Decisión de Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente Los Teques de Miranda, de 29 de Julio de 2008
| Fecha de Resolución | 29 de Julio de 2008 |
| Emisor | Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente Los Teques |
| Ponente | Otello Maimone Rocco |
| Procedimiento | Terminado El Procedimiento |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente
Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques
Jueza Profesional Nº 1
Los Teques, 29 de julio del 2008
197° y 149°
Vistas las anteriores actuaciones, esta Sala de juicio para pasar a decidir, previamente OBSERVA:
I
Se inició el presente asunto con ocasión a la demanda por Cumplimiento de Obligación Alimentaria, interpuesta por la ciudadana PIERA A.L.M., el 04.12.2006 en representación de su hijo el niño (Identidad Omitida), contra el ciudadano S.F.C.R., siendo admitida el 12.12.2006, decretándose medidas asegurativa de embargo contra el salario que devenga el accionado así como las prestaciones sociales acumuladas, librando comisión para la practica de la boleta de citación del accionado al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Nueva Esparta.
En fecha 20.04.2008, fueron recibidas resultas sin cumplir de comisión librada, para la practica de la boleta de citación del accionado.
En fecha 03.05.2007, se decretaron medidas de embargo sobre cualquier cuenta Bancaria que pueda mantener el ciudadano T.G.C.L., solicitando de igual forma al C.N.E., información relativa al ultimo lugar de residencia o domicilio que pueda registrar el mencionado ciudadano en sus archivos, a objeto de la practica de la citación personal.
En fecha 03.08.2007, se recibió información del referido ente comicial, señalando la información requerida, por lo que se comisiono nuevamente al referido organismo jurisdiccional para la practica de la citación del accionado, el 07.08.2007.
En fecha 09.08.07, 10.08.07, 02.10.2007 fueron agregadas al presente expediente comunicados emanados de las Instituciones Financieras siguientes: ABN AMOR, BANCO SOFITASA, BANPLUS, BANCO IDUSTRIAL DE VENEZUELA, BANCO PROVINCIAL, BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO MERCANTIL, BANCO VENEZOLANO DE CREDITO, ARRENDADORA FINANCIERA EMPRESARIAL, BANCO DE EXPORTACIÓN y COMERCIO C.A., BANCO PLAZA, BANCOEX, BANAVIH, ACTIVO BANCO COMERCIAL, BANCO GUAYANA, INVERUNIÓN, BANCORO, BANORTE, BANCARIBE, BANCAMIGA, BANFOANDES, DEL SUR, BOLIVAR BANCO, BANPRO, BANCO FONDO COMÚN, BANCO AGRICOLA DE VENEZUELA, BANCO CANARIAS, CORP BANCA, CENTRAL, BANCO FEDERAL, CASA PROPIA, SANTANFORD BANK, S.A., BANINVEST BANCO DE INVERSIÓN, BANCO EXTERIOR, BANESCO, BANCO DEL SOL, HELM BANK DE VENEZUELA, donde informan a esta Sala de Juicio que el ciudadano T.G.C.L., no mantiene ninguna relación financiera con dichas instituciones Bancarias.
En fecha 25.04.2008, se recibió resultas de comisión librada a la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Nueva Esparta, sin cumplir por no haber sido localizado el accionado en la dirección aportada para la practica de la citación personal, por lo que en fecha 07.05.2008, se ordeno la citación mediante la publicación de un cartel de citación ante un diario de circulación nacional, siendo fijado el mismo por el secretario de esta Sala de Juicio el 04.06.2008.
II
Ahora bien, el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresamente establece:
Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles
.
Igualmente, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por supletoriedad a los procedimientos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, expresamente dispone:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
3º Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.
De la norma antes citada se desprende que, al regular el legislador la institución de la perención de la instancia, pretende sancionar la inactividad de las partes, previendo la extinción del proceso como consecuencia de tal inactividad o negligencia, sin producir tal declaratoria efecto alguno respecto de la acción, habida consideración que, por su naturaleza, la perención únicamente pone fin al proceso a partir de su declaratoria. Por otra parte, la perención obra cuando las partes no han dado impulso al proceso dentro del plazo legal anual establecido (perención genérica) o cuando la parte accionante no ha cumplido determinados deberes legales dentro del lapso legal de 30 días (perención breve).
