LA SOCIEDAD MERCANTIL TRANSPORTE Y SERVICIOS PETROLEROS COMPAÑÍA ANÓNIMA (TRANSPECA) CONTRA LA EMPRESA MERCANTIL GYRODATA DE VENEZUELA, S.A.,

Ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Cabimas, acudió el profesional del derecho H.A.V., actuando con el carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil TRANSPORTE Y SERVICIOS PETROLEROS COMPAÑÍA ANÓNIMA (TRANSPECA), y demandó a la Empresa Mercantil GYRODATA DE VENEZUELA, S.A., para que convenga y en su defecto sea condenada a lo siguiente: En la resolución del contrato de arrendamiento que por tiempo indeterminado hasta la fecha de introducción de la demanda tiene pactada; que la parte demandada convenga o sea obligada a que le entregue sin plazo alguno, el bien mueble objeto de dicha relación jurídica arrendaticia, todo en las perfectas condiciones en que lo recibió para el inicio de la relación jurídica.

Estimó la demanda resolutoria judicial principal en la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (146.000,OO $) o en su equivalente de UN MIL SEISCIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.600,oo) por cada dólar, es decir, la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 233.600.000,oo). Igualmente estimó la acción acumulada de dalos y perjuicios en la cantidad de CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (121.200,oo $), o su equivalente en bolívares de CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 193.920.000,oo), a razón de UN MIL SEISCIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.600,oo) por cada dólar.

Asimismo, la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (267.200 $) lo cual equivale a CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 427.520.000,oo), a razón de UN MIL SEISCIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.600,oo) por cada dólar.

A dicha demanda, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Cabimas, le dio entrada en fecha 28 de agosto de 2003. Emplazándose a la parte demandada para que comparezca al segundo día hábil siguiente más ocho días que le concedió como termino de distancia, transcurridos después de que conste en actas la citación, para dar contestación a la demanda.

En fecha 17 de octubre de 2010, el abogado H.A.V., apoderado actor, de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo310 eiusdem, solicitó al Tribunal a quo, se sirva revocar por contrario imperio el auto de admisión de la demanda de fecha 28 de agosto de 2003, ya que “…a esta causa se le pretende aplicar el procedimiento breve contemplado en e articulo 881 del referido Código de Procedimiento Civil, por mandato del artículo 33 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario,…”.

Mediante auto de fecha 21 de octubre de 2003, el Juzgado del conocimiento de la causa, reforma el auto de admisión de la demanda y emplazó a la parte demandada para que comparezca ante el Tribunal, dentro del término de 20 días más 8 como termino de distancia, transcurridos luego de que conste en actas la citación, a los fines de dar contestación a la demanda incoada en su contra.

En escrito presentado en fecha 08 de marzo de 2004, los abogados H.E.P.V. y O.Q.D.P., apoderados judiciales de la parte demandada, dieron contestación a la demanda, admitiendo como ciertas algunas afirmaciones del libelo, e igualmente, negando y contradiciendo otros hechos, así como el derecho invocado en la pretensión.

En diligencia de fecha 25 de marzo de 2004, los abogados H.A.V. y H.E.P.V., apoderados de la parte demandante y demandada, respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, acordaron suspender de común acuerdo el curso de la presente causa por un lapso de 15 días de despacho.

Nuevamente, en diligencia de fecha 03 de mayo de 2004, los abogados H.A.V. y O.Q.D.P., apoderados de la parte demandante y demandada, respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, acordaron suspender de común acuerdo el curso de la presente causa por un lapso de 15 días de despacho. Iguales pedimentos lo formularon mediante diligencias de fechas 01 de junio de 2004, 01 de julio de 2004, 27 de julio de 2004 y 24 de agosto de 2004. En ese sentido, el a quo mediante auto de fecha 25 de agosto de 2004, visto el pedimento de fecha 24 de agosto de 2004, acordó suspender el curso de la causa, conforme lo solicitado.

En diligencia de fecha 20 de septiembre de 2004, los abogados H.A.V. y O.Q.D.P., con el carácter ya indicado, acordaron nuevamente suspender de común acuerdo el curso de la presente causa, por un lapso de 10 días de despacho y, el a quo, por auto de fecha 22 de septiembre de 2004, la suspendió conforme lo solicitado.

Llegada la oportunidad de pruebas, las partes presentaron sus respectivos escritos. El Tribunal mediante auto de fecha 25 de octubre de 2004, las admitió cuanto ha lugar en derecho salvo su apreciación en la definitiva, resultando evacuadas.

En fecha 30 de marzo de 2005, los abogados H.E.P.V. y O.Q.D.P., apoderados judiciales de la parte demandada, presentaron escrito de informes.

En fecha 07 de mayo de 2008, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, dicta sentencia declarando sin lugar la demanda.

Dicha decisión le fue adversa a la parte demandante, por lo que en fecha 28 de julio de 2009, ejerce el derecho subjetivo procesal de apelación, la cual fue oída en ambos efectos. Remitiéndose el expediente a este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Cabimas, quien en fecha 09 de agosto de 2010, le dio entrada.

Llegada la oportunidad de informes, las partes presentaron sus respectivos escritos. Sólo la parte demandante presentó observaciones.

Con estos antecedentes históricos del asunto, y siendo hoy el quincuagésimo primer día del lapso establecido en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal Superior procede a dictar su fallo y para ello hace las siguientes consideraciones:

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

1. Motivos de la pretensión del actor:

   Expone la parte actora en su libelo de demanda, lo siguiente:

   … Mi representada la empresa TRANSPORTE Y SERVICIOS PETROLEROS COMPAÑÍA ANÓNIMA (TRANSPECA), anteriormente identificada, dio en calidad de arrendamiento o alquiler a la empresa Mercantil GYRODATA DE VENEZUELA, S.A., un bien mueble caracterizado por una herramienta o válvula de cierre de fondo 0- 300° f y 0 – 10000 PSI; Marca: ZIP PROBES; Serial: 30020348, para ser utilizada por dicha arrendataria en el pozo LL-669, propiedad e la empresa PDVSA Sociedad Anónima, ubicado en el Lago de Maracaibo en la zona de Lagunillas del estado Zulia, todo ello por un periodo inicial de Ocho (8) días continuos a razón de un canon de arrendamiento diario de CUATROCIENTOS DOLARES ($ 400) de los Estados Unidos de Norteamérica, los cuales debieron ser cancelados de contado. Debo señalarle Ciudadano Juez, que dicha relación jurídica arrendaticia tuvo su inicio el 23 de septiembre del año 2.002, y se había previsto su expiración para la fecha 30 de septiembre de ese mismo año, es decir, se trataba de un contrato de arrendamiento de un bien mueble por naturaleza por un lapso de Ocho (8) días continuos. Pero es el caso Ciudadano Juez, que llegado el termino de finalización de dicho contrato o relación jurídica, es decir, llegado el 30 de septiembre del 2.002, la empresa arrendataria, GYRODATA DE VENEZUELA S,A, se mantuvo en el goce y uso pacifico de la cosa arrendada; es decir, mantuvo la posesión sobre la misma sin que mi representada le hubiese hecho oposición alguna sobre el mantenimiento de dicho goce y disfrute, y sin que dicha arrendataria hubiese devuelto o hecho entrega a mi representada del bien arrendado de conformidad con el articulo 1594 del Código Civil, queriendo significar esto Ciudadano Juez, que ambas partes han querido que se produzca la tacita reconducción del contrato de arrendamiento al cual se ha hecho referencia y por lo tanto al configurarse dicha institución jurídica consagrada en el articulo 1.600 del Código Civil, en concordancia con el 1.614 Ejusdem, se presume que dicho contrato de arrendamiento ha sido renovado, continuando bajo las misma condicione, pero con respecto a su tiempo y duración se procederá como si se tratase de un contrato sin tiempo determinado.

