediente Nº 05-2450- C.B., ya que ambos guardan relación de conformidad con lo previsto en los artículos 77 y 80 del código de Procedimiento Civil.

En fecha cinco de Diciembre del año dos mil cinco (05-12—05) éste tribunal de conformidad con lo previsto en los artículos 77 y 80 del Código de Procedimiento Civil, y de acuerdo a una revisión de las actas que conforman los expedientes en cuestión, acuerda lo solicitado, por cuanto las mismas son compatibles entre sí, en razón de ello acumuló ambas causas.

En fecha doce de Diciembre del año dos mil cinco (12-12-05), oportunidad fijada para la presentación de los Informes, se observa que solo la parte demandante hizo el uso de tal derecho, se deja constancia que a partir de la presente fecha, comenzará a computarse el lapso previsto en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha once de Enero del año dos mil seis (11-01-2006), venció el lapso de ocho (08) días, dentro del cual podrían presentar las partes sus observaciones escritas sobre los informes de la contraria; y se fijó el lapso de 30 días para dictar la correspondiente sentencia.

En fecha 19 de septiembre del 2006, se dictó auto en la cual se deja especial constancia que debido a la competencia múltiple y exclusiva de éste Tribunal no ha sido posible dictar sentencia en le presente juicio, no obstante la jueza a cargo de este tribunal ha venido profiriendo distintos fallos tomando en cuenta la antigüedad de los expedientes cursantes en este tribunal, y una vez se dicte sentencia se notificara a las partes de la decisión.

En esta oportunidad este tribunal pasa a dictar sentencia bajo el tenor siguiente:

LIBELO DE DEMANDA

Alega el Apoderado Judicial del actor que el 15 de marzo de 1999, ante la Notaría Pública Segunda de San Cristóbal y mediante documento autenticado bajo el N° 17, Tomo 57, la ciudadana L. delM.G.Q., en nombre propio y en representación de sus menores hijos: J.J. y M.L.R.G., confirió poder especial a su mandante para defender sus derechos e intereses ante los Tribunales de la República y Entes Públicos administrativos, en el juicio por cobro de bolívares derivados de daños producidos en accidente de tránsito. Que su poderdante se avocó al estudio y conocimiento del caso que se encontraba en estado de citar a los demandados hasta alcanzar sentencia de primera instancia que fue publicada el 24 de abril de 2000, resultando la misma favorable a sus patrocinados, al condenarse a la demandada al pago de Bs. 191.745.000,00. Que en fecha 12 de Diciembre de 2000, fue nombrado Defensor Público Penal de Adolescentes para el Estado Táchira, razón por la cual se reunió con la mencionada ciudadana anunciándole que no podía seguir representándolos en Alzada o Casación, en esa oportunidad le conminó al pago de sus honorarios profesionales, a los que le respondió que ella no disponía de dinero, que debía esperar a que se ejecutara la sentencia para pagarle sus honorarios. Que en fecha 02 de julio de 2003 en Acta de Embargo, las partes suscribieron un acuerdo de pago y en ese mismo día la ejecutante recibió la suma de sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000,00), terminando de recibir la última cuota convenida (4 cuotas) de cuarenta millones de bolívares (Bs. 40.000.000,00) el 04 de Noviembre de 2003; y que a pesar de haber efectuado múltiples diligencias extrajudiciales para tratar de obtener el pago de sus honorarios profesionales que en derecho le corresponden, las mismas han sido infructuosas, que en atención a lo expuesto demanda e intima a la ciudadana: L. delM.G.Q., titular de la cédula de identidad N° 11.838.272 en su nombre y en representación de sus menores hijos: J.J.R.G. y M.L.R.G..

