Decisión de Juzgado Duodecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 22 de Enero de 2010

En el desalojo del inmueble antes identificado por la falta de pago de once (11) mensualidades del pago de arrendamiento convenido.

Como consecuencia de lo anterior, en entregar inmediatamente el inmueble arrendado libre de bienes y personas.

En pagar las costas procesales, incluyendo honorarios profesionales de abogado prudencialmente calculados por este Juzgado.

La representación judicial de la parte actora fundamenta sus alegatos de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, y de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Código de Procedimiento Civil, estima el valor de la demanda en la suma de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 3.000.000,oo). “

Alegatos De La Parte Demandada

En la oportunidad legal para ello la parte demandada dio contestación a la demanda en los siguientes términos:

Opuso la cuestión previa consagrada en el Ordinal 1º del articulo 346 del Código de Procedimiento Civil, contentiva de la falta de Jurisdicción del Juez, o la incompetencia de este o la litispendencia, o que el asunto deba acumularse a otro por razones de accesoriedad, de conexión o continencia, por cuanto en la presente causa el Tribunal es incompetente por la cuantía para conocer de la demanda, por cuanto la parte actora en el libelo señalo que el valor de la demanda era de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 3.000.000,oo), cantidad totalizada de los cánones de arrendamiento de todo un año, por ser la convención demandada de tiempo indeterminado.

Estimo la demanda la estimación de la misma en la cantidad de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 3000.000,oo), es insuficiente en virtud que el canon de arrendamiento del presunto contrato de arrendamiento verbal era de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 250.000,oo), cantidad esta que multiplicada por veinticuatro (24) mensualidades asciende a la cantidad de SEIS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 6.000.000,oo), debiendo ser esta la cuantía de la demanda por mandato expreso del Código de Procedimiento Civil, lo cual determina que el Tribunal competente para conocer de la presente demanda es un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ya que es el competente para conocer de una demanda cuyo valor sea superior a los CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 5.000.000,00), lo que es el caso de autos y así solicita sea declarado por el Tribunal.

Niego, rechazo y contradijo que en fecha 11 de Noviembre de 1998, los ciudadanos D.A.P.R. y R.M.C.D.P., hayan celebrado un contrato de arrendamiento verbal con su mandante, qua haya tenido por objeto un inmueble constituido por el apartamento distinguido con el número y letra uno raya h (1-H), situado en el piso 1, del Edificio San Martín, del Conjunto Residencial Parque Central, Jurisdicción de la Parroquia San Agustín, Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas.

Niego, rechazo y contradijo que su mandante haya acordado con los ciudadanos D.A.P.R. y R.M.C.D.P., un canon de arrendamiento mensual de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 250.000, oo), por cuanto su mandante nunca realizo pago de arrendamiento alguno a los referidos ciudadanos, ni directamente a ellos, ni a travès de alguna persona que los representara.

Que asimismo, es falso y en consecuencia niega, rechaza y contradice que su mandante se haya obligado con los ciudadanos D.A.P.R. y R.M.C.D.P., a realizar el pago de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 250.000,00), mensuales, por concepto de canon de arrendamiento del inmueble objeto de litigio, mediante depósitos bancarios realizados en la cuenta corriente Nº 0108-0030-72-0100004732, del Banco Provincial Oficina de Parque Central a nombre de A.M., por cuanto su mandante nunca a realizado depósitos bancarios en la referida cuenta bancaria, toda vez que la misma nunca ha pagado canon de arrendamiento alguno por el inmueble que posee desde el año 2000, el cual es objeto de litigio, siendo falsa la relación de arrendamiento verbal alegada por la parte actora y por ende falsa la obligación de pago de cánones de arrendamiento que se alegan como no pagados por su mandante.

Negó, rechazo y contradijo que su mandante deba desalojar el inmueble objeto de litigio, por cuanto, la misma no posee el referido inmueble en calidad de arrendataria.