   Ciudadano Juez, establece el articulo 1.600 del Código civil lo siguiente: “Si a la expiración del tiempo fijado en el arrendamiento, el arrendatario queda y se la deja en posesión de la cosa arrendada, el arrendamiento se presume renovado, y su efecto se regla por el articulo relativo a los arrendamientos hechos sin determinación de tiempo.”

   Asimismo el articulo 1.614 lo siguiente: “En los arrendamientos hechos por tiempo determinado, si el inquilino continuare ocupando la casa después de vencido el término, sin oposición del propietario, se juzga que el arrendamiento continua bajo las mismas condiciones; pero respecto al tiempo, se procederá como en los que se hacen sin tiempo determinado.”

   Obsérvese Ciudadano Juez, que en el caso sub-judice, se dan todas las condiciones que doctrinalmente y jurisprudencialmente se han señalado para que haya operado la renovación tacita contractual del contrato de arrendamiento que por tiempo determinado o fijo acordó mi representada con la empresa GYRODATA DE VENEZUELA S.A. Así tendremos que el autor G.C. en su obra Casos Prácticos Inquilinarios Caracas-Venezuela, al tratar la institución jurídica de la tacita reconducción señala en las paginas 150 y 151 lo siguiente: “Varias son las condiciones, ya dijimos grosso moro, para que opere esta renovación tacita contractual: a.- Que se trate de un contrato escrito y a termino fijo… b.- Que la expiración del termino fijo, el locatario quede y se le deje en posesión de la cosa arrendada y c.- Que no hay habido desahucio. También es oportuno citar los requisitos para que se produzca la tacita reconducción que enuncia el conspicuo autor G.G.Q. en su Obra titulada Tratado de Derecho Arrendaticio Inmobiliario, Caracas 2.003, paginas 300 y siguientes, el cual expresa que dichos requisitos para que tenga lugar la tacita reconducción no son otros que: a) Existencia del contrato escriturado a plazo fijo. B) conclusión de la prorroga legal por el solo vencimiento del termino fijado en el articulo 38 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario ( En el presente caso este requisito no es indispensable por tratarse de un bien mueble que no se rige por dicha Ley), c) Ocupación del Arrendatario sin oposición del arrendador, d) Que en el contrato no exista expresa estipulación que permita u autorice la prorroga automática alguna del contrato en cuestión ) y e) capacidad para contratar (También se cumple en el caso subjudice no merece mayor comentario. En el presente caso, Ciudadano Juez, indudablemente que se dan esas condiciones, ya que la primera referida a que se trate de un contrato fijo y por escrito, la relación jurídica arrendaticia pactada por mí representada y la empresa GYRODATA DE VENEZUELA, S.A., sobre el bien ya descrito, se evidencia mediante instrumento (Nota de entrega N° 52), debidamente suscrita por dicha empresa a través de un empleado de la misma de nombre J.M., quien estampo su correspondiente firma en el mismo, y el sello de dicha empresa, y quien cumplía ordenes o las funciones que su patronal le había encomendado. Se evidencia en dicho instrumento la naturaleza jurídica del negocio pactado (contrato de arrendamiento de bien mueble) y asimismo su fecha de iniciación, como también evidenciándose la fecha de finalización de dicho contrato, todo según factura N° 1.063 debidamente recibida por la empresa GYRODATA DE VENEZUELA S.A, a través de empleado de la misma y haberse estampado el correspondiente sello de la empresa, demostrándose con dicho instrumento el termino fijo que se había establecido para que dicha relación jurídica arrendaticia expirara, cual era para el 30 de septiembre del 2.002. Acompaño marcado con la letra “B” la nota de entrega N° 52 y marcado con la letra “C” la factura N° 1.063, instrumentos estos a los cuales se ha hecho referencia. El segundo requisito señalado por el autor G.C. en su obra ya mencionada y el cual identifica el otro autor G.G.Q. en la letra “C”, será demostrado en la oportunidad procesal pertinente y el cual esta referido a que la arrendataria quedo y se le dejo en posesión de la cosa arrendada, una vez llegado el 30 de septiembre del 2.002, el cual era el termino fijado para la expiración del contrato y el tercer requisito referente a la falta de desahucio, también será demostrado en la oportunidad procesal pertinente, y en todo caso si ha habido desahucio, la parte demandada deberá producir dicha prueba. Ciudadano Juez, a los fines de comprobar los requisitos o condiciones señaladas en los numerales 2 y 3 referidos a la procedencia de la tacita reconducción contractual, mi representada en la oportunidad probatoria pertinente producirá instrumento emanado de la parte demandada, con lo cual se demuestra que ella ha mantenido la posesión y goce pacifico de la cosa arrendada y por supuesto no ha habido desahucio por parte de mí representada.

   Ciudadano Juez, establece el articulo 1.585 del Código Civil lo siguiente: “el arrendador esta obligado por la naturaleza del contrato y sin necesidad de convención especial: 1.- A entregar al arrendatario la cosa arrendada…… 3.- A mantener al arrendatario en el goce pacifico de la cosa arrendada, durante el tiempo del contrato”. Asimismo establece el articulo 1.592 de referido Código Civil lo siguiente: “El arrendatario tiene dos obligaciones principales: 2.- Debe pagar la pensión de arrendamiento en lo términos convenidos.” También establece el articulo 1167 del Código Civil: En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos caso si hubiera lugar a ello.

   Es bueno recalcarle Ciudadano Juez, que en el presente caso existe un conflicto de interés con relación a un contrato de arrendamiento por tiempo indeterminado, debido a la tacita reconducción contractual ya señalada, tratándose de dicho contrato de arrendamiento de un Contrato bilateral, por lo tanto esta sujeto a las previsiones que establece el articulo 1.167 del Código Civil, norma sustantiva esta que prevé el ejercicio de las acciones de cumplimiento contractual o de la resolución contractual de un contrato bilateral, con interposición también de los daños y perjuicios a que hubiere lugar.

