Decisión nº 1843 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 14 de Agosto de 2012

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, 14 de agosto de 2012

202º y 153º

ASUNTO Nº AF41-U-1991-000002.- SENTENCIA Nº 1843.-

ASUNTO ANTIGUO Nº 706.-

Vistos

con informes de ambas partes.

En horas de despacho del día 07 de julio de 1992, se recibió Oficio Nº HJI-320-00542, de fecha 07 de mayo de 1992, de la extinta Dirección Jurídico Impositiva del entonces Ministerio de Hacienda, actual Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), adscrito al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, mediante el cual fue remitido el recurso contencioso tributario interpuesto ante el Juez Primero del Distrito Maracaibo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 18 de agosto de 1989, por el ciudadano R.d.V.R., titular de la cédula de identidad Nº 89.891, actuando en su carácter de presidente de la contribuyente “POLICLINICA MARACAIBO, C.A.”, (RIF Nº J070001535-7), sociedad mercantil inscrita ante el Registro de Comercio llevado por la Secretaría del Juzgado Primero de Primera Instancia del Estado Zulia, en fecha 12 de diciembre de 1952, bajo el Nro. 211, páginas 225 a la 230 de los libros respectivos, debidamente asistido por los ciudadanos C.M.B. y E.C.F., titulares de las cédulas de identidad Nos. 1.698.924 y 3.652.022, e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 6.469 y 17.869, respectivamente, contra la Resolución Nº HJI-100-000656 de fecha 18 de julio de 1989, emanada de la Dirección Jurídica Impositiva actual Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se confirmó el contenido de la Resolución Nº HRZ-500-0215 de fecha 10 de diciembre de 1988, emanada de la extinta División de Tramitaciones de la Administración de Hacienda de la Región Zuliana, y en consecuencia las Planillas de Liquidación Nos. 04-10-65-00002, 04-10-65-000002 y 04-10-70-00004, por montos de Bs. 1.850.418,37, Bs. 1.942.939,29 y Bs. 415.344,13, por conceptos de impuesto, multa e intereses moratorios, respectivamente, en materia de Impuesto Sobre la Renta, lo cual asciende a la cantidad total de Bs. 4.208.701,79, expresados en moneda de curso vigente en Bs. 4.208,70.

Por auto de fecha 27 de julio de 1992, se le dio entrada a dicho recurso contencioso tributario, ordenándose formar expediente bajo el Nº 706, actual Asunto Nº AF41-U-1991-000002, y librar boletas de notificación dirigidas a los ciudadanos Procurador General de la República, Contralor General de la República, así como al representante legal y/o apoderado judicial de la contribuyente “POLICLINICA MARACAIBO, C.A.”. Asimismo, a los fines de solicitar el envío a este Órgano Jurisdiccional del respectivo expediente administrativo, fue librado en esa misma fecha, Oficio Nº 3.592.

Estando las partes a derecho, según consta en autos a los folios 69 al 71, ambos inclusive, se admitió dicho recurso mediante auto de fecha 11 de agosto de 1992, ordenándose su tramitación y sustanciación correspondiente.

El 14 de agosto de 1992, se abrió la causa a pruebas.

En fecha 29 de septiembre de 1992, la ciudadana Taormina Cappello Paredes, titular de la cédula de identidad Nº 7.236.035 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 28.455, actuando en su carácter de apoderada judicial de la contribuyente, presentó escrito de promoción de pruebas, haciendo valer el mérito favorable de los autos y pruebas testimoniales.

Posteriormente, el Tribunal en fecha 08 de octubre de 1992, admitió parcialmente las pruebas promovidas por la parte recurrente. En esa misma fecha fue l.O. Nº 3650 dirigido al ciudadano Juez Sexto del Municipio Urbano de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia a los fines de comisionarlo para tomar las declaraciones a los testigos promovidos en la prueba testimonial.

En fecha 10 de noviembre de 1992, se dio inicio a la relación de la causa, ordenando suspenderla para el décimo quinto (15 º) día de despacho siguiente al de esta fecha.

En fecha 20 de noviembre de 1992, la ciudadana R.D.d.A., actuando en su carácter de abogada fiscal adscrita a la División General Sectorial de Rentas del extinto Ministerio de Hacienda, presentó diligencia a los fines de consignar copia certificada del Acta Nº 00276, de fecha 01 de julio de 1988.

En fecha 10 de diciembre de 1992, se recibió Oficio Nº 1187-92, de fecha 12 de noviembre de 1992, emanado del Juzgado Sexto de Municipios Urbanos de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante el cual remitió resultas de la comisión conferida en fecha 08 de octubre de 1992, constante de dieciséis (16) folios útiles.

