Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 7 de Julio de 2008

Que no es posible terminar una obra que nunca se inició.

Que no es posible tramitar el pago de valuación ejecutada si no existe: una valuación de obra, planillas de medición, fotos, solicitud de pago, liquidación de valuación, acta de terminación, acta recepción provisional, cuadro de cierre y fianza de fiel cumplimiento, esta última objeto de una demanda civil por incumplimiento y que de la misma corre inserta en las actas que conforman la presente causa. Situaciones como esta nos llevan a cavilar acerca de la evidente sentencia ultrapetita dictada por el Tribunal a quo; lo que hace posible indicar por parte del Ministerio Público, el contenido del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, que será nula toda sentencia… por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse… o contenga ultrapetita.

Basándose el Recurrente que el Tribunal a quo al momento de dictar su fallo no tomó en consideración los dichos de los funcionarios y testigos, no haciendo una comparación lógica y argumentativa de lo expresado durante el debate.

Fundamentando el recurrente que tales dichos son contundentes sobre todo en la circunstancia de tiempo, que a claras luces deja ver la enmarcada irresponsabilidad puesta de manifiesto por el representante de la Empresa al no tener siquiera la intención de culminar la obra que NUNCA INICIÓ, pero que si cobró el 50% nada más y nada menos que recursos públicos del estado para beneficio de una comunidad.

Alega el Recurrente que la obra nunca se inició, que sólo se hicieron superficiales trabajos de limpieza durante un mes cuando se paraliza la obra y al darle orden de reinicio éste contratista ni siquiera hacía acto de presencia en el sitio de la misma, concluyendo que el acusado nunca tuvo la intención de iniciar la obra. Que la obra en la actualidad NO EXISTE. Que el acusado recibió el 50% de anticipo de pago por la obra. Que el acusado incumplió con el contrato de ejecución de la obra. Que el Tribunal ha desconocido el análisis fehaciente del contenido de las pruebas, según las cuales existen protuberantes contradicciones en las declaraciones de donde se puede inferir sin ninguna dificultad que la obra nunca fue iniciada. Aportando que sólo realizó trabajos de limpieza, aduciendo que de eso no se trataba la obra. Fundamentándose en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, por las circunstancias señaladas que la sentencia del Tribunal a quo es contradictoria y ultrapetita.

Finalmente, solicita sea declarado con lugar el primer motivo denunciado y fundamentado, anule la sentencia impugnada; y ordene la celebración de un nuevo juicio oral, tal como lo establece la norma contenida en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

-III-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En fecha 02 de Mayo de 2008, se dio cuenta ante este Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, a cargo de los Jueces Superiores A.S. SOLÓRZANO, ALBERTO TORREALBA LÓPEZ y WILMER ARANGUREN TOVAR, se le dio entrada a la causa correspondiéndole por distribución el Número 1As-1570-08, designándose como Ponente a la última de los mencionados, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En fecha 14 de Mayo de 2008, esta Corte de Apelaciones, a los fines de resolver el Recurso de Apelación de Sentencia planteado, observa que el referido Recurso satisface los requisitos de impugnabilidad y recurribilidad, exigidos por la Ley, por lo que admite el recurso de conformidad con lo establecido en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal y conforme con el artículo 455 ejusdem, fija la celebración de Audiencia Oral correspondiente.

En fecha 11 de Junio de 2008, siendo la oportunidad fijada para la Audiencia Oral y Pública, por motivo del Recurso de Apelación de Sentencia interpuesto y concluida como fue, esta Corte de Apelaciones se reservó el lapso de Ley, a fin de emitir su pronunciamiento, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 456 tercer aparte del Código Orgánico Procesal Penal.

El recurrente funda su actividad recursiva sólo en dos causales, las cuales se señalan a continuación y que por separado analizarán estos juzgadores:

Primera Denuncia: Argumentado su escrito de apelación, en el motivo establecido en el numeral 2° del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, con lo cual pretende, según el petitorio efectuado en el escrito consignado, “…declare con lugar cada uno de los motivos expresados y consecuencialmente declare con lugar la presente Apelación en virtud de la violación de la Ley por inmotivación que no puede ser otra que la anulación de la sentencia impugnada y se ordene la celebración de un nuevo juicio oral, ante un Juez distinto al que dictó el fallo apelado.