   Ahora bien, Ciudadano Juez, es el caso que la arrendataria de mi representada la empresa mercantil GYRODATA DE VENEZUELA, S.A, hasta la fecha de introducción del presente Libelo de Demanda, es decir, hasta el día 30 de julio del presente año 2.003, y en virtud a la tacita Reconducción Contractual del Contrato de Arrendamiento al cual he hecho referencia, ha dado incumplimiento a la obligación tanto contractual como legal de cancelarle a mi representada los canones o pensiones de arrendamiento diario que se había estipulado entre ambas partes en dicho contrato, por un monto de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (400,oo $) por cada día de uso y disfrute de la cosa arrendada por parte de dicha arrendataria, lo cual quiere significar que la misma la adeuda a mi representada las pensiones de arrendamiento de los días contados desde el 01-10-2002 hast la fecha de introducción del presente Libelo de Demanda, es decir, hasta el 30 de julio del 2003, los cuales equivalen a 303 días de canon de arrendamiento vencido e insolutos a razón de 400$ devengados por cada día de alquiler. Ciudadano Juez, todo esto se traduce en un incumplimiento culposo por parte de la arrendataria la empresa GYRODATA DE VENEZUELA, S.A, al no cumplir con la obligación primordial, contractual y legal, que estableció con mi representada, de pagarle diariamente la cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (400,oo $), por concepto de canones de arrendamiento, este hecho lo podemos subsumir en el articulo 1.264 y 1.592 del Código Civil Vigente, razón por la cual me veo en la imperiosa necesidad de recurrir ante usted por ser el funcionario jurisdiccional competente tanto por la materia, la cuantía y el territorio para pedirle en nombre de mi representada la empresa TRANSPECA, y con fundamento a las normas jurídicas ya citadas y muy fundamentalmente sobre la base de el articulo 1.167 del Código Civil Vigente, la Resolución Judicial del Contrato de arrendamiento que por tiempo indeterminado hasta los actuales momentos tiene en vigencia mi representada con la empresa mercantil GYRODATA DE VENEZUELA, S.A, (DATOS DE LA EMPRESA), empresa esta originalmente constituida por ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 06 de Enero del año 2.000, quedando registrada bajo el N° 15, Tomo 381-A-5to, y domiciliada en la Ciudad de Caracas, Capital de la Republica Bolivariana de Venezuela. …

2. Argumentos de la defensa de la parte demandada:

   Entre los razonamientos expresados por la demandada como argumentos de su defensa, se tienen:

   “…Negamos y contradecimos todos y cada uno de los hechos y el derecho alegado en el libelo de demanda, salvo lo expresamente admitidos en esta escrito, con las salvedades y precisiones seguidamente expresadas.

   En nombre de nuestra representada, GYRODATA DE VENZUELA, S.A., señalamos respetuosamente a este Tribunal que es cierto que en fecha 23 de septiembre de 2002 se solicitó una cotización de una válvula de cierre de fondo a la empresa Transpeca. Como consecuencia de tal cotización Transpeca le ofreció en arrendamiento una herramienta a razón de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 400,00) diarios, por ocho días, según consta de la nota de entrega #52. Tal cantidad fue totalmente pagada.

   (…omisis…)

   El 22 de noviembre de 2002, en reunión sostenida en las oficinas de Gyrodata de Venezuela, S.A. con el ciudadano S.N. (representante de la demandante) se acordó pagar a la empresa Transpeca los ochos (8) días de canon acordados como precio de la renta, por un monto total equivalente en bolívares de tres mil doscientos dólares de los Estado Unidos de América (US$ 3.200,00) a la tasa de cambio oficial vigente para ese momento, calculada en mil trescientos setenta y nueve bolívares con noventa céntimos (Bs. 1.379,90), arrojó la cifra de cuatro millones setecientos cincuenta y ocho mil sesenta y nueve bolívares (Bs. 4.758.069,00), lo cual se verificó mediante la entrega del cheque # 68412516 del Banco Mercantil, por esa misma cantidad; asimismo se conversó con el ciudadano S.N., que a la fecha no se había podido recuperar la herramienta, por razones de fuerza mayor, pero que sin embargo se estaba haciendo lo más que se podía hacer para solventar esta situación, a lo cual el ciudadano S.N., respondió que se le pagaran los ocho 8 días de arrendamiento acordados y que entendía y daba conocimiento de la situación, lo cual desmiente totalmente la situación alegada en el libelo de demanda. Otro hecho importante, completamente omitido en el libelo de demanda, fue el Sr. P.M., empleado de la demandante, llamo vía telefónica al representante de ventas de Gyrodata de Venezuela, s. a. Sr. J.M., en varias oportunidades, en el período comprendido entre los meses de octubre a diciembre del año 2002, para expresamente preguntar si se había recuperado la herramienta del pozo de Pdvsa.

   (…omisis…)

   Quisiera hacer notar ciudadano Juez, que nuestra mandante ha tenido una conducta responsable frente a Transpeca, como en su oportunidad probaremos, pues a pesar que la imposibilidad de devolución de la herramienta no está ni estuvo nunca en manos nuestras; se trató de iniciar gestiones con Pdvsa para la obtención de un pago por equivalente de la herramienta perdida (por causas ajenas a nuestra voluntad), pues en casos como estos Pdvsa normalmente repone el valor de las herramientas puestas a su servicio en sus pozos petroleros, lo cual es totalmente normal y de lo cual se dio cuenta a Transpeca. En tal razón, se solicitó a los ciudadanos Sr. S.N. y su representante legal Dr. H.A., los documentos originales de importación de la válvula (herramienta arrendada), como se dijo, a los efectos de recobro del valor de la herramienta con PDVSA, quienes respondieron parcialmente a la solicitud de nuestra mandante, haciendo entrega en el mes de noviembre de 2002, de una copia simple de la factura de la herramienta, que consignamos constante de un (1) folio útil, marcada con la letra “B” a este escrito de contestación, lo demuestra, sin lugar a dudas, que los representantes de Transpeca estaban al tanto de la situación y que aceptaron como lo normal en este caso que se les repusiera el valor de la herramienta. Sin embargo y tal como se les informó en su momento, hacía falta también los documentos de nacionalización de la herramienta, pues así lo exige Pdvsa, lo cual no cumplieron ni han cumplido a la fecha. Con esta conducta han impedido que Pdvsa reponga el valor de la herramienta, pues es política de Pdvsa, que solo repone piezas que hayan entrado legalmente al país y que tengan su documentación en orden. Curiosamente, en lugar de intentar conjuntamente la recuperación del valor de la pieza o, en caso de no querer mostrar documentación alguna, al menos intentar demandar de nuestra representada el valor de la pieza o herramienta, Transpeca prefiere demandar un derecho abusivo, que legalmente no le corresponde; nos referimos a la supuesta “tácita reconducción” que se pretende, sobre lo cual ya hablaremos en el capítulo correspondiente al derecho.

   (…omisis…)

   Respecto al tema de la falta de devolución de la herramienta, tenemos lo siguiente: sabe y le consta a la demandante que la herramienta yace en el fondo de un pozo petrolero propiedad de PDVSA, como probaremos en su oportunidad. Como antes dijimos, la falta de la devolución está fuera de las manos de nuestra representada Gyrodata de Venezuela S.A., y es por tanto un hecho que no le es imputable por ser caso fortuito o de fuerza mayor.

