Decisión nº INTERLOCUTORIA-104 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 17 de Julio de 2012
| Fecha de Resolución | 17 de Julio de 2012 |
| Emisor | Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario |
| Ponente | Javier Sanchez Aullon |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Tributario |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 17 de julio de 2012
202º y 153º
ASUNTO N° AP41-U-2012-000082 INTERLOCUTORIA N° 104.-
Visto el recurso contencioso tributario interpuesto conjuntamente con pretensión cautelar de suspensión de efectos, en fecha 06 de marzo de 2012, por el ciudadano J.E.P.L., titular de la cédula de identidad N° V-8.786.877, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el N° 51.106, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente “POLICLÍNICA DEL LLANO, C.A.”, en contra del acto administrativo sin número, emanado de la Alcaldía del Municipio J.T.M.d.E.G., en fecha 02 de febrero de 2012, mediante el cual se declaró Sin Lugar el recurso jerárquico interpuesto por la recurrente antes mencionada, en fecha 06 de diciembre de 2011, y en consecuencia, se confirmó la Resolución de Imposición de Sanción N° DHM-306-2011, del 24 de octubre de 2011, notificada en esa misma fecha, mediante la cual se impuso a cargo de la referida contribuyente, multa por la cantidad cincuenta unidades tributarias (50 U.T.), conforme al artículo 56 de la Ordenanza de Impuestos sobre la Industria, Comercio y Servicios Conexos de dicho Municipio.
Habiendo sido admitida la presente causa en fecha 21 de junio de 2012, mediante Sentencia Interlocutoria N° 91, este Órgano Jurisdiccional pasa a pronunciarse sobre la solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado por la recurrente “POLICLÍNICA DEL LLANO, C.A.”, de conformidad con lo previsto en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, el cual establece que con la interposición del recurso contencioso tributario, a instancia de parte el Tribunal podrá suspender parcial o totalmente los efectos del acto recurrido, en el caso de que su ejecución pudiere causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamenta en la apariencia de buen derecho.
En materia de suspensión de efectos de los actos administrativos, la jurisprudencia ha considerado que son medidas cautelares, que consolidan el principio de protección jurisdiccional y el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 259 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, que por ser una excepción a los principios de ejecutividad y ejecutoriedad que informan al derecho administrativo, así como de la presunción de legalidad y veracidad que goza el acto administrativo emitido, el juez contencioso tributario, en ejercicio de sus potestades cautelares debe ser cuidadoso al momento de apreciar y ponderar la pertinencia de una medida, como en el presente caso, al decidir la suspensión de los efectos de un acto, sujetándose también a los requisitos y condiciones legalmente previstos.
Ahora bien, el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, establece:
Artículo 263. La interposición del recurso no suspende los efectos del acto impugnado; sin embargo, a instancia de parte, el tribunal podrá suspender parcial o totalmente los efectos del acto recurrido, en el caso que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho. Contra la decisión que acuerde o niegue la suspensión total o parcial de los efectos del acto, procederá recurso de apelación, el cual será oído en el solo efecto devolutivo.
La suspensión parcial de los efectos del acto recurrido no impide a la Administración Tributaria exigir el pago de la porción no suspendida ni objetada.
(Destacado del Tribunal).
De la disposición antes transcrita, se advierte que la suspensión de efectos del acto recurrido en materia tributaria no ocurre en forma automática con la interposición del recurso contencioso tributario (como sucedía bajo la vigencia del Código Orgánico Tributario de 1994), sino que, por el contrario, debe considerarse como una medida cautelar que el órgano jurisdiccional puede decretar a instancia de parte.
Asimismo, del artículo 263 del Código Orgánico Tributario antes citado se desprende que para la procedencia de la medida cautelar de suspensión de efectos deben cumplirse ciertas exigencias, que conforme al texto de la norma se refieren a “que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho”.