De esta manera, entra este Superior Despacho al efectuar un análisis pormenorizado de la denuncia formulada por el recurrente y al efecto observa lo siguiente:

Con fundamento en el artículo 452 Ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal, señala el recurrente que la sentencia se funda en la inmotivación y por la indeterminación en forma precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, y exponer de manera concisa los fundamentos de hecho y de derecho, so pena de nulidad de la sentencia por incumplimiento de tales requisitos. Expresando el apelante que la sentencia recurrida incumplió con el requisito de la exposición concisa de los fundamentos de hecho y de derecho, toda vez que no explica en forma clara y precisa el hecho que sirve de sustento en orden a la determinación de su culpabilidad.

En cuanto a esta denuncia, la Sala observa que el vicio de la inmotivación se traduce en la violación del derecho que tiene todo imputado de saber el porqué se le condena o absuelve mediante una explicación que debe constar en la decisión. En este orden, motivar una sentencia es explicar la razón jurídica en virtud de la cual adopta determinada resolución, por lo que es necesario discriminar el contenido de cada prueba, analizarla y compararla con las demás existentes en autos y por último, valorarlas conforme al sistema probatorio que corresponda; la sentencia penal debe contener un análisis detallado de las pruebas, además debe constar la comparación de unas con otras y decidir mediante un razonamiento lógico, donde se determine de una manera clara y precisa los hechos que se dan por probados, con la indicación de los fundamentos de hecho y de derecho, ya que de ese análisis y confrontación de las pruebas es donde surge la verdad procesal la cual sirve de asiento a la decisión judicial; siendo un todo armónico formado por los elementos diversos que se eslabonen entre sí, que converjan a un punto o conclusión para ofrecer base segura y clara a la decisión que descansa en ella; si bien los jueces son soberanos en la apreciación de las pruebas y en el establecimiento de los hechos, detalles o circunstancias a veces inverosímiles y contradictorias, en la unidad o conformidad de la verdad procesal; pues en la sentencia impugnada no existe la correspondencia requerida entre el hecho imputado, el hecho juzgado y el hecho sentenciado; esto es así, por cuanto el hecho imputado se mantuvo inalterable durante el proceso. Observa esta Alzada, conocido y entendido el contenido y fundamentos explanados por el recurrente para el momento de intentar el recurso, previa revisión y examen de la sentencia de fecha 25-03-08, emanada por unanimidad del Tribunal Mixto Primero en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, que efectivamente las denuncias evidentes del recurso intentado por la Fiscal Décima del Ministerio Público, emergen con razón suficiente del contenido de la sentencia apelada.

Así, el concepto de motivación entendido como las razones de hecho y de derecho, tenidos por el Sentenciador para fundamentar el dictamen al que arriban luego de celebrado el acto de Juicio Oral y Público, no encuentra asidero alguno en la parte de la sentencia que se plasmó en tal razón. En este sentido, la motiva no se limita a plasmar indiscriminadamente lo dicho durante el juicio por expertos, testigos o cualquier otro declarante, ni a simplemente transcribir el contenido de las pruebas escritas; sino, que vas más allá, y para que se hable de motivación debe necesariamente concatenarse lógicamente las unas con las otras, plasmando además el valor dado a esa amalgama de pruebas y el criterio del sentenciador emanado directamente de los mismos; lo cual no ocurrió en el caso en estudio. A tal respecto, del particular señalado como: “DE LOS HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS”, se evidencia que si bien la Juez concatenó entre si algunas de las pruebas producidas en juicio, los razonamientos surgidos de ello no son los más acordes a la materia de la cual tiene competencia el Tribunal, concluyendo en ocasiones con fundamento en suposiciones o consideraciones expresamente subjetivas de la Juez, sin base de prueba para ello, así por ejemplo, cuando la Juez expone: “…permiten al Tribunal aplicando las reglas de la lógica, sus máximas de experiencia pero sobre todo su sentido común que, dado las innumerables interrupciones administrativas por el cambio de gobierno del Municipio en razón de la muerte accidental del Alcalde electo, lo que conllevo (sic) al nombramiento por encargaduría de una de las representantes de la Cámara Municipal, y posterior comicios para elegir un nuevo Alcalde, no permitieron que se realizara un seguimiento de manera directa que permitiera determinar con contundencia la intención del contratista de malversar los fondos que le fueron suministrado para la ejecución de la obra… Se observa pues, que nunca formó parte de las pruebas producidas en juicio, documento alguno que probara la muerte accidental del Alcalde electo, y menos aún de las consecuencias que desde el punto de vista administrativo pudo acarrear tal evento en la Alcaldía del Municipio Achaguas del Estado Apure. Tampoco explica al Tribunal sentenciador cuales son las reglas de la lógica y las máximas de experiencia puestos en juego para arribar a tal aseveración y menos aún en qué radica lo mencionado, como “sentido común”, traducido en determinante de la sentencia dictada.