En fecha 01 de abril de 1993, la ciudadana Taormina Cappello Paredes, antes identificada, presentó diligencia a los fines de solicitar, en virtud de la paralización de la causa, la notificación de las partes en el presente proceso para que continuara su curso.

Mediante auto de fecha 04 de mayo de 1993, el Tribunal ordenó las notificaciones de los ciudadanos Procurador General de la República y Contralor General de la República, dejando constancia que una vez consignada en autos la última de las notificaciones, la causa continuaría su curso el primer (1º) día de Despacho siguiente al de esta fecha.

En fecha 19 de mayo de 1993, el Tribunal fijó el décimo quinto (15º) día de despacho siguiente para que tuviese lugar el acto de informes.

En fecha 10 de junio de 1993, oportunidad fijada por el Tribunal para la presentación de informes, comparecieron, por una parte, la ciudadana R.D.d.A., antes identificada, quien presentó escrito de informes, constate de tres (03) folios útiles; y por otra parte, la ciudadana Taormina Cappello Paredes, identificada supra, quien consignó conclusiones escritas en diecisiete (17) folios útiles. En esta misma fecha, el Tribunal dijo “VISTOS”, entrando en la oportunidad procesal de dictar sentencia.

El 17 de noviembre de 1993, el Tribunal prorrogó por treinta (30) días, la oportunidad para dictar el fallo correspondiente.

En fechas 28 de mayo de 1997, 30 de abril de 1999, 16 de febrero de 2001, 04 de febrero de 2002 y 05 de febrero de 2003, la apoderada judicial de la recurrente presentó diligencias mediante las cuales solicitó a este Tribunal, dictara sentencia definitiva en la presente causa.

No hubo más actuaciones por parte de la representación judicial de la recurrente.

En fecha 23 de julio de 2012, quien suscribe la presente decisión en su carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, debidamente designado mediante Oficio Nº CJ-09-0100 de fecha 06 de febrero de 2009, emanado de la Presidencia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y Juramentado el día 04 de marzo de 2009, por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, se abocó al conocimiento de la presente causa; y asimismo, comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 23 de octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:

"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

-I-

PUNTO ÚNICO

De la revisión detallada de los autos que conforman el expediente de la causa in examine, puede este Juzgador evidenciar que desde el 10 de junio de 1993, oportunidad en la cual se dijo “Vistos” en la presente causa, la representación judicial de la contribuyente “POLICLINICA MARACAIBO, C.A.”, ha instado el proceso en cinco (05) ocasiones, siendo la última de ellas en fecha 05 de febrero de 2003, oportunidad en la cual fue presentada diligencia solicitando se emitiera el fallo correspondiente. A partir de allí, no ha ocurrido nuevamente a dar impulso a la causa, por lo cual resulta oportuno analizar de seguidas, si se ha producido la pérdida sobrevenida del interés por parte de la recurrente y, consecuencialmente, el decaimiento de la acción incoada.

En cuanto al interés procesal, el maestro i.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídicas E.A., Buenos Aires, 1973) señala:

El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.

.

Desde esta óptica de la doctrina procesal, resulta pertinente para el Tribunal hacer referencia del criterio jurisprudencial expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia Nº 416 (caso: Ciudadanía Activa), publicada en fecha 28 de abril de 2009, el cual ratificó el planteamiento dimanado de dicha Sala en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.); indicó la Sala:

… (Omissis)

.

El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’).

El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y M.P.M. de Valero’).

En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.

(Omissis)…

(Resaltado del Tribunal).

Del fallo parcialmente citado, se colige que la pérdida sobrevenida del interés puede ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión de la acción incoada o después que la causa ha entrado en fase de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se diga “VISTOS” y comience el lapso para dictar la sentencia de mérito.

En este punto, y a fin de una mayor profundización de las consideraciones antes señaladas, se estima acertado destacar lo puntualizado en el prenombrado fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se indicó lo siguiente:

(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:

a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido

. (Destacado de este Juzgado Superior).

Ahora bien, este Despacho comparte y está en sintonía con el criterio precedentemente expuesto, y evidencia que en el presente caso se está claramente en presencia de la segunda de las situaciones expuestas por la Sala Constitucional de nuestro M.T., ya que la accionante, luego que el Tribunal dijera “Vistos” en fecha 10 de junio de 1993, y luego de haber solicitado en fecha 05 de febrero de 2003 que el Tribunal emitiera el fallo correspondiente, no ha realizado ninguna otra actuación orientada a obtener el pronunciamiento respectivo en el recurso contencioso tributario por ella interpuesto, en razón de lo cual, habiendo comprobado el Tribunal que desde el 05 de febrero de 2003 hasta la fecha en la cual se toma esta decisión (14 de agosto de 2012) ha transcurrido un lapso de nueve (09) años, seis (06) meses y nueve (09) días, tiempo suficiente que rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión; situación esta que, además, es indicio que la recurrente “POLICLINICA MARACAIBO, C.A.” no ha manifestado interés en obtener la decisión sobre la acción ejercida.

