Decisión nº 337 de Juzgado Superior Primero del Trabajo de Zulia, de 22 de Junio de 2007
| Fecha de Resolución | 22 de Junio de 2007 |
| Emisor | Juzgado Superior Primero del Trabajo |
| Ponente | Yacquelinne Silva Fernández |
| Procedimiento | Recurso De Nulidad |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
En nombre
Tribunal Superior Primero del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
Maracaibo, veintidós (22) de Junio de de dos mil siete (2007).
197º y 148°
ASUNTO: VP01-N-2007-000008.
PARTE RECURRENTE: Sociedad Mercantil PRIDE INTERNACIONAL COMPAÑÍA ANÓNIMA, inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el No. 15, Tomo 1020-A, de fecha 27 de Diciembre de 2004, domiciliada en la Ciudad de Caracas.
APODERADO JUDICIAL: Abogado R.R.M., inscrita en el Inpreabogado bajo el número 109.235, según consta de instrumento de mandato documento poder otorgado que riela en autos.
ACTO RECURRIDO: Actos Administrativos contenidos en la certificación emitida por la Dirección Estatal de Salud de los Trabajadores de Zulia – F.d.I.N.d.P., Salud y Seguridad Laborales de fecha 27/09/2006 y el Informe Abierto del Puesto de Trabajo emitido por dicho órgano en virtud de solicitud formulada por el Ciudadano N.A.V.F..
ÓRGANO ADMINISTRATIVO:
Ministerio del Trabajo, Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Dirección Estatal del Salud de los Trabajadores Zulia-Falcón (DIRESAT Zulia y Falcón).-
MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD.-
SENTENCIA
Consta en actas que en fecha 26 de Marzo de 2007, fue recibido en la Unidad de Distribución y Recepción de Documentos (U.R.D.D), Recurso de Nulidad ejercido por la Sociedad Mercantil PRIDE INTERNACIONAL COMPAÑÍA ANÓNIMA, inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el No. 15, Tomo 1020-A, de fecha 27 de Diciembre de 2004, domiciliada en la Ciudad de Caracas contra actos administrativos Actos Administrativos contenidos en la Certificación emitida por la Dirección Estatal de Salud de los Trabajadores de Zulia – F.d.I.N.d.P., Salud y Seguridad Laborales de fecha 27/09/2006 y el Informe Abierto del Puesto de Trabajo emitido por dicho órgano en virtud de solicitud formulada por el Ciudadano N.A.V.F.. Dicho recurso fue admitido en fecha 13/06/2007.-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Del análisis realizado a la solicitud de nulidad del acto administrativo este Tribunal Superior observa, que el accionante recurre contra los actos administrativos Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Dirección Estatal del Salud de los Trabajadores Zulia-Falcón (DIRESAT Zulia y Falcón) de fecha 27 de Octubre de 2006, por cuanto a su decir, tiene intereses legítimos para recurrir en nulidad por cuanto señala que se que la Dirección señalada se extralimitó en sus atribuciones que afectan el derecho a la defensa y el debido proceso e igualmente el informe abierto de evaluación de puesto de trabajo emite “ordenamientos, requerimiento u obligaciones” sin antes abrirle un procedimiento administrativo que permita la defensa y el debido proceso e igualmente denuncia que el cambio de régimen legal de Convención Colectiva Petrolera al previsto en la Ley Orgánica del Trabajo como consecuencia de la reubicación al de un puesto administrativo viola los derechos constitucionales y legales del trabajador por disminución de los beneficios económicos y por último solicita amparo cautelar de conformidad con el articulo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En orden de lo anteriormente señalado este Juzgado y conforme a la doctrina jurisprudencial laboral antes de continuar con la instrucción de la causa considera procedente hacer las siguientes consideraciones en relación a su competencia para conocer y decidir la presente acción:
En este sentido, conviene destacar que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció en fecha 14/06/2007 respecto a la competencia en el procedimiento relativo al Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad por Ilegalidad e Inconstitucionalidad conjuntamente con medida de amparo cautelar iniciado por la Sociedad Mercantil VENEZOLANA DE PRERREDUCIDOS DEL CARONÍ, VENPRECAR, C.A., sucesora de la empresa ORINOCO IRON, C.A. contra la providencia administrativa contenida en el oficio N° 070-06 del 27 de abril del año 2006, dictada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, por cuenta de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Bolívar, Amazonas y D.A. (INPSASEL-Diresat Región Guayana) y dejó establecido lo siguiente:
El artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela atribuye el ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley, de allí que el órgano legislativo nacional -facultado por la propia Constitución-, le otorga a los Tribunales Superiores del Trabajo, capacidad objetiva para decidir controversias de esta índole. Por su parte, la Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, prevé lo siguiente:
Mientras se crea la Jurisdicción Especial del Sistema de Seguridad Social, son competentes para decidir los recursos contenciosos administrativos contenidos en la presente Ley, los Tribunales Superiores con competencia en materia de trabajo de la circunscripción judicial en donde se encuentre el ente que haya dictado el acto administrativo que dio original recurso inicial.
De estas decisiones se oirá recurso ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. (Resaltado y subrayado de la Sala).
Observa este alto Tribunal que la citada norma jurídica es de carácter transitorio y le otorga la competencia a la jurisdicción laboral para conocer los recursos contenciosos administrativos consagrados en dicha Ley. Específicamente, a los Juzgados Superiores Laborales para conocer del recurso inicial y a esta Sala de Casación Social para resolver los recursos interpuestos contra estas decisiones.