   En todo caso, el segundo punto del petitorio, planteado tal como está, tampoco puede prosperar. En efecto, la demandante solicita que, como consecuencia de la resolución demandada, se le haga entrega inmediatamente del bien dado en arrendamiento, sin advertir que mal pudiera algún tribunal ordenar la devolución “sin plazo alguno” del objeto del arrendamiento, como consecuencia de la resolución del contrato, ANTES de que el tribunal se pronuncie sobre la resolución solicitada y su consecuencia y quede definitivamente firme tal pronunciamiento. Es decir, no cae en cuenta la demandante de la contradicción de su planteamiento, ya que por un lado está pidiendo la resolución del contrato (por tanto, de ser declarada tal resolución se ordene la devolución del bien arrendado), y por otro lado pide que se le devuelva el bien (antes de que se declare si procede o no la resolución planteada). La demandante no requiere la devolución del bien dado en arrendamiento como consecuencia de la finalización pura y simple del término contractual, debido a que decidió malamente transitar el absurdo camino de la tácita reconducción de un contrato de arrendamiento sobre un bien mueble. Dicho de manera más clara, la demandante no solicita del Tribunal el derecho al que eventualmente pudiera tener razón de solicitar la devolución del bien mueble dado en arrendamiento, porque prefirió hacer uso abusivo de una interpretación ilegal y retorcida de la cual pretende sacar provecho. Sin embargo y dejando bien en claro que la demandante no demandó la devolución del bien dado en arrendamiento como consecuencia del hecho de la terminación del contrato, queremos dejar en claro que no lo hizo debido a que sabe y le consta que la causa de la no devolución no le es imputable a nuestra representada. Lo sabe sobradamente. De hecho y tal como relatamos en el primer capítulo de la contestación de la demanda, Transpeca sabe y le consta que la herramienta no pudo ser devuelta debido a problemas en el pozo de Pdvsa; esta circunstancia, la del conocimiento y la de la imposibilidad de devolver, la probaremos debidamente en su oportunidad. …”

3. Motivos de la sentencia recurrida:

   Se fundamenta el fallo sometido en apelación en los siguientes motivos de hecho y de derecho:

   “…Planteados los hechos por las partes en la forma como fueron narrados, y determinados los elementos probatorios con los razonamientos de los cuales se deja constancia; considera esta juzgadoras, conveniente, a los fines de apoyar su dictamen producto del análisis obtenido de sopesar y comparar los distintos elementos de pruebas de las partes; trae a las actas, el reiterado criterio jurídico mantenido por nuestro Tribunal Supremo de Justicia, reflejado una vez más, en decisiones de las distintas Salas, siendo una de ellas, la proferida por la Sala de casación civil, en fecha 27 de Marzo de 2006, con ponencia de la Magistrado Dra. Isbelia P.d.C., en el juicio seguido por C.P.R. v.s. Lácteos Los Andes .C.A., Exp-0655 Sentencia No. 0217, que en su parte más importante dice:

   “…La Sala nuevamente reitera que los Jueces disponen de la facultad de presentar la cuestión de derecho en forma distinta a como fue ofrecida por las partes, no sólo cambiando las calificaciones que éstas les hayan brindado, sino incluso agregando apreciaciones o argumentos legales que son productos de su enfoque jurídico, lo cual en modo alguno puede considerarse como incongruencia del fallo, sino por al contrario, como la aplicación de los hechos establecidos en la causa del derecho que supone conocido, de conformidad con el principio “iura novit curia”…”.

   Así tenemos, que las partes están de acuerdo en que: entre ambas empresas, se formalizó un contrato de arrendamiento, sobre una herramienta denominada válvula de cierre de fondo, con serial número 30020348, (serial determinado en los instrumentos marcados “B” y “C”, acompañados con el libelo de demanda e invocados y aceptados como elementos de pruebas por las partes a su favor, respectivamente, conforme al principio de la comunidad de la prueba)

   Que el canon de arrendamiento fue estipulado en la suma d CUATROCIENTOS DOLARES ($ 400) de los estados Unidos de Norteamérica, diarios, que debieron ser cancelados de contado.

   Que la relación jurídica arrendaticia se inició el 23 de Septiembre de 2002, y se había previsto su expiración, el 30 de Septiembre de 2002, es decir se trataba de un contrato de arrendamiento de un bien mueble por naturaleza por un lapso de ocho (8) días continuos. Que para la fecha 22 de Noviembre de 2.002, fueron cancelados los ocho días de canon de arrendamiento, por un monto total equivalente en bolívares de 3.200,oo Dólares de los estado Unidos de Norteamérica, a la tasa de cambio vigente para esa fecha, calculada en Bs. 1.3.179,90; lo que totaliza la suma de Bs. 4.758.069,00, lo que se alegó fue cancelado con Cheque No. 68412516 del Banco Mercantil, sin contradicción por la parte demandante.

   Difiere la parte demandada que el contrato se haya extendido por tiempo indeterminado; en el cobro de daños y perjuicios, y cánones de arrendamientos que a parte de los cancelados, dice la actora se le adeuda como insolutos.

   Está demostrado en autos, y así fue aceptado por la parte demandante, como bien se refleja en la comunicación de fecha primero de Junio de 2004, dirigida por el apoderado actor, a lo representantes judiciales da la parte demandada, cuyo mérito probatorio fue invocado, y así fue discernido en actas, que la herramienta o válvula de cierre de pozo, fue perdida en virtud de los hechos traídos a las actas, y no contradicho por la actora; por lo que es determinante, que para este no es aplicable la normativa legal a que se refiere el artículo . 1.167 del Código Civil, cuyo contenido fue trascrito en actas.

   Se constata de las actas, que la parte demandada no tuvo después de la pérdida de la herramienta, el uso, goce y disfrute de la cosa arrendada, como así lo dice la actora en su libelo, sin traer a las actas ningún medio probatorio que avale su afirmación; máxime que para los días 2 y 3 de Octubre de 2002 se intentó nuevamente recuperar la herramienta sin éxito, lo que fue invocado a su favor por la demandada; lo que no fue contradicho ni enervado en ninguna forma por la parte demandante; por loa que a juicio de esta Juzgadora, es aplicable el contenido del artículo 1.588 del Código civil vigente, que dice:

   Si durante el arrendamiento perece totalmente la cosa arrendada, queda resuelto al contrato. Si se destruye solo en parte, el arrendatario puede, según las circunstancias, pedir la resolución del contrato o disminución del precio. En ninguno de los dos casos, se debe indemnización si la cosa ha perecido por caso fortuito.

   Ahora bien, resuelto el contrato de acuerdo a lo señalado, la pretensión del accionante, a juicio de esta Juzgadora, debe examinarse, en cuanto al resarcimiento de los daños y perjuicios y lucro cesante que reclama, y en este sentido, se observa, que en el libelo de demanda no se señalan cuales fueron esos daños y perjuicios, ni se determina lucro cesante alguno, su naturaleza, ni su estimación; dado que se demostró la existencia del contrato, al pretender la actora un posible resarcimiento de daños y perjuicios y lucro cesante, se originaba para ella, la obligación de probar la existencia del hecho generador y la cuantificación del daño, como lo exigen los artículos 1.167, 1.273, 1.274 y 1.275 del Código Civil, que por lo general, subsumen tanto los requisitos de forma de la demanda, la determinación clara, no ambigua de la pretensión de la demanda, que en este caso corresponde a un bien mueble; lo que debe ser concatenado con la relación de cada uno de los hechos y argumentos de derecho, que deben ser contenidos en el libelo de demanda en forma clara y coherente; a los fines de que la Juzgadora además de la relación jurídica, queda deducir cualquier otra que sean comunes o no entre las partes, todo en obsequio al derecho de defensa de las partes.

