Decisión nº 2011-170 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 3 de Agosto de 2011
| Fecha de Resolución | 3 de Agosto de 2011 |
| Emisor | Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo |
| Ponente | Marveliys Sevilla Silva |
| Procedimiento | Demanda |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPERIOR NOVENO DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CAPITAL
Exp. Nº 2008-737
En fecha 25 de abril de 2008, fue consignado ante el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, actuando en funciones de Distribuidor de los Órganos Contenciosos Administrativos de dicha Región, demanda de contenido patrimonial ejercida conjuntamente con medida cautelar de secuestro, por los abogados Y.Y.D.M. y H.A.O.L., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 108.247 y 85.934, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), instituto autónomo creado por la Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.583, de fecha 3 de diciembre de 2002, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, contra el ciudadano W.A.C., titular de la cédula de identidad Nº 13.882.811.
Previa distribución efectuada en fecha 29 de abril de 2008, siendo asignada a este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, recibida en fecha 30 del mismo mes y año, y admitida mediante auto de data 30 de mayo de 2008.
Posteriormente, en fecha 31 de julio de 2008, se abrió cuaderno separado, con el objeto de tramitar medida cautelar nominada de secuestro la cual fue acordada mediante sentencia Nº 2008/140, de fecha 7 de agosto de 2008, que decretó medida de secuestro.
Por otra parte, el 2 de octubre de 2008, en virtud del oficio Nº 001112 del 15 de septiembre de 2008, emanado del Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República, se ordena suspender la presente causa por 90 días continuos, de conformidad con el artículo 96 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
En fecha 26 de noviembre de 2009, la Dra. M.G.d.R., se aboca al conocimiento de la presente causa, en virtud de la designación de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 9 de junio de 2009.
En fecha 30 de junio de 2011, la abogada M.C.E., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 62.699, actuando en su carácter de apoderada judicial del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), presentó escrito mediante el cual desistió de la acción así como del procedimiento.
En fecha 19 de julio de 2011, la Jueza Marvelys Sevilla Silva se abocó al conocimiento de la presente causa, ello en virtud de la designación que como Jueza Provisoria realizara la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 10 de diciembre de 2010.
En tal sentido, pasa este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital a pronunciarse respecto al desistimiento efectuado en los siguientes términos.
I
DEL DESISTIMIENTO EFECTUADO
En fecha 30 de junio de 2001, la apoderada judicial del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, parte actora en la presente causa, consignó escrito contentivo de dos (02) folios útiles y tres (03) folios anexos, mediante el cual expuso “(…) en vista de que el mencionado ciudadano pagó en su totalidad el referido crédito, y nada adeuda por concepto de capital ni intereses, tal como consta del Resumen de la Situación Crediticia, emanada de la Gerencia de Liquidación y Cobranzas, adscrita al mencionado Instituto, la cual [consigna] marcado con letra “A”, es evidente que se materializó la extinción de la obligación por su forma natural, es decir, operó el pago de la misma (…)”
De igual manera adujo, que dado el pago de la deuda es por lo que procedió a desistir de la acción así como del procedimiento, ello conforme “(…) a la previa autorización que [le] fuera concedida por la Presidencia del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), para desistir de la presente acción judicial y del procedimiento, mediante Punto de Cuenta N° CJ/PC034/11-0659, de fecha 25 de mayo de 2011, presentado por la Consultoría Jurídica y suscrito por la Presidenta (…)” (Resaltado Propio del escrito de desistimiento).
En tal sentido, acompañó a su escrito de desistimiento, relación crediticia del mencionado ciudadano demandado por el Instituto, así como, Punto de Cuenta Nº CJ/PC034/11-0659, mediante el cual se autorizó el desistimiento incoado ante este Tribunal Superior contra el ciudadano W.A.C.Z., ya identificado.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinada como ha sido la competencia para conocer de la presente demanda de contenido patrimonial, mediante auto de fecha 31 de mayo de 2008; pasa este Tribunal Superior a pronunciarse sobre la solicitud de homologación del desistimiento formulado, en base a las siguientes consideraciones:
En ese sentido, se considera oportuno para este Tribunal hacer referencia a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual es tenor de lo siguiente:
Artículo 31. Las demandas ejercidas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa se tramitarán conforme a lo previsto en esta Ley; supletoriamente, se aplicarán las normas de procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del Código de Procedimiento Civil
Cuando el ordenamiento jurídico no contemple un procedimiento especial, el Juez podrá aplicar el que considere más conveniente para la realización de la justicia” ”. (Resaltado propio de este Órgano Jurisdiccional).
Del artículo anteriormente transcrito se desprende la posibilidad de hacer uso de normas supletorias en las demandas interpuestas ante la jurisdicción contencioso administrativa; en consecuencia, por no haber un procedimiento especial en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para la tramitación del desistimiento a las demandas, esta Sentenciadora, hace uso de la facultad otorgada y establece, que se tramitará el mencionado desistimiento conforme a lo dispuesto en el Capitulo III titulado Del Desistimiento y del Convenimiento del Código de Procedimiento Civil.
En tal sentido, se debe hacer referencia al contenido del primer aparte del artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, así como lo previsto en el artículo 264 eiusdem que establece los requisitos para la procedencia del desistimiento en los términos siguientes: “(…) Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones (…)”.
Aunado a los artículos transcritos debe citarse el criterio jurisprudencial establecido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 00742, de fecha 19 de junio de 2008, con Ponencia del Magistrado Dr. E.G.R., (caso S.O.P.M.V.. Contralor General de la República), mediante el cual se estableció:
(…) Corresponde a esta Sala pronunciarse en relación al desistimiento del recurso contencioso administrativo de nulidad por inconstitucionalidad incoado conjuntamente con acción de amparo cautelar y solicitud de medida de suspensión de efectos, planteado por el abogado Leonardo D’Onofrio Manzano, en diligencia de fecha 29 de noviembre de 2006, oportunidad en la que indicó: ‘(…) en nombre de mi representado desisto formalmente del recurso de nulidad con amparo cautelar incoado contra los actos emanados de la
Contraloría General de la República, a que se contraen los autos’ (sic).
Al respecto la Sala observa que los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil, aplicables supletoriamente en los procedimientos que cursen ante este Supremo Tribunal por remisión expresa que hace el primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en relación al desistimiento prevén:
Artículo 263.- ‘En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.
El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal.
Artículo 264.-‘Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones’
Como puede observarse los precitados artículos exigen para la homologación del desistimiento el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1) Que quien desista tenga capacidad para ello.
2) Que el desistimiento trate sobre materias en las que no estén prohibidas las transacciones, es decir, que se refieran a materias disponibles por las partes.
(…) (Omissis) (…)
Asimismo se observa, que el desistimiento planteado no es contrario al orden público ni se encuentra expresamente prohibido por la Ley.
Finalmente, por cuanto se evidencia el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, debe la Sala declarar homologado el desistimiento formulado. (…)
Ahora bien, en cuanto a la facultad necesaria para solicitar el desistimiento realizado se observa, que la abogada M.C., previamente identificada, consignó poder en fecha 24 de marzo de 2010, mediante el cual fue facultada para actuar en juicio, no obstante, del referido poder se desprende (…) A los efectos de desistir, convenir y transigir, se requerirá la aprobación previa y expresa del Presidente de la Institución (…)”.
En tal sentido, aprecia esta Juzgadora, que del escrito de desistimiento consignado en fecha 30 de junio de 2011, se anexaron una serie de documentos entre las cuales se destaca Punto de Cuenta Nº CJ/PC034/11-0659, suscrito por la Consultoría Jurídica y la Presidenta del ente descentralizado, desprendiéndose del mismo que “(…) de conformidad con los lineamientos establecidos en el poder especial judicial, otorgado a los abogados externos del instituto (sic) quienes manejan los casos en cuestión, se hace necesaria la autorización de la Presidenta de este ente, (…) se sugiere proceder con la autorización del procedimiento judicial incoado por incumplimiento de contrato, ante el Tribunal Noveno de lo Contencioso administrativo (sic) de la Región Capital, el cual cursa en el expediente Nº 737-08 de la nomenclatura llevada por ese Tribunal en contra del ciudadano W.A.C.Z., en virtud de la cancelación de la deuda respectiva.” (Resaltado y mayúsculas propias del Punto de Cuenta)
Es por lo que, observa esta sentenciadora que, del análisis del Punto de Cuenta consignado y parcialmente transcrito, se evidencia que la autorización expresa para desistir, que necesita el representante judicial de dicho ente descentralizado, fue cumplida; y, en tal sentido llena uno de los extremos legales exigidos por el artículo 204 del Código de Procedimiento Civil, como es la capacidad y legitimación para efectuar tal acto procesal. Así se declara.
Asimismo, observa este Órgano Jurisdiccional que el desistimiento planteado no es contrario al orden público, y se trata de materia en las cuales puedan versar transacciones; por lo que, cumple el otro extremo legal exigido en el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil, ya mencionado. Así se decide.
En virtud de lo anteriormente expuesto, considera esta Juzgadora que el desistimiento efectuado mediante escrito presentado por la abogada M.C., ut supra identificada, cumple con los requisitos previstos en el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la precitada ciudadana tiene la legitimación y capacidad procesal requeridas para efectuar el desistimiento del recurso interpuesto en representación del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), así como, la misma no es contraria al orden público ni se encuentra prohibida expresamente por la Ley. En consecuencia, este Tribunal Homologa el desistimiento del recurso contencioso administrativo de nulidad, ahora demanda de nulidad, con medida cautelar interpuesto en los términos expuestos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 264 eiusdem Y así se decide.
III
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
-
- HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO de la demanda de contenido patrimonial interpuesta conjuntamente con medida cautelar de secuestro por los abogados Y.Y.D.M. y H.A.O.L., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 108.247 y 85.934, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), contra el ciudadano W.A.C.Z., titular de la cédula de identidad Nº 13.882.811, conforme a lo previsto en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 264 eiusdem.
Publíquese, regístrese y notifíquese al Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), conforme al artículo 86 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en concordancia con el artículo 98 y 101 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública, así como a la Procuraduría General de la República de conformidad con el artículo 96 del mencionado Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Déjese copia de la presente decisión
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con sede en Caracas, a los tres (03) días del mes de agosto del año dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA,
EL SECRETARIO SUPLENTE,
MARVELYS SEVILLA SILVA
C.T.
En la misma fecha, siendo las ( ), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº .-
EL SECRETARIO SUPLENTE
C.T.
Expediente Nro. 2008-737.
