Decisión de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral, con sede en Cagua de Aragua, de 27 de Enero de 2011

La litis queda planteada conforme a las alegaciones efectuadas por las partes, en las oportunidades legalmente establecidas al efecto. Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el Juez debe decidir exclusivamente conforme a lo alegado y probado en autos.

Lo apuntado implica que aquellos hechos que no han sido debidamente alegados por las partes en las respectivas oportunidades procesales que están previstas en la Ley para que las partes aleguen, AJUSTADO A DERECHO, no pueden ser demostradas válidamente durante el proceso; pues éste, ciertamente esta sometido a los principios de la preclusión y de la seguridad jurídica y atenta contra el derecho a la defensa el cual se manifiesta igualmente en las probanzas.

Este notado aspecto del proceso judicial, en la cual inciden decisivamente las cargas procesales de las partes, no puede ser obviado por este Juzgador y es tenido en cuenta para esta Decisión, por lo cual la misma se ajustará exclusivamente a aquellos hechos que han sido oportuna y debidamente alegados por las partes y posteriormente probados de modo válido en el proceso y a los hechos que de alguna manera estén demostrados en los autos, ambas conforme a los Principios Procesales de la Comunidad de la Prueba y de la Adquisición de la Prueba.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, la Sentencia debe decidir lo alegado y probado en autos, es decir, lo que oportunamente ha sido alegado y probado por las partes en el curso del proceso, y ello implica que las alegaciones deben preceder a las probanzas, pues, de lo contrario se violaría el derecho a la defensa en todo estado y grado de la Causa, establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Así el proceso judicial patrio está sometido al Principio de la Preclusión y por consiguiente las oportunidades procesales para la realización de los actos del procedimiento dentro del proceso judicial, realizados o no dichos actos, no es posible pretender realizarlos. Así pues el Tribunal hace acotamiento que las oportunidades que respectivamente tienen conforme a la Ley son el acto de interposición del Libelo de Demanda y el acto de Contestación a la Demanda. Recuerda este Tribunal que la reiterada realización de alegaciones extemporáneas por las partes: a) atentan contra la buena marcha del proceso y lo entorpece; b) las partes tienen la obligación de efectuar sus alegaciones y demás actuaciones procesales conforme a una adecuada técnica jurídica, lo que infine redundaría en el propio beneficio de ellas.

Las alegaciones deben ser efectuadas circunstancialmente, las partes al hacerlo deben explanar las circunstancias de tiempo, lugar y modo atinente a los hechos, pues el m.d.p. es reconstructivo y en consecuencia, en la demanda y en la contestación se deben indicar todas aquellas alegaciones que luego en las oportunidades probatorias, legalmente establecidas al efecto, deberán evidenciar para llevar a la intima convicción al Juzgador de su concurrencia. En consecuencia, aquellas alegaciones que en sus oportunidades procesales se realicen en forma genérica, sin indicar el tiempo, lugar y modo en que ocurrieron, no podrán ser objeto de Pruebas, ya que atentaría contra el derecho al debido proceso en el cual esta implícito el derecho a la defensa y en amparo de estos derechos, no serán apreciadas a favor ni en contra de ninguna de las partes, pues al ser derechos constitucionales son de orden público, a pesar de que por el principio de exhaustividad de la Sentencia, deban analizarse y juzgarse.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, reguladores de la carga de la prueba, corresponde al que afirma hechos, el demostrarlos. Solamente los hechos negativos absolutos quedan exceptuados de su prueba, por parte de quien niega, por distribución de la carga probatoria y los hechos notorios. Así los hechos controvertidos deben ser objeto de las probanzas y estos son aquellos en los que las partes no están contestes.

El Principio Procesal de la Comunidad de la Prueba, implica que toda aquella prueba realizada válidamente produce efectos en el juicio, con independencia del sujeto procesal que la haya producido.

La apreciación de las pruebas se hace conforme a la regla de la Sana Crítica, salvo aquellas en que la misma tenga alguna regla de valoración especial expresamente establecida en la Ley, tal como ocurre en el caso de documentos públicos y en el de la confesión judicial y extrajudicial.