Asimismo, solicita al Tribunal negar la medida preventiva de secuestro, solicitada por la parte actora en el libelo de demanda, por cuanto la parte actora deja ver el desconocimiento que le asiste en materia de Medidas Cautelares a la hora de solicitar el decreto de la misma, que es forzoso concluir, que no basta con señalar que están probados los extremos del articulo 585 del Código de Procediendo Civil, como lo son el “periculum in mora” y “fumus bonus iuiris”, ya que la norma exige de forma taxativa, que el Tribunal fundamente las razones y motivos que lo llevaron a considerar probado el periculum in mora” y “fumus bonus iuiris”, planteamiento este ratificado por la Sala da Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en distintas Jurisprudencias, que el libelo de demanda, la parte actora fundamenta la solicitud de la medida preventiva de secuestro, en los extremos legales previstos por el legislador en el artículo 599 ordinal 7º del Código de Procedimiento Civil, siendo tal fundamentaciòn insuficiente para que el Tribunal pueda decretar la medida preventiva solicitada, toda vez que en el presente caso no existe riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, por cuanto si bien es cierto la parte actora esta solicitando la medida fundamentando en la falta de pago del canon de arrendamiento, no es menos cierto que al momento de la interposición de la demanda no acompaño ningún medio probatorio que determinara la existencia de la relación arrendaticia verbal, lo cual determina la ausencia de uno de los elementos existenciales para la procedencia de la medida de secuestro solicitada como lo es el “fumus bonus iuris”, es decir la presunción grave del derecho que se reclama.

Por ultimo, impugna los documentos identificados con las letras C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N y O.

De Las Pruebas.

Antes de entrar a decidir respecto de la procedencia o no de la pretensión procesal, este Juzgado debe analizar, conforme a las normas distributivas de la carga de la prueba, consagrada en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, y quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido liberado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.

En este sentido, nuestro Alto Tribunal, en Sentencia de fecha 26 de febrero de 1987, dejó sentado:

"El demandado al contradecir, negar o desconocer los hechos y, por tanto, los derechos que de ellos deriven, el actor corre con toda la carga de la prueba y de lo que demuestre depende el alcance de sus pretensiones."

Igualmente al comentar el citado artículo 1.354 del Código Civil, nuestro M.T., reiterando la jurisprudencia pacífica y reiterada desde el 9 de julio de 1969, en sentencia de 21 de mayo de 1987, señaló:

"Con esa norma legal se esta estableciendo que al demandado le incumbe la carga de la prueba cuando la naturaleza de su defensa el mismo ha reconocido que la obligación que se le demanda, o sea, que el derecho del actor si existió; pero por un nuevo hecho alegado por el se extinguió la obligación. Fuera de estos casos de excepción, el solo hecho de que el demandado no se defienda, no exime al actor de la carga de probar su acción, máxime que cuando contradice la demanda en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos como el derecho,..."

Conteste con la Doctrina de Casación parcialmente transcrita, la cual es acogida por este Tribunal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, el actor al establecer en su demanda la existencia de ciertos hechos constitutivos, entendidos éstos como aquellos de donde se origina el derecho en el cual basa su pretensión, debe cargar con las pruebas de los mismos si le son contradichos por la parte demandada, tal y como sucedió en el presente caso.

Pruebas de la Parte Actora

1. -Original de instrumento poder otorgado por los ciudadanos D.A.P.R. y R.M.C.D.P., parte actora en el presente juicio, a los ciudadanos H.D. R. Y M.C., abogados en ejercicio de este domicilio e inscritos el Inpreabogado bajo los Nros. 9.928 y 50.919 respectivamente, el cual corre inserto en autos a los folios cinco (05) al seis (06) ambos inclusive, otorgado para que conjunta o separadamente defiendan, representen y hagan valer sus derechos, acciones e intereses en el juicio que intentará contra la ciudadana L.J.G., debidamente autenticado por ante la Notaria Publica de Carora, Municipio Torres del Estado Lara, en fecha 14 de Febrero de 2007, anotado bajo el Nro. 41, Tomo 09, de los libros de autenticaciones que lleva dicha Notaría.

