Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 7 de Diciembre de 2005
| Fecha de Resolución | 7 de Diciembre de 2005 |
| Emisor | Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución |
| Ponente | Lupe Ferrer Alcedo |
| Procedimiento | Suspensión Condicional De La Ejecución De La Pena |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA
TRIBUNAL EN FUNCION DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Nº1
San Cristóbal, 07 de diciembre del año 2005.
195º y 146º.
CAUSA Nº: E1-2407
Ref.: Auto que decide solicitud de SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA
I
OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO
Procede este Tribunal previo estudio individualizado de las actuaciones y en cumplimiento de la obligación de decidir por parte de los jueces, según voces del artículo 6 de Código Orgánico Procesal Penal aunado a la competencia contenida en el artículo 479 ejusdem; a lo cual pasa a resolver la “SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA”, impetrada por la abogada M.R.D.B., actuando en su carácter de defensora del penado J.H.D.V., venezolano, titular de identidad Nº V-15.502.084, nacido el 04-04-1983, soltero, de profesión u oficio latonería y pintura, residenciado en La Granzonera, vía Rubio, Km 6, N° A-08, Estado Táchira; en consecuencia, este Tribunal para decidir observa:
II
RESUMEN FACTICO
El día 08 de agosto de 2004, siendo aproximadamente las 23:15 horas, funcionarios adscritos al comando policial de la Dirsop Junín, encontrándose en funciones de seguridad por el sector de la Granzonera, visualizaron un grupo de personas las cuales fueron abordadas, entre ellas estaba el ciudadano J.H.D.V., a quien luego de efectuarle la respectiva inspección personal se le halló en su poder específicamente en l pretina del pantalón, un arma de fuego tipo chopo, de fabricación casera, calibre 38, cacha de madera, de un solo tiro y el mismo contenía un cartucho del mismo calibre, siendo por este motivo detenido.
En fecha 10 de junio del año 2005, ante la contundencia de las pruebas J.H.D.V., admite los hechos y se acoge a la sentencia anticipada para que se le aplique el derecho premial de rebaja de pena, en consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 3 de éste Circuito Judicial Penal, lo condeno a cumplir la pena principal de UN (01) AÑO y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, por la comisión del punible de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 278 del Código Penal.
III
RECAUDO PROBATORIO
Hasta este momento el penado ha acompañado las pruebas sumarias (sin contradicción) que ha continuación se mencionan:
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- Certificado de Antecedentes Penales de J.H.D.V., de fecha 18 de agosto del año 2005, donde hace constar la ciudadana E.V., Jefe de la División de Antecedentes Penales del Vice- Ministerio de Seguridad Jurídica que “...Los datos procesales del referido ciudadano son los siguientes: *Según sentencia de(l-la): TRIBUNAL 3ERO. DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL EDO. TÁCHIRA de fecha: 10/06/2005, fue condenado a: PRISIÓN por el lapso de: 1 años, 6 meses, 0 días, 0 horas y 0 minutos como autor responsable de (l-los) delito(s): PORTE ILÍCITO DE ARMA BLANCA, ART. 278 C.P”.
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- Informe Evaluativo, practicado en fecha 04 de noviembre de 2005, al penado J.H.D.V., por la Unidad Técnica 3 de Apoyo al Sistema Penitenciario, San Cristóbal, Estado Táchira, donde se observa entre otras cosas que “…opinión FAVORABLE”.
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- C.d.T., emitida en calenda 10 de octubre de 2005, por el ciudadano J.H.D.C., en su carácter de Propietario de un Taller de Latonería y Pintura, ubicado en el Barrio Pozo Azul del 23 de enero, calle 3 con carrera 3, casa N° 217 de color verde y blanco, San Cristóbal, Estado Táchira, mediante la cual hace constar que el ciudadano J.H.D.V., trabaja en dicho establecimiento desde hace aproximadamente hace cuatro años y medio, quien siempre ha cumplido satisfactoriamente con las tareas asignadas.
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- Acta de Compromiso suscrita por el ciudadano J.H.D.C., apoyo laboral del penado solicitante de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena; quien se obliga a:
· Asistir a las entrevistas fijadas por el Delegado de Prueba.
· Suministrar la información requerida por el Delegado de Prueba, cuando ocurran hechos o circunstancias que deban ser comunicadas a dicho funcionario.
· Prestar apoyo y asistencia a J.H.D.V..
