Decisión nº 040-09 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 4 de Mayo de 2010

Celebrada como fue la Audiencia de Presentación del Imputado D.A.C., de conformidad con lo establecido en los Artículos 125 y 250 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitada por el Representante del Ministerio Público, la ciudadana ABG. YURI PLATT SALCEDO, en su carácter de Fiscal Quincuagésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, luego de narrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, los precalificó como el delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el primer párrafo del Artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; solicitó, además, el Procedimiento Ordinario, así como la imposición de Medida Privativa Preventiva de Libertad, para el mismo, por encontrarse llenos los extremos del Artículo 250, numerales 1, 2 y 3, 251 parágrafo primero y 252 numeral 2, todos del Código Orgánico Procesal Penal. Oído como fue al imputado, previamente a ser impuesto del Precepto Constitucional contenido en el Artículo 49.5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los Artículos 125 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal, así como lo alegado por la Defensa, este Tribunal, acordó continuar la investigación, conforme a las normas del Procedimiento Ordinario, según lo establecido en el último aparte del Artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo impuso Medida Privativa de Libertad, en contra del mencionado ciudadano, conforme a las normas antes mencionadas, al hallarlos incursos en la comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el primer párrafo del Artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Tal como se desprende de las siguientes actuaciones:

1. -Cursa Acta Policial suscrita por el funcionario VARGAS ROBERTO, adscrito a la División de Inteligencia de la Policía Municipal del Hatillo, quien entre otras cosas dejo constancia de lo siguiente:

   … encontrándose en operativo de patrullaje preventivo por diversas zonas de este municipio… procedimos a ingresar al sector el Calvario de esta localidad y justo cuando nos desplazábamos por la avenida principal de dicho sector, a la altura del callejón GUEVARA logramos avistar a tres sujetos, a quienes sorprendimos con una bolsa amarilla en su poder, motivo por el cual nos identificamos como funcionarios de este cuerpo policial y les ordenamos colocar las manos sobre la pared; de inmediato se procedió a la captación de dos personas que estaban en las adyacencias del sector, a fin de que fungieran como testigos de la inspección que debíamos realizar…

2. - Cursa Acta de Entrevista del ciudadano DÍAZ O.R.J., en fecha 7-1-10 quien entre otras cosas manifestó:

   … Me encontraba en compañía de mis amigos R.A. y J.T., cuando íbamos … ahí tenían a tres muchachos, uno de ellos con una bolsa en las manos, llegaron los policías y se la quitaron y cuando la abrieron tenía varios envoltorios de supuesta droga…

3. - Cursa Acta de Entrevista del ciudadano LINARES APONTE R.A., en fecha 7-1-10 quien entre otras cosas manifestó:

   … Me dirigía hacia mi casa… tenían a tres chamos, pegados a la pared, entonces los policías le quitan a uno de ellos una bolsa de plástico, la cual abrieron en el sitio y tenía una supuesta droga, eran muchos envoltorios…

4. - Cursa Acta de Entrevista del ciudadano T.G.J.C., en fecha 7-1-10 quien entre otras cosas manifestó:

   … Resulta que en momentos en que dos amigos míos y yo subíamos por el Calvario….la policía nos paró, nos pidieron…. Ahí estaban varios chamos y a uno de ellos le quitaron una bolsa en la cual le consiguieron una supuesta droga….

   .

   III

   DEL DERECHO

   La Privación Judicial Preventiva de Libertad es una medida que tiene como finalidad el aseguramiento del proceso, al establecer presunción de la evasión de la acción de la justicia o entorpecer la investigación.

   Analizando detenidamente las circunstancias particulares del caso, este Tribunal observa:

   El fumus boni iuris, que se traduce en la constatación de un hecho aparentemente punible y elementos de convicción procesal que hagan suponer que el imputado en prima facie ha intervenido en el como autor o partícipe…. En el presente caso revisadas las actuaciones que conforman la causa, se desprende que efectivamente existen fundados elementos de convicción para presumir la existencia de un hecho punible que amerita pena privativa de libertad y cuya acción no está evidentemente prescrita, toda vez que del acta policial en la cual funcionarios actuantes dejan constancia que encontrándose en operativo de patrullaje específicamente en el sector El Calvario de esta localidad y justo cuando se desplazaban por la avenida principal de dicho sector, a la altura del callejón GUEVARA lograron avistar a tres sujetos, a quienes uno de ellos llevaba una bolsa amarilla en su poder, motivo por el cual se identifican como funcionarios de ese cuerpo policial y les ordenaron colocar las manos sobre la pared; de inmediato se procedió a la captación de dos personas que estaban en las adyacencias del sector, a fin de que fungieran como testigos de la inspección que debían realizar es cuando al realizar la inspección corporal del ciudadano AZOCAR CARDOZO DAVID, quien tenía en su poder la referida bolsa de material plástico color amarilla, en presencia de los ciudadanos, DÍAZ O.R.J., LINARES APONTE R.A. y T.G.J.C., abrieron la bolsa en cuestión, la cual resultó contener en su interior varios envoltorios que fueron detallados de la siguiente manera… así mismo se realizó la inspección a los otros dos ciudadanos que acompañaban al anteriormente descrito sin lograr ubicarle evidencias de interés criminalística entre sus vestimentas. De igual forma las actas de entrevistas levantadas por ante la División de Inteligencia e Investigaciones del Instituto Autónomo de la Policía Municipal del Hatillo, tomada a los ciudadanos DÍAZ O.R.J., LINARES APONTE R.A. y T.G.J.C., constituyen fundados elementos de convicción sobre la presunta participación del imputado de autos, en la perpetración del hecho punible precalificado por el Titular de la Acción Penal in P.F. OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el primer párrafo del Artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. En consecuencia, la conducta antijurídica del imputado D.A.C., titular de la cédula de identidad N°V-15.801.843, razón por la cual se procede a decretar la Medida Preventiva Privativa de Libertad en su contra; ya que al analizar el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, encontramos que se encuentra acreditada la presunta comisión del hecho punible antes mencionado, el cual merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra prescrita; así como la existencia de fundados elementos de convicción, examinados anteriormente, que el imputado antes señalado se encuentra incurso en la perpetración del hecho.

   El perículum in mora, cuya existencia depende de:

1. - riesgo razonable de que el imputado evadirá el proceso.

2. - temor fundado de destrucción u obstaculización de la actividad probatoria, o

3. - peligro grave para la víctima denunciante o testigo

   Resulta evidente que el imputado puede tratar de evadirse, entorpecer u obstaculizar la investigación. Para decidir acerca del peligro de fuga, debemos atender al arraigo en el país, lo que se determina de acuerdo a lo preceptuado en el parágrafo primero del Artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece…., así como los numerales del Artículo 252 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece….

   Por los razonamientos anteriormente expuestos este Tribunal DECRETA LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD en contra del imputado D.A. CARDOZO…

   (…).

   MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

   La Sala para decidir observa:

   Alegando que no existen en este caso suficientes elementos de convicción para imponer una medida tan gravosa como se hiciera, en virtud que la misma Jueza A quo, desvirtúa el acta policial de aprehensión como sustento para dictar cualquier medida y sin embargo, se basa en la información allí contenida para decretar la medida de privación de libertad decretada, además alega que esa decisión carece de la motivación requerida para poder tener validez dentro del proceso.

   Pues acorde a lo denunciado del contenido de la misma no puede precisar el examen de la información contenida en las actas, en virtud de lo cual también pide se decrete la nulidad absoluta de la recurrida, visto que según se afirma fueron violentados con esa actuación jurisdiccional impugnada, derechos fundamentales del encausado de autos, al no darse cumplimiento a lo contemplado tanto en el Artículo 49 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en el Artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, que remite al principio de presunción de inocencia, al haber impuesto la medida preventiva judicial privativa de la libertad en este caso, sin que se pudiera considerar estaban llenos los extremos determinados en el Artículo 250 eiusdem y que podrían justificarla legalmente, fundamentando así sus planteamientos recursivos en lo dispuesto en los numerales 4 y 7 del Artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal.