Más adelante señala:
(Omissis)
Siendo ello así, ¿Cuál sería entonces las (sic) solución a la problemática planteada en el presente caso?, (...).
A dicho cuestionamiento, sólo tiene que aplicarse la doctrina imperante al caso de autos, ya que los canales en que puede bien anularse o derogarse una norma de rango legal o sublegal, retardarían aún más la solución del conflicto ante la instancia ordinaria, por lo que el Juez ad quem simplemente debe atenerse al criterio expuesto por la Sala en virtud de su supremacía constitucional.
Así las cosas debe reiterarse que esta Sala posee la máxima potestad de interpretación de la Constitución y sus decisiones son vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales del país, y los mismos están obligados a decidir con base en el criterio interpretativo que esta Sala tenga de las normas constitucionales, pues, de no ser así, ello implicaría, además de una violación a la Constitución, una distorsión a la certeza jurídica y, por lo tanto, un quebrantamiento del estado de Derecho (Vid. Sentencia N° 93/2001).
(Omissis)
Con fundamento en lo expuesto, debe indicarse que en ningún sentido el Juez Superior del Trabajo, debió desaplicar la norma in comento, por control difuso, pues lo procedente era que en virtud de la doctrina imperante para el caso, se declinara la competencia a los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, (...). (Subrayado de la Sala).
Del fallo precedentemente transcrito se constata que la Sala Constitucional determinó -en un caso similar al que nos ocupa- que el criterio a seguir para establecer la competencia del Juzgado para conocer específicamente de los recursos contenciosos administrativos de nulidad consagrados en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, era aplicando la doctrina imperante y reiterada, relacionada con que la jurisdicción contenciosa administrativa es la competente para conocer y resolver los recursos contenciosos administrativos y no desaplicando la norma transitoria de dicha Ley, antes citada, criterio que esta Sala comparte principalmente, porque la norma que atribuye la competencia a la jurisdicción laboral para conocer estos recursos es una norma transitoria, mientras se crea, como ella misma lo dispone, la Jurisdicción Especial del Sistema de Seguridad Social.
En consecuencia, esta Sala de Casación Social, acoge dicho fallo en toda su extensión y ciñéndose rigurosamente a lo allí establecido concluye que los Juzgados con conocimiento en materia contencioso administrativa son sin duda alguna quienes ostentan la competencia para sustanciar y decidir los recursos contenciosos administrativos contenidos en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en primer grado de jurisdicción, los Superiores Contenciosos Administrativos regionales, y en apelación, las Cortes de lo Contencioso Administrativo, debiendo seguir para ello el trámite pautado en el Título IV: De la revisión de los actos en vía administrativa, Capítulo II: De los recursos administrativos, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.” (Subrayado y negrillas del Juzgado Superior Laboral).
Ahora bien, como se observa de la sentencia transcrita up-supra la cual resulta de preeminencia para el para el caso sub iudice por un lado y por otro lado, el deber que tiene todo órgano jurisdiccional de declarar de oficio en cual cualquier estado e instancia del proceso de conformidad con lo establecido en el articulo 60 del Código de Procedimiento Civil vigente, en consecuencia, se desprende en el presente recurso de nulidad no debe continuar su sustanciación por ante ésta Instancia, motivo por el cual este tribunal se declara incompetente para el conocimiento y decisión del presente recurso de nulidad y en consecuencia declina la competencia al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, con sede en la Ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, al cual se remitirá, en virtud de los razonamientos expuestos en el presente fallo. Así se decide.-
PARTE DISPOSITIVO
Por los fundamentos expuestos, y en fuerza de los argumentos vertidos en la parte motiva de esta decisión, este, JUZGADO SUPERIOR PRIMERO PARA EL NUEVO RÉGIMEN Y EL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, actuando en sede constitucional, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, administrando justicia y por autoridad de la Ley, declara:
INCOMPETENCIA de este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, para conocer el presente recurso de nulidad interpuesto por Sociedad Mercantil PRIDE INTERNACIONAL COMPAÑÍA ANÓNIMA contra Actos Administrativos contenidos en la certificación emitida por la Dirección Estatal de Salud de los Trabajadores de Zulia – F.d.I.N.d.P., Salud y Seguridad Laborales de fecha 27/09/2006 y el Informe Abierto del Puesto de Trabajo emitido por dicho órgano en virtud de solicitud formulada por el Ciudadano N.A.V.F., en consecuencia, se ordena remitir el presente asunto al JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN OCCIDENTAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA para su conocimiento, sustanciación y decisión.-
NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS dada la naturaleza del presente fallo.
Se ordena expedir copia certificada de este Sentencia por Secretaría a los fines previstos en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y Ordinales 3ero y 9º del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, y DEJESE COPIA CERTIFÍCADA.-
Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR PRIMERO PARA EL NUEVO RÉGIMEN Y EL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, veintidós (22) de Junio del 2007. Siendo las 03:50 p.m. AÑOS: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.
Abg. YACQUELINNE S.F..
JUEZA SUPERIOR DEL TRABAJO
Abg. J.D.P.B.
EL SECRETARIO
En la misma fecha, siendo las 03:50 de la tarde se dictó y publicó el fallo que antecede.
Abg. J.D.P.B.
EL SECRETARIO
YCSF.-
Asunto:.-