   Al respecto se observa , que dicho documento es un instrumento público, ya que fue expedido por un funcionario público competente, facultado para dar fe pública como lo es la Notario Público de Carora, Municipio Torres del Estado Lara, y no siendo tachado por el adversario, hace fe, entre las partes como respecto a terceros de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes, acerca de la realización del hecho jurídico a que el instrumento se contrae, por lo que este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil, le da pleno valor probatorio, ya que demuestra la facultad que tienen los mencionados abogados, para ejercer la representación legal de la parte actora en el presente juicio. ASI SE DECLARA

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2. - Original de instrumento poder especial otorgado por los ciudadanos D.A.P.R. y R.M.C.D.P., parte actora en el presente juicio, a la ciudadana A.M., venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de cedula de identidad Nro. V- 615.657, el cual corre inserto en autos a los folios siete (07) al ocho (08) ambos inclusive, otorgado para que les represente y sostenga sus derechos e intereses que legalmente tienen sobre un inmueble constituido por un apartamento tipo estudio, destinado a vivienda, distinguido con el número y letra “uno raya h” (1-H), situado en la planta 9, nivel 888,6, Edificio “San Martín” del Conjunto denominado Parque Central I, Jurisdicción de la Parroquia San A.d.D.L.d.D.F., debidamente autenticado por ante la Notaria Publica de Carora, Municipio Torres del Estado Lara, en fecha 31 de Agosto de 2005, anotado bajo el Nro. 31, Tomo 33, de los libros de autenticaciones que lleva dicha Notaría.

   Al respecto se observa; que dicho documento es un instrumento público, ya que fue expedido por un funcionario público competente, facultado para dar fe pública como lo es la Notario Público de Carora, Municipio Torres del Estado Lara, y no siendo tachado por el adversario, hace fe, entre las partes como respecto a terceros de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes, acerca de la realización del hecho jurídico a que el instrumento se contrae, por lo que este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil, le da pleno valor probatorio, ya que demuestra la facultad que tiene la mencionada ciudadana, para representar legalmente a la parte actora en todo lo relacionado con el inmueble objeto del presente juicio. ASI SE DECLARA.

3. -Copia fotostática de recibos de Extracto General de la Cuenta Corriente perteneciente a la ciudadana A.R.M., del Banco Provincial desde el 01 de Enero de 2006 hasta el 31 de Diciembre de 2006, los cuales corren insertos en autos a los folios nueve (09) al veintiuno (21) ambos inclusive;

   En este sentido el A-QUO, declaro:

   “que si bien es cierto, que la representación judicial de la parte demandada en la contestación de la demanda impugno dichos recibos no es menos cierto que la representación judicial de la parte actora en la oportunidad legal para la promoción de pruebas de conformidad con el articulo 433 del Código de Procedimiento Civil, solicito la prueba de informe a fin de que dicha institución certificara los hechos allí previstos lo cual fue certificado por el Banco mediante comunicado de fecha 10-10-2007, Nº SSNP/OOR-07-0739. por lo que este tribunal actuando de conformidad con el articulo 444 del Código de Procedimiento Civil, le otorga pleno valor probatorio. …..

   En este sentido, esta alzada difiere del A-QUO, en cuanto a la valoración que le dio a dicha prueba como medio para demostrar la relación arrendaticia y el pago de los cánones de arrendamientos señalados por la actora, pues si bien, el Banco Provincial, emitió Oficios referidos a los recibos, Extracto General de la Cuenta Corriente perteneciente a la ciudadana A.R.M., del mismo solo se desprende que efectivamente dicha entidad reflejo una serie de depósitos realizados a la ciudadana A.R.M., pero no se desprende de modo alguno, que efectivamente esos depósitos fueron realizados por la parte demandada, y mucho menos se desprenda el motivo de los señalados depósitos en esa cuenta, en tal sentido no puede demostrarse a través de esta prueba que la demandada realizo los pagos de cánones de arrendamiento aducidos por la actora, siendo así, se desecha éstos instrumento como medio probatorio. ASI SE DECLARA.

4. -Promovió la declaración de los ciudadanos T.P.L. y B.R., en fecha 22 de Mayo de 2007, las cuales corren insertas en autos a los folios cincuenta (50) al cincuenta y nueve (59) ambos inclusive.