A mayor abundamiento, vale destacar el análisis efectuado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en reciente decisión publicada en fecha 30 de noviembre de 2011, bajo el Nº 01624, caso: Industria Láctea Venezolana, C.A. (INDULAC), en la cual dicha Sala, como Alzada natural de esta Jurisdicción Especial Tributaria y conociendo el recurso de apelación interpuesto por la sociedad mercantil antes mencionada contra una sentencia dictada por el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de esta Circunscripción Judicial, la cual declaró la “extinción del proceso por la pérdida del interés” en un caso similar al analizado en el presente fallo, expresó:

(…)

Ahora bien, en el caso concreto esta Alzada pudo constatar que, tal como lo señaló la recurrida, desde el 11 de enero de 2000, fecha en la cual el Tribunal dijo “vistos”, hasta el 10 de agosto de 2011 cuando la representación judicial de la empresa contribuyente ejerció la apelación, no se evidencia ninguna actuación por parte de la accionante con miras a demostrar su interés en el proceso, es decir, transcurrieron más de once (11) años sin ningún tipo de manifestación, lo que encuadra dentro del supuesto jurisprudencial establecido reiteradamente por este Alto Tribunal, respecto a la extinción de la acción por la pérdida del interés. (vid., entre otras decisiones de esta Sala Político-Administrativa, las sentencias Nros. 01077, 00986, 01243 de fechas 9 de agosto, 19 de julio de 2011 y 8 de diciembre de 2010, casos: L.M.R.Z., Yajanira Machado Hurtado y M.J.R.R., respectivamente).

Se aprecia asimismo, la falta de interés manifiesta en la decisión de la causa por parte de la sociedad mercantil Industrias Lácteas, C.A., (INDULAC), toda vez que (i) en el transcurso del proceso, específicamente, después del 7 de julio de 1999, fecha en que se admitió el recurso contencioso tributario incoado subsidiariamente al recurso jerárquico y hasta la declaratoria de “vistos” (11 de enero de 2000), la accionante sostuvo la misma inactividad procesal aún cuando se encontraba a derecho, dejando de promover pruebas y de presentar los respectivos informes; y (ii) después del 11 de enero de 2000, fecha en que se dijo “vistos”, la recurrente recibió el 18 de mayo de 2004 del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) la boleta de notificación librada por el Tribunal de la causa en relación con el nombramiento del abogado R.C. como Juez Temporal del mencionado órgano jurisdiccional y su abocamiento al conocimiento de la causa, y tampoco se produjo manifestación procesal alguna por parte de la empresa apelante.

Por las razones antes señaladas, esta Sala considera que existen suficientes elementos probatorios en autos para suponer que es ostensible y manifiesta la desaparición del interés procesal por parte de la accionante para mantener en curso el presente juicio. Así se declara.

(…)

. (Negrillas propias de la cita).

En tal sentido, y vista la ausencia de manifestación en que se decida la presente causa, este Tribunal, al considerar que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las sentencias citadas supra, así como la Sala Político Administrativa como máxima instancia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de la cual es parte esta Jurisdicción Especial Tributaria conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, estima pertinente declarar extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal. Así se decide.-

-II-

DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida sobrevenida del interés procesal, del recurso contencioso tributario interpuesto por el apoderado judicial de la contribuyente “POLICLINICA MARACAIBO, C.A.”, contra la Resolución Nº HRZ-500-0215 de fecha 10 de diciembre de 1988, emanada de la extinta División de Tramitaciones de la Administración de Hacienda de la Región Zuliana, mediante la cual se le impone a la mencionada contribuyente montos de Bs. 1.850.418,37, Bs. 1.942.939,29 y Bs. 415.344,13, por conceptos de impuesto, multa e intereses moratorios, respectivamente, en materia de Impuesto Sobre la Renta, lo cual asciende a la cantidad total de Bs. 4.208.701,79, expresados en moneda de curso vigente en Bs. 4.208,70.

Publíquese, regístrese y notifíquese a los efectos procesales previstos en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario.

Se imprimen dos ejemplares a un mismo tenor, el primero a los fines de la publicación de la sentencia, el segundo para que repose en original en el respectivo copiador.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.-

El Juez Provisorio,

Abg. J.S.A..-

El Secretario Titular,

Abg. F.J.E.G..-

La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las once y cincuenta y dos minutos de la mañana (11:52 a.m.).--------

El Secretario Titular,

Abg. F.J.E.G..-

ASUNTO: AF41-U-1991-000002.-

ASUNTO ANTIGUO Nº 706.-

JSA/msmg.-