   Además de ello, se debe considerar en el caso de autos, que resuelto el contrato por la aplicación del propio contenido del artículo 1588 del Código Sustantivo, y atendiendo al caso que la herramienta ha perecido por caso fortuito, que no ha podido preverse o evitado y que puede considerarse de fuerza mayor, no da lugar a indemnización. Así se declara.

   En el caso de marras, la parte demandada, en su escrito de Informes, consignado en tiempo hábil, además de argumentar sobre lo que considera hechos pertinentes en cuanto a los elementos probatorios consignados en autos, trae a las actas, una serie de denuncias, hechos, alegaciones que bien pudiera haber formalizado en su contestación, señalando como punto Preliminar, Fraude y Evasión Fiscal, luego de un recuento pormenorizado de los hechos que se sucedieron al requerir de la empresa actora, los documentos que acredite la propiedad de la herramienta perdida, de así lo hace constar en sus Informes, que “la herramienta o válvula de cierre de fondo arrendada a nuestra representada tiene como serial: 30020348, (ver nota de entrega acompañada con el libelo de la demanda marcada “B”); y la adquirida por la empresa TRANSPORTE Y SERVICIOS OCCIDENTE C.A., que le vendió la empresa OCCIDENTE WIRE LINE SERVICIOS C.A., corresponde a u serial distinto:; 30020346; y a su vez adquirida por esta última empresa OCCIDENTE WIRE LINE SERVICIOS C.A., TIENE EL SERIAL 30020351, distinto a los dos anteriores… Mas adelante dice que la herramienta o válvula de cierre de fondo arrendada no entró legalmente, no se nacionalizó con los derechos correspondientes… que entró de contrabando con fraude al Fisco Nacional, y solicita se oficie al Seniat, PDVSA, al Procurador general de la Nación, al Fiscal general de la República y al Fiscal Superior de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

   Dentro del principio de la exhaustividad del fallo, y en consideración a la Jurisprudencia reiterada que señala “la obligación de los Jueces a pronunciarse sobre los alegatos formulados por las partes en los Informes; y que ha sido el criterio imperante en la doctrina de la Sala de Casación Civil, que aquellos alegatos de corte esencial y determinante deben ser analizados por el sentenciador, a los fines de cumplir con el principio de exhaustividad de la sentencia que constriñe al juez a pronuciarse sobre todo lo alegado y solamente sobre lo alegado, so pena de incurrir en la infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil.

   El mismo fallo anterior señala que “el sentenciador está obligado a revisar todas las peticiones hechas por las partes en los informes, relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa u otras similares, pues con ello ha querido darle justa dimensión a tal acto procesal, sin llegar a descalificarlo. En conclusión, cuando en los escritos de informes se formulen peticiones, alegatos o defensas que aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso como serían los relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa u otros similares, si debe el sentenciador pronunciarse expresamente sobre los mismos en la decisión que dicte, so pena de incurrir en el vicio de incongruencia negativa…”.

   Y aún cuando se considera que las denuncias y peticiones formuladas por la demandada en sus Informes, no entraña confesión alguna, ni pueden tener influencia decisiva en el fallo que debe dictarse; considera pertinente esta Juzgadora pronunciarse sobre ello: y a su juicio, resulta ilógico y poco común, que la empresa demandada haya contratado con la empresa actora, sin requerir la correcta identificación de la herramienta, su procedencia, y demás requisitos necesarios para una convención de esa naturaleza; máxime si la misma surtiría efectos, ante la Empresa PDVSA; y se considera que no habiéndose demostrado en forma por demás fehaciente el hecho punible que atribuye la empresa demandada a la demandante, en cuanto a la forma que obtuvo esa herramientas; y de la misma manera se puede atribuir a la denunciante, responsabilidad en cuanto al silencio de los hechos, inclusive los que atañen al Seniat, para luego explanarlos en la etapa de Informes con la que se culmina la sustanciación del proceso: y en relación a ello, con considera pertinente esta Juzgadora, informar a los antes mencionados, por una situación planteada que no está demostrada, en ninguna fase del proceso, sino que bien puede considerarse como una pretensión iuris tantum; y que bien puede afectar el derecho de defensa de la parte demandada. Así se declara.

   Como colorario de lo anterior, se tiene que En sentencia No. 1382 de la Sala Constitucional de fecha 29 de Junio de 2007, con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haz, juicio contra L.E.M.S., Exp. 06-0789, contenida en el Tomo 6 de Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de O.P.T., correspondiente a Junio 2007, se fija criterio en el sentido de que “… A tenor del artículo 190 del Código Orgánico Procesal Penal las actos cumplidos en contradicción o inobservancia de las formas y condiciones previstas en la ley procesal, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes, tratados, convenios, y acuerdos Internacionales, no podrán ser apreciados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuesto de ella, salvo que el defecto haya sido subsanado o convalidado…”.

   En consecuencia, en razón de todo lo antes señalado, y considerando de la misma manera que el libelo de demanda adolece de una evidente imprecisión; ya que se alega una tácita reconducción que no existe; se demanda una resolución de contrato con base al artículo 1167 del Código Civil, cuando por ministerio del artículo 1588 del mismo Código, el contrato estaba resuelto por perecimiento de la cosa arrendada, hecho demostrado y aceptado por la parte demandada e inclusive produjo elemento de prueba en ese sentido; que por ese mismo hecho, la reclamación de cánones de arrendamientos vencidos, es improcedente; que los daños y perjuicios y lucro cesante, no fueron determinados ni demostrados en actas; permite concluir que al no haber claridad en relación con la pretensión deducida, y existiendo una falta absoluta de pruebas o de indicios suficientes que lleve a esta Juzgadora a considerarlos a favor de la misma actora; es lógico concluir que la presente demanda no debe prosperar en derecho, y se debe en consecuencia declarar Sin Lugar, como así se hará saber en la parte dispositiva del fallo. Así se decide. …”

4. Razonamientos esgrimidos en el escrito de informe presentado en esta alzada por la representación de la parte demandada:

   Expuso la representación de la parte demandada en su escrito de informe, presentado por ante esta Superior Instancia, lo siguiente:

   “… En este proceso dictó sentencia definitiva el Tribunal de la causa, Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial el siete de mayo de 2008. Y no fue hasta el veintiuno de julio de 2009, (o sea, después de transcurrir más de un años), cuando el apoderado actor se dio por notificado de la sentencia y pidió se notificara a la parte demandada.

   Luego el Tribunal libró boleta de notificación el 23 de julio de 2009 y el 28 de julio de 2009 el apoderado actor dice que a pesar de no haberse notificado a la parte demandada y no habiendo comenzado a transcurrir el lapso de apelación, de acuerdo a la “Apelación anticipada” de que habla la sentencia No. 1719 de la Sala Constitucional de fecha 10-11-08, apela de la decisión.