   Procediendo esta Alzada, a verificar primeramente sí se produjo o no, la resolución en la recurrida de los aspectos abordados en el acto de impugnación procesal incoado, constatándose que en el acta de la Audiencia de Presentación del Detenido de autos, así se pudo constatar que en ese procedimiento, se acudió a la presencia de los dos testigos instrumentales que se ordena en los Artículos 202 y 205 del Código Orgánico Procesal Penal, quienes dan fe que vieron a tres sujetos parados, uno de ellos en poder de una bolsa plástica que abrieron en su presencia y allí pudieron ver que habían varios envoltorios contentivos de supuesta droga.

   Comprobando esta Alzada que en los pronunciamientos emitidos al finalizar el acto de la Audiencia de Presentación del Imputado de autos, una vez detenido por la autoridad policial, se explican las razones tenidas en cuenta por la Jueza A quo para diferenciar las circunstancias en virtud de las cuales daba por insuficiente el acta policial para considerar como probable la demostración de la participación de los detenidos L.A.R.A. y C.A.R.A., en el hecho punible de cuya comisión se imputara al ciudadano D.A.C., lo cual inclusive se establece fue el planteamiento que hiciera el titular de la acción penal en esa audiencia, ante lo cual y luego del análisis expresado en esa acta que hiciera esa funcionaria judicial competente, es que se dictaminara esa situación alegada por la defensa de manera genérica.

   Pero al examinar lo decidido se pudo constatar que lo allí dictaminado, fue debido a las distintas condiciones en las cuales fueron discriminados los hechos observados por los mismos funcionarios policiales actuantes y corroboradas sus versiones por lo expuesto en las actas policiales que dejan constancia de las entrevistas realizadas a los testigos instrumentales ciudadanos R.J. DIAZ ORTIZ, R.A.L.A. y J.C.T.G., cuyas copias certificadas fueron remitidas a este Despacho Judicial y anexadas a los folios 68 al 75, dando fe según se puede leer de lo allí expuesto, que ciertamente y acorde a lo allí enunciado, a quien observaron tenía en su poder, la bolsa aparentemente contentiva de varios envoltorios de supuesta droga, fue uno solo de los detenidos y, al parecer fue el imputado D.A.C., conforme lo denunciara la representación del Ministerio Público.

   Alegando a su vez la parte recurrente que al considerarse insuficiente el acta policial de aprehensión para decretar la medida de privación de libertad, en consecuencia lo serían entonces también para su asistido, en virtud de lo cual tampoco sería procedente imponérsela, pretendiendo hacer ver que el razonamiento expresado por esta funcionaria judicial en relación con los ciudadanos L.A.R.A. y C.A.R.A., incluía también el supuesto del imputado de autos, lo cual no es cierto, puesto que bien se hace la mención en la recurrida, que la apreciación de insuficiencia del acta policial remite únicamente al caso de estos dos detenidos en ese procedimiento, puesto que efectivamente lo que se deduce es que sobre estos dos ciudadanos no se evidencia estuvieran cometiendo delito alguno cuando fueron aprehendidos, según incluso lo así planteado por el mismo titular de la acción penal, indicándose en la recurrida que a ellos no se les incautara ningún elemento de interés criminalístico en su poder al momento de su detención.

   Evidenciándose de las actas policiales, cuyas copias certificadas fueran remitidas a esta Alzada en virtud de la solicitud que en ese sentido se hiciera, que los funcionarios policiales actuantes dejaron constancia del procedimiento que llevaron a cabo y de las declaraciones que dieran los testigos instrumentales de la inspección o registro de los ciudadanos detenidos mediante esa actuación, en las cuales se encuentran debidamente discriminados los datos que permiten identificarlos, así como las huellas impresas y que presuntamente se corresponden con estas personas, desprendiéndose de su contenido que ellos al parecer observaron la inspección efectuada a los detenidos en ese procedimiento y vieron, que uno solo de los sujetos que tenían detenidos los funcionarios, tenía en su poder la bolsa que supuestamente contenía los envoltorios incautados en este procedimiento y que contenían supuesta droga de ilícita tenencia y venta y/o distribución.

   Con lo cual sin duda, podría al momento de requerirse se produzca su deposición al llevar a cabo el acto del juicio oral y público, conducir a la demostración de la veracidad de lo allí dicho y de ser coincidente, demostrarse la culpabilidad por la imputación que se le hiciera al encausado de autos, de concluirse al efectuarse la experticia correspondiente en que la sustancia incautada es efectivamente droga cuya tenencia y/o distribución o venta, es ilegal en este caso, por la comisión del delito ya precalificado.