El supuesto de procedencia de la figura procesal de la perención genérica comporta la concurrencia de dos requisitos, a saber: 1) la paralización de la causa durante el transcurso de un año, que debe computarse a partir de la fecha en que se efectuó el último acto de procedimiento y, 2) la inactividad de las partes durante el referido período, en el que no realizaron acto de procedimiento alguno, por supuesto, ello supone que, en relación al actor, no exista durante el transcurso de dichos lapsos ninguna actuación supeditada al pronunciamiento del Tribunal o, en caso contrario, que tal actuación dependa exclusivamente del órgano jurisdiccional y no de la parte demandante. Al efecto, ha de entenderse como acto de procedimiento, aquel que sirva para iniciar, sustanciar y decidir la causa, sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, debe igualmente revelar su propósito de impulsar o activar la misma; es decir, esta categoría de actos es aquella en la cual la parte interesada tiene intervención o, en todo caso, existe respecto de ella la posibilidad cierta de realizar alguna actuación. En razón de lo anterior, ante la renuncia tácita de las partes de continuar gestionado el proceso, revelada inequívocamente por su omisión en el cumplimiento de algún acto de procedimiento que revele su intención de impulso o gestión o por la omisión en el cumplimiento de las cargas que le han sido impuestas para ello, se produce la extinción del procedimiento pero no de la pretensión.
Ahora bien, ha sostenido la doctrina que, en relación a la perención breve establecida en el ordinal 1º y 2º del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, procede cuando la parte actora incumpla con los deberes que le establece la ley, pero cuando cumple con tales obligaciones ya no tienen aplicación los supuestos previstos en la citada norma jurídica y ordinales, pues las actuaciones subsiguientes corresponden al Tribunal de la causa, por tanto, ya no opera el lapso de 30 días antes aludido. Con la regulación de la perención de la instancia se evitaría, independientemente de cuál sea el interés de la parte accionante o solicitante, que éste ejerza la acción para después incurrir en una inactividad procesal, en desmedro del principio de celeridad procesal e, incluso, de la parte contraria. De esta forma, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil prevé, por una parte, la llamada perención genérica y, por la otra, la perención breve; la primera, ocurre cuando, en el lapso de un año, no se ha producido ningún acto de procedimiento por las partes y, la segunda, cuando, dentro de treinta días, el accionante no cumple los deberes impuestos por la ley para la practica de la citación o cuando, dentro del plazo de seis meses ocurrida la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que actuaban, lo interesados no gestionan su continuación.
En tal virtud, el único medio reconocido para impedir la perención es la ejecución de actos de procedimiento en el transcurso de los lapsos establecidos para su consumación, la que se verifica de pleno derecho, habida consideración que la perención, como sanción, lograr mantener el interés procesal de las partes en el proceso y para que cumplan sus cargas de impulsarlo, debiendo evitarse que la dinámica del juicio llegue a un punto muerto por el simple capricho de las partes, pues la función pública del proceso exige que, una vez iniciado, se desenvuelva adecuada y rápidamente hasta su fin natural. Así, se desprende del análisis del presente expediente que desde el 07.05.2008, fecha en que se ordeno la citación del accionado mediante la publicación de un único cartel, no ha comparecido la requirente desde entonces, a dar impulso de forma alguna a la continuación del proceso ni para retirar el cartel y, menos aún para consignar su publicación. De tal manera que resulta indudable que, con vista al artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se ha producido la perención breve, habiendo transcurrido con creces el plazo de 30 días para que la parte actora diera impulso al procedimiento, cumpliendo con las cargas impuestas en materia de citación del demandado, manifestando así el decaimiento de su interés en la tramitación del juicio, sin que las actuaciones posteriores a la ocurrencia de la perención pongan fin a ésta, pues producida el juez o jueza debe declarar irremediablemente, motivo por el cual, en consecuencia, resulta procedente y ajustado a derecho DECLARAR EXTINGUIDA LA INSTANCIA y, consecuentemente, TERMINADO EL PROCEDIMIENTO POR EFECTO DE LA PERENCIÓN, de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 268 ibídem, Y ASI SE DECIDE EXPRESAMENTE.
III
Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta SALA DE JUICIO DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA EXTINGUIDA LA INSTANCIA y, consecuentemente, TERMINADO EL PROCEDIMIENTO POR EFECTO DE LA PERENCIÓN, de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 268 ibídem, seguido por Ofrecimiento de obligación alimentaria, la cual fue interpuesta por la ciudadana PIERA A.L.M., titular de la cédula de identidad Nº 11.035.008 en beneficio de su hijo el entonces niño (Identidad Omitida), contra el ciudadano S.F.C.R., titular de la cédula de identidad Nº 9.423.891.
Regístrese y publíquese la presente sentencia. Notifíquese a la actora. Cúmplase.-
LA JUEZA,
DRA. Z.C.
EL SECRETARIO,
ABG. DONNER PITA
En la misma fecha se cumplido lo ordenado.-
EL SECRETARIO,
ABG. DONNER PITA
Exp. 12147
