Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de Lara (Extensión Barquisimeto), de 26 de Abril de 2005
| Fecha de Resolución | 26 de Abril de 2005 |
| Emisor | Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria |
| Ponente | Elias de Jesús Heneche Tovar |
| Procedimiento | Partición |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Región Agraria del Estado Lara
Barquisimeto, veintiséis de abril de dos mil cinco
195º y 146º
KP02-A-2005-000022
Vista la demanda de Partición, intentada por el ciudadano O.R.L., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.369.433 y de este domicilio, en contra de los ciudadanos M.J.M.C., H.J.C.M., A.C.M.C. y J.D.M.C., venezolano, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 16.795.322, 12.077.295, 10.859.148 y 10.370.048 respectivamente, recibida por declinatoria de competencia del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, según decisión dictada en fecha 06 de mayo del 2004, corresponde a este tribunal determinar su competencia para el conocimiento de la acción, lo cual procede a realizar en los siguientes términos:
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (hoy TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA), en sentencia de fecha 02 de marzo de 1995, estableció que la competencia sustantiva o material que se atribuye a la Jurisdicción Agraria deriva de la naturaleza de los bienes o de la actividad agraria realizada, y a tal efecto estableció la siguiente doctrina:
“Con la finalidad de definir el criterio que en reiteradas oportunidades ha sostenido esta Sala, con referencia a la competencia que se atribuye a la jurisdicción agraria, se establece:
La competencia sustantiva o material que se atribuye a la jurisdicción agraria, deriva de la naturaleza de los bienes y/o de la actividad.
El artículo 1° de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, sancionado el 04 de Agosto de 1982, y promulgada el 02 del mismo mes y año, señala que serán sustanciados y decididos por los Tribunales a que se refiere dicha Ley.
Los asuntos contenciosos que se susciten con motivo de las disposiciones legales que regulan la propiedad de los predios rústicos o rurales, las actividades de producción, transformación, agroindustria, enajenación de productos agrícolas, realizadas por los propios productores, sus asociaciones y empresas, así como l os recursos naturales renovables y las estipulaciones de los contratos agrarios, serán sustanciados y decididos por los tribunales a que se refiere la presente ley
.
El artículo 12 de la misma ley, establece que: “Los Juzgados de Primera Instancia Agraria conocerán entre otros de las pretensiones que se promuevan con otra acción en los siguientes asuntos: “…b) acciones petitorias, reivindicatorias y posesores en materia agraria”.
La reforma efectuada en 1982 consagra “la integridad del fuero agrario, que comprende no sólo la aplicación del ordenamiento jurídico regulador de la reforma agraria, sino también importantes cuestiones de interés agrario que se encuentran en el Código Civil, o en otras leyes no agrarias o no específicamente agrarias, así como los recursos naturales renovables, como se evidencia claramente del artículo 1° de la Ley, transcrita supra”. Sentencia de fecha 19-07-84, Sala Político-Administrativa).-
De acuerdo con el contenido y petitum del libelo, la pretensión tiene por objeto la partición y liquidación de bienes que, presuntamente, corresponde a una comunidad concubinaria y los cuales están representados por la producción de bovinos en finca, producción lechera, porcina, un vehículo, dinero en efectivo, tanques enfriadores de leche y acciones nominativas pertenecientes a una empresa ganadera, entre otros.
Ahora bien, con la finalidad de establecer la competencia del presente asunto, se observa que, aún siendo la partición y liquidación de bienes concubinarios instituciones civiles, lo cual, conduciría por regla general a la competencia del Tribunal Civil, existe por vía de excepción una normativa contenida en el Derecho Adjetivo Agrario que excluye el conocimiento general de esa materia y, la transfiere al a jurisdicción especial agraria, como así está dispuesto en los artículos 1° y 12 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, cuando los bienes, como en el caso de autos, tengan vocación agraria.
Por consiguiente, aplicando los precedentes señalamientos, el Tribunal competente para el conocimiento del presente juicio, es el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Región Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, y así lo declara esta Sala…”
Esta doctrina establecida por la Sala de Casación Civil, de la Corte Suprema de Justicia, hoy TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, se fundamentó en la legislación, hoy derogada por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, no obstante se evidencia de su contenido la identidad de principios como el de la agrariedad que sirven para determinar la competencia de esta jurisdicción especial. Por ello, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 11 de julio del 2002, señaló lo siguiente:
Sic:
…Así pues, para resolver el presente conflicto de competencia sustancial, se tendrá como norte la naturaleza del mismo, en función de la actividad agraria realizada, de manera que debe cumplirse con dos requisitos que determinan la competencia genérica de los Juzgados Agrarios, que son: A) Que se trate de un inmueble (predio rústico o rural) susceptible de explotación agropecuaria donde se realice actividad de esta naturaleza y que la acción que se ejercite sea con ocasión de esta actividad y B) Que ese inmueble no haya sido calificado como urbano, o de uso urbano, por lo tanto ambos requisitos legales deben cumplirse en forma concomitante para que proceda la competencia del Tribunal Agrario….
De manera pues, que la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, esta referida al criterio de la agrariedad, conforme lo disponen los artículos 201 y 212 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que establecen que los conflictos suscitados entre particulares con ocasión de la actividad agraria, serán conocidos por los Juzgados de Primera Instancia Agraria conforme al procedimiento ordinario agrario. Ahora bien, revisadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, se observa que la demanda tiene por objeto la partición de bienes, dentro de los cuales se encuentran los fundos denominados “La Chinita” y “La Chiquinquirá”, en los cuales se desarrolla actividad productiva, lo cual encuadra en la competencia específica de este Tribunal según lo establecen los artículos 201 y 212, ordinal 4° de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es por lo que este Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Región Agraria del Estado Lara, se declara competente para conocer la presente causa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, este Tribunal en aras de una correcta y sana administración de justicia, en virtud de haber sido ejercida la acción por ante la jurisdicción civil y al producirse la declinatoria en esta jurisdicción especial, tiempo después de haber alegado el defecto de forma de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, se debe declarar la nulidad y reposición de la causa al estado que la parte actora proceda implementar en su demanda todas las defensas y pruebas que estime necesaria en conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a objeto de admitir la pretensión conforme a las exigencias del procedimiento ordinario agrario previsto desde el artículo 201 al 267 de la mencionada Ley. Y así se decide.-
El Juez,
La Secretaria,
Abg. E.H.T.
N.d.M.
EHT/NdeM/clm.