El pago de las costas de un proceso incluye, los costos del juicio y honorarios del Abogado. Las costas procesales son un efecto del proceso, dependiendo su condena del vencimiento total en un juicio o en una incidencia en el mismo. Y así se aclara.-

Observadas las reglas procesales que se aplican en la presente causa, se pasa a decidir de la siguiente manera:

II

DE LA PRETENSIÓN DEDUCIDA Y DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS

Del análisis del libelo de demanda y de la contestación al fondo de la misma, se concluye que la pretensión de la parte actora es la PARTICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE, consistente en una casa, ubicada en la calle J.d.D.A. N° 04, Villa de Cura, Municipio Z.d.E.A., alinderado de la siguiente manera: NORTE: calle J.d.D.A. en medio y casa de P.L., que es su frente; SUR: con casa que es o fue de la señora P.G.T.; ESTE: calle Carabaño en medio y casa de M.B.; y OESTE: casa que es o fue de M.R., dicho inmueble se compone de cinco (5) cuartos, un (1) baño, cocina, sala, comedor, pisos de cemento, techo de tejas, caña amarga y abesto, paredes de barro y bloque frisadas, cuatro (4) ventanas de hierro y dos (2) de maderas; un (1) local comercial con puerta s.m. y techo de zinc; propiedad de la comunidad ordinaria conformada por once (11) hermanos de nombres P.G.T., M.G.T., G.G.T., R.G.T., P.G.T., M.G.T., L.G.T. (fallecido) y por derecho de representación su cónyuge L.C.D.G. y sus cuatro (4) hijos ciudadanos L.J.G.C., L.J.G.C., L.J.G.C. y D.M.G.C., M.A.G.T., J.J.G.T., T.M.G.T., según documento de venta protocolizado en el registro Inmobiliario del Municipio Z.d.E.A., en fecha 15 de diciembre de 1945, anotado bajo el Nº 61, folios 66 vto al 67 vto, protocolo primero, tomo principal, con fundamento legal en los artículo 1069, 1071, 1076, en concordancia con el 768, del Código Civil, siendo que el artículo 768 de la Ley sustantiva civil, dispone “A nadie puede obligarse a permanecer en comunidad y siempre puede cualquiera de los partícipes demandar la partición. Sin embargo, es válido el pacto de que se deba permanecer en comunidad por un tiempo determinado, no mayor de cinco años. La autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común, aun antes del tiempo convenido”. El artículo 1069 señala que “Cuando los coherederos no puedan acordarse para practicar una partición amistosa, se observarán las reglas de los artículos siguientes”. El artículo 1071 señala que “Si los inmuebles no pueden dividirse cómodamente, se hará también su venta por subasta pública”, y el artículo 1076 señala que “Si los inmuebles no pueden dividirse cómodamente, se hará también su venta por subasta pública”. Asimismo se verifica que el único hecho controvertido y objeto de prueba en la presente causa quedó limitado a demostrar: la parte actora: el derecho a partir, en virtud de que el apoderado judicial del demandado al momento de efectuar la perentoria contestación al fondo, no se opuso en la partición, lo que da lugar al derecho de partir el inmueble demandado.

III

DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD

La parte demandante consigna y cursa al folio 7, copia certificada de acta de matrimonio N° 5, de fecha 10 de febrero de 1928, emanada del Registro Civil del Municipio Z.d.E.A., en la que consta el matrimonio contraído por los padres de los demandantes de autos ciudadanos J.G. y N.T. (difuntos), que de conformidad con lo establecido en el artículo 1359 del Código Civil, “…hace plena fe así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1° de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado… 2° de los hechos jurídicos que el funcionario público declare haber visto u oído…”. Con lo que se demuestra que los ciudadanos: J.G. y N.T., en fecha 10 de febrero de 1928. Y así se valora y aprecia.

La parte demandante consigna y cursa al folio 8, copia simple del documento de propiedad protocolizado en el registro Inmobiliario del Municipio Z.d.E.A., en fecha 15 de diciembre de 1945, anotado bajo el Nº 61, folios 66 vto al 67 vto, protocolo primero, tomo principal y consignado en copia certifica cursante a los folios 141 al 145, sobre un inmueble ubicado en la calle J.d.D.A. N° 04, Villa de Cura, Municipio Z.d.E.A., alinderado de la siguiente manera: NORTE: calle J.d.D.A. en medio y casa de P.L., que es su frente; SUR: con casa que es o fue de la señora P.G.T.; ESTE: calle Carabaño en medio y casa de M.B.; y OESTE: casa que es o fue de M.R., dicho inmueble se compone de cinco (5) cuartos, un (1) baño, cocina, sala, comedor, pisos de cemento, techo de tejas, caña amarga y abesto, paredes de barro y bloque frisadas, cuatro (4) ventanas de hierro y dos (2) de maderas; un (1) local comercial con puerta s.m. y techo de zinc, cuyo comprador es el ciudadano J.G. (difunto), que se valora como documento público, en consecuencia con pleno valor probatorio en la presente causa, respecto a la verdad de las declaraciones presenciadas por el funcionario registrador, del cual se desprende el derecho de propiedad de las partes en la presente causa, sobre el referido inmueble en calidad de comuneros, por comunidad hereditaria.

