Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Portuguesa (Extensión Guanare), de 4 de Junio de 2010
| Fecha de Resolución | 4 de Junio de 2010 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Ejecución |
| Ponente | Elizabeth Rubiano Hernández |
| Procedimiento | Suspensión Condicional De La Ejecución De La Pena |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO PORTUGUESA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Nº 2
Guanare, 04 de Junio de 2010
Años: 199° y 151°
En el auto de ejecución de la pena y cómputo, este Tribunal ordenó de oficio el trámite para la medida de SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA para los penados de autos. Reunidos como fueron los requisitos en relación con el penado J.B.P.P., debe dictarse la resolución correspondiente, y a tal efecto se formulan las siguientes consideraciones:
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DE LOS REQUISITOS LEGALES
El artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal establece los requisitos que debe reunir el aspirante para acceder a la medida de SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE EJECUCIÓN DE LA PENA, a saber:
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- Pronóstico de clasificación de mínima seguridad del penado o penada, emitido de acuerdo a la evaluación realizada por un equipo técnico constituido de acuerdo a lo establecido en el numeral 3º del artículo 500;
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- Que la pena impuesta en la sentencia no exceda de cinco años;
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- Que el penado o penada se comprometa a cumplir las condiciones que le imponga el tribunal o el delegado de prueba;
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- Que el penado o penada presente oferta de trabajo, cuya validez en términos de certeza de la oferta y adecuación a las capacidades laborales del penado o penada, sea verificada por el delegado o delegada de prueba; y,
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- Que no haya sido admitida en su contra, acusación por la comisión de un nuevo delito, o no le haya sido revocada cualquier formula alternativa de cumplimiento de pena que le hubiere sido otorgada con anterioridad.
En el caso que nos ocupa, observa el Tribunal en primer lugar, que a los folios 27 a 31, Pieza 2 del Expediente corre inserto el INFORME TÉCNICO, en el cual, entre otros particulares, se deja constancia de lo siguiente:
… IV. DIAGNÓSTICO SOCIAL:
El evaluado reconoce su responsabilidad ante el delito, el mismo es analizado en la investigación social por esta Unidad Técnica que tiene como origen el oposicionismo e impulsividad del penado aunado a la ingesta de bebidas alcohólicas para el momento del hecho, sin embargo, se conoció que en el entrevistado se observa compromiso normativo y de mantenerse alejado de eventos ilícitos. Movilizado ante la sanción legal.
V- PRONÓSTICO:
Se emite pronóstico FAVORABLE de clasificación de mínima seguridad motivado a que:
• Es un sujeto primario.
• No evidencia rasgos de peligrosidad
• Posee apoyo familiar
• Presenta autocrítica
• Goza de hábito laboral.
VI. CONCLUSIÓN
El caso es apto para la medida de Suspensión Condicional de la ejecución de la pena.
VII. RECOMENDACIONES
• La que el Juez indique …
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Se evidencia en segundo lugar, que a los folios 189 a 197, Pieza 7 de este Expediente corre inserta la sentencia definitivamente firme mediante la cual el Juez de Primera Instancia en Función de Juicio N° 3 adscrito a este mismo Circuito Judicial Penal en fecha 29 de Enero de 2010 condenó a J.B.P.P. a cumplir la pena de UN AÑO, DIEZ MESES, CATORCE DÍAS Y DOCE HORAS DE PRISIÓN, por haber ADMITIDO LOS HECHOS en la comisión del delito de LESIONES PERSONALES GRAVES Y TIPO BÁSICO, previstos y sancionados en los artículos 415 y 417 del Código Penal. De ello se infiere que el penado no ha sido condenado a una pena superior a los cinco años, y, por tanto, cumple con el requisito exigido en el numeral 2° del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.
