Decisión de Juzgado Decimo Sexto de Municipio de Caracas, de 7 de Abril de 2008
| Fecha de Resolución | 7 de Abril de 2008 |
| Emisor | Juzgado Decimo Sexto de Municipio |
| Ponente | Edgar José Figueira |
| Procedimiento | Cumplimiento De Contrato |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
Juzgado Décimo Sexto Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
DEMANDANTE: POSADA EL ZANCUDO AZUL, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Caracas, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital del Estado Miranda, en fecha 20 de abril de 1992, anotada bajo el No 46, Tomo 12-A Pro.
DEMANDADO: ORGANIZACIÓN ECO-CHALLANGE, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Caracas, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 09 de marzo de 2.000, anotada bajo el No 25, Tomo 41-A Sgdo.
APODERADOS
DEMANDANTE: A.I.V.G. y M.B.d.A., abogados en ejercicio, titulares de las cédulas de identidad Nos V-6.269.77. y V-2.946.473, respectivamente e inscritos en el I.P.S.A, bajo los Nos. 48.622 y 284, respectivamente.
APODERADOS
DEMANADADA: A.D.G.A., C.S.G. y E.R.R.P., abogados en ejercicio, titulares de las cédulas de identidad Nos V-9.410.175, V-14.889.321 y V-4.439.906, respectivamente e inscritos en el I.P.S.A., bajo los Nos 15.507, 100.394 y 16.987 respectivamente.
MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
EXPEDIENTE No: AN3M-V-2005-000001
(RESOLUCIÓN DE CUESTIÓN PREVIA
DE FALTA DE COMPETENCIA)
- I –
En fecha 09 de diciembre de 2005, la parte demandada en este juicio a través de su apoderada judicial C.S.G., opuso la cuestión previa de falta de competencia establecida en el ordinal 1ro del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, y siendo hoy el quinto día al que se refiere el artículo 349 eiusdem, este Tribunal pasa a decidir la mismas ateniéndose a los elementos de autos y a los documentos presentados por las partes, y en este sentido se observa:
- II –
Alega la apoderada de la parte demandada que este Tribunal es incompetente en razón de la cuantía, por lo que solicita que así sea declarado y que se remita el presente expediente a los Juzgados de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de ésta Circunscripción Judicial, lo cual hace en los siguientes términos:
En tal sentido me opongo a la estimación de la cuantía de la demanda, hecha por la actora, de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.4.800.000,00), por considerar que la misma es insuficiente, y también por considerar que la actora, al estimar la cuantía de su temeraria demanda, no señaló ni precisó los elementos objetivos de valoración que justifican la cuantía de su pretensión, es decir, omite el fundamento y causa de esa estimación.
La actora no señaló a que se corresponde ese monto, colocando a mi representada en total estado de indefensión al no poder rebatir el monto antes señalado; por lo tanto la actora no puede arbitrariamente fijar una cuantía sin que esté debidamente sustentada y fundamentada.
Es importante señalar que los cánones de arrendamiento que paga mi representada, es por la cantidad de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.6.450.000,00), mensuales, por lo que resulta sorprendente que en la presente causa, la cuantía sea inferior a ese monto.
(…)
En el presente caso el verdadero valor de la demanda consta en autos, toda vez que del documento de propiedad del inmueble que corre a los folios de este expediente, se aprecia que dicho inmueble está ubicado en la zona turística del Archipiélago Los Roques, por lo que su valor de mercado debe ser alto; además, el canon mensual de arrendamiento, como oportunamente probare, equivale a la cantidad mensual de SEIS MILLONES CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.6.450.000,00), por lo tanto es incuestionable que el valor de la demanda no puede ser inferior a dicho monto. De lo antes expuesto se evidencia que en el presente caso la cuantía señalada por la actora es insuficiente.
Como consecuencia de ello solicito que la presente cuestión previa sea declarada CON LUGAR, que se determine la cuantía en la cantidad de SEIS MILLONES CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.6.450.000,00), y que este Juzgado se declare incompetente por la cuantía, y que remita el presente expediente ante el Tribunal competente, como lo es el Distribuidor de Primera Instancia, en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
(Las negritas son del escrito de cuestiones previas)
Planteada de esta forma la cuestión previa de falta de competencia, en primer lugar se observa que la parte actora alega que celebró un contrato de arrendamiento con la sociedad demandada y que ésta última tenía la obligación de hacer entrega del alojamiento turístico arrendado a partir del 31 de mayo del año 2.005, y que no habiendo hecho entrega del mismo es que procede a demandar para que la sociedad Organización Eco-Challenge, C.A., cumpla con el contrato y proceda a hacer entrega del bien arrendado.