En otro orden, dictamina la Sentenciadora que el resto del monto correspondiente a la ejecución de la obra no ha sido erogado por el Municipio a favor de la Empresa contratada, evidenciándose de tal posición que, al parecer, según criterio del tribunal, debía pagarse primeramente la totalidad de la obra contratada y como no se hizo, tal situación justifica la conducta asumida por el acusado, declarando la no culpabilidad del mismo. Tal situación es tenida por ésta Instancia como un exceso del Tribunal sentenciador, puesto que invade el ámbito administrativo del cuerpo edilicio al pronunciarse en relación a la forma en que éste lleva las contrataciones que realiza con la empresa privada y la forma en que se realizan los pagos correspondientes a las obras respecto de lo cual se presume existe una contratación previa regida y celebrada conforme a la normativa de Ley.

Se presentan como evidentes entonces las razones por las cuales se produjo una decisión ambigua en la que primeramente se señala no culpable al ciudadano E.J.G.F., de la comisión del delito de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, y acto seguido se le condena a ejecutar la misma obra en la que supuestamente no se aprovechó fraudulentamente de los fondos públicos.

Es importante destacar que las sentencias definitivas deben tener una adecuada motivación que consta de varios requisitos fundamentales. En este sentido, debe examinarse la Sentencia dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 04/12/03, acerca de los requisitos que debe cumplir la sentencia en relación con la adecuada motivación, en los siguientes términos:

“Cabe destacar al respecto, la jurisprudencia establecida por esta Sala de Casación Penal, en relación con la correcta motivación que debe contener toda sentencia, que si bien los jueces son soberanos en la apreciación de las pruebas y en el establecimiento de los hechos, esa soberanía es jurisdiccional y no discrecional, razón por la cual, debe someterse a las disposiciones legales relativas al caso, para asegurar el estudio del pro y del contra de los puntos debatidos en el proceso, y para ello es indispensable cumplir con una correcta motivación, en la que no debe faltar:

1. - la expresión de las razones de hecho y de derecho en que ha de fundarse, según el resultado que suministre el proceso, y las normas legales pertinentes;

2. - que las razones de hecho estén subordinadas al cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley Adjetiva Penal;

3. - que la motivación del fallo no debe ser una enumeración material e incongruente de pruebas, ni una reunión heterogénea o incongruente de hechos, razones y leyes, sino un todo armónico formado por los elementos diversos que se eslabonen entre sí, que converjan a un punto o conclusión, para ofrecer base segura y clara a la decisión que descansa en ella; y

4. - que en el proceso de decantación, se transforme por medio de razonamientos y juicios, la diversidad de hechos, detalles o circunstancias a veces inverosímiles y contradictorias, en la unidad o conformidad de la verdad procesal.

Así mismo el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, obliga a los jueces que conozcan de las apelaciones, a decidir motivadamente. Esto significa que la sentencia debe contener la exposición concisa de los fundamentos de hecho y de derecho, conforme el artículo 364 ejusdem, con el objeto de verificar la racionalidad del fallo impugnado… (Omissis)…

…Al respecto es conveniente advertir, que en aras al principio de tutela judicial efectiva, según el cual no sólo se garantiza el derecho a obtener de los Tribunales una sentencia o resolución, y el acceso al procedimiento, a la utilización de recursos, y la posibilidad de remediar irregularidades procesales determinantes de indefensión, éste también debe garantizar una motivación suficiente, una decisión judicial razonada sobre todas las pretensiones deducidas que exterioricen el proceso mental, conducente a su parte dispositiva