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Al folio cinco (5) cursa escrito de contestación de demanda, suscrito por la ciudadana: L. delM.G.Q., en nombre propio y en representación de sus menores hijos J.J. y M.L.R.G., alegando que rechaza, niega y desconoce las estimaciones realizadas por la parte Intimante. Asimismo alega que se obvió notificar al Fiscal Especializado en materia de Protección de Niños y Adolescentes, además que el Juez no debe obviar fijar el término de distancia, consagrado en el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente señala haberse quebrantado las normas de orden público como lo es la Incompetencia del Tribunal, con lo cual se evitaría un uso inútil de la actividad procesal (regulación de la competencia). Alegó la incompetencia del Tribunal en razón de que se demanda a menores. Opuso a la parte actora la prescripción de la acción y/o derecho del accionante; contenida en el artículo 1.982 el cual señala que se prescribe por dos años la obligación de pagar honorarios y que ordinal 2 del Código Civil que señala a los abogados, a los procuradores, y a toda clase curiales sus honorarios, derechos, salarios y gastos…” que el abogado: P.R.M. cesÓ en sus obligaciones porque no podía continuar conociendo de la causa; que en fecha 5 de abril se vió en la necesidad de actuar en el procedimiento asistida de otro abogado: Dr. José francisco Torres Paredes dicha actuación riela al folio 72 de la pieza principal del presente expediente que en nombre de ella y en nombre y representación de sus hijos confirió poder especial a la Dra. R.M.S.T., por ante la Notaria Pública Primera de San Cristóbal donde quedó anotado bajo el N° 73, tomo 73 de los Libros respectivos, poder que se encuentra inserto en autos en los folios 330 y 331, que en el señalado poder no se hizo constar y/o reservar las facultades de apoderado que tenia el Dr. P.R.M.. Que en fecha 7 de junio del 2001, la nueva apoderada la Dra. R.M.S.T. consignó poder en el expediente, que el tribunal acordó agregarlo al expediente y tenerla como apoderada en el juicio. Invocó el contenido 165 ordinal 5 del Código de procedimiento Civil; señaló que la presentación del otro apoderado Dra. M.S.T. implica la revocatoria del poder del Dr. P.R.M.. Alegó que la acción de intimación e intimación fue propuesta el 21 de septiembre del 2004 y admitida el 22 de septiembre del 2004, y la intimación al pago se produjo en fecha 7 de octubre del año 2004, en este sentido tenemos que desde el 7 de enero del 2001 fecha en que se consignó el poder de la Dra. M.S.T. hasta el 21 de septiembre del año 2004, transcurrieron exactamente tres (3 ) años; tres (3) meses; catorce (14) días y desde el 7 de junio del 2001 hasta la fecha de intimación transcurrió tres (3) años cuatro (4) meses, que desde que cesaron las actuaciones y /o ministerio del apoderado dr. P.R.M., esto es desde el día 12 de diciembre del año 2000 “confesión judicial voluntaria” hasta el día 7 de octubre en que se practicó la intimación han transcurrido tres (3) años y nueve (9) meses; y desde el día 7 de junio del 2001, fecha de consignación del nuevo poder, hasta una cualquiera de las fechas señaladas posterior a la cesación del ministerio del abogado intimante también han transcurrido mas de tres años, tiempo suficiente para que prescribiera la obligación demandada. Invocó de igual modo la confesión espontánea del accionante cuando afirmó lo siguiente “el 12 de diciembre del 2000, mi mandante fue nombrado Defensor Publica Penal de Adolescente para el estado Táchira, razón por la cual se reunió con su conferente comunicándole QUE NO PODIA SEGUIR REPRESENTANDOLO EN ALZADA O CASACION. Que el abogado intimante en fecha 10 de marzo del 2000, dejo de prestarle sus servicios como abogado tanto a su persona como a los niños demandados de autos, que desde la fecha en que presentó los informes y/o conclusiones temporales abandonó irresponsablemente la causa; que miente cuando afirma que el 12 de diciembre del año 2000 anunció que no podía seguir representándonos dado que desde el mes marzo del año 2000, fecha en que presentó los informes y los conclusiones temporales; que al abogado intimante se le canceló la cantidad de ocho millones de bolívares (Bs. 8.000.000,00), que luego que el intimante cesó sus funciones se vio en la imperiosa necesidad y que de estos pagos el señalado abogado jamás entregó comprobantes. Que niega rechaza y contradice la insólita cuantía de los honorarios y alega que se encuentra prescrito. Seguidamente impugnó cada una de las cantidades intimadas y luego a todo evento se acogió al derecho de retasa, y seguidamente a todo evento se acogió al derecho de retasa.