De este modo, la interpretación literal del texto transcrito supra permitiría afirmar, en principio, la posibilidad de que los requisitos para decretar la medida cautelar en materia tributaria no sean concurrentes. Sin embargo, el Tribunal considera necesario advertir que las interpretaciones de los textos normativos deben realizarse con base en su comprensión integral y de forma sistemática con respecto a todo el ordenamiento jurídico.
En ese sentido, resulta pertinente destacar el criterio establecido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en su Sentencia Nº 00607, de fecha 03 de junio de 2004, caso: DEPORTES EL MARQUEZ, C.A., posteriormente asumido de forma pacífica en numerosos fallos, entre los cuales destaca el N° 00085 de fecha 26 de enero de 2011, caso: MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, según las cuales, la Sala realizó una interpretación correctiva de la norma y, en tal sentido manifestó, entender de la referida disposición legal que, para que el juez contencioso tributario pueda decretar la suspensión de los efectos del acto administrativo, deben siempre satisfacerse, de forma concurrente, los dos requisitos antes señalados, vale decir, periculum in damni y fumus boni iuris; ello con la finalidad de llevar al convencimiento del juzgador la necesidad de que la medida deba decretarse, para garantizar y prevenir el eventual daño grave, el cual pudiera causarse con la ejecución inmediata del acto administrativo tributario.
Las medidas cautelares de suspensión de efectos del acto administrativo tributario, se dictan cuando ellas sean necesarias para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación causados por la ejecución inmediata del acto administrativo tributario, en cuyo caso, de acordarse, deben ser con fines preventivos y no con fines ejecutivos o de reparación definitiva del daño.
Esta actividad preventiva de las medidas cautelares en el contencioso tributario, a diferencia de otros procesos, no está dirigida a asegurar las consecuencias de la sentencia futura del proceso principal, por el retardo en el mismo, sino que, por el contrario, busca suspender los efectos de un acto administrativo cuya ejecución inmediata pueda causar daños graves, razón por la cual, en este caso, debe hablarse de peligro de daño o periculum in damni según denominación de algún sector de la doctrina. Vale decir, que el peligro aquí no se identifica porque quede ilusoria la ejecución de un futuro fallo, sino por la debida comprobación por parte del juez de que la ejecución inmediata del acto administrativo tributario pueda causar un daño grave e inminente al contribuyente.
En cuanto a la exigencia del fumus boni iuris, es decir, de la probable existencia de un derecho, del cálculo o verosimilitud de que la pretensión principal será favorable al accionante, dicho requisito no puede derivar únicamente de la sola afirmación del accionante, sino que debe acreditarse en el expediente.
Por otra parte, debe aclararse que el acto administrativo tributario cuya suspensión se pide ante el órgano jurisdiccional, se presume dictado con apego a la ley, es decir, que el acto administrativo tributario goza de una presunción de legalidad, al ser dictado por órganos o entes públicos que poseen competencias y atribuciones contempladas en la ley para el ejercicio de la actividad administrativa tributaria.
Es por esta especial razón, que el decretar judicialmente la suspensión del acto administrativo, supone una excepción a los principios de ejecutividad y ejecutoriedad inmediata de los actos administrativos, ambos principios derivados de la referida presunción de legalidad.
Así, tomando en consideración dicha circunstancia, la sola apariencia del buen derecho no es suficiente para suspender el acto administrativo tributario; sino que además la ejecución del acto administrativo debe causar perjuicios al interesado, peligro éste calificado por el legislador como grave. La apariencia del derecho y el peligro inminente de daño grave en los derechos e intereses del interesado sería lo que, en todo caso, justificaría la suspensión de los efectos del acto administrativo tributario.
En cuanto a la posibilidad de acordar la suspensión de los efectos del acto administrativo tributario con la sola verificación del periculum in damni, considera el Tribunal al igual que lo hizo la Sala Político Administrativa en su oportunidad, que tampoco puede aisladamente solicitarse y decretarse, en razón de que carece de sentido que un contribuyente que no tenga la apariencia o credibilidad de la existencia de un buen derecho, pueda alegar que se le está causando un daño grave.