   Por tanto mal podría estimarse que la información contenida en las actas de entrevistas agregadas en este asunto penal y recabada al momento de efectuarse la aprehensión del imputado de autos, es insuficiente para presumir su participación en el delito de cuya comisión se le señala por el titular de la acción penal, pues esas declaraciones constituyen relevantes indicios que hacen deducir su culpabilidad en ese hecho, toda vez que además este proceso se encuentra apenas en la fase de investigación y lo que amerita existan en las actas, son datos que resulten conducentes a la comprobación del hecho y de la identidad de sus autores aparte de las circunstancias en las cuales supuestamente se perpetrara, lo cual es lo exigido por la norma legal aplicable para poder imponer la medida preventiva judicial privativa de la libertad, aunado a la gravedad del delito de cuya comisión se esté señalando a la persona, la pena probable a imponerse aunado a las circunstancias personales del imputado acorde a lo determinado en los Artículos 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal.

   Aparte que todas estas apreciaciones son meras presunciones y que sólo de este modo pueden ser asumidas, puesto que no puede olvidarse que esas consideraciones son las procedentes hasta esta etapa del proceso y así lo ha definido también la Sala de Casación Penal de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 348, de fecha 25/07/2.006 cuya ponencia correspondió al Magistrado Dr. E.A.A., en relación con el valor pretendido o negado de las diligencias de investigación, que:

   (…) los defensores de los ciudadanos (…) no pueden pretender desvirtuar la legalidad de esos actos, ni de las pruebas en esta oportunidad, ya que ello es materia del contradictorio que se desarrollará en la etapa del juicio oral y público, que es cuando se perfeccionará el juzgamiento, garantizándole a las partes el debido proceso y el derecho de acceder a los medios de prueba de su contraparte

   .

   Estableciendo la Sala Constitucional de nuestra máxima instancia judicial a nivel nacional, en cuanto a la revisión que debe hacer la Alzada, de la decisión en contra de la cual se interpone el Recurso de Apelación, en sentencia número 75, de fecha 20/02/2.008, en el expediente n°07-1551, lo siguiente

   (…)

   El control externo de las medidas de coerción personal se traduce en supervisar que la decisión judicial contentiva de la medida se sustente en una motivación fundada y razonada, en otras palabras, que haya sido dictada de forma fundada, razonada, completa y acorde con los fines de la prisión preventiva.

   (…).

   De allí la necesidad que se tiene en el proceso de asegurar por el medio más efectivo, la sujeción del imputado y su comparecencia efectiva a los actos que el curso del mismo impone, puesto que tomando en cuenta el principio de proporcionalidad, que a su vez implica la idoneidad y la necesidad de la aplicación de la medida preventiva privativa de libertad, se tiene presente que la probabilidad de la demostración de la culpabilidad en este supuesto es bien posible, dada la claridad y contundencia de los testimonios dados; amén que el daño que se ocasiona a la colectividad con la comisión de este tipo de delitos es grande, lo cual aunado a la pena que podría llegarse a imponer, conduce a presumir que este individuo tiene alto grado de prognosis de adoptar medidas para impedir su condenatoria, bien evadiéndose del proceso o amenazando a los testigos instrumentales para que no digan la verdad de lo que observaron, cuando a él lo aprehendieron y lo revisaron, como bien lo expresara el Juez A quo en la recurrida.

   Así confrontada como ha sido la decisión cuya impugnación se pretende con el estudio y evaluación que esta Superioridad hiciera del análisis que sustentara el decreto de la medida privativa impuesta, se pudo verificar que la Jueza A quo tomó en cuenta todos los datos existentes en las actuaciones y después de haberlos examinado, ponderó motivadamente y de manera objetiva la información aportada por el titular de la acción penal, lo cual efectivamente le permitió considerar que surge la presunción razonable de la supuesta participación del encausado en el hecho punible de cuya comisión se le imputa, puesto que ante lo aseverado y que consta en las actas resulta acertado deducirlo de esa forma, así como de la entidad dañosa de ese acto delictivo y de la necesidad de imponerle la consecuencia dictaminada ante el cumplimiento de los requisitos legalmente dispuestos para que así pueda proceder la Instancia Judicial ante la petición que le haga el titular de la acción penal.

