Decisión de Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de Anzoategui, de 6 de Julio de 2010
| Fecha de Resolución | 6 de Julio de 2010 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo |
| Ponente | Mirna Mas Y Rubi Sposito |
| Procedimiento | Amparo |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental.
Barcelona, seis de julio de dos mil diez
200º y 151º
ASUNTO: BP02-O-2010-000144
PARTE ACCIONANTE: M. delR.P.C., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 8.254.718, asistida por las Procuradoras del Trabajo E.S., Maryoris De Lira, Lolyvette Rojas y N.M., inscritas en el Inpreabogado bajo los números: 32.874, 91.859, 103.703 y 98.283, respectivamente.
PARTE ACCIONADA: Alcaldía del Municipio Peñalver del Estado Anzoàtegui.
Motivo: A.C.
I
En fecha 17 de junio de 2010, la ciudadana M. delR.P.C., identificada en autos, asistida por las Procuradoras del Trabajo E.S., Maryoris De Lira, Lolyvette Rojas y N.M., interpuso ante este Juzgado A.C. en contra de la Alcaldía del Municipio Peñalver del Estado Anzoàtegui. Siendo la oportunidad para pronunciarse con relaciòn a la admisiòn del Recurso de A.C. incoado, el Tribunal, hace las siguientes consideraciones previas:
Expuso la parte accionante que, en fecha 23 de marzo de 2009, solicitò ante la Inspectoria del Trabajo de Barcelona, el inicio del procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos en contra de la Alcaldía del Municipio Peñalver del Estado Anzoàtegui, de conformidad con el articulo 454 de la Ley Orgànica del Trabajo, en virtud de estar amparada por la inamovilidad laboral, según Decreto Presidencial Nº 6.603, de fecha 29 de diciembre de 2008. Señalò que en fecha 22 de mayo de 2009, la precitada Inspectoria del Trabajo dictò providencia en la cual declarò con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos. Que en fecha 30 de julio de 2009, el funcionario designado por dicha Inspectoria, se trasladò a la sede de la precitada Alcaldía, dejando constancia de la negativa por parte de la representaciòn de la accionada, en dar cumplimiento a lo ordenado en la providencia administrativa, solicitando posteriormente el procedimiento sancionatorio de multa, de conformidad con el articulo 639 de la Ley Orgànica del Trabajo. Solicitò en consecuencia, se declare la procedencia del amparo interpuesto contra la abstención o negativa de la Alcaldía del Municipio Peñalver, a los fines de que se restablezca en definitiva la situación jurídica infringida.
II
En este orden de ideas, y examinados los alegatos expuestos, debe precisar esta Juzgadora lo siguiente:
La acción de amparo es la vía idónea para proteger los derechos y garantías constitucionales lesionados o amenazados, con el objeto de restituir la situación jurídica infringida. Sin embargo, en atención a los hechos explanados por la accionante, se estima necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 6, ordinal 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en relación a la admisibilidad del amparo. En efecto, prevé la norma:
No se admitirá la acción de amparo: ….
”Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o
la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o
tácitamente, por el agraviado…
Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren
transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o
en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza al
derecho protegido.
Siguiendo este orden de ideas, se advierte que conforme al criterio jurisprudencial que venía sosteniendo nuestro máximo Tribunal, para que el presunto agraviado instara la vía del amparo no era requisito necesario el agotamiento previo de un procedimiento de multa ante el desacato del patrono en cumplir con la orden de reenganche; en efecto, bastaba entonces que constara tal negativa en el Informe expedido por el Funcionario del Trabajo designado por el ente administrativo, para que surgiera el derecho de acudir a la vía jurisdiccional ante la violación de derechos constitucionales como lo son el derecho al Trabajo y a la estabilidad laboral reconocidos en la providencia administrativa objeto del presunto incumplimiento.
No obstante, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 2308 de fecha 14 de diciembre de 2006, (caso: Guardianes Vigilas, S.R.L.), al respecto estableció:
…….Como se observa, la Sala ha sido del criterio, reiterado en fecha reciente para el caso concreto de los actos emanados de las Inspectorias del Trabajo, de que la ejecución de las decisiones administrativas debe ser exigida primeramente en vía administrativa y, en caso de no ser fructífera la gestión, agotado como haya sido el procedimiento de multa previsto en la Ley Orgánica del Trabajo Titulo XI, podría recurrir a los mecanismos jurisdiccionales ordinarios de los que conocen los tribunales de lo contencioso administrativo.
De ese modo, sólo en situación excepcional cuando el incumplimiento afecte un derecho constitucional, puede recurrirse al amparo constitucional, para exigir un mandamiento judicial que consista en una conducta que debió instarse directamente en sede administrativa, como en principio es el caso de autos. La naturaleza del amparo constitucional, tal como es la pacífica jurisprudencia de esta Sala, es la de un mecanismo extraordinario, que sólo procede cuando se han agotado las vías ordinarias o, en caso adicional, cuando no es posible exigir ese agotamiento en vista de las circunstancias del caso concreto y de la urgencia de resolución de la controversia….
En este sentido, en atención al criterio jurisprudencial antes invocado, y revisadas las actas procesales, observa este Juzgado que si bien el accionante en amparo alegó que ante el desacato del patrono de cumplir con lo ordenando en la providencia administrativa, se diò inicio en sede administrativa al respectivo procedimiento de sanción de multa previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, de autos se evidencia al folio 33 del expediente, la constancia emitida por el Alguacil Administrativo, en fecha 16 de noviembre de 2009, en la cual señalò haber cumplido con la fijación y entrega del Cartel de Notificación al representante de la accionada, sobre la providencia administrativa Nº 00823-2009, dictada en el procedimiento de multa iniciado en fecha 7 de septiembre de 2009 por la citada Inspectoria del Trabajo. Siendo ello así, resulta entonces que, para la fecha de interposición del presente amparo, es decir, 17 de junio de 2010, había transcurrido más de seis meses después de haberse producido la presunta lesión constitucional ante la rebeldía del patrono en cumplir con la orden contenida en la P.A., y continuar el desacato a lo ordenado en la misma, lo que implica de conformidad con el ordinal 4, del articulo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que hubo por parte del accionante un consentimiento tácito.
Advierte esta Juzgadora que si la parte presuntamente agraviada no impugna en tiempo oportuno, es porque considera que no hay lesión alguna, que no existe situación jurídica que requiera ser restablecida, y por lo tanto está consintiendo en las transgresiones habidas, acarreando como consecuencia inmediata que la inactividad procesal del lesionado implica signos inequívocos de aceptación de la situación, lo que constituye causal de inadmisibilidad de acuerdo con el invocado ordinal 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.-
En base a los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 6, aparte 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, declara: INADMISIBLE la presente acción de amparo constitucional incoada por M. delR.P.C., en contra de la Alcaldía del Municipio Peñalver del Estado Anzoàtegui.
Déjese copia certificada.
La Juez,
Dra. M.M. y Rubí Spòsito
La Secretaria,
Abog. M.T.Z.