AUTO APELADO

El juez “a Quo” dictó auto en fecha 10 de octubre de 2005, el cual riela al folio veintinueve (29) del presente expediente, el cual es del tenor siguiente:

… (Omissis)…vista la anterior diligencia de fecha05 de Agosto de 2005, suscrita por los abogados Á.B.P. y L.F.O.P., actuando en su propio nombre donde solicitan aclaratoria a la sentencia de fecha 19 de Julio de 2005, este Juzgador a fin de proveer en torno a lo solicitado, lo efectúa de conformidad a lo dispuesto en el articulo 252 del Código de Procedimiento Civil.

Que establece:

Artículo 252.-

Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.

Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente. (Subrayado del Tribunal).

Señalan los solicitantes: “Aclaratoria sobre el alcance de la nulidad expresada en la sentencia de fecha 19-07-05.-

Ahora bien, parafraseadamente la decisión se produjo en los siguientes términos:

…

Lo que hace procedente conforme a la jurisprudencia citada y al artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, se repone la causa al estado de oír la apelación interpuesta por el abogado: L.F.O. de fecha 25 de abril de 2005. y así mismo dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, sobre la solicitud de Regulación de Competencia”…(negrilla del auto)

Por ello al concatenar la solicitud de los quejosos, con el extracto de la sentencia proliferada y el contenido del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, se hace necesaria llevar a cabo la aclaratoria de la sentencia por considerar que la solicitud se encuadra dentro de los parámetros del mencionado artículo los cuales serían puntos dudosos, omisiones y errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos,

Por los argumentos antes expuestos, quien aquí decide, aclara la sentencia interlocutoria en los siguientes términos y así forme parte como complemento de la sentencia de fecha 19 de julio de 2005, y que riela a los folios 427, 428, 429 y 430, en la cual se decidió lo siguiente:

(…) Como consecuencia de esta declaratoria, este Juzgado de primera Instancia del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, REPONE LA CAUSA AL ESTADO de proveer sobre el Recurso de regulación de Competencia, interpuesto por el abogado: L.F.O., de fecha 25 de abril de 2005, cursante a los folios 362 al 364 del expediente. ASI SE DECIDE.…

En fecha 18 de octubre del 2005, el abogado Á.B.P., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 47.978, en su condición de Apoderado Judicial del abogado: P.R.M., parte demandante, en el juicio de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales, apeló del auto de aclaratoria de sentencia dictada por el tribunal de la causa de fecha 10 de octubre de 2005, según el cual aclara que repuso la causa al estado de oír la regulación de competencia planteada del folio 362 al 364 de fecha 25 de abril de 2005, en el juicio de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales, incoado contra de la ciudadana L.D.M.G.Q..

INFORMES EN SEGUNDA INSTANCIA

En la oportunidad para presentar informes ante esta Alzada, la parte demandada presentó escrito de informes, el cual se trascribe parcialmente:

“1.0: Suben las presentes actuaciones a esta alzada, en virtud de la apelación ejercida por mi en fecha 25 de abril del 2005, en nombre de los INTIMADOS contra el auto y/o decisión dictado por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial en fecha: “BARINAS 10 DE Noviembre DE 2004” (Sic) mediante el cual consideró: “omissis… en virtud del principio procesal universal referido a que los accesorio sigue a lo principal hace las siguientes consideraciones.” (Sic).