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En el orden de ideas jurisprudencial la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia también ha establecido algunos lineamientos y ha señalado claramente que:

…En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se prevé un conjunto de garantías procesales que sintetizan lo que constituye el debido proceso en un Estado de Derecho y de Justicia. Dentro de esas garantías procesales se encuentra la referida a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución, la cual tiene un contenido complejo, que se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en Derecho que ponga fin al proceso. Este contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se compone de dos (2) exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes. De manera que una sentencia inmotivada no puede considerarse fundada en derecho, siendo lesiva del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (vid. sentencia del 16 de octubre de 2001, caso: L.E.B. deO.). Igualmente, esta Sala ha señalado que el artículo 49 de la Carta Magna no dice expresamente, pero forma parte de su esencia, que todo fallo debe ser motivado, para que las partes conozcan los fundamentos en que fueron resueltas sus pretensiones, ya sea la petición de condena o absolución en el proceso penal, o bien la declaratoria con lugar o sin lugar de la demanda en los distintos procesos, en el que se incluye el procedimiento de amparo. Por tanto, sólo así puede calificarse el error judicial a que se refiere el numeral 8 del citado artículo 49, o puede tener lugar el acto de juzgamiento, el cual corresponde a los jueces, según el numeral 4 del mismo artículo, o puede determinarse si a la persona se le sanciona por actos u omisiones, como lo establece el numeral 6, por lo que todo acto de juzgamiento debe contener una motivación, que es la que caracteriza el juzgar. Además, “[e]s la falta de motivación de la sentencia, en criterio de esta Sala, un vicio que afecta el orden público, ya que todo el sistema de responsabilidad civil de los jueces no podría aplicarse y la cosa juzgada no se conocería como se obtuvo, y principios rectores como el de congruencia y de la defensa se minimizarían, por lo cual surgiría un caos social” (vid. sentencia del 24 de marzo de 2000, caso: J.G.D.M.U. y otro). Es por ello, que surge una exigencia para que los jueces expongan o expliquen con suficiente claridad, las razones o motivos que sirven de sustento a la decisión judicial, y que no pueden ser obviadas en ningún caso, por cuanto constituyen para las partes garantía de que se ha decidido con sujeción a la verdad procesal, la cual en el proceso penal debe acercarse a la “verdad de los hechos”, como lo dispone el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. Esa obligación del Juez de tomar en cuenta todo lo alegado y probado en autos y de analizar el contenido de los alegatos de las partes así como de las pruebas, para explicar, en consecuencia, las razones por las cuales las aprecia o desestima, se materializa a través de una sentencia, o bien de un auto, y así el Estado Venezolano cumple con su labor de impartir justicia, en la resolución de conflictos jurídicos. Así las cosas, esa exigencia del Juez de motivar la sentencia, que está plasmada igualmente en los distintos sistemas procesales venezolanos, no es una garantía para una sola de las partes, sino que le corresponde a todas las partes involucradas en el proceso, correspondiéndole entonces tanto al imputado, a la víctima y al Ministerio Público, que tiene la misma posición, delineada por la objetividad en los términos planteados en el artículo 281 del Código Orgánico Procesal Penal, de sujeto agente y no exactamente de tercero de buena fe, en razón de que ejercita la acción penal en interés del Estado. Razón por la cual, el imputado tiene derecho de conocer los motivos por los cuales fue absuelto o condenado, al igual que la víctima y el Ministerio Público y, por ello, no puede entenderse que la motivación es una garantía establecida sólo a favor del imputado….” (Sentencia de fecha 12 de agosto de 2002 con ponencia del Magistrado Antonio García García. Exp. Nro. 02-0504)

También el recurrente interpone su recurso de Apelación denunciando la violación de la Ley por inobservancia del Artículo 452 Ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal.