Así las cosas, nuestro Código de Procedimiento Civil establece una serie de normas por las cuales debe ser hecha la estimación de la demanda, y para el caso de arrendamientos señala el artículo 36:
En las demandas sobre la validez o continuación de un arrendamiento, el valor se determinará acumulando las pensiones sobre las cuales se litigue y sus accesorios. Si el contrato fuere por tiempo indeterminado, el valor se determinará acumulando las pensiones o cánones de un año.
Ahora bien, tal como se observa de la norma antes citada, la misma no hace mención a los casos en que se demande el cumplimiento de contrato por vencimiento del término, en el cual el contrato, lógicamente, es determinado, y en principio no existen cánones sobre los cuales se litigue, y en este sentido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No 77 del 13 de abril del 2.000, estableció que:
En el caso bajo análisis se trata de una acción de cumplimiento de contrato por vencimiento del término; es decir, el contrato iniciado en fecha 1° de enero de 1996, finalizó el 31 de diciembre de 1996, debido a que la arrendadora notificó con más de dos (2) meses de anticipación, su voluntad de no renovar el referido contrato. En el petitorio de la demanda, la actora solicita que se ordene a la arrendataria a entregar el inmueble arrendado.
La regla aplicable para la estimación de las demandas por cumplimiento de contrato de arrendamiento, está prevista en el artículo 36 del Código de Procedimiento Civil, que estipula
En las demandas sobre la validez o continuación de un arrendamiento, el valor se determinará acumulando las pensiones sobre las cuales se litigue y sus accesorios. Si el contrato fuere por tiempo indeterminado, el valor se determinará acumulando las pensiones o cánones de un año
.
Al respecto, la Sala de Casación Civil, en sentencia de 29 de septiembre de 1999, (Inversiones Ibepro, S.R.L. contra J.M.d.A.R.) –que hoy se reitera- estableció:
Tal disposición comprende los supuestos de: a) validez o nulidad; y, b) resolución del contrato de arrendamiento. En esta última hipótesis, la cuantía debe determinarse por las pensiones no vencidas hasta la fecha de terminación del contrato de arrendamiento y las vencidas si fuese pedido su pago; y en el caso de que dicho contrato sea a tiempo indeterminado, por la suma de las pensiones correspondientes a un (1) año. (Vid. Sent. De fecha 12 de agosto de 1993, Caso: Henríquez Ledezma c/ José Ríos Rey y otros).
En aplicación de las precedentes consideraciones en el caso concreto, la Sala observa que en el libelo de demanda fue solicitada la resolución del contrato de arrendamiento a tiempo determinado, así como el pago de dos mensualidades insolutas, correspondientes a los meses de septiembre y octubre, cada una por la cantidad de trece mil quinientos cuarenta y tres bolívares con setenta y cinco céntimos (Bs. 13.543,75). Dicho contrato de arrendamiento fue celebrado en fecha 15 de julio de 1996, por un lapso de un (1) año, prorrogable por períodos iguales.
En consecuencia, la cuantía comprende la suma de las mensualidades vencidas y aquellas por vencer hasta el 15 de julio de 1997, fecha de terminación del contrato de arrendamiento, lo que suma un total de once mensualidades correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, cada una por el monto de trece mil quinientos cuarenta y tres bolívares con setenta y cinco céntimos (Bs. 13.543,75), lo cual asciende a la cantidad de ciento cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y un bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 148.981,25).
Es evidente, pues, que el interés principal del juicio no excede de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo) y, por ende, no está cumplido el requisito de la cuantía para la admisión del recurso de casación, ...
.
En el presente asunto, lo que se demanda es el cumplimiento de un contrato de arrendamiento a tiempo determinado por vencimiento del término, razón por la cual no existen pensiones en litigio ni accesorios. En este punto, cabe señalar la atinada opinión del Dr. H.C., en su obra “Derecho Procesal Civil”:
En los contratos a tiempo determinado es necesario distinguir: si se reclaman determinadas pensiones, éstas determinan la cuantía; si se alega la nulidad, el valor se determina por la totalidad de las pensiones durante todo el tiempo del contrato, y si se ataca la continuación del contrato, se suman las pensiones que falten por vencerse.