1. - Considera afirma y acepta que en este Juicio de Intimación de Honorarios se está demandando a: “dos (02) menores de edad” (Sic), considera a este juicio “independiente accesorio”…? Del juicio principal… y se declara COMPETENTE para conocer del mismo.

2. - En cuanto al término de distancia considera que NO ES VIABLE porque no debe entenderse que la OPOSICIÓN es una contestación.

3. - En cuanto al derecho de retasa considera “es una aceptación expresa de la deuda existente y que esta defensa priva sobre las demás” (Sic).

4. - Fija el término para que tenga lugar el acto de nombramiento de jueces retasadores.

1.1: La controversia se centra en determinar si el auto dictado en fecha: 10/11/2004 por el Tribunal A-quo y apelado en fecha 25 de abril del 2005, está ajustado a derecho o no cuando se considera competente para conocer de un juicio inherente a una materia especial con un procedimiento especial estatuido tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, más aún cuando hay un conflicto de intereses entre la madre de los NIÑOS INTIMADOS, y los de ella misma, además el Juez aquo incumplió el deber de analizar las defensas aludidas en el escrito de contestación “CAPÍTULO CUARTO”, punto “4.2”, donde después de NEGAR – RECHAZAR Y DESCONOCER la acción deducida, particularmente a la pérdida del derecho del accionante por el transcurso del tiempo (prescripción extintiva), me acogí “A TODO EVENTO” al derecho de retasa, previsto en la Ley que rige la materia, valga decir “La Justicia debe AJUSTARSE a la ley”, no adecuarse a opiniones subjetivas.

2. ALCANCE DE LA APELACIÓN.

   2.0: En primera fase implica el derecho para el recurrente de hacer PRECONSIDERAR LA DECISIÓN que ha ocasionado el agravio, del cual se protesta por medio de la apelación, y consiguientes INFORMES donde se formulan peticiones, alegatos y defensas con influencias determinantes en la suerte del proceso y en resguardo del derecho a la defensa y al debido proceso.

3. ALEGATOS DE LA APELACIÓN.- EL ITER PROCESAL.

   3.0: Se contiende que, el Juez de la Instancia se consideró competente en el auto apelado, para conocer de un juicio de INTIMACIÓN DE HONORARIOS CONTRA NIÑOS derivados de un JUICIO SENTENCIADO, desconociendo así y/u obviando los artículos 21 del Reglamento de la Ley de Abogados y el 338 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a la situación de hecho existentes para el momento de incoar la acción de ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES, contra de sus mismos clientes por parte del abogado INTIMANTE, más aún tratándose de NIÑOS, también se violaron las previsiones de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; también afirma el Juez a-quo en el cuerpo literal del auto apelado que:

   3.-) En cuanto al derecho de retasa considera este Juzgador que es una aceptación expresa de la deuda existente y lo que debe entenderse es un desacuerdo en cuanto al monto solicitado y por tal razón esta defensa priva sobre lo demás, como consecuencia de ello debe seguirse el pedimento previsto en la Ley de Abogado para la retasa, así se Decide

   (Sic).

   Semejante afirmación sin el debido proceso requerido y en menoscabo del derecho a la defensa, debe ser inaudito en un funcionario llamado a administrar justicia, valga decir: “actuar sin ajustarse a la ley” y bajo opiniones subjetivas.

   3.1: Pues bien Ciudadana Juez de Alzada, en el auto apelado se violaron las normas adjetivas 3 y 28 inherentes a la competencia por la materia: el artículo 177 Parágrafo 2°, literal C de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por cuanto este procedimiento no puede ventilarse en forma “INCIDENTAL” y/o accesoriamente, en atención de que el juicio principal ya está SENTENCIADO, ya FINALIZÓ, CULMINÓ, se EXTINGUIÓ, y se viola así el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 21del Reglamento de la Ley de Abogados; entonces: ¿Cómo es posible que exista una incidencia accesoria, si el juicio principal dejó de existir? Al menos en el campo jurídico tal conclusión es incoherente.- En ese orden de ideas tenemos que, en el caso de marras se discute acerca de intereses y derechos patrimoniales inherentes a niños y madre (conflicto de intereses) reclamados por el Intimante, y por tanto cualquier decisión al respecto los afecta en forma directa e irremediablemente, y el Tribunal Competente para conocer de dicha causa por mandato de la Ley Especial y la Constitución Nacional, es un Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente.

