Piden al Gobierno que permita visita de relatores de la ONU
La situación de los derechos humanos en Venezuela ha empeorado en los cinco años, excepto en el área educativa, pues han aumentado las oportunidades de inclusión y han disminuido los índices de repitencia.
Así se afirma en los informes presentados por las organizaciones no gubernamentales que participan en el Examen Periódico Universal, mediante el cual la Organización de las Naciones Unidas evaluará el grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. El Estado tiene plazo hasta junio para rendir cuentas. En octubre, la ONU contrastará las versiones y determinará si Venezuela está aprobada o reprobada.
Entre otras exigencias, la ONG Espacio Público, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, pidió al Gobierno que permita la visita de los relatores temáticos de la ONU. La solicitud constituye una alternativa al persistente rechazo gubernamental a la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el país.
Secretismo, agresión e impunidad. El debilitamiento de las garantías para el efectivo ejercicio de la libertad de expresión fue reportado por Espacio Público, Conapro (que representa al gremio periodístico) y los profesores de Derecho Público agrupados en la asociación civil Ágora Constitucional.
En perjuicio del derecho de acceso a la información pública se denunciaron iniciativas del Gobierno que contribuyen al secretismo, como la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna), que permite declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada cualquier información.
Conapro precisó que entre 2006 y 2010 se registraron 89 oportunidades en las que el discurso de funcionarios contribuyó a agresiones a periodistas y medios de comunicación privados, "la mayoría ocasionadas por presuntos simpatizantes del Gobierno", acota.
La impunidad agrava la situación. En 2009 el Ministerio Público informó que siete casos de atropellos contra la prensa denunciados el año anterior apenas estaban en etapa preliminar de investigación; es decir, que no se habían determinado responsabilidades ni aplicado sanciones.
Ágora Constitucional recordó el cierre de RCTV y de 34 radioemisores, y destacó la falta de contrapesos institucionales para detener las violaciones de la libertad de expresión.
Discriminación y deuda social. El partido Un Nuevo Tiempo también envió un informe a la ONU para denunciar la persecución contra los disidentes del Gobierno, lo cual...
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