Decisión nº 1 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 15 de Mayo de 2009
| Fecha de Resolución | 15 de Mayo de 2009 |
| Emisor | Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | Jose Daniel Pereira |
| Procedimiento | Amparo Constitucional |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL
JUZGADO SUPERIOR DÉCIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
EXPEDIENTE N° 5.593
PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA:
PERFUMERÍA TAURO, C.A. compañía de comercio domiciliada en Caracas, constituida por documento inscrito en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda el 16 de mayo de 1974, bajo el número 53, Tomo 74-A, representada judicialmente por AZMY A.H.S. y H.F. AZPÚRUA GÁSPERI, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 5.263 y 1.855 respectivamente.
PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE:
Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
MOTIVO:
A.C..
Cumplido el trámite administrativo de sorteo de expedientes, correspondió a este tribunal conocer de la solicitud de amparo intentada por los ciudadanos AZMY A.H.S. y H.F. AZPÚRUA GÁSPERI, actuando en carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil PERFUMERÍA TAURO, C.A., contra las acciones y omisiones del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo de una acción mercantil seguida por la sociedad mercantil PERFUMERÍA TAURO, C.A. contra la sociedad mercantil CORPORACIÓN REVI, C.A.
Luego de la distribución de ley, la presente acción de amparo se recibió en este juzgado el 9 de julio del 2007.
La parte presuntamente agraviada adujo en su escrito de amparo los siguientes hechos relevantes:
Que hubo un juicio entre PERFUMERÍA TAURO, C.A., y CORPORACIÓN REVI, C.A.
Que en el transcurso del juicio el juez del conocimiento de la causa el 8 de junio de 1987, dictó medida de prohibición de enajenar y gravar sobre los siguientes locales: 1-5 A, 1-5B, 1-5C y 1-5D, todos ubicados en el Centro Comercial Plaza las Américas.
Que en marzo del año 1989, el ciudadano VICENZO CORDONE DI ILLO, actuando en su condición de administrador de CORPORACIÓN REVI, C.A., registró documento de subdivisión de los prenombrados locales, redistribuyéndolos en catorce locales más pequeños que a decir de la parte presuntamente agraviada no existían físicamente; vendiéndose el mencionado administrador ocho de los locales antes descritos, según consta de documento protocolizado el día 6 de noviembre de 1991, dándose de forma aparente la venta del sub-local.
Que ganaron el juicio, y una vez definitivamente firme la sentencia, el día 6 de julio de 2001, el juzgado de la causa decretó la ejecución del fallo.
Que en la oportunidad de ejecutar la sentencia el Juzgado Cuarto de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, suspendió la ejecución de la sentencia firme y remitió el mandamiento a la Juez Duodécima de Primera Instancia de esta Circunscripción Judicial, quien abrió una articulación probatoria para decidir sobre la continuidad de la ejecución en un lapso de 8 días contados a partir del 11 de febrero de 2004.
Que a la fecha (6 de julio de 2007), no ha sido decidida la continuidad o no de la ejecución, constituyendo así omisión manifiesta de la tutela judicial efectiva, idónea y expedita; aunado a que constituye omisión de los deberes inherentes a la función jurisdiccional.
El petitum de la presente acción de amparo, es del tenor siguiente:
A los fines de restaurar la situación jurídica infringida y que pueda nuestra representada disponer libre y plenamente de su propiedad rogamos al Tribunal que en la decisión de este recurso se ampare a nuestra representada en el ejercicio de sus derechos garantizados por la Constitución y se expida un mandamiento de amparo en el que se suspenda la prohibición de enajenar y gravar solicitada y otorgada a mi representada en fecha 8 de junio de 1987 en el referido juicio seguido en el expediente Nº 22222 ante la agraviante, en ejecución, a los fines del registro de la sentencia firme, y se mande a registrar la sentencia definitiva de ejecución en dicho juicio, por cuanto tal actuación es necesaria para la plena disposición de los bienes declarados propiedad de nuestra representada como queda expuesto, dejando así restaurada la menoscabada garantía de la propiedad, y la de la justicia expedita, la tutela efectiva de los derechos y la decisión oportuna de los pedimentos, consagradas en el artículo 26 del texto constitucional, violadas o menoscabadas por la omisión del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mandamiento que deberá ser acatado por toda autoridad.
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De la revisión de las actas que conforman el presente expediente se evidencia que la última actuación tuvo lugar el 6 de julio de 2007, cuando los ciudadanos AZMY A.H.S. y H.F. AZPÚRUA GÁSPERI, actuando en carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil PERFUMERÍA TAURO, C.A., incoaron acción de amparo contra las acciones y omisiones del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo de una acción mercantil seguido por la sociedad mercantil PERFUMERÍA TAURO, C.A. contra la sociedad mercantil CORPORACIÓN REVI, C.A.