Cuando el artículo 72 se refiere a los “accesorios” debe entenderse por éstos los daños y perjuicios, intereses vencidos, gastos de cobranza etc., todos los cuales se acumularán a las pensiones sobre que se litigue, siempre que se trate de contratos a tiempo determinado”.
En el caso sub iudice, no se demanda la resolución del contrato de arrendamiento por falta de pago de los cánones, sino el cumplimiento del contrato por vencimiento del término. Esto significa que no existen pensiones insolutas, ni accesorios que demandar, pues –como se indicó- no se demandó indemnización por daños y perjuicios. Es decir, los parámetros para la determinación de la cuantía especificados en el transcrito artículo 36 del Código de Procedimiento Civil, no son aplicables al caso concreto.
La Sala considera necesario unificar el criterio aplicable para la determinación de la cuantía en el supuesto de demanda de contratos de arrendamiento. En este sentido, se establece lo siguiente: a) Si se trata de demandas por resolución de contratos de arrendamiento por pensiones insolutas, se aplicará el criterio transcrito precedentemente, contenido en la decisión de la Sala de fecha 29 de septiembre de 1999; b) Si se trata de demandas de cumplimiento de contrato de arrendamiento, sean éstos a tiempo determinado o indeterminado, donde no se demanden el pago de pensiones insolutas ni accesorios, como en el caso de autos, el valor de la pretensión estará determinado por la estimación efectuada por el actor en el libelo de la demanda, siempre que la misma no haya sido rechazada por el demandado, tal como lo establece el artículo 38 del citado Código de Procedimiento Civil
(Lo Subrayado es de este Juzgado)
Tal como se observa del criterio jurisprudencial antes señalado, la Sala ha establecido que en los casos, como el presente, en el que se demande el cumplimiento de un contrato de arrendamiento por vencimiento del término en el que no hay pensiones de arrendamiento que se reclamen, debe ser aplicado el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que queda como carga para el actor estimar la demanda, y si ésta estimación subjetiva es rechazada por el demandado en la contestación de la demandada, el Juez está en la obligación de decidir sobre la misma en el momento de dictar la sentencia definitiva en punto o capítulo previo, y en caso que por la determinación que haga el Juez éste resultare incompetente en razón de la cuantía deberá ser remitido el asunto al Tribunal competente, sin que sea motivo de reposición de la causa la incompetencia sobrevenida del Juez ante quien se propuso o ante el cual se sustanció la causa. Así se establece.-
Es por lo anterior que la impugnación de la estimación de la demanda no puede ser atacada mediante la vía de la cuestión previa de falta de competencia por la cuantía, ya que la determinación que debe hacer el Juez sobre la impugnación de la cuantía está reservada por ley a la oportunidad que el Juez dicte la sentencia de fondo, y no como una cuestión incidental o previa, por lo que, en el presente caso, y de conformidad con lo establecido en el artículo 349 del Código de Procedimiento Civil, de los elementos de autos, y en específico, de la estimación de la demanda hecha por la parte actora, este Tribunal se declara COMPETENTE POR LA CUANTÍA, reservándose la oportunidad del pronunciamiento sobre la impugnación de la cuantía para la oportunidad de dictar la sentencia definitiva en el presente asunto en punto previo, tal como lo establece el artículo 38 eiusdem. Así se decide.-
- III -
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial Del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la cuestión previa del numeral primero del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil opuesta por la parte demandada en este juicio. Así se decide.-
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena a la parte demandada al pago de las costas procesales de la incidencia, al no haber prosperado la misma. Así se decide.-
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.-
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los SIETE (07) días del mes de Abril del año Dos Mil Ocho (2.008). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.-
El Juez Titular,
E.J.F.R.
La Secretaria,
Abg. Niusman Romero
En la misma fecha, siendo la una de la tarde (01:00 p.m.), se publicó y registró la decisión anterior, previo cumplimiento de las formalidades de Ley y, dejándose copia de la misma en el Departamento de Archivo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Esta sentencia interlocutoria consta de OCHO (08) folios útiles.-
La Secretaria,
Abg. Niusman Romero
EJFR/nr.-
Exp. No AN3G-X-2005-51