La parte demandante consigna y cursa a los folios 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, Partidas de Nacimientos Nros. 94, 117, 89, 521, 328, 542, 239, 465, 288 y 568 respectivamente, expedidas por el Registro Civil del Municipio Z.d.E.A., en los años 1929, 1959, 1932, 1937, 1935, 1940, 1942, 1947 y 1949 respectivamente, de los ciudadanos P.M., GEORGINA, RAFAEL, JULIO, MARGARITA, LEANDRO, M.A., J.J. y T.M.G.T. respectivamente, que de conformidad con lo establecido en el artículo 1359 del Código Civil, “…hace plena fe así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1° de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado… 2° de los hechos jurídicos que el funcionario público declare haber visto u oído…”. Con lo que se demuestra que los ciudadanos J.G. y N.T., procrearon Once (11) hijos, los cuales en la actualidad son mayores de edad. Y así se valora y aprecia.

La parte demandante consigna y cursa a los folios 20 y 21 actas de defunción números 14 y 173, de fechas 28 de octubre de 1953 y 20 de julio de 1960 respectivamente, emitidas por el Registro Civil del municipio Z.d.E.A., correspondientes a los ciudadanos J.G. y N.T.D.G., que de conformidad con lo establecido en el artículo 1359 del Código Civil, “…hace plena fe así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1° de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado… 2° de los hechos jurídicos que el funcionario público declare haber visto u oído…”. Con lo que se demuestra que los ciudadanos J.G. y N.T., procrearon Once (11) hijos, los cuales en la actualidad son mayores de edad. Y así se valora y aprecia.

La parte demandante consigna y cursa al folio 22, acta de defunción N° 274, de fecha 26 de octubre de 2006, emitida por el Registro Civil del Municipio F.d.E.C., correspondiente al ciudadano L.G.T., que de conformidad con lo establecido en el artículo 1359 del Código Civil, “…hace plena fe así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1° de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado… 2° de los hechos jurídicos que el funcionario público declare haber visto u oído…”. Con lo que se demuestra que el ciudadano L.G.T., al momento de su fallecimiento estaba casado con la ciudadana L.C.G., procreo Cuatro (4) hijos, de nombres ciudadanos L.J.G.C., L.J.G.C., L.J.G.C. y D.M.G.C., los cuales en la actualidad son mayores de edad y que por derecho de representación entran en la sucesión. Y así se valora y aprecia.

La parte demandante consigna y cursa a los folios 44 y 46 copias simples de actas de nacimientos Nros. 74 y 609 consignadas en copias certificadas cursante a los folios 146, y 147 y a los folios 47 y 48 copias certificas de actas de nacimientos Nros. 892 y 1296, emitidas por los Registro Civil del Municipio Zamora, Municipio Sucre del Estado Aragua, y del Municipio Autónomo F.d.E.C. respectivamente correspondientes a los ciudadanos L.J.G.C., D.M.G.C., L.J.G.C. y L.J.G.C., que de conformidad con lo establecido en el artículo 1359 del Código Civil, “…hace plena fe así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1° de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado… 2° de los hechos jurídicos que el funcionario público declare haber visto u oído…”. Con lo que se demuestra que el ciudadano L.G.T., procreo Cuatro (4) hijos, de nombres ciudadanos L.J.G.C., L.J.G.C., L.J.G.C. y D.M.G.C., los cuales en la actualidad son mayores de edad y que por derecho de representación entran en la sucesión. Y así se valora y aprecia.

La parte demandante consigna y cursa a los folios 49 al 59 copia simple de los expedientes administrativos Nros. 60160 y 060161, RIF Nros. J-31572393-0 y J-31572413-8, correspondientes a los causantes J.G. Y N.T.D.G., de fechas 20 de noviembre de 2007 y 02 de febrero de 2007 respectivamente, emitidos por el SENIAT, y presentados en copias certificadas cursantes a los folios 61 al 74, que se valoran como documentos administrativos que se asimila en sus efectos a un documento público, por emanar de una Institución del Estado y estar suscrito por funcionario competente para ello, hace plena fe así entre las partes como respecto a terceros mientras no sea declarado falso, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado, si tenía facultad para ello.