Entonces, al haber quedado evidenciado que ambos enunciados constitutivos del texto legal, a saber, periculum in damni y fumus boni iuris, no se dan en forma completa al analizarse por separado, conforme a lo explicado debe concluirse que ambos forman parte de una unidad, por lo cual no puede hablarse, en este caso, de disyunción en la proposición normativa sino de conjunción, ya que dichos enunciados o las partes que la conforman para ser válidos, esto es, verificarse en la realidad, deben verse en forma conjunta, y no sosteniendo que indistintamente la existencia de que cada uno, por separado, es capaz de lograr la consecuencia jurídica del texto legal.
Sentado lo anterior, resulta necesario analizar si en el caso de autos es procedente o no la medida de suspensión de efectos de la resolución impugnada, a cuyo fin se observa lo siguiente:
En cuanto al requisito inherente al periculum in damni, advierte el Tribunal que la recurrente, no señaló fundamento alguno, simplemente se limitó a indicar que conforme a lo que fue decidido en la Resolución que pretende impugnar, “(omissis) …he aquí que sí se requiere que el Tribunal Superior competente, se pronuncie en torno a dejar sin efecto “ese procedimiento” que concluirá con la “resolución definitiva”; es decir, que este Tribunal no solo pida o requiera los antecedentes del presente caso, sino que ordene a la Alcaldía del municipio (sic) J.T.M. del estado (sic) Guárico, el envío a la sede jurisdiccional, del expediente que contenga todas las actuaciones en original sobre la presente causa, ya que, con vista a las denuncias delatadas, y los recaudos consignados conjuntamente con el presente recurso, está suficientemente demostrado tanto el fomus boni iuris, como el periculum in mora, así como patente el periculum in damni. No sabemos, cuál es el procedimiento que la Alcaldía está siguiendo; desconocemos que pretende la Alcaldía con una “resolución definitiva”; encontrándose, en nuestro pensar, absolutamente fuera de la ley, del marco jurídico, del ordenamiento jurídico vigente en Venezuela. Lo prudente para evitar mayores daños al sujeto pasivo, así como a otras personas jurídicas y/o naturales que pudieran encontrarse en situación similar, sería recabar en original todas las actuaciones relacionadas con el presente caso, específicamente con el expediente signado con la nomenclatura 2011-001”.
Ahora bien, revisado exhaustivamente como fue el expediente judicial, observa este Tribunal que la contribuyente no promovió prueba alguna de la cual se constate el peligro inminente que pudiera sufrir con la posible ejecución del acto administrativo, y que alcanzara a colocar en riesgo su estabilidad patrimonial, tales como el balance general auditado correspondiente a la fecha en que fue solicitada la medida, el estado de ganancias y pérdidas, así como cualquier otro estado financiero, demostrativo de su real situación patrimonial.
Por tales motivos, al no existir en autos elementos que al menos permitan concluir objetivamente sobre el cumplimiento del requisito relativo al periculum in damni, resulta improcedente la medida de suspensión de efectos solicitada, e inoficioso el análisis respecto de los demás supuestos de procedencia, pues su cumplimiento debe ser concurrente. Así se decide.
En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos formulada en el presente recurso contencioso tributario, por el ciudadano J.E.P.L., antes identificado, actuando en su carácter de apoderado judicial de la recurrente “POLICLÍNICA DEL LLANO , C.A.”.
Publíquese, regístrese y notifíquese a la ciudadana Síndica Procuradora del Municipio J.T.M.d.E.G., de conformidad con los artículos 118 numeral 1° y 152 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
Asimismo, a los fines de practicar la mencionada notificación, se comisiona suficientemente al ciudadano Juez de los Municipios J.T.M. y San J.d.G. de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico. Líbrese Boleta de Notificación, Despacho y Oficio.
Dada, firmada y sellada en horas de despacho de este Órgano Jurisdiccional, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de julio de dos mil doce (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.-
El Juez Provisorio,
Abg. J.S.A..-
El Secretario Titular,
Abg. F.J.E.G..-
ASUNTO: AP41-U-2012-000082.-
JSA/marcos.-