   Y el 15 de junio del presente año 2010, encontrándome en el Juzgado de la causa, llegó el apoderado actor y le pidió al Alguacil me notificara de la sentencia.

   Como usted puede observar, Ciudadano Juez, el Tribunal de la causa dictó sentencia definitiva el 7 de mayo de 2008, ordenando la notificación de las partes, transcurriendo más de un año, sin que la parte actora se diera por notificada ni tampoco impulsara la notificación de la parte demandada..

   Por lo que de conformidad con el acápite del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el presente juicio está perimido.

   En efecto, Ciudadano Juez, a partir del 7 de mayo de 2008, no se efectuó ninguna actuación en el proceso para impulsar la notificación de las partes. Y no fue hasta el 21 de julio de 2009, cuando el apoderado actor se dio por notificado de la sentencia y pidió la notificación de la parte demandada.

   Al efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 853 de fecha 5 de mayo de 2006, exp. 02-694, dijo lo siguiente:

   “Ahora bien, desde entonces y hasta el 13 de marzo de 2001, oportunidad en la que el Presidente de Puertos Internacionales S.A. (P.I.S.A.) “retiró el desistimiento” y pidió se le diera continuidad al curso de la causa, transcurrió un poco más de 17 meses, sin que se efectuara en el expediente actuación de parte alguna.

   Evidentemente que esa situación constituye el supuesto de hecho regulado en el primer aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala lo siguiente:

   Toda instancia de extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención….

   Los efectos de esa norma, son de orden público y por tanto deben ser declarados de oficio por el juez……

   El decreto de la perención, por el transcurso de más de un año sin actividad de las partes, ha sido considerado por esta Sala Constitucional como una sanción del legislador frente a la inactividad de las partes. Así en la sentencia No. 956/01 del 1 de junio, se dejó sentado lo siguiente:

   Así las cosas, aprecia esta Sala Constitucional que la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de parte en el proceso, salvo que la causa se encuentre en estado de sentencia.

   En el caso sub iudice la carga de actuación para el actor era mucho mayor, ello porque el Juzgado de Sustanciación había remitido el expediente e la Sala Político Administrativa, a los fines de que se pronunciara tanto sobre el “retiro” del desistimiento hecho por él, así como de la solicitud de perención presentada por la Gobernación del Estado Anzoátegui, actuando como parte demandada, de lo cual se deduce que el interés del accionante en nulidad debía ir dirigido a evitar la homologación del desistimiento y la declaratoria de perención, y todo cualquier acto que como la perención extinguiera el proceso; en este último caso es claro que el accionante al dejar de actuar en el expediente por casi un año y medio, luego de que el recurso de nulidad había sido admitido, era demostrativo de su falta de interés para lograr la continuación de la causa”.

   Hecho el anterior análisis, considera esta Sala que constituye entonces un acto lesivo contra la seguridad jurídica y contra el criterio vinculante de esta Sala Constitucional, el hecho de que en supuestos donde se cumpla la referida condición objetiva de transcurso de tiempo sin actuación de partes, no sea decretada la perención de la instancia”. (Acompaño fotocopia de dicha sentencia). ¬

   Mutatis mutandi, como ocurre en el presente juicio, donde la parte actora dejó transcurrir más de un año, luego de dictada la sentencia definitiva que ordenó la notificación de las partes, para darse por notificada y pidió la notificación de la parte demandada.

   (…omisis…)

   Ahora bien, en el presente caso, no puede decirse que ya en el proceso se dictó la sentencia definitiva y que no podía ocurrir la perención, porque en dicha sentencia definitiva el Tribunal de la causa ordenó la notificación de las partes, en virtud de que dicha sentencia salió fuera de término, por lo que la carga procesal de darse por notificada y de impulsar la notificación de la parte demandada, era única y exclusiva de la parte actora, la cual dejó de transcurrir más de un año sin darse por notificada e impulsar la notificación de la demandada. Por lo tanto, ha perimido y caducado la instancia, y así debe ser declarado por este Tribunal Superior, de acuerdo a la doctrina siguiente:

   Una b.S. de la Enciclopedia Jurídica Ameba sobre “Interrupción Suspensión y Purga de la Caducidad de la Instancia”, de O.I.R.C., enseña que:

   Hablando prácticamente tenemos entonces que instancia es el fenómeno jurídico procesal concretado en una petición o acto procesal ante el órgano jurisdiccional principal o incidental que va desde la deducción de la demanda o articulación de incidente hasta la notificación a las partes de la sentencia definitiva o incidental. Por ello es que caduca la instancia a partir del preciso instante en que se deduce la demanda o incidente y termina en primera instancia con la notificación de lo resuelto por el órgano jurisdiccional. La doctrina por ello bien ha dicho que las sentencias pendientes de notificación no interrumpen el término de caducidad de la instancia. Así lo enseña Podetti cuando dice: “si existe sentencia recurrible que no ha sido notificada, la instancia no ha terminado, puede abrirse otra y en consecuencia procede la caducidad”.

   Es evidentemente ostensible, Ciudadano Juez Superior, que ante la ausencia de la presencia de la parte actora de su carga procesal de impulsar la notificación de la sentencia de la Primera Instancia, el proceso está perimido con la respectiva caducidad de la Instancia, debiendo entonces este Tribunal devolver el expediente al Tribunal de la causa.

   Para caso remoto e imposible que la ostensible caducidad por falta de impulso procesa de la parte actora no sea declarada, cuya carga nació desde que el tribunal a quo ordenó en la sentencia la notificación de las partes, frente a semejante situación, in eventum, ratificamos todos y cada uno de los escritos presentados ante el Tribunal de la causa, que, finalmente dieron lugar a la declaración Sin Lugar de la demanda incoada indebidamente. …

5. Razonamientos esgrimidos en el escrito de informe presentado en esta Alzada por la representación de la parte actora:

   Argumenta en su escrito de informe la parte actora, lo siguiente:

   …en ningún momento posterior a dicha fecha la arrendataria-demandada GYRODATA DE VENEZUELA, S.A le manifesto a mi mandante por ningún medio de que la cosa arrendada había perecido, sino por el contrato, mi representada una vez expirado dicho termino inicial de duración del contrato, fue a las instalación de demandada GYRODATA DE VENEZUELA, S.A a cobrarle los cánones causados por los Ocho (8) días de alquiler de la válvula, todo eso en fecha 22 de noviembre del 2.002 y posteriormente a ese pago, fue en varias oportunidades a requerirle el pago de los otros cánones de arrendamiento causados e insolutos a partir de la expiración del término inicial; es decir, gestiono el cobro de los cánones causados a partir del 30 de septiembre del 2.002, sin que la arrendataria le hubiese manifestado posteriormente a dicha fecha y en las oportunidades de dichos cobros de que la cosa arrendada había parecido, por lo que consecuencialmente, se produjo la tacita reconducción del contrato, y es así ciudadano Juez ad quem que una vez instaurada la demandada por mi representada, es que la parte demandada a través de su apoderado judicial procedió a sostener conversaciones con mi mandante tendientes a buscarle una solución satisfactoria al juicio planteado, tanto es cierto lo aquí afirmado, que la causa por ante el tribunal ad quo se suspendió hasta en cuatro (4) oportunidades y es en esa etapa de conciliación, donde la accionada le manifiesta a mi mandante a través de mi persona, un año después de la expiración del término inicial del contrato arrendamiento, de que la cosa arrendada había parecido, por lo tanto ciudadano juez, para el momento de la interposición de su correspondiente demanda por parte de mi representada la cual fue admitida por el Tribunal ad quo en fecha 28 de agosto del 2.003, mi mandante no había sido notificado por parte de su arrendatario la empresa demandada GYRODATA DE VENEZUELA, S.A de que el bien mueble arrendado había perecido, por lo tanto no tenía conocimiento de dicho perecimiento.