La parte demandante consigna y cursa al folio 84, copia certificada de acta de matrimonio N° 121, de fecha 27 de septiembre de 1975, emanada del Registro Civil del Municipio Autónomo F.d.E.C., en la que consta el matrimonio contraído por los padres de los demandantes de autos ciudadanos L.J.G.T. (difuntos) y L.C.C.A., que de conformidad con lo establecido en el artículo 1359 del Código Civil, “…hace plena fe así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1° de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado… 2° de los hechos jurídicos que el funcionario público declare haber visto u oído…”. Con lo que se demuestra que los ciudadanos: L.J.G.T. (difuntos) y L.C.C.A., en fecha 27 de septiembre de 1975, demostrando así el derecho de suceder por ser cónyuge del de cujus por derecho de representación. Y así se valora y aprecia.

El demandado consigna y cursa a los folios 90 al 108 copia simple del titulo supletorio decretado por el Juzgado Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 17 de enero de 2006, debidamente registrado por ante el Registro Inmobiliario del Municipio Z.d.E.A., bajo el N° 21, Protocolo Primero, Tomo VII de fecha 21 de febrero de 2006, y consignado en original cursante a los folios 119 al 132, el cual se valora de conformidad con lo establecido en los artículos 898 y 937 del Código de Procedimiento Civil, como una determinación judicial que establece una presunción desvirtuable, que deja a salvo los derechos de terceros y goza de publicidad a los efectos de terceros por haber sido registrado.

El demandado consigna y cursa al folio 89, copia simple de recibo N° R10668 P17389 PYQPQVQPUQPP, de fecha 16 de octubre de 2009, a nombre del ciudadano G.T.J.J., emitido por la Dirección de Hacienda Municipal de la Alcaldía del Municipio Zamora, consignado en original cursante al folio 138, que se valora como documento administrativo que se asimila en sus efectos a un documento público, por emanar de una Institución del Estado y estar suscrito por funcionario competente para ello, hace plena fe así entre las partes como respecto a terceros mientras no sea declarado falso, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado, si tenía facultad para ello. Así se valora y aprecia.

El demandado consigna y cursa al folio 133, constancia de residencia de fecha 23 de enero de 2006, emanada de la Dirección de Registro Civil de Villa de Cura de la Alcaldía del Municipio Z.d.E.A., que se valora como documento administrativo que se asimila en sus efectos a un documento público, por emanar de una Institución del Estado y estar suscrito por funcionario competente para ello, hace plena fe así entre las partes como respecto a terceros mientras no sea declarado falso, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado, si tenía facultad para ello. Así se valora y aprecia.

El demandado consigna y cursa al folio 134, copia simple de constancia de residencia, emanada por el C.C.d.C.d.V.d.C., que al no haber sido ratificado mediante la prueba testimonial, conforme al artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, no tiene ningún valor probatorio en la presente causa.

El demando consigna y cursa al folio 135, copia simple del registro de inmueble como vivienda principal, emanado del SENIAT, el cual se desecha por cuanto la parte que lo produjo no trajo a los autos el original. Y así se desecha.

El demando consigna y cursa al folio 136, copia simple de ficha de inscripción catastral, código catastral urbano N° 01U05, emanado de la Dirección de Catastro del Municipio Autónomo Z.d.E.A., el cual se desecha por cuanto la parte que lo produjo no trajo a los autos el original. Y así se desecha.

El demando consigna y cursa al folio 137, copia simple de contrato de arrendamiento de terrenos N° 172, tomo 11, folio 112, emanado de la Alcaldía del Municipio Autónomo Z.d.E.A., el cual se desecha por cuanto la parte que lo produjo no trajo a los autos el original. Y así se desecha.

No existiendo ningún otro documento sobre el cual deba existir pronunciamiento valorativo.

IV

MOTIVACIÓN

De la valoración de las pruebas presentadas por los accionantes este juzgador observa que los mismos lograron demostrar en la presente causa el derecho a partir. Así las cosas es preciso realizar una revisión del articulado necesario para la resolución de la presente causa, a saber: Artículo 760 del Código Civil “La parte de los comuneros en la cosa común, se presume igual, mientras no se pruebe otra cosa. El concurso de los comuneros, tanto en las ventajas como en las cargas de la comunidad, será proporcional a las respectivas cuotas”. Artículo 768 ejusdem “A nadie puede obligarse a permanecer en comunidad y siempre puede cualquiera de los partícipes demandar la partición. Sin embargo, es válido el pacto de que se deba permanecer en comunidad por un tiempo determinado, no mayor de cinco años. La autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común, aun antes del tiempo convenido”. Artículo 770 ibidem “Son aplicables a la división entre comuneros las reglas concernientes a la división de la herencia y las especiales que, en cuanto al procedimiento para llevarla a cabo, establezca el Código de Procedimiento Civil”.