   3.2: De otra parte, cuando el Juez a-quo ordena se inicie el procedimiento de RETASA sin llegar a conocer los demás alegatos y defensas de fondo, explanados en el escrito de contestación de la demanda, transgredí el artículo 49, Ordinal 4° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a su vez el artículo 78 del mismo texto Constitucional, y el artículo 88 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños y Adolescentes, que consagra tanto el derecho a la defensa como el debido proceso, todo con respecto de los niños; y el cuanto a la persona adulta, y Madre de los Niños se le ha cercenado el Derecho a la Defensa consagrado en el artículo 49, Ordinal 1°, de la Constitucional Nacional y artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, cuando expresamente en el “CAPITULO CUARTO”, punto “4.2” del escrito de contestación a la demanda se negó, se rechazó y se desconoció la acción deducida por prescripción de la misma y subsidiariamente, A TODO EVENTO se alegó el derecho de retasa.- En ese sentido debe observar ésta alzada, que si bien es cierto que al intimante no se le negó el derecho al cobro de sus presuntos honorarios, no es menos cierto que se alegó la pérdida de ese derecho por el transcurso del tiempo, valga decir la PRESCRIPCIÓN tal como lo prevé el artículo 1.982, numeral 2° del Código Civil en atenencia del artículo 165, numeral 5° del Código de Procedimiento Civil, tal como se expuso en el escrito de contestación: “CAPITULO SEGUNDO II.- DEFENSA DE FONDO: PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DEL DERECHO” punto “2.0”, lo que significa la extinción de la obligación de pagar, lo cual queda demostrado de las jurisprudencias de sentencias Nro RC-00442 de la Sala de Casación Civil de 20 de mayo del 2004 y jurisprudencia N RC – 0041 de la misma sala y de fecha 2 de mayo del 2004, ya que la “disquisición” no es en cuanto al monto estimado, si no que el derecho reclamado prescribió por el transcurso del tiempo.

   3.3: De manera que nos encontramos así frente a una INTERLOCUTORIA en apelación dictada dentro de una INCIDENCIA (cuaderno separado), no obstante a que no existe causa y/o juicio principal por cuanto el mismo se EXTINGUIO a través de la Sentencia definitivamente firme y ejecutada, y en consecuencia nos encontramos en ¿Una incidencia dentro de una incidencia?, donde se han violado todas las leyes adjetivas civiles mencionadas las inherentes a la Ley Especial (L.O.P.N.A) y lo más grave aún, las disposiciones Constitucionales también citadas. Es evidente que la falta de aplicación de toda esta normativa hace irrito o nulo todas las actuaciones realizadas a partir del auto de admisión.

4. DE LA DIRECCIÓN Y SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO POR PARTE DEL NUEVO JUEZ PROVISORIO A PARTIR DE LA APELACIÓN.