   Sin que se observe exista ilogicidad en la deducción que realizara la Juzgadora A quo, de los elementos de convicción y la información que los mismos arrojan ni contradicción ni incoherencia, en los razonamientos que se evidencian fueron asumidos y expuesto en la recurrida, por cuanto ante la coincidencia y congruencia de las declaraciones dadas por los testigos instrumentales, siendo además tres personas distintas que aparentemente vieron esa situación de la detención de tres sujetos, uno de ellos tenía en su poder una bolsa contentiva supuestamente de unos envoltorios de presunta droga, hace presumir lógicamente que ese individuo llevaba allí oculta esa sustancia, siendo que ese es un delito bien grave, por lo que en modo alguno se podría entender como ciertas estas denuncias que hiciera la parte recurrente.

   En definitiva es pertinente citar lo que se dictamina en sentencia número 242, de fecha 28/04/2.008, emanada de la Sala de Casación Penal de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, al respecto de las medidas de coerción personal

   “(…)

   Conforme con lo expuesto, puede reafirmarse, que la libertad es un derecho fundamental que puede ser limitado por vía excepcional y que el artículo 44 (numeral 1) del Texto Constitucional, dispone una obligación en salvaguarda de ese derecho: la intervención exclusiva de los jueces de la jurisdicción penal, para privar de libertad a una persona, atendiendo, en todo momento, al cumplimiento de los requisitos expresamente señalados en el Código Orgánico Procesal Penal, lo que se constituye en una garantía inherente e ineludible para la restricción del mencionado derecho fundamental.

   En el Derecho Comparado encontramos que para el Tribunal Constitucional Español, la privación judicial preventiva de libertad debe atender a la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de dicha medida, concretándose aquéllos en la conjuración de ciertos riesgos relevantes, a saber, la sustracción del encarado a la acción de la justicia, la obstrucción de la justicia penal y la reiteración delictiva (STC 33/1999, de 8 de marzo, del Tribunal Constitucional español).

   De lo citado se concluye que la privación de libertad, es una medida que esencialmente se justifica por la necesidad de asegurar el proceso, específicamente, garantizar sus resultados y la estabilidad en su tramitación.

   (…).

   Por ende, al contarse en este caso con la información aportada por los tres testigos instrumentales del procedimiento policial llevado a cabo por los funcionarios policiales que actuaran en este caso, lo cual permitiría o da opción de poder ser corroborada la autenticidad de lo informado en las actas policiales y que hace presumir, que el imputado de autos aparentemente cuando fue avistado por la comisión policial, llevaba en sus manos una bolsa plástica contentiva aparentemente de una cantidad de envoltorios (120 de diferentes presentaciones y contenido) de presunta droga y que cuando fue detenido, una vez ya aprehendido es visto por los testigos de esta manera, por lo que al ser revisada la misma en presencia de estos, observaron que efectivamente allí había lo antes indicado, por lo tanto con esos datos será probable se demuestre su culpabilidad en la comisión del delito cuya precalificación ya se enunciara antes.

   De lo antes expuesto se concibe la suficiencia de los elementos de convicción aportados, es decir, porque la determinación que permitiría se hiciera con esa información y de ser aportada la misma, podría darse por comprobada su veracidad y en consecuencia, tal vez tenerse por demostrada su participación en la comisión del delito antes calificado u otro, de esa misma tipificación legal, es por ello que las denuncias que efectuara la parte recurrente en cuanto al dictamen que hiciera la Jueza A quo acerca de la insuficiencia del acta policial para ordenar la privación de libertad y de lo cual, la defensa recurrente, desprende la misma consecuencia para su asistido, o sea la insuficiencia de los elementos de convicción cursantes en las actas, deben ser desestimadas, ya que el dictamen que se hiciera en cuanto al acta policial de aprehensión sólo se remite a la situación de los otros detenidos en ese procedimiento y la información que aportaran todas esas actas, puede ser tenida como suficiente para presumir la comisión del delito de cuya comisión fuera imputado el procesado, cuya defensa apelara.