   Nótese Ciudadano juez, que mi representada reclama o demanda igualmente los daños y perjuicios (lucro cesante) correspondientes, acumulando debidamente dicha acción con la acción resolutoria en su libelo de demanda, todo conforme al articulo 77 del Código de Procedimiento civil (acumulación inicial de pretensiones) los cuales las representan los cánones de arrendamientos vencidos e insolutos correspondiente a todo el mes de octubre del 2.002 hasta los cánones de arrendamiento del mes de julio del 2.003, siendo entones que mi representada es notificada por la parte demandada del perecimiento de la cosa arrendada un (1) año después del 30 de septiembre del 2.002, fecha esa prevista para la expiración del termino inicial pactado según el contrato de arrendamiento del bien mueble plenamente identificado en actas.

   Ciudadano Juez, en cuanto a la norma sustantiva de0l articulo 1.588 del Código Civil la cual establece el supuesto de hecho del perecimiento de la cosa arrendada, lo cual trae como consecuencia que quede resuelto el contrato de arrendamiento, sobre esta disposición sustantiva cuya aplicabilidad pretende la parte accionada para que sea declarado disuelto el contrato de arrendamiento en cuestión y por lo tanto improcedente de la tacita reconducción; de la acción resolutoria y la de daños y perjuicios interpue4stas por mi representada, es oportuno hacerle las siguientes consideraron.

   Si bien es cierto que mi representada según correspondencia que consta en actas, tuvo conocimiento del perecimiento de la cosa arrendada, ella obtuvo dicho conocimiento durante las actividades conciliatorias que ambas partes estaban realizando durante la sustanciación del juicio por ante el tribunal ad quo, y actos conciliatorios que derivaron que se suspendiera la causa en varias oportunidades, lo cual significa, que según se desprende o se comprueba de las actas procesales que conforman el presente expediente, dichos actos conciliatorios o mejor dicho las fecha en que se llevaron a cabo los mismos y que derivaron la suspensión del proceso, se produjeron un (1) año después del 30 de septiembre del 2002, fecha de la expiración del termino inicial del contrato y asimismo se llevaron a cabo en fechas posteriores a la fecha de interposición de la demanda por parte de mi representada, con lo cual se comprueba que mi representada fue notificada del perecimiento de la cosa arrendada pasado mas de un (1) año del vencimiento inicial del contrato, siendo lógico alegarle Ciudadano Juez, de que si el articulo 1.588 del Código Civil, es una norma consagrada en beneficio del arrendatario, el mismo debió inmediatamente notificar a mi representada del perecimiento de la cosa a través de cualquier medio y de no haber sido posible ello, debió internar la correspondiente acción judicial por ante al órgano jurisdiccional competente para que este se declarase resuelto dicho contrato, lo cual no hizo, ya que no notifico a mi representada de dicho perecimiento sino un (1) año después, pretendiendo que sea declarado resuelto dicho contrato en el presente caso sub judice y en consecuencia la improcedencia de la acción resolutorio y la de daños y perjuicios acumulada inicialmente por mi representada.

   Si bien es cierto que el articulo 1.588 del Código Civil establece que una vez perecido la cosa arrendada queda resuelto el contrato por falta de objeto, no es menos cierto que esta acción resolutoria implícita en la norma, no trae como consecuencia que el contrato quedara resuelto de pleno derecho sin necesidad de la intervención de un órgano jurisdiccional, ya que ha sido reiteradamente establecido, que la resolución de pleno derecho de los contrato no esta permitida en la legislación venezolana vigente, (Ver Obra Curso de Obligaciones Derecho Civil III, Tomo II por los Juristas E.M.L. y E.P.S., pagina 990), los cuales textualmente cometan: Cuando la ley prevé la resolución de pleno derecho (articulo 1.531 Código Civil, articulo 141 Código de Comercio) y cuando las partes han convenido en una resolución de pleno derecho, el juez solo constata si existe o no la causa invocada para la resolución, en cuyo caso la sentencia es mero declarativa

   Como puede observar Ciudadano Juez, aun en los casos de establecimiento por parte de la Ley de una causa de resolución de pleno derecho de un contrato y asimismo aun en los casos en que las partes establezcan expresamente también causa de resolución plena, en ambos casos siempre inexorablemente deberá contarse con la intervención judicial respectiva. Asimismo dichos juristas en su obra ya citada establece en su pagina 999 lo siguiente: “el papel de juez, cuya intervención es entonces necesaria, se limita a determinar si efectivamente se produjo o no la causa de resolución; pero no podrá calificar si el incumplimiento es o no suficiente para declarar la resolución del contrato”, ya que se requiere la acción previa para obtener la resolución del contrato que en la mayoría de los casos esta contemplada en al articulo 1.167 del Código Civil para los contratos bilaterales, en otras palabras, una vez cumplida la condición resolutoria establecida en el articulo 1.588 Ejusdem, le nace la facultad al arrendatario beneficiado por dicha norma, de solicitar la resolución judicial de dicho contrato de arrendamiento; es así; que por el solo hecho de perecer la cosa, no quedara resuelto de pleno derecho el contrato de arrendamiento sin la intervención de un órgano jurisdiccional y es por ello que se ha afirmado que la resolución deberá demandarse judicialmente, para que el juez que conozca de la demanda constate so existe o no la causa invocada para la resolución y así dictar la correspondiente sentencia (Ver Obra Curso de Obligaciones Derechi Civil III, Tomo II por los Juristas E.M.L. y E.P.S. pagina 1.000), Refiriéndonos concretamente al contrato de arrendamiento y haciendo abstracción de que las partes pueden perfectamente declarar el mismo resuelto mutuo dicenso o distratus, en caso de no haber dicha acuerdo de resolución, solo el Juez puede declararlo resuelto, y en consecuencia, la norma del articulo 1.588 Ejusdem que establece una condición resolutoria del contrato de arrendamiento una vez cumplida dicha condición, si las partes de mutuo acuerdo no declaran resuelto por perecimiento de la cosa, dicha declaración deberá realizarla el Juez competente conforme a solicitud realizada por el beneficiario de dicha norma, que en el caso previsto por ella indudablemente es el arrendatario. Debo señalarle ciudadano juez que nuestro legislador ha establecido ciertos casos puntuales donde el contrato en materia de bienes muebles queda resuelto de pleno derecho a favor del vendedor, pero habiéndole hincapié que dichos casos puntuales están referidos al contrato de compra venta mas no a los contratos de arrendamientos, a saber al articulo 1.531 del Código Civil y 1.141 del Código de Comercio. Por todo lo anteriormente expuesto es que la resolución de pleno derecho deberá considerarse inconcebible e inamisible en materia de arrendamiento en el supuesto de hecho del perecimiento de la cosa arrendada, es por ello que tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido como criterios inveterados de que indefectiblemente cumplida la condición resolutoria o el supuesto de hecho que establezca que quedará resuelto el contrato de arrendamiento, siempre deberá producirse el pronunciamiento del Juez competente que lo declare como tal a través de una sentencia judicial.