   4.0: Es importante señalar que una vez dictada la interlocutoria apelada, transcurrió un (01) sólo día de Despacho a los efectos de ejercer el respectivo recurso ordinario, por cuanto la causa se paralizó por motivos ajenos a las partes, y una vez reanudada la misma y avocado a su conocimiento el nuevo Juez Provisorio, se procedió a ejercer el recurso ordinario de Apelación del Auto contentivo de la interlocutoria objeto del recurso, quien procedió a oír dicha apelación A UN SOLO EFECTO, NO OBSTANTE NO HABER PROCESO Y/O LITIGIO EN CURSO al cual debiere abrírsele cuaderno separado como lo establece la Ley Adjetiva Civil; es decir, como se estuviéramos en presencia de un juicio principal y abrirle cuaderno separado para conocer la incidencia.- Lo cierto es que, NO EXISTE JUICIO PRINCIPAL, el mismo ya fue SENTENCIADO, en consecuencia el Juicio especial de Intimación de Honorarios debe ventilarse por vía principal y de acuerdo a los procedimientos especiales previstos en materia de Niños y Adolescentes y por ante los Tribunales competentes; en ese sentido, el Honorable nuevo Juez de la Causa, prosiguió y dividió la sustanciación de la causa ordenada en el auto apelado a pesar de haber oído la apelación, por ello en el acto inherente al nombramiento de los Jueces Retasadores al cual se hizo presencia, se alegó a todo evento y sin que la misma convalidara y/o excusara la apelación de la providencia dictada por el Juez provisorio anterior a él, por cuanto a que dicho proceder es manifiestamente contraria a la Ley expresa; en ese mismo orden de ideas se prosiguió con los actos inherentes a la juramentación de los Jueces designados y cancelación de los emolumentos fijados por el Tribunal para dichos Jueces, todo ello por supuesto también transgredí el derecho a la defensa de mis representados.- En consecuencia, con fundamento en al artículo 49 numeral 8° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicito el reestablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada, reservándole a mis Poderdantes el derecho de exigir la responsabilidades personales que se deriven del caso tal como se prevé en el artículo 830 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil, específicamente el artículo 830 ibidem. En el caso que no ocupa estamos en presencia de un Juicio de Intimación de honorarios por servicios prestados en una causa que ya fue sentenciada e intentada dicha acción de intimación posterior a la Sentencia que le puso FIN AL JUICIO PRINCIPAL, nótese que el artículo 25 de la Ley de Abogados en su penúltimo aparte establece:

   la intimación puede hacerse personalmente al obligado o su apoderado en el juicio

   (Sic). ¿Cuál Juicio?.- Ello esta aclarado en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de abogados “Antes de Sentencia”.

   Además se están involucrando en la incidencia a niños y adulto con evidente conflicto se intereses entre ellos; en consecuencia el tratamiento a seguirse debe ser el señalado en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, y por mandato de ésta misma norma adjetiva, se debe aplicar el procedimiento especial establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en atenencia del artículo 23 del Reglamento de la Ley de Abogados.

   Expresamente se solicita SE REVOQUE POR CONTRARIO IMPERIO, el auto y/o decisión dictado por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha 10 de Noviembre del año 2004, SE DECRETE LA NULIDAD de todas las actuaciones realizadas posterior el auto apelado, y ORDENE LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA, al estado de nueva admisión y remisión al Tribunal competente debido a la situación de hecho para el momento de incoarse la intimación…”

   La parte actora, en la oportunidad para presentar informes en segunda instancia, lo hizo en los términos que a continuación se trascribe:

   “…Se inicia el presente proceso en Alzada con motivo de la apelación interpuesta por la parte intimada al pago de honorarios profesionales derivados de actuaciones de abogado en juicio, en contra del auto de fecha 10 de Noviembre de 2004 producida por el Juzgado de la causa, contentivo de la decisión de: 1) Que el estimante-intimante tiene derecho al pago de sus honorarios profesionales por su gestión en las resultas de la causa principal (Exp. 1269-TTO). 2)Que ese tribunal (a quo) es el competente para reclamar los honorarios profesionales por ser el Tribunal que sustanció y decidió la causa principal y donde se encuentra el expediente principal, anexo al cual se debe sustanciar y decidir la estimación e intimación de honorarios de que se trata. Y 3)Que habiéndose la intimada acogido al derecho de retasa, lo procedente era iniciar la segunda etapa, es decir, nombrar los retasadores de conformidad con la Ley de Abogados.