   Observando, que lo argumentado por la defensa en cuanto a la adecuada motivación de las decisiones, forma parte del debido proceso, así como que con respecto a éste, se han emitido muchos criterios, unos restringiendo el sentido de las normas legales que lo regulan, otros extendiéndolo para aumentar la protección de las garantías contenidas en el ordenamiento legal, un ejemplo de estas interpretaciones, es la dada por O.A.G. en el texto de su autoría “El Debido Proceso” (2.004, Rubinzal-Culzoni Editores, pp. 41-44), quien al explicar sus consideraciones acerca de ello, da su opinión sobre los efectos o implicaciones, que la postura de ampliar en extremo la letra de la ley, puede tener en el funcionamiento de la administración de justicia, convirtiéndose en obstáculos para su obtención en forma efectiva y eficaz, señalando

   Ello ocurre cuando las garantías se exacerban sin control ni dirección oportuna, provocando con el máximo de seguridades la peor de las crisis judiciales. Sucede así cuando el acceso irrestricto admite pretensiones estériles, abusivas, maliciosas o fraudulentas, o cuando se pretende aprovechar dolosamente la gratuidad de la justicia, o al exigir sin necesidad la asistencia letrada oficial, o generar una amplitud de pretensiones ambivalentes o ambiguas entre sí, etcétera. … omissis… Por tanto, la garantía exige que el litigante sea oído con las formalidades legales y no dependa del número de instancias que las leyes procesales establezcan según la naturaleza de las causas… omissis… A veces se concreta que el derecho constitucional de defensa en juicio requiere, para su normal ejercicio, que las pretensiones de la parte sean debidamente exteriorizadas en tiempo oportuno, para que su contraria no sólo pueda formular las objeciones y réplicas al respecto, sino también para que se puedan ofrecer las pruebas que considere necesarias para desvirtuar las conclusiones de su adversaria, e impide que uno de los litigantes goce de mayores oportunidades de ser oído y de aportar pruebas…

   .

   En relación con la motivación sostiene A.P.I. en el texto cuyo título es “Garantismo y Derecho Penal” (2.006, editorial T.S.A., pág. 153), resaltando en el capítulo denominado Garantismo y P.P., lo que es la percepción del Juez sobre la realidad que se le presenta a su conocimiento y debida resolución y su relevancia para una adecuada motivación, explicando

   (…)

   La motivación de las decisiones judiciales en materia de hechos ocupa un puesto central en la experiencia procesal de inspiración garantista. Es el instrumento esencial para hacer que la decisión sea, antes que un puro ejercicio de poder, una expresión de saber.

   …

   El ius dicere en materia de derecho punitivo debe ser una aplicación/explicación; un ejercicio de poder que esté fundado en un saber consistente por demostradamente bien adquirido. Esta calidad en el curso de la adquisición es la condición esencial de la legitimidad del operar jurisdiccional.

   De ahí la virtualidad del deber de motivación. Tomado en serio, no solo impone la exposición ex post de las razones, del porqué de la decisión, sino que, ya ex ante, habrá operado sobre la actitud del juez impregnándola de racionalidad autocrítica, constriñéndole a moverse en el terreno de lo efectivamente explicable y motivable, de los criterios que son susceptibles de verbalización, de justificación explícita.

   Es esto lo que hace imprescindible un buen conocimiento de la naturaleza del conocimiento judicial, por parte del juez y de los demás actores procesales.

   (…).

   Ha establecido la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 186, de fecha 04/05/2.006, que para que se produzca una correcta motivación, en el fallo o dictamen, deben exponerse:

   1.- la expresión de las razones de hecho y de derecho en que ha de fundarse, según el resultado que suministre el proceso, y las normas legales pertinentes;

   2.- que las razones de hecho estén subordinadas al cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley Adjetiva Penal;

   3.- que la motivación del fallo no debe ser una enumeración material e incongruente de pruebas, ni una reunión heterogénea o incongruente de hechos, razones y leyes, sino un todo armónico formado por los elementos diversos que se eslabonen entre sí, que converjan a un punto o conclusión, para ofrecer base segura y clara a la decisión que descansa en ella; y

   4.- que en el proceso de decantación, se transforme por medio de razonamientos y juicios, la diversidad de hechos, detalles o circunstancias a veces inverosímiles y contradictorias, en la unidad o conformidad de la verdad procesal.