En consecuencia en aplicación de los artículos anteriores, este juzgador observa que ha quedado suficientemente demostrada la existencia de una comunidad sucesoral entre los once (11) hermanos de nombres P.G.T., M.G.T., G.G.T., R.G.T., P.G.T., M.G.T., L.G.T. (fallecido) y por derecho de representación su cónyuge L.C.D.G. y sus cuatro (4) hijos ciudadanos L.J.G.C., L.J.G.C., L.J.G.C. y D.M.G.C., M.A.G.T., J.J.G.T., T.M.G.T., sobre un inmueble ubicado en la calle J.d.D.A. N° 04, Villa de Cura, Municipio Z.d.E.A., alinderado de la siguiente manera: NORTE: calle J.d.D.A. en medio y casa de P.L., que es su frente; SUR: con casa que es o fue de la señora P.G.T.; ESTE: calle Carabaño en medio y casa de M.B.; y OESTE: casa que es o fue de M.R., dicho inmueble se compone de cinco (5) cuartos, un (1) baño, cocina, sala, comedor, pisos de cemento, techo de tejas, caña amarga y abesto, paredes de barro y bloque frisadas, cuatro (4) ventanas de hierro y dos (2) de maderas; un (1) local comercial con puerta s.m. y techo de zinc, y que no se encuentran obligados a permanecer en comunidad y que se observan con derechos proporcionales sobre el inmueble por cuanto no se desprende lo contrario del certificado de liberación impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, que acredita el derecho de propiedad de los mismos, por lo que procedente resulta proceder a la partición del bien inmueble en cuestión, conforme las previsiones de ley, tras la designación de un partidor. Y así se declara.

V

DISPOSITIVA

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

HA LUGAR LA PARTICIÓN HEREDITARIA, del inmueble, ubicado en la calle J.d.D.A. N° 04, Villa de Cura, Municipio Z.d.E.A., alinderado de la siguiente manera: NORTE: calle J.d.D.A. en medio y casa de P.L., que es su frente; SUR: con casa que es o fue de la señora P.G.T.; ESTE: calle Carabaño en medio y casa de M.B.; y OESTE: casa que es o fue de M.R., dicho inmueble se compone de cinco (5) cuartos, un (1) baño, cocina, sala, comedor, pisos de cemento, techo de tejas, caña amarga y abesto, paredes de barro y bloque frisadas, cuatro (4) ventanas de hierro y dos (2) de maderas; un (1) local comercial con puerta s.m. y techo de zinc; propiedad de la comunidad sucesoral conformada por once (11) hermanos de nombre P.G.T., M.G.T., G.G.T., R.G.T., P.G.T., M.G.T., L.G.T. (fallecido) y por derecho de representación su cónyuge L.C.D.G. y sus cuatro (4) hijos ciudadanos L.J.G.C., L.J.G.C., L.J.G.C. y D.M.G.C., M.A.G.T., J.J.G.T., T.M.G.T..

Se ordena el emplazamiento de las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente, a que conste en autos la última de las notificaciones que se hiciere de las partes. El partidor será nombrado por mayoría absoluta de personas y de haberes. Caso de no obtenerse esa mayoría, el Juez convocará nuevamente a los interesados para uno de los cinco días siguientes y en esta ocasión el partidor será nombrado por los asistentes al acto, cualquiera que sea el número de ellos y de haberes, y si ninguno compareciere, el Juez hará el nombramiento, todo conforme a lo previsto en los artículos 251 y 778 del Código de Procedimiento Civil.

Por la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.

Dado. Firmado y Sellado en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, a los 27 días del mes de Enero del año 2011. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación. Regístrese, Publíquese.-

EL JUEZ,

LA SECRETARIA,

ABG. E.P.T.

ABG. L.T.A.

En esta misma fecha se publicó la anterior Sentencia, siendo las 02:50 p.m.-

LA SECRETARIA,

ABG. L.T.A.

Exp. 09-15489

EPT/LTA/dc.