· Velar porque J.H.D.V. de cabal cumplimiento a las condiciones impuestas en caso de otorgarse el beneficio.
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-Acta de Compromiso suscrita por la ciudadana B.C.D.V., apoyo familiar del penado solicitante de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena; quien se obliga a:
· Asistir a las entrevistas fijadas por el Delegado de Prueba.
· Suministrar la información requerida por el Delegado de Prueba, cuando ocurran hechos o circunstancias que deban ser comunicadas a dicho funcionario.
· Prestar apoyo y asistencia a J.H.D.V..
· Velar porque J.H.D.V. de cabal cumplimiento a las condiciones impuestas en caso de otorgarse el beneficio.
IV
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
La Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena busca evitar el hacinamiento carcelario y la readaptación en libertad del penado, sin el estigma del antecedente que genera la reclusión en un centro penitenciario.
El artículo 494 del Código Orgánico Procesal Penal establece los requisitos de procedencia del beneficio como son:
QUE AL PENADO SE LE HAYA EFECTUADO UN INFORME PSICO-SOCIAL: El otorgamiento de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena cuyo análisis provisional se busca, entra a repercutir aquí en la excarcelación del penado J.H.D.V., implicando la coincidencia de una doble labor de diagnóstico y pronóstico del penado citado anteriormente, recayendo el DIAGNOSTICO sobre la reunión de las exigencias de personalidad, buena conducta carcelaria, y antecedentes penales, y presuponiendo el PRONOSTICO un juicio de valor sobre la readaptación social y buena conducta futura. A lo cual, al analizarse el Dictamen Psico-Social, el Juez esta en el deber legal de sopesar y verificar, previo a decidir un beneficio a cualquier penado, si están llenas las dos exigencias legales (diagnóstico y pronóstico) correspondientes a una política criminal de tiempo atrás debidamente asentada en el sistema positivo venezolano, que en esta especifica materia no consagra un derecho de automático reconocimiento para el penado, sino el deber de realizar aquellas dos tareas de diagnóstico y pronóstico a fin de concluir en forma razonada sobre la vialidad o no de proseguir, cambiar o cesar el tratamiento penitenciario que para cada caso ha sido oportuna y debidamente dosificado.
El Informe Evaluativo realizado al penado en fecha 04 de noviembre de 2005, arrojó entre otras cosas lo siguiente: “Diagnóstico Criminológico: Incurre en el delito motivado a la necesidad de preservar su integridad física, ya que mantenía amenaza previa actuando ligeramente y bajo efecto etílico, evadiendo consecuencias. Pronóstico: Los resultados obtenidos permiten inferir la posibilidad de rehabilitación y permanencia en el medio social que interactúa, considerando que goza de adecuado apoyo familiar, laboral, habitacional y emocional, por lo que se expresa opinión favorable. Conclusión: Opinión FAVORABLE”; todas esta circunstancias PUEDEN DAR UN INDICIO FUNDADO DE LA READAPTACION DE J.H.D.V., Y DADO ELLO RESULTA NECESARIO PRESUMIR SU RESOCIALIZACION. Con lo cual se cumple eficazmente con este primer requisito.
QUE EL PENADO NO SEA REINCIDENTE: Para lo cual es necesario tomar en cuenta el Registro de Antecedentes Penales que pudiere poseer J.H.D.V., debidamente emanado de la División de Antecedentes Penales del Vice-Ministerio de Seguridad Jurídica, donde certifica la carencia de antecedentes penales del prenombrado ciudadano al señalar que “...Los datos procesales del referido ciudadano son los siguientes: *Según sentencia de (l-la): TRIBUNAL 3ERO. DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL EDO. TÁCHIRA de fecha: 10/06/2005, fue condenado a: PRISIÓN por el lapso de: 1 años, 6 meses, 0 días, 0 horas y 0 minutos como autor responsable de (l-los) delito(s): PORTE ILÍCITO DE ARMA BLANCA, ART. 278 C.P”, por lo cual, siendo la condenada señalada en dicho registro la que actualmente nos ocupa, esta Juzgadora considera que el ciudadano J.H.D.V., no posee antecedentes penales, con lo que se da por satisfecho este requisito.
QUE LA PENA IMPUESTA AL CONDENADO NO EXCEDA DE TRES (03) AÑOS SI ESTE HUBIERE SIDO CONDENADO MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR ADMISIÓN DE LOS HECHOS (último aparte del artículo 494 del Código Orgánico Procesal Penal): Una vez revisada la sentencia definitivamente firme que corre inserta a los folios 66 al 71 de las presentes actuaciones, se constata que J.H.D.V., fue condenado mediante la aplicación del procedimiento por Admisión de los Hechos a cumplir la PENA PRINCIPAL de UN (01) AÑO y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN. Por lo que se da por cumplida esta exigencia.
QUE EL PENADO SE COMPROMETA A SOMETERSE A LAS CONDICIONES QUE IMPONGA EL TRIBUNAL O EL DELEGADO DE PRUEBAS.
QUE PRESENTE OFERTA DE TRABAJO: Riela inserta al folio 94 de las actuaciones, C.D.T. emitida en calenda 10 de octubre de 2005, por el ciudadano J.H.D.C., en su carácter de Propietario de un Taller de Latonería y Pintura, ubicado en el Barrio Pozo Azul del 23 de enero, calle 3 con carrera 3, casa N° 217 de color verde y blanco, San Cristóbal, Estado Táchira, mediante la cual hace constar que el ciudadano J.H.D.V., trabaja en dicho establecimiento desde hace aproximadamente hace cuatro años y medio, quien siempre ha cumplido satisfactoriamente con las tareas asignadas; es de hacer notar que lo que busca el legislador con este requerimiento es fomentar la readaptación social del penado para que de esta manera no incurra en futuras conductas reprochables y no vuelva a delinquir, ahora bien, en el presente caso si bien no se presenta propiamente una oferta de trabajo, se deja constancia que el ciudadano J.H.D.V., trabaja efectivamente, por lo que entiende esta Juzgadora que en el caso sub examine se cumple cabalmente con este requisito.
QUE NO HAYA SIDO ADMITIDA EN SU CONTRA , ACUSACIÓN POR LA COMISIÓN DE UN NUEVO DELITO, O NO LE HAYA SIDO REVOCADA CUALQUIER FORMULA ALTERNATIVA DE CUMPLIMIENTO DE PENA QUE LE HUBIERE SIDO OTORGADA CON ANTERIORIDAD: En las actuaciones que corren insertas en el expediente no existen elementos que hagan presumir que haya sido admitida nueva acusación en contra del penado o que haya sido revocada alguna de las formulas alternativas de cumplimiento de la pena, por lo que, debe tenerse como satisfecho este requerimiento.
En mérito de lo expuesto, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Nº 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
OTORGA la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA al penado J.H.D.V., de condiciones civiles y personales que constan en la providencia, pues se cumplen, con fundamento en lo dicho, las exigencias concurrentes que la ley prescribe en el artículo 494 del Código Orgánico Procesal Penal, para que en el caso presente se pueda conceder la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA a que aspira el penado.
IMPONER las condiciones a las cuales debe someterse J.H.D.V.. Por lo que según el artículo 495 del Código Orgánico Procesal Penal, se impone al penado antes mencionado de las siguientes condiciones a seguir:
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No salir de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira sin autorización del Tribunal.
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No cambiar de residencia sin autorización del Tribunal.
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No frecuentar lugares donde se expendan o consuman bebidas alcohólicas.
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No frecuentar lugares donde se expendan o consuman sustancias estupefacientes o Psicotrópicas.
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Presentarse por ante este Tribunal las veces que sea requerida y por ante el Delegado de Prueba que le designe el Ministerio del Interior y de Justicia, a través de la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario, en oportunidades que este le señale.
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No frecuentar a personas que realicen actividades delictivas.
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Cumplir con las condiciones que le establezca el Delegado de Pruebas designado.
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No portar armas.
El plazo del Régimen de Prueba es de UN (01) AÑO y SEIS (06) MESES, contados a partir de la publicación del presente auto, por lo que el mismo finaliza el día 07 de JUNIO de 2007 (07-12-2007).
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones dará lugar a la revocatoria del beneficio, caso en el cual el penado deberá cumplir la pena.
Ofíciese a la Unidad Técnica 3 de Apoyo al Sistema Penitenciario, San Cristóbal, Estado Táchira, a fines de que le sea asignado su Delegado de Pruebas.
En San Cristóbal, a los siete (05) días del mes de diciembre del año dos mil cinco.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
Abg. L.F.A.
Juez Primero de ejecución.
Abg. W.D.
El Secretario.
En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.