   … éste también debe garantizar una motivación suficiente, una decisión judicial razonada sobre todas las pretensiones deducidas que exterioricen el proceso mental, conducente a su parte dispositiva

   .

   En cuanto a la adecuada motivación de las sentencias, la Sala de Casación Penal ha determinado en sentencia número 93 de fecha 20/03/2.007, con ponencia del Magistrado Dr. E.R.A.A., que:

   (…)

   Ahora bien, en el entendido de que la argumentación de los fundamentos de hecho y de derecho, como uno de los requisitos indispensables de las sentencias (artículo 364, numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal), está referido a la obligación de los jueces, tanto de instancia como en alzada, de elaborar en sus fallos el razonamiento jurídico hilado y congruente que resulte de la evaluación del suceso o de lo alegado en el recurso de apelación, según el caso, se puede asentir que los jueces… omissis… dieron cumplimiento a las exigencias del legislador… omissis… En efecto, el sentenciador a quo partió de los vicios pretendidos en el recurso de apelación a efectuar una revisión decantada del fallo de juicio, determinando, con suficiente claridad y fundamento, el porqué consideró expresados correctamente el establecimiento de los hechos y, el análisis y comparación de los elementos probatorios, ofreciendo para ello un estudio pormenorizado de la correcta valoración de los testimonios impugnados en la apelación… omissis… para de esta forma garantizar el derecho al pronunciamiento de la segunda instancia.”

   Considerando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en sentencia número 499, de fecha 14/04/2.005, en el expediente número 03-1799, ratificando el criterio expresado con anterioridad por esta misma Sala en sentencia número 2.799, de fecha 14/11/2.002, específicamente en estos casos en los cuales se trata de la resolución que se emite en esta fase del proceso y en esta oportunidad procesal, que

   (…)

   Respecto de la denuncia que se examina, observa esta Sala que el fallo que se impugnó es un acto que expidió la legitimada pasiva, en ejercicio legítimo de sus funciones y el cual fue fundamentado o motivado, mediante la expresión de las razones que, en criterio de la legitimada pasiva, eran legalmente conducentes al decreto de medida preventiva de privación de libertad, razón por la cual dicha decisión es formalmente inobjetable, de conformidad con el artículo 179 del Código Orgánico Procesal Penal.

   En todo caso, debe recordarse, a estos efectos, que la Sala ha establecido que, en virtud de la etapa del proceso en la cual es dictada, no es exigible, respecto de la decisión por la cual se decrete, en la audiencia de presentación del imputado, la medida cautelar de coerción personal, una motivación que se desarrolle con la exhaustividad que es característica de otras decisiones.

   En tal sentido se pudo observar que tanto en los pronunciamientos emitidos y plasmados en el acta de fecha 8/1/2.010 como en el auto de esa misma fecha antes transcritos, están contenidas las apreciaciones y el estudio que hiciera la Jueza A quo sobre los hechos que le fueron presentados así como los alegatos planteados por las partes, aplicando las normas legales que se correspondían con esos supuestos, abarcando todos los aspectos que se requerían en estos casos, puesto que se hace manifiesto el examen que se hiciera de los elementos de convicción obtenidos, de lo que se puede constatar el examen hecho de la información allí contenida.

   Además acorde a los datos que contienen así como la consideración que se expusiera de la presunción de los peligros de evasión y de obstaculización estimados evidentes en este caso, todo lo cual se verifica ciertamente surgen de lo asentado en las actas hasta este momento del proceso, razón por la cual esta denuncia del mismo modo debe ser desestimada, ya que la recurrida contiene todos los aspectos requeridos para sustentar debidamente el decreto que se emitiera, porque se manifiesta allí tanto la identificación del encausado, el delito de cuya comisión se le imputa, la descripción del acto o conducta evidenciada por la actuación policial en este caso y la actuación del encausado para ese momento, aparte de las circunstancias por las cuales se estiman presentes tanto el peligro de fuga o evasión del proceso como el de obstaculización en el mismo, de su parte y que efectivamente se señala considerara el imputado de autos no tiene arraigo en el país, lo que aunado a la entidad dañosa del delito presuntamente perpetrado y la pena que podría llegar a imponerse, son los supuestos determinados en la misma disposición legal que regula esta actuación para poder imponerla, como en efecto se hiciera.