Así mismo, en tercer lugar, observa el Tribunal que el penado J.B.P.P. presentó constancia de trabajo suscrita por el ciudadano O.P., en su carácter de Gerente de la empresa PACCA CHABASQUÉN, trabajando PRODUCTOR AGRÍCOLA, consignando los correspondientes recaudos. Esta oferta fue validada por la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario, la cual verificó la misma en términos de certeza y adecuación a las capacidades laborales del penado, tal como lo exige el numeral 4º del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal.
Se aprecia, en cuarto lugar, que no consta en actas que contra el penado J.B.P.P. haya sido admitida acusación por la comisión de un nuevo delito, o que le haya sido revocada cualquier formula alternativa de cumplimiento de pena que le hubiere sido otorgada con anterioridad, lo cual se deduce además, por el Certificado de Antecedentes Penales que corre inserto en el Expediente, donde se refleja que la única causa penal cursada en contra del penado, por la cual ha sido sentenciado, es la presente, además de su BUENA CONDUCTA, acreditada por dicho certificado razón por la cual se estima acreditado el requisito contenido en el numeral 5° del artículo 494 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
Como puede apreciarse, la evaluación técnica que ha sido practicada al penado antes nombrado, evidencia que el mismo es merecedor de la concesión de un régimen de prueba en libertad sustituto de la privación de la misma, en el curso del cual bajo la supervisión y orientación del delegado de prueba puede encaminar su futuro por un sendero diferente al que le llevó a ser objeto de una sanción penal, razones todas por las cuales estima quien decide que en el presente caso se encuentran reunidos los requisitos para optar por la medida de suspensión condicional de la ejecución de la pena. Así se decide.
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DE LA CONCESIÓN DE LA MEDIDA
La suspensión condicional de la ejecución de la pena, al igual que las demás medidas de pre-libertad, son de concesión discrecional por parte del Juez. Esta discrecionalidad, que no es sinónimo de arbitrariedad, está determinada por la obligación que tiene el Juez de examinar en cada caso la necesidad o inconveniencia de la aplicación de las medidas con vista de las circunstancias que rodean cada caso en particular.
En este orden de ideas, lo primero que debe considerar el Juez es la orientación constitucional en relación con el tema penitenciario. En tal sentido, el artículo 272 de la Constitución establece que: “…En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria…”. Este principio está enmarcado en el espíritu que plantean las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990, en las cuales se establece que: “… 1.5 Los Estados Miembros introducirán medidas no privativas de la libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos para proporcionar otras opciones, y de esa manera reducir la aplicación de las penas de prisión, y racionalizar las políticas de justicia penal, teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos, las exigencias de la justicia social y las necesidades de rehabilitación del delincuente…”.
Queda claro, entonces, que la tendencia contemporánea, basada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y acogida por el Constituyente Venezolano, se funda en la idea de la resocialización del delincuente; debiendo considerarse en tal contexto, que si un condenado, dadas las características de la conducta punible y sus rasgos personales, no necesita de la privación física de la libertad para readecuarse a la comunidad, debe brindársele la oportunidad de cumplir con su correctivo, mediante dispositivos que, sin dejar de ser eficaces, comporten una menor mortificación.
En el caso que nos ocupa, observa el Tribunal que el penado J.R.T. incurrió en la comisión del delito de TENTATIVA DE ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos; así mismo, que el penado dio muestras de acatamiento a la justicia, razón por la cual la pena aplicable fue considerada en su extremo mínimo en el contexto permitido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal; y, finalmente, el equipo técnico pudo determinar que dicho penado es una persona que muestra una actitud proactiva a dejar de lado las conductas consideradas por la legislación como delictivas. Todo ello, aunado a la intención constitucional y legal de aplicar fórmulas que si bien, entrañen un correctivo, éste sea diferente al de la prisión, que no ha logrado aún cristalizar su objetivo resocializador.
En base a estas razones, y a partir del análisis de la figura antes desarrollado, así como las características personales del penado J.R.T. y las circunstancias que rodearon la comisión del delito que admitió haber cometido, estima quien decide que corresponde concederle el beneficio de SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, sujeto a los condicionantes que se desarrollarán infra. Así se declara.
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DE LAS CONDICIONES
En base a las circunstancias que rodean el caso que nos ocupa, el Tribunal estipula las siguientes condiciones, que debe cumplir el penado J.B.P.P.:
1) El régimen de prueba será por el lapso de UN AÑO, contado a partir de la fecha en que le sea asignado el Delegado de Prueba respectivo;
2) Durante este lapso tendrá prohibición absoluta de salir del lugar de su residencia, salvo que obtenga previamente y en cada caso, autorización del Tribunal;
3) Abstenerse de frecuentar personas que constituyan una influencia perniciosa;
4) Acreditar periódicamente al Delegado de Prueba que está cumpliendo las labores que ha consignado ante el Tribunal.
5) Presentarse ante el Delegado de Prueba con la periodicidad que éste le asigne, debiendo acatar rigurosamente todas las instrucciones y orientaciones que le brinde.
6) Someterse a tratamiento psicológico para controlar su impulsividad y reforzar sus valores familiares y sociales, así como la tendencia a la violencia el cual deberá ser acreditado cada tres meses ante el Tribunal, anexando constancia de la evolución del tratamiento.
7) Someterse a tratamiento de rehabilitación en consumo de bebidas alcohólicas, el cual deberá ser acreditado cada tres meses ante el Tribunal, anexando constancia de la evolución del tratamiento.
DISPOSITIVO
Por los razonamientos expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, con fundamento en el artículo 498 del Código Orgánico Procesal Penal, RESUELVE:
ÚNICO: Con fundamento en los artículos 493 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, concede al penado J.B.P.P., LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, POR EL LAPSO DE UN AÑO sujeta a las condiciones que se indican a continuación:
• El régimen de prueba será por el lapso de UN AÑO, contado a partir de la fecha en que le sea asignado el Delegado de Prueba respectivo;
• Durante este lapso tendrá prohibición absoluta de salir del lugar de su residencia, salvo que obtenga previamente y en cada caso, autorización del Tribunal;
• Abstenerse de frecuentar personas que constituyan una influencia perniciosa;
• Acreditar periódicamente al Delegado de Prueba que está cumpliendo las labores que ha consignado ante el Tribunal.
• Presentarse ante el Delegado de Prueba con la periodicidad que éste le asigne, debiendo acatar rigurosamente todas las instrucciones y orientaciones que le brinde.
• Someterse a tratamiento psicológico para controlar su impulsividad y reforzar sus valores familiares y sociales, así como la tendencia a la violencia el cual deberá ser acreditado cada tres meses ante el Tribunal, anexando constancia de la evolución del tratamiento.
• Someterse a tratamiento de rehabilitación en consumo de bebidas alcohólicas, el cual deberá ser acreditado cada tres meses ante el Tribunal, anexando constancia de la evolución del tratamiento.
Déjese copia de la anterior decisión para el Archivo del Tribunal, y notifíquese a las partes. Remítase copia certificada de la misma a la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario con sede en esta ciudad de Guanare, y solicítese la designación del respectivo delegado de prueba. Ordénese la citación del penado a objeto de imponerle de la decisión y a los fines de que manifieste su voluntad de acatar las condiciones que le fueron asignadas, debiendo entregársele una copia certificada de la presente decisión.
EL JUEZ (fdo) Abg. E.R.H.. EL SECRETARIO (fdo) Abg. . Elys Aldana Toro (Hay el Sello del Tribunal).
EL SUSCRITO, ABG. . Elys Aldana Toro, SECRETARIO ADSCRITO AL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, CERTIFICA LA EXACTITUD DE LA ANTERIOR COPIA, POR SER FIEL TRASLADO DE SU ORIGINAL QUE CORRE INSERTO EN EL EXPEDIENTE PENAL N° 2E-374-10 CONTRA J.B.P.P.G., 04 de Junio de 2010.
EL SECRETARIO,
Abg. . Elys Aldana Toro