De las escasas actas que conforman la presente solicitud de amparo, se evidencia una conducta pasiva ininterrumpida que excede de los seis meses, por parte de la sociedad mercantil PERFUMERÍA TAURO, C.A., parte presuntamente agraviada en el caso de autos, lo cual entraña el decaimiento del interés procesal, es decir, el abandono del trámite por falta de impulso, lo que conlleva a la extinción de la instancia. Así lo ha dejado sentado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 982, de fecha 6 de junio de 2001, en los términos que siguen:
Después de haberse dictado la decisión de continuación del proceso, se libró boleta de notificación a la parte actora mas ésta no fue notificada por las razones antes apuntadas y, desde ese momento, el juicio ha permanecido inmóvil en lo que respecta al presunto agraviado.
1. Según estatuye el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil -derecho común en materia procesal-, el Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión. Sin embargo, según reconoce la misma norma, la causa puede quedar paralizada, sin actividad, de forma tal que hace cesar la permanencia a derecho de las partes.
Tal inactividad, en el m.d.p. breve, sumario y eficaz del amparo, permite presumir que las partes han perdido interés en que se protejan sus derechos fundamentales por esta vía, lo que produce un decaimiento del interés procesal en que se administre la justicia acelerada y preferente (ex artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) que proporciona el a.c..
En efecto, el interés procesal es la posición del actor frente a la jurisdicción para obtener de ella la satisfacción de su necesidad de tutela; éste interés subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso.
La falta inicial de esta "necesidad de tutela" (interés procesal) impide el juicio sobre el mérito de la pretensión del actor y por ello se sanciona con la declaratoria de inadmisibilidad de la pretensión, tal como lo reflejan las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, varias de las cuales recogen supuestos de falta de interés procesal (por irreparabilidad, cesación, consentimiento, elección de otra vía de protección judicial, p.e.).
Ahora bien, la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia. En este sentido, el Tribunal Constitucional español ha declarado que no puede pretender beneficiarse en vía de a.c. quien ha demostrado una total pasividad y ha incurrido en una notoria falta de diligencia procesal y de colaboración con la administración de justicia. (Cfr. s. T.C. 22/92 de 14 de febrero, en GUI MORI, Tomás, “Jurisprudencia Constitucional 1981-1995”, Ed. Cívitas, Madrid, 1997, p.609). Por su parte, esta Sala tiene establecido que tal actitud en el proceso, además, constituye una afrenta al sistema de justicia, por cuanto el servicio público debe atender un juicio que ocupa espacio en el archivo judicial, pero que no avanza hacia su fin natural (Cfr. s. S C. nº 363, 16.05.00).
En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes.
Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo –al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél.
(…)
la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el p.d.a., en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y,.con ello, la extinción de la instancia. Así se declara.
Subrayado de la Sala. (6 de junio de 2001 sent. 982)”.
Con base en el criterio jurisprudencial anteriormente explanado, queda de manifiesto que en el sub lite se ha configurado el decaimiento del interés procesal en que se administre la justicia acelerada y preferente que proporciona el amparo, todo ello por la falta de impulso de la parte accionante para la tramitación del mismo, y así se dispondrá en el dispositivo del fallo.
DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos este Tribunal Superior administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: TERMINADO EL PROCEDIMIENTO por abandono del trámite, de la acción de a.c. intentada por los abogados AZMY A.H.S. y H.F. AZPÚRUA GÁSPERI, actuando en carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil PERFUMERÍA TAURO, C.A., contra la las acciones y omisiones del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo de la acción mercantil seguida por la sociedad mercantil PERFUMERÍA TAURO, C.A. contra la sociedad mercantil CORPORACIÓN REVI, C.A.
Se impone a la parte accionante una multa de CINCO BOLÍVARES (Bs. 5,°°) de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en las Oficinas del Banco Central de Venezuela. La parte accionante deberá acreditar el pago mediante la consignación en autos del comprobante correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a haber retirado el recibo que librará por quintuplicado este tribunal.
Por la naturaleza de la presente decisión, no hay condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los quince (15) días del mes de mayo del dos mil nueve (2009). Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación.
LA JUEZ TEMPORAL,
Dra. S.F.D.A..
LA SECRETARIA.
ABG. E.R.G.
En la misma fecha 15/5/2009, siendo las 1:05 p.m. se publicó y registró la anterior decisión constante de nueve (9) folios útiles. Se dejó copia certificada de la presente decisión en el copiador de sentencias que lleva este juzgado.
LA SECRETARIA.
ABG. E.R.G.
Expediente Nº 5.593
JDPM/ERG/maira.-