   Es por ello que constatado como ha sido que la decisión impugnada, no presenta ninguno de los vicios denunciados, porque de la revisión que se hiciera de parte de las actuaciones que conforman este asunto judicial, pudo verificarse que la desestimación que se hiciera del acta policial como elemento de convicción, tal determinación se hizo en base al supuesto de hecho observado en relación con los otros dos encausados, lo cual aunado a la constatación que esta Alzada efectuara acerca de la suficiencia de la información que aportaran los testigos instrumentales de la actuación policial para presumir que el imputado de autos, cuya defensa recurriera en apelación, fue hallado con una bolsa plástica en su poder y que allí tenía guardados u ocultos aparentemente una cierta cantidad de envoltorios (120) en distintas presentaciones y presuntamente contentivos de supuesta droga cuya tenencia, venta o distribución es ilegal y punible, así como de la motivación allí expresada que contiene el estudio que se hiciera de las actuaciones policiales y su valoración aunado a la consideración manifestada sobre los motivos por los cuales presumía de su parte el peligro de intento de evasión del proceso y su obstaculización, con sustento en lo que se encuentra debidamente motivada esa decisión, en consecuencia de lo cual esta Sala estima que lo procedente y ajustado a derecho en este caso es DECLARAR SIN LUGAR, el Recurso de Apelación incoado por el Abogado en ejercicio J.J.G.C., de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el número 57.049 quien actúa en la presente causa en su condición de defensor privado del ciudadano D.A.C., titular de la cédula de identidad N° V-15.801.843, a quien la Fiscalía del Ministerio Público le imputara la comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el Artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, ejercido como fuera para impugnar la decisión emanada del Juzgado número ocho (8) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 08/01/2.010, en la cual entre otros pronunciamientos DECRETA LA MEDIDA PREVENTIVA JUDICIAL PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, por tanto QUEDA CONFIRMADA la decisión recurrida, decisión que emite esta Alzada, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE.

   DECISIÓN

   Por todas las razones antes expuestas, esta SALA Nº 10 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY: DECLARA SIN LUGAR, el Recurso de Apelación incoado por el Abogado en ejercicio J.J.G.C., de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el número 57.049 quien actúa en la presente causa en su condición de defensor privado del ciudadano D.A.C., titular de la cédula de identidad N° V-15.801.843, a quien la Fiscalía del Ministerio Público le imputara la comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el Artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, ejercido como fuera para impugnar la decisión emanada del Juzgado número ocho (8) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 08/01/2.010, en la cual entre otros pronunciamientos DECRETA LA MEDIDA PREVENTIVA JUDICIAL PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, puesto que ninguno de los vicios denunciados como presentes en la decisión recurrida fue confirmado dada la suficiencia de los elementos de convicción existentes en las actuaciones policiales que hacen presumir la participación del imputado de autos en el delito antes señalado y debido a que la recurrida sí contiene todo el razonamiento requerido para sustentar adecuadamente el decreto dictado, por tanto QUEDA CONFIRMADA la decisión recurrida toda vez que la misma reúne todos los requisitos de forma y de fondo exigidos por la legislación de rango constitucional y legal, dando cumplimiento así esta Sala a lo establecido en el Artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal.

   Regístrese, notifíquese y déjese copia debidamente certificada por Secretaria de la presente decisión. Remítase el respectivo cuaderno de incidencia al Tribunal de origen en su debida oportunidad.

   LA JUEZ PRESIDENTE

   DRA. ANGÉLICA RIVERO BERMÚDEZ

   LAS JUEZAS INTEGRANTES

   DRA. A.L. BELILTY B. DRA. C.A. CHACÍN MATERÁN

   (PONENTE)

   LA SECRETARIA

   ABG. CLAUDIA MADARIAGA SANZ

   En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.

   LA SECRETARIA

   ABG. CLAUDIA MADARIAGA SANZ

   Exp. 10 Aa--2639-10

   ARB/ALBB/CACM/cms.

   Decisión: 040-09