   Esta Alzada, forzosamente no entra a valorarlos, a tenor del articulo 1.387 del Código Civil, además de ser criterio jurisprudencial reiterado, la negativa de admitir la prueba de testigos a los fines de demostrar o probar una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, cuando el valor del objeto exceda de dos mil bolívares, y en el caso de autos, la obligación que se demanda es la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 250.000,00), que por la reconversión monetaria, se traducen a DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES FUERTES (Bsf. 250), mucho mas de la prohibición expresa por la ley por tal motivo las desecha ASI SE DECLARA.-

   Motivaciones para decidir

   Conforme a lo expuesto y respecto al alegado incumplimiento del contrato de arrendamiento verbal de parte de la demandada, observa quien aquí decide, que la doctrina y la jurisprudencia están acordes en admitir de manera unánime que en los contratos de ejecución progresiva, como son los contratos de arrendamiento, le basta al actor demostrar la existencia auténtica de esa relación jurídica que obliga al demandado.

   En tal sentido, consta en las actas que conforman el presente expediente, que la actora sustenta su pretensión en la existencia de una relación arrendaticia de manera verbal, con la demandada desde el 11 de noviembre de 1998.

   Ahora bien, analizadas las pruebas de autos, se constata que durante la secuela del juicio la accionante no trajo a los autos elementos de pruebas que demostrara la existencia de la relación arrendaticia que aduce tener con el demandado, por cuanto de las pruebas que aportó y que fueron precedentemente valoradas, no se desprende de modo alguno la existencia de la relación arrendaticia o el vinculo que pudiera unir a las partes del presente juicio

   En atención a ello, es reiterado el criterio jurisprudencial que sostiene que el peso de la prueba no puede depender de la circunstancia de afirmar o negar un hecho, sino de la obligación que se tiene, de demostrar el fundamento de cuanto se pretende en juicio, dado que ninguna demanda o excepción, puede prosperar sino se demuestra.

   En este sentido, la parte actora tenia la carga de probar la existencia de la relación arrendaticia verbal, en la cual soporta su pretensión, mas aun cuando el demandado en la contestación a la demanda, al negar, contradecir tanto los hechos como el derecho, la carga probatorio recayó de manera automática en cabeza de la parte actora, la cual no aporto en el devenir del proceso, prueba alguna que le favoreciera, o hiciera que esta alzada encontrara en los autos, algún elemento que demostrara la obligación y el derecho reclamado, siendo así las cosas, el articulo 254 del Código de Procedimiento Civil, dispone que la demanda solo puede declararse con lugar cuando sea concluyente la prueba a favor del actor, y en este caso hemos verificado que no se cumplió con la carga de la prueba que mandan los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil, lo cual conduce a tener como no satisfecho por la actora el mandato de dicho articulo 254, y en consecuencia conduce a estimar sin lugar la demanda y revocar el fallo apelado.

   Siendo así, es forzoso para quien decide declarar sin lugar la presente acción, como en la dispositiva del presente fallo se declarara. ASI SE DECIDE

   Dispositiva

   Por los razonamientos de hecho y derecho, anteriormente expuestos, este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

Se declara CON LUGAR el recurso de apelación ejercido contra la sentencia proferida por el Juzgado Vigésimo de Municipio en fecha 30 de Junio de 2009.

Se revoca la sentencia dictada por el Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 30 de junio de 2009, en el juicio de desalojo intentado por los ciudadanos D.A.P.R. y R.M.C.D.P., contra la ciudadana L.J.G.P., arriba identificados.-.

Se declara SIN LUGAR la acción de DESALOJO, intentada por los ciudadanos D.A.P.R. y R.M.C.D.P., contra la ciudadana L.J.G.P., suficientemente identificadas en el cuerpo de esta decisión.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 274 del Código de Procedimiento Civil se condena en costas a la parte demandante del presente juicio.-

REGÍSTRESE, NOTIFIQUESE y PUBLÍQUESE.-

Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Transito, Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas a los veintiséis (26) días del mes de Enero de 2010.

LA JUEZ

BELLA DAYANA SEVILLA JIMENEZ

LA SECRETARIA

SUSANA MENDOZA

En la misma fecha anterior, siendo las ________________am previa las formalidades de Ley, se registro y publico la anterior decisión.

LA SECRETARIA

SUSANA MENDOZA