Observa esta Alzada, que el exceso en la decisión se hace patente al revisar el numeral tercero de la parte dispositiva de la sentencia, mediante la cual se ordena a la Alcaldía del Municipio Achaguas del Estado Apure, realizar determinados actos administrativos en procura de la ejecución de una obra por parte de una empresa contratista, la cual desde la óptica de la más pura y primaria de las lógicas, escapa del ámbito jurisdiccional de un Juez Penal, además de constituirse en un exceso de la sentencia puesto que, conforme a las previsiones del artículo 362 del Código Orgánico Procesal Penal, los jueces en conjunto se pronunciaron sobre la culpabilidad o inculpabilidad del acusado. Por ésta razón, conocido que el hecho presuntamente delictivo atribuido por el Ministerio Público al ciudadano E.J.G.F., fue uno solo, debidamente determinado o individualizado, se estima ilógico pensar que en la definitiva se le haya declarado no culpable y a la vez se le condene, lo que hace presumir una contradicción cierta, tal como quedó plasmado en el citado numeral 2° del dispositivo del fallo.

De lo expuesto, emergen las razones suficientes para declarar con lugar el recurso intentado por la Fiscal del Ministerio Público, que denunció como afectada de inmotivación, y por la indeterminación en forma precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, la decisión en estudio, además de excesiva al ordenar, dentro del ámbito administrativo a la Alcaldía del Municipio Achaguas del Estado Apure, la realización de diligencias ciertas en procura de la construcción de obras propias y que escapan de la competencia del Tribunal sentenciador, agregando que este punto de la dispositiva no fue alegado, solicitado o pedido por alguna de las partes. Se observa así la aplicación errónea de las previsiones legales que facultan al Juez de Juicio para emitir sentencia en los casos sometidos a su consideración, evidentes del artículo 341 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece:

Artículo 341. Dirección y Disciplina. El Juez Presidente dirigirá el debate, ordenará la práctica de las pruebas, exigirá el cumplimiento de las solemnidades que correspondan, moderará la discusión y resolverá los incidentes y demás solicitudes de las partes (subrayado nuestro). Impedirá que las alegaciones se desvíen hacia aspectos inadmisibles o impertinentes, pero sin coartar el ejercicio de la acusación ni el derecho a la defensa…

Lo que hace concluir a estos juzgadores que la presente sentencia recurrida no se encuentra debidamente motivada, existiendo violación constitucional con respecto de la primera denuncia planteada por el apelante.

Dadas las consideraciones anteriores, la Sala estima que la razón asiste al recurrente en defensa de la Alcaldía del Municipio Achaguas Estado Apure, por lo que la consecuencia inmediata de la declaratoria con lugar de este motivo, da lugar a que se anule la sentencia dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal del Estado Apure, y se ordene la celebración de un nuevo Juicio ante un Tribunal distinto con prescindencia del motivo que originó su nulidad. Así se decide.

IV

DISPOSITIVA

En fuerza de los anteriores razonamientos, esta Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Profesional del Derecho LILIA EVELEXY J.V., en su condición de Fiscal Décima del Ministerio Público con Competencia en las Materias de Drogas, Salvaguarda, Bancos, Seguros y Mercados de Capitales de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, contra la sentencia publicada en fecha 25-03-2008, por el Tribunal Mixto Primero en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en la causa N° 1M 380-07.

Se ANULA, la referida decisión, por inmotivación de la sentencia, dado que la Juez llegó a una conclusión sin que expresara su análisis, razón por la que la denuncia invocada por el recurrente con fundamento del Artículo 452 numeral 2° del Código Orgánico Procesal Penal se declaró con lugar. Todo ello conforme a los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, y en consecuencia se ORDENA la celebración de un nuevo Juicio ante un Juez distinto al que se pronunció, con prescindencia del motivo que originó su nulidad. ASI SE DECIDE.

Publíquese, regístrese y diarícese la presente decisión en los libros que al efecto lleva este Órgano Colegiado. Remítase la presente causa al Tribunal de origen en su debida oportunidad.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, a los Siete (07) días del mes de J. deD.M.O. (2008). 198° años de la Independencia y 149° años de la Federación.

LA JUEZ PRESIDENTE (T)

WILMER ARANGUREN TOVAR

PONENTE

ALBERTO TORREALBA L.A.S. SOLORZANO

JUEZ SUPERIOR JUEZA SUPERIOR

LA SECRETARIA

ABG. K.S.

En esta misma fecha, se dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia que antecede.

LA SECRETARIA

ABG. K.S.

CAUSA N° 1As-1570-08

WAT/KS/Edith.