   Por otro lado Ciudadano Juez, si la parte demandada alega como hecho extintivo de la pretensión de mi representada de que esta ultima tenia conocimiento del perecimiento de la cosa arrendada una vez expirado el termino inicial del contrato de arrendamiento, según el principio de la distribución de la carga de prueba y la moderna tesis que con relación a este punto se ha establecido, en el sentido, que la carga probatoria siempre dependerá del intereses particular del litigante en demostrar los supuesto de hecho de su acción o excepción, la parte demandada debió probar tal circunstancia, lo cual no realizó, ya que si bien es cierto por constatar en actas que mi representada tuvo conocimiento del perecimiento de la cosa arrendada, dicho hecho le fue notificado a ella durante las gestiones de conciliación que ambas partes estábamos llevando a cabo para llegar a un acto de autocomposición procesal, siendo que como anteriormente he señalado, mi mandante tuvo conocimiento del perecimiento de la cosa arrendada pasado un año después del vencimiento del termino inicial del contrato de arrendamiento, y con fecha posterior a su introducción del libelo de demanda, es tanto así ciudadano Juez, que nótese que mi representada en su escrito libelar demanda los canones de insolutos correspondientes desde octubre del 2002 hasta julio del 2003; es decir, diez meses de cánones vencidos e insolutos hasta la fecha de interposición de su demanda que fue admitida el 28 de agosto del 2003 y teniendo en cuenta que las acciones conciliatorias se llevaron a cabo mucho después de la fecha de de admisión de la demanda, ya que consta en acta de que ambas partes suspendimos el proceso a partir del mes de marzo del 2004, es a partir de dichas suspensiones cuando a mi representada le es notificada por la arrendataria de que la cosa arrendada había perecido, en otras palabras, después de un (1) años y seis (6) meses es que a mi representada la parte demandada le notifica a través del proceso de conciliación el perecimiento de la cosa arrendada, todo lo cual se traduce que en el supuesto caso en que el tribunal considere que el contrato de arrendamiento ha quedado resuelto, dicha resolución judicial no debería tener efecto ex tunc o retroactivo, sino por el contrario, los efectos regulares de dicha declaratoria de resolución judicial serian hacia el futuro ex nunc, puesto que el contrato ha tenido vigencia producto de su tacita reconducción y el arrendatario no hizo uso de la facultad que le confiere el articulo 1.588 del Código Civil a los fines de pedir y solicitar la resolución judicial del contrato en cuestión, y por otra parte, la resolución judicial de un contrato de tracto sucesivo como es el de arrendamiento no tendrá efecto retroactivo y la resolución judicial producirá efecto hacia el futuro; es decir, desde su declaratoria, o en su defecto o en el peor de los casos, aplicándola en el caso sub judice desde la fecha en que se constató o verificó el conocimiento del procedimiento de la cosa arrendada por parte de mi representada. (Ver Obra Curso de Obligaciones Derecho Civil III, Tomo II por los Juristas E.M.L. y E.P.S., pagina 1.000). …

6. Elementos en los cuales apoya sus observaciones la parte demandada, respecto al contenido del escrito de informe del actor:

   Replica la representación de la parte demandada los informes presentados por el actor, a través de los siguientes argumentos:

   “…PRIMERO: del texto de los Informes presentados por la parte actora, se observa que pretende seguir insistiendo, cambiando y modificando el proceso. En este sentido, insiste en la existencia de la tácita reconducción en bienes muebles, que por su naturaleza la posesión hace título; siendo que, de conformidad con los artículos 1.600 y 1.614 del Código Civil, (alegados por el apoderado actor), el cual se encuentra en el Capítulo II referido a las “Reglas comunes al arrendamiento de casas y de predios rústicos”, dichos artículos dicen lo siguiente:

   Artículo 1.600. Si a la expiración del tiempo fijado en el arrendamiento, el arrendatario queda y se le deja en posesión de la cosa arrendada, el arrendamiento se presume renovado, y su efecto se regla por el artículo relativo a los arrendamientos hechos sin determinación de tiempo

   .

   Artículo 1.614. En los arrendamientos hechos por tiempo determinado, si el inquilino continuare ocupando la casa después de vencido el término, sin oposición del propietario, se juzga que el arrendamiento continúa bajo las mismas condiciones; pero, respecto al tiempo, se procederá como en los que se hacen sin tiempo determinado

   .

   Pongamos Ciudadano Juez Superior, un ejemplo:

   Usted da en arrendamiento un libro por cien bolívares semanales; y en el curso del arrendamiento se produce un hecho de fuerza mayor y con ello la pérdida total del libro. Quiere decir entonces, Ciudadano Juez, que usted aplicando las normas de la tácita reconducción inmobiliaria predichas, puede reclamar todos los arrendamientos que se sigan venciendo con motivo de la pérdida del libro, cánones vencidos e insolutos (lucro cesante); y además, daños y perjuicios y los honorarios profesionales correspondientes?

   Basta, Ciudadano Juez Superior leer las disposiciones legales y doctrina señalada por la parte actora, y las cuales se encuentran en el Capítulo II referido a las “Reglas comunes al arrendamiento de casas y de predios rústicos”, las cuales no son aplicables por analogía, ni al arrendamiento del libro del ejemplo, ni tampoco a la cosa arrendada como la llama en sus comunicaciones la parte actora, como mueble que es la válvula de fondo, la cual se perdió en un pozo en el Lago de Maracaibo y que no fue posible recuperar.

   El Talón de Aquiles de la parte actora, está en que con la pérdida absoluta de la cosa arrendada mueble, válvula de paso:

   Terminó el contrato de arrendamiento.

   La cosa perece para la parte actora. No hay tácita reconducción; toda vez que, de conformidad con el artículo 1.344 del Código Civil, sobre la pérdida de la cosa debida: “cuando una cosa determinada, que constituía el objeto de la obligación, perece, o queda fuera del comercio, o se pierde de modo que se ignore absolutamente su existencia, la obligación se extingue, si la cosa ha perecido o se ha puesta fuera del comercio o perdido sin culpa del deudor y antes de que haya incurrido en mora”.

   En consecuencia, queda descartada esa situación; tanto más cuanto que, pretende la parte actora hacer una tácita reconducción por analogía.

   Sin embargo, de acuerdo con el Principio de especialidad (Eduardo Couture) no existen sanciones prohibiciones, ni beneficios, sin texto legal expreso. No existe reconducción, eso